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Derechos humanos y empresas: proteger, respetar y remediar

abril 19, 2008

John Ruggie, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las empresas transnacionales y las empresas comerciales,  ha publicado un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos con el fin de establecer un marco conceptual para facilitar el debate sobre empresas y derechos humanos. Por ahora sólo está disponible en inglés y se llama Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights. El informe propone una estructura elaborada sobre la base de tres principios básicos y complementarios: el deber del Estado de proteger frente a los abusos de derechos humanos de terceras partes, incluyendo a las empresas; la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos; y la necesidad de un acceso más efectivo a los remedios, incluyendo a los judiciales. No se trata de ideas nuevas, sino de una síntesis de los informes anteriores, hecha con la intención de que el Consejo de Derechos Humanos la discuta y, en su caso, la apoye como una forma adecuada de avanzar en la solución de las carencias de protección, respeto y remedios de derechos humanos en relación con las actividades empresariales.

2 Responses to “Derechos humanos y empresas: proteger, respetar y remediar”

  1. Milena Soto Dobles Says:

    El tema de los Derechos Humanos, relacionado con las Empresas y la Responsabilidad Empresarial Solidaria y Ambiental, cada día toma más vigencia. Las ongs de derechos humanos, están realizando una fuerte lucha desde hace tiempo, con el fin de que se obligue a las empresas transnacionales y a las grandes empresas, a respetar los derechos laborales de sus empleados y a que se comprometan en luchas a favor de los derechos humanos en el mundo o en los lugares en los que se establezcan sus sucursales, lo mismo con programas de protección del ambiente.

    También organismos interancionales como la ONU, la OIT y la Unión Europea, cuentan ya con alguna normativa y códigos de ética para que las empresas voluntariamente y a través de la Responsabilidad Empresarial Solidaria se comprometan con los Derechos Humanos y la protección del ambiente.

    Del 12 al 15 de mayo próximo, se estará realizando en Lima, Perú, «Enlazando Alternativas». Trata de una Cumbre Paralela a la de los Jefes de Estado de los países de América y Europa, que durante esos mismos días se reunirán en Lima, Perú.

    En la cumbre paralela, se reunirán varias ongs de Europa, América del Sur y el Cartibe, lo mismo que grupos de agricultores, indígenas de la zona, campesinos, grupos de mujeres, etc., con el fin de proponerles a los Jefes de Estado, ahí reunidos, una agenda social sobre la integración económica, en respeto a los derechos humanos y al ambiente.

    Por consiguiente, esta información sobre el tema, publicada en este blog, es muy oportuna.

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  2. El informe de John Ruggie representa una síntesis de un tema que ocupa cada día mayor lugar en la agenda del mundo. El desarrollo que han conocido los Derechos Humanos en los últimos años ha integrado a toda la Comunidad Internacional, desbordando las fronteras estatales y alcanzando a los entes privados.
    Los Derechos Humanos, desde su Declaración Universal en 1947, llaman a cada miembro de la sociedad a promoverlos y protegerlos. Estas acciones incluyen hoy a empresas dado su gran impacto y graves vulneraciones a los Derechos Humanos.
    La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) nace como un movimiento dentro de la Comunidad Internacional cuyo objetivo primordial es motivar a los privados a desarrollar actividades que sean respetuosas de las sociedades en cuyo territorio actúan. En un primer momento, la esfera de actuación de este concepto concentró dos herramientas principales: las actividades filantrópicas y la Inversión Social.
    El constante avance de las discusiones sobre la Responsabilidad de las empresas desembocó en la necesidad de incluirlas en temáticas sociales, dado que sus actividades impactan de manera directa en los derechos y libertades fundamentales del hombre en todos los niveles. De la mano con esta cuestión, organismos internacionales han desarrollado diferentes herramientas de carácter voluntario para instar a las empresas a generar un comportamiento responsable en su accionar general.
    La problemática que se derivó de este movimiento fue cómo saber cuando una empresa esta actuando de manera responsable y cuándo no, es decir, cómo medir el impacto de estos actores ejercen sobre la sociedad de manera directa. De estas importantes cuestiones nace el concepto de Accountability, en decir, el proceso de rendición de cuentas por parte de las empresas acerca de cómo y de qué manera sus actividades impactan en los Derechos Humanos.
    Las empresas realizan estos reportes o rendición de cuentas sobre la implementación y aplicación de pautas nacionales e internacionales en temas relacionados con derechos humanos y ambiente, conocido también como “Accountability”. Esta rendición de cuentas les permite crear una memoria de sustentabilidad sobre su desempeño económico, ambiental y social; abriendo un diálogo permanente con los grupos de interés de la empresa sobre los resultados tanto negativos como positivos en un periodo determinado de tiempo.
    Los actores destinatarios de esta codificación voluntaria han adherido en general al movimiento internacional, incluyendo diferentes formas de autoevaluación y comprometiéndose con directivas que sirven de guía para lograr modificar su accionar y alcanzar paralelamente una administración más sustentable y la medición de su impacto en la comunidad donde asienta sus operaciones.
    En su informe, más allá de la valiosa definición de objetivos, John Ruggie hace hincapié en la necesidad de mejorar estos mecanismos de accountability y aumentar el compromiso empresarial, utilizando mecanismos de acceso a la justicia que posean competencia, inclusive los de carácter judicial. Los códigos voluntarios deben ser no solo firmados, sino respetados y deben generar mecanismos de accountability y de solución de controversias para poder llevar adelante un control más estricto de la actividad empresarial y sus impactos.
    El informe de Interprete, sumado a la renovación de su mandato demuestra el compromiso que asume la comunidad Internacional en su voluntad de promover proteger y controlar el cumplimiento constante de la normativa humanitaria internacional.

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