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¿Una zona de exclusión aérea en Libia?

marzo 12, 2011

Estos días se habla mucho de la necesidad de establecer una zona de exclusión aérea en Libia para proteger a los rebeldes de los ataques de Gadafi. Incluso la Liga Árabe ha expresado su apoyo a esa medida. Sin embargo, aunque parezca necesario para evitar crímenes de un dictador que ha perdido la legitimidad para gobernar definitivamente -si alguna vez la tuvo-, no es algo sencillo. Esta nota de George Friedman en Stratfor muestra las dificultades que traería aparejado el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Entre otros problemas, Friedman afirma que la creación de una zona de exclusión aérea comienza con ataques, porque hay que eliminar las defensas aéreas de los enemigos. Por supuesto, para eso hay que saber cuántas son y dónde están esas defensas aéreas. Algunas pueden estar cerca de hospitales o escuelas. Además, hay que calcular qué se consigue con un área de exclusión aérea. Friedman afirma, con un juicio plausible, que lo único que podría lograrse es bloquear los ataques aéreos, pero que esto no evitaría que Gadafi siguiera atacando en tierra. Friedman recuerda el ejemplo de la zona de exclusión aérea en Iraq, que duró 12 años y no evitó que siguiera gobernando Saddam Hussein.

Todo apunta a que una zona de exclusión aérea no bastaría. Por eso quizá convenga en este momento recordar los principios para la intervención militar recomendados por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados en su informe sobre La responsabilidad de proteger. Ahí se decía que la soberanía implica responsabilidades y que incumbe al Estado la responsabilidad principal de proteger a su población. También se afirmaba que:

Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención.

En relación con las intervenciones militares, la Comisión afirmaba que se debían tener en cuenta los siguientes principios y criterios:

(1) EL CRITERIO MÍNIMO: CAUSA JUSTA

La intervención militar con fines de protección humana es una medida excepcional y extraordinaria. Para que esté justificada ha de existir o ser inminente un daño humano grave e irreparable del tipo siguiente:

A. grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado; o

B. ‘depuración étnica’ a gran escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación.

(2) PRINCIPIOS PRECAU TORIOS

A. Intención correcta: El fin primordial de la intervención, independientemente de que los Estados participantes tengan otros motivos, debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano. La mejor forma de cumplir con el principio de intención correcta es que las operaciones sean multilaterales y cuenten con un claro respaldo de las víctimas y de la opinión pública regional.

B. Último recurso: La intervención militar sólo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis y cuando haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no habrían dado fruto.

C. Medios proporcionales: La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido.

D. Posibilidades razonables: Debe haber una posibilidad razonable de poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción.

(3) AU TORIDAD COMPETENTE

A. No existe un órgano mejor ni más adecuado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para autorizar una intervención militar con fines de protección humana. No se trata de buscar alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad, sino de lograr que el Consejo funcione mejor que hasta ahora.

B. Siempre habrá que pedir autorización al Consejo de Seguridad antes de emprender una intervención militar. Los partidarios de la intervención deberán o bien solicitar la autorización oficialmente o bien lograr que el Consejo plantee la cuestión por propia iniciativa o que el Secretario General la plantee de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas.

C. El Consejo de Seguridad deberá examinar sin demora toda solicitud de autorización para intervenir cuando se denuncien grandes pérdidas de vidas humanas o depuraciones étnicas a gran escala. El Consejo habrá de verificar suficientemente los hechos o las condiciones sobre el terreno que puedan justificar una intervención militar.

D. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad deberán renunciar de mutuo acuerdo a ejercer su derecho de veto en asuntos que no comprometan sus intereses vitales, para no obstaculizar la aprobación de resoluciones que autoricen una intervención militar con fines de protección humana y que cuenten con apoyo mayoritario.

E. En caso de que el Consejo de Seguridad rechace una propuesta o no la examine en un período de tiempo razonable, existen las alternativas siguientes:

I. que la Asamblea General examine la cuestión en un período extraordinario de sesiones de emergencia, con arreglo al procedimiento establecido en la resolución “Unión pro Paz”; y

J. que una organización regional o subregional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta, actúe dentro de su zona de jurisdicción y posteriormente solicite la autorización del Consejo de Seguridad.

F. El Consejo de Seguridad habrá de tener en cuenta en todas sus deliberaciones que, si no cumple con su responsabilidad de proteger en situaciones que conmuevan las conciencias y exijan una actuación inmediata, los Estados interesados podrán recurrir a otros medios para hacer frente a la gravedad y urgencia de la situación, lo que podría menoscabar el prestigio y la credibilidad de las Naciones Unidas.

(4) PRINCIPIOS OPERACIONALES

A. Unos objetivos claros, un mandato siempre claro e inequívoco y recursos adecuados.

B. La adopción de un planteamiento militar común por las partes implicadas, unidad de mando, y jerarquía de mando y comunicaciones claras e inequívocas.

C. La aceptación de ciertas limitaciones, aumento progresivo y gradación de la aplicación de la fuerza, siendo el objetivo proteger a una población y no derrotar a un Estado.

D. Unas reglas de combate que se ajusten al concepto operacional y sean precisas, reflejen el principio de proporcionalidad y respeten plenamente el derecho internacional humanitario.

E. La aceptación de que la protección de la fuerza no puede convertirse en el objetivo principal.

F. La máxima coordinación posible con las organizaciones humanitarias.

 

 

2 Responses to “¿Una zona de exclusión aérea en Libia?”

  1. Ricardo Arredondo Says:

    Se puede considerar la situación en Libia desde muchos puntos de vista y el que sugiere Carlos es uno de ellos.

    Sin embargo, como el propio Secretario General lo admitiera después de los sucesos de Kosovo, la acción o la inacción presentan un dilema no sólo jurídico sino también político y moral (Informe del Secretario General de las Naciones Unidas para la Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio: “Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI”. Doc. A/54/2000, 27/03/00, p. 36 y 37).

    Personalmente, creo que Libia representa un escenario donde la responsabilidad de proteger podría ser “testeada”. Como expuse en otras ocasiones (http://www.cries.org/documentos_cries_old/29.pdf), creo que es necesario pasar de la noción a la acción, dado que no es posible tolerar que gobernantes que no respetan los derechos humanos de su propia población se escuden en principios que han evolucionado para dar un mayor grado de cobertura a las poblaciones ante estos abusos.

    Creo que es necesario dar una “respuesta oportuna y decisiva (“Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Informe del Secretario General. Doc. A/63/677 de 12 de enero de 2009), porque cada día que pasa implica pérdida de vidas humanas.

    A pesar de la atrocidad que representan estas violaciones a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario –por su especificidad y escala masiva-, la respuesta a las mismas, que procura prevenir o poner fin a estas violaciones, puede ser analizada y tratada correctamente con el actual esquema normativo, que brinda los remedios adecuados para tratar de solucionar estas situaciones. La aplicación de los procedimientos del derecho internacional vigente no sólo contribuiría al desarrollo y perfeccionamiento del sistema, sino que además sentaría las bases para su desarrollo futuro.

    El mayor desafío consiste en obtener el consenso necesario, a través de la voluntad política de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, para logar implementar en la práctica la noción de responsabilidad de proteger. Ello no será tarea fácil, ya que se trata de implementar medidas que requerirán el uso de la fuerza y habrá que procurar el necesario equilibrio entre los diversos principios de derecho internacional aplicables a este tipo de situaciones. Para ello, se deberá procurar armonizar los intereses y posiciones de los diversos Estados Miembros de la Organización, labor que en muchas ocasiones anteriores ha probado ser una tarea ímproba. Sin embargo, no debería retacearse ningún tipo de esfuerzo en esa dirección, ya que en última instancia de lo que se trata es de salvar vidas humanas. En síntesis, de lo que estamos hablando es de trasladar la retórica a la acción. Y en ese sentido, un mundo estable y seguro debería ser un interés nacional de cualquier Estado.

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    • Gracias Ricardo, por tu buen comentario. Quizá no sea tan distinto lo que decimos. Yo solo quería mostrar que una zona de exclusión aérea no parece ser suficiente y que había que tener en cuenta los principios de una intervención militar.

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