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Mi conferencia sobre  “Inmunidad del Estado y Derechos Humanos” está disponible en la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. En este vínculo pueden encontrar la conferencia y otros materiales relacionados con su contenido:  http://legal.un.org/avl/ls/Espósito_S.html. Agradezco al equipo de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional la invitación y su buen trabajo.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

En la sentencia sobre excepciones preliminares en el caso CERTAIN IRANIAN ASSETS (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES OF AMERICA), la Corte rechazó los argumentos estadounidenses basados en el alegato de que la demanda iraní constituía “abuso del derecho” o contrariaba la imposibilidad de que quien no tenga “manos limpias” (conducta intachable… ¿qué Estado acaso la tiene? Ninguno) no puede reclamar contra alguien afectado por su conducta. No tengo simpatía alguna por el argumento de manos limpias, pues incluso si un actor que ha violado normas internacionales se ha visto afectado éste debería poder reclamar contra el abuso que sufre, porque sus propios actos indebidos no dicen nada sobre la licitud o ilicitud de los que dice sufrir. Este tipo de argumentos, a mi parecer, son meras “distracciones” o argumentos algo infantiles (del tipo “¡pero él también me pegó!”…). Por lo mismo, presentar una reclamación no debería entenderse en si como abuso del derecho, salvo en circunstancias extremas en las que evidentemente haya una manipulación abierta que no busque la discusión de fondo de lo que aparentemente se pide se discuta.

Por todo lo anterior, comparto lo dicho por la CIJ en los siguientes apartados:

“113. The Court recalls that, in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), it stated that only in exceptional circumstances should the Court reject a claim based on a valid title of jurisdiction on the ground of abuse of process. In this regard,there has to be clear evidence that the applicant’s conduct amounts to an abuse of process (Preliminary Objections, Judgment of 6 June 2018, para. 150) (see also Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 255, para. 38).

114. The Court has already observed that the Treaty of Amity was in force between the Parties on the date of the filing of Iran’s Application, i.e., 14 June 2016 (see paragraph 30 above), and that the Treaty includes a compromissory clause in Article XXI providing for its jurisdiction. The Court does not consider that in the present case there are exceptional circumstances which would warrant rejecting Iran’s claim on the ground of abuse of process […]

122. The Court begins by noting that the United States has not argued that Iran, through its alleged conduct, has violated the Treaty of Amity, upon which its Application is based. Without having to take a position on the “clean hands” doctrine, the Court considers that, even if it were shown that the Applicant’s conduct was not beyond reproach, this would not be sufficient per se touphold the objection to admissibility raised by the Respondent on the basis of the “clean hands”doctrine (Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 38, para. 47; Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2017, p. 52, para. 142)” (subrayado añadido).

Lo único que no me gusta de estos apartados es que, por las razones expuestas por mi arriba, no haya aprovechado la oportunidad para rechazar la doctrina de “manos limpias”. Ojalá lo hubiese hecho. Sospecho que no quiso cerrar la puerta por si algún día le “conviene” a la Corte invocarla o aceptarla para no abordar una situación o cuestión compleja…

La División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos agregó recientemente las siguientes conferencias al sitio web de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: “La Corte Penal Internacional a veinte años de su creación: Consolidación o decadencia?” por la Sra. Silvia Fernández de Gurmendi, y “Derechos humanos e internet: Estándares internacionales” por el Sr. Eduardo Bertoni.

La Biblioteca Audiovisual también está disponible como un podcast de audio, al que se puede acceder a través de las aplicaciones preinstaladas en los dispositivos de Apple o Android, a través de Soundcloud o a través de la aplicación de podcast de su preferencia buscando “Audiovisual Library of International Law”.

La Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas proporciona capacitación de derecho internacional de alta calidad y materiales de investigación para usuarios de todo el mundo de forma gratuita.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Por estos días, el mundo es testigo de debates sobre una cuestión que genera complejidades en el mundo del derecho y las relaciones internacionales: el reconocimiento de gobierno cuando el mismo es disputado por otro actor o grupo de un Estado. Evidentemente, me refiero al reconocimiento de Guaidó como presidente interno por parte de algunos Estados y al apoyo a Nicolás Maduro como presidente por parte de otros. Cuestiones internas aparte (sobre si, como presidente de la Asamblea, Guaidó es quien es el legítimo representante constitucional de Venezuela mientras se convocan elecciones debido a las dudas sobre las garantías en las pasadas elecciones presidenciales y la verdadera opinión del pueblo venezolano), hay una serie de cuestiones complejas desde la perspectiva del derecho internacional.

En primer lugar, hay que recordar que la figura del reconocimiento de gobiernos fue abandonada hace relativamente poco por algunos Estados (finales de la década de 1970 por los Estados Unidos de América, y los 80 por el Reino Unido) para evitar reconocer gobiernos “ilegítimos”, optando por un intercambio pragmático de relaciones que no necesariamente supusiesen un reconocimiento tal, aunque recientes sucesos en Siria y Venezuela han revivido en algunos lares prácticas al respecto. Adicionalmente, debido al peso del criterio de efectividad en el derecho internacional, un reconocimiento de un “gobierno” que nunca llegue a ejercer poder de forma efectiva será prácticamente simbólico… salvo que ocurran ciertas cosas. Por ejemplo: después de todo, al elegir al interlocutor que estima como legítimo representante de un Estado, será con este con quien el Estado que le reconoce entrará en contacto e interlocuciones, acuerdos e intercambios, como acontece ahora con la opinión de terceros Estados de que Guaidó, como presidente, autorizó el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, o en lo referente a quién ostenta el título de embajador(a) de Venezuela. Antes de indagar por qué esto es tan complejo, hay que preguntarse si esto viola acaso el principio de intervención.

A mi parecer, todo depende del caso concreto. ¿Por qué? Porque hay que indagar si se está teniendo injerencia en cuestiones que hayan de ser decididas soberanamente por un Estado. Si un “régimen” es ilegítimo y contrario a las normas constitucionales, como argumentan algunos, no sería el verdadero representante del Estado y, en consecuencia, no reconocerlo no supondría desconocer el ámbito de libertad decisoria legítima del Estado. En la región americana, después de todo, en el ámbito de la OEA hay requisitos sobre democracia (no meramente formal), contemplados tanto en la famosa Carta Democrática Interamericana como en la jurisprudencia de la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humano y una reciente resolución de la OEA condenando la falta de garantías democráticas en las últimas “elecciones” presidenciales en Venezuela (se declaró “que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”).

Además, ha habido condenas en el sistema interamericano por persecución contra opositores políticos en Venezuela. No obstante, en el derecho internacional hay una paradoja: por más legítimo que sea un estamento, si carece de poder efectivo, sera quien sí lo ostente el que terminará consolidándose. Algo así consideran algunos ha pasado en Siria con el régimen de Assad.

Ahora bien, ¿qué problemas surgen con el reconocimiento de gobierno, como aquel a favor de Guaidó? Muchas dudas. Por ejemplo, ¿podría él “consentir” en nombre de Venezuela en una asistencia humanitaria o, mucho más discutible, militar? ¿Podrían terceros Estados decir que quien esté en un recinto diplomático venezolano debe desalojarlo porque el legítimo representante acreditado es aquel designado por Guaidó cuando su gobierno es el que ha sido reconocido? ¿Viola esto la inviolabilidad o, por el contrario, no permitir el ingreso de los representantes designados por Guaidó supone incumplir el deber de proteger a los representantes diplomáticos? Hay mucho juego político inmerso, pues estos últimos bien podrían cumplir sus funciones en otro lugar al tradicionalmente ocupado por Venezuela, y tales lugares tendrían protección (junto a su residencia) según la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. ¿Querrán llevar hasta tal punto la promoción simbólica de la legitimidad y representación como para llevar a un tercer Estado a enfrentar la disyuntiva de ser coherente con su reconocimiento pero exponerse a (contra, u otras) medidas por parte del régimen de Maduro? Este último no es ningún santo, y el régimen que (formalmente) encabeza ha cometido desmanes, abusos y generado un éxodo abrumador, persecución, tragedias y ha incluso armado a civiles para “proteger la revolución”. La mano y el interés de Cuba, según muchos, también ha sido influyente, pues con un cambio de régimen perderían beneficios y, según se ha dicho, han enviado inteligencia y apoyo al régimen de Maduro. En la práctica estatal sobre estas cuestiones, por otra parte, hay ambigüedad: Reino Unido y otros reconocieron al Consejo Nacional Sirio como el representante del Estado de Siria, pero no dieron la embajada a sus representantes (en Reino Unido, por ejemplo, tras la salida del embajador de Assad el recinto ha estado cerrado), a diferencia de lo que hizo Catar con posterioridad al desalojo de la misma por parte de agentes de Assad como consecuencia del retiro de reconocimiento de su régimen como gobierno por parte de Catar (Túnez también optó en su momento por un retiro de este estilo y la salida del embajador designado por Assad). De hecho, un Estado como los Emiratos Árabes Unidos abrió de nuevo su embajada en Damasco; y salvo por los linderos con Turquía, ya hay intercambios y movimientos oficialmente reconocidos en todas las fronteras sirias, denotando cuestiones sobre efectividad aquí discutidas. Honestamente no tengo respuestas, sólo muchas dudas (probablemente será el vencedor efectivo, de nuevo, quien adquiera el apoyo del derecho internacional, como suele suceder en un derecho con frecuencia de vencedores, algo que incluso ha acontecido en la evolución del derecho internacional, aunque casos como un recinto diplomático en Estonia, defendido en Nueva York frente a pretensiones soviéticas, son ejemplo de que no siempre impera en las relaciones bilaterales el criterio de efectividad), y deseo ver un cambio en Venezuela, que sea liberador, pero sin actuaciones armadas ni derramamiento de una sola gota de sangre. La situación es, en términos humanos, políticos y jurídicos, muy compleja.

Por Rosa M. Fernández Egea

El pasado 8 de octubre de 2018, el Tribunal de apelación de la Haya ratificó la decisión del 24 de junio de 2015, adoptada por el Tribunal de La Haya (Rechtbank Den Haag), en el asunto Urgenda. La decisión en apelación puede consultarse aquí, en inglés.

La confirmación de lo que se considerado como un pronunciamiento histórico, ha sido considerada una excelente noticia por la sociedad civil, de la que se han hecho eco los medios de comunicación (por ejemplo, aquí y aquí).

Comparto esta opinión pues supone reforzar las obligaciones internacionales de mitigación del cambio climático de los Estados y afirmar la responsabilidad de no actuar con la suficiente ambición para revertir este fenómeno climático que entraña riesgos importantísimos para el planeta.

Sin embargo, en este post no voy a comentar el asunto Urgenda, que ya tuve ocasión de hacer  aquí, sino dar cuenta de un asunto similar interpuesto, esta vez, ante el Tribunal General (TG) de la Unión Europea (EU), y que no ha tenido demasiada repercusión en los medios.

Se trata del asunto Ferrão Carvalho y otros c. Parlamento y Consejo (as. T-330/18), recurso interpuesto el 23 de mayo de 2018, y aún pendiente de resolución. La demanda puede consultarse aquí y un resumen de la misma aquí y aquí.

Los reclamantes son un grupo de 37 particulares, entre los que se comprenden personas individuales, integrantes de al menos 10 familias originarias de distintos países de la UE (Portugal, Alemania, Italia, Francia y Rumanía) y de terceros países (Islas Fiji y Kenia), así como un representante de la Asociación sueca de jóvenes Sami “Sáminuorra”.

La demanda en el asunto Carvalho tiene por objeto la anulación de algunos actos de la Unión Europea (UE) que regulan diferentes cuestiones en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI):

  • Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14.3.2018, que modifica la Directiva 2003/87/CE sobre el comercio de emisiones de GEI;
  • Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París
  • Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030

De manera subsidiaria, y de no poder procederse a la anulación de tales actos normativos, los demandantes solicitan el establecimiento de un plazo determinado para proceder a modificarlas para acompasarlas a las normas de rango superior que supuestamente infringen y que se citarán más adelante.

Junto a las pretensiones de anulación y modificación de la normativa aludida, también se plantea la posible responsabilidad patrimonial de la UE al considerar que la infracción de la UE es suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares.

El motivo principal del recurso es que, en opinión de los demandantes, dichas regulaciones de la UE no sólo no contemplan un esfuerzo suficiente para reducir las emisiones de GEI, sino que las emisiones permitidas son ilegales por cuanto superan con creces a las comprometidas a nivel internacional. Es más, incluso superan las reflejadas en los propios actos de la UE. A modo de ejemplo, en el año 2021 la emisión de GEI implicaría un 80% de las emisiones de 1990, mientras que para el año 2030, la emisión sería del 60%, cuando en los actos de la UE se dice que se emitirá un 40% respecto de los niveles de 1990 (véanse, al respecto, el art. 9.2 de la Directiva 2003/87/CE, art 4.2 y anexo I del Reglamento 2018/842, y el art. 4 del Reglamento 2018/841).

Los demandantes esgrimen un buen número de motivos para sustentar este recurso, que trataré de presentar de forma agrupada, sin perjuicio de que en la demanda original se hayan presentado de otra manera, a mi parecer, de forma un tanto “desordenada”.

En primer lugar, se parte de la constatación fáctica de que el cambio climático se produce por las emisiones GEI, que producen, a su vez, daños materiales que ya han sido sufridos por los demandantes. Además, puede vaticinarse que estos daños se incrementarán en un futuro.

En segundo lugar, se identifican varias “normas de rango superior” que han sido vulneradas por los actos impugnados, y que son las siguientes:

  • La obligación de no causar daños y de prevenirlos daños (no harm rule) como consecuencia del cambio climático, que además de constituir un principio de Derecho internacional consuetudinario, también se recoge en el art. 191 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
  • La obligación de evitar y prevenir la vulneración de los derechos fundamentales protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, tales como el derecho a la vida y a la integridad física, al libre ejercicio de una actividad profesional, de propiedad, de la infancia y a la igualdad de trato. Todos ellos pueden verse comprometidos como resultado del cambio climático.

En tercer lugar, se enumeran las actuaciones de la UE que evidencian la vulneración de las normas anteriores:

  1. La UE tiene la obligación de adoptar medidas tendentes a la reducción de emisiones GEI, teniendo en cuenta que cualquier emisión adicional de GEI contribuye al cambio climático y es ilegal.
    1. Sólo podrán superarse las emisiones comprometidas cuando se cuente con una justificación objetiva y siempre y cuando exista un plan de reducción de emisiones GEI acorde a la capacidad técnica y económica de la Unión.
  • La UE no puede justificar los objetivos de emisión de GEI permitidos en los actos impugnados porque:
    • superan la cuota de emisión equitativa que le correspondería a la UE para no superar el aumento máximo de temperatura media global de 1,5- 2ºC, tal y como se establece en el Acuerdo de París
    • tales objetivos se marcaron para cumplir un objetivo anterior al establecido por el Acuerdo de París, que era menos ambicioso, y se hizo sin comprobar cuál es la capacidad técnica y económica de la UE de cara a reducir más sus emisiones GEI
    • existen pruebas que sostienen que la UE está en disposición de reducir las emisiones de GEI en un 50-60% por debajo de los niveles de 1990.

En cuarto lugar, se presta especial atención al factor tiempo, determinándose que la UE es responsable por la infracción de las obligaciones y derechos anteriormente mencionados desde que se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, momento en el que se generalizó el conocimiento sobre las causas y efectos del cambio climático. Pero, más aún, dicha responsabilidad es mayor desde 2009, que fue cuando entraron en vigor el TFUE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que recogen algunas de las “normas de rango superior” supuestamente vulneradas por los actos impugnados.

Sin duda se trata de un recurso de enorme interés en materia de litigación climática, que además de la virtualidad simbólica que conlleva hacer a la UE responsable del cambio climático (en la parte que le toque), también plantea algunas cuestiones interesantes en materia de Derecho de la UE. Se trata de los obstáculos que los demandantes tendrán que sobrepasar para que sus pretensiones puedan tener éxito.

El primer obstáculo es demostrar que cuentan con legitimación activa para impugnar actos de alcance general de Derecho de la UE, teniendo en cuenta que tratándose de particulares ésta se encuentra limitada. Así, se deberá probar que los actos impugnados les afectan directamente (en el sentido de que el acto incide en la esfera jurídica del particular debido a cualidades que le son propias o a una situación de hecho que lo diferencia en relación con cualquier otra persona y, así, lo individualiza como si fuera el destinatario del acto, véase STJ de 15.7.1963 -caso 25/62-, as. Plaumann c. Comisión, par. 107). Pero también que dicha afectación es individual dado que los tres actos son “actos legislativos”, y, por tanto, no son “actos reglamentarios”, que les permita probar sólo la afectación directa (véase la STJ de 3.9.2015 -C 398/13 P-, as. Inuit c. Comisión).

La dificultad para iniciar un procedimiento de responsabilidad extracontractual en este caso reside en identificar la disposición climática –ya sea europea o internacional- que reconozca derechos a los particulares de forma concisa y directa. Por otro lado, también es necesario establecer una vinculación entre la actuación de la UE y los daños causados en la esfera del particular. A este respecto, los demandantes sostienen que pueden proporcionar al TG un volumen considerable de evidencias para probar el nexo causal entre las emisiones de GEI de la Unión y los daños invocados por los solicitantes.

En definitiva, a la vista del número y la magnitud de los obstáculos anteriores, no se prevé que sea un recurso fácil de ganar. No obstante, el caso Urgenda constituye un precedente muy importante por cuanto muestra la posibilidad de solventar mucho de ellos. De recogerse las pretensiones de los demandantes, la sentencia del TG supondrá un acicate para que la UE incremente su nivel de ambición y lidere una lucha contra el cambio climático creíble y ajustada a la previsión de los daños que amenazan con llegar. Ojalá sea así.

La División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos agregó recientemente las siguientes conferencias al sitio web de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: “Antártica ante el Derecho Internacional” por la Profesora María Teresa Infante Caffi e “Interpretación del Estatuto de la Corte Penal Internacional” (en inglés) por la Profesora Leila Nadya Sadat.

La Biblioteca Audiovisual también está disponible como un podcast de audio, al que se puede acceder a través de las aplicaciones preinstaladas en los dispositivos de Apple o Android, a través de Soundcloud o a través de la aplicación de podcast de su preferencia al buscando “Audiovisual Library of International Law “.

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Lamentablemente, debemos posponer el seminario programado para mañana jueves 17 de enero con el profesor Eyal Benvenisti, al que una gripe le impide viajar a Madrid. Sentimos los inconvenientes que esta posposición pudiere causar.

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