Por Esperanza Márquez Chamizo – Universidad de Málaga
El pasado 13 de enero de 2026 la Audiencia Nacional abrió diligencias contra Julio José Iglesias de la Cueva tras una denuncia relativa a episodios de violencia, trabajo forzado y “servidumbre”. La Audiencia Nacional se encuentra regulada en los artículos 62 a 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.)[1]. En el orden penal las competencias de la jurisdicción española se regulan en el artículo 23 del mismo cuerpo legal. La denuncia se presentó el pasado 5 de enero por dos antiguas empleadas. Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta[2].
En principio, el orden penal se articula primordialmente en virtud del principio de territorialidad consagrado en el artículo 23.1 de la L.O.P.J.[3]. Ab initio podríamos encontrarnos ante un supuesto de ejercicio de la jurisdicción penal extraterritorial en virtud de lo estipulado en el artículo 23.2 de la L.O.P.J. Este precepto permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho. Para ello, además, la legislación española exige que el hecho sea punible en el lugar de ejecución[4]; salvo que, en virtud de una disposición de un Tratado Internacional o de un acto normativo de una Organización Internacional de la que España sea parte, no resulte necesario. Procesalmente se requiere que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella, y que el presunto culpable no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. Si se diera este último supuesto, puede cumplirse la condena en España o si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
Otras opciones posibilitan el ejercicio de la jurisdicción penal española más allá de nuestras fronteras. Hemos de referirnos a la actuación jurisdiccional en virtud del principio de protección que permite la aplicación de nuestro Derecho Penal a delitos cometidos en el extranjero que atenten contra instituciones fundamentales o intereses esenciales del Estado, tales como la soberanía, la integridad territorial, la independencia del Estado[5], y otros delitos graves que pueden tener repercusiones en el territorio español.
Lee el resto de esta entrada »Dieciocho años de Aquiescencia
marzo 25, 2026
En enero de 2008 nació Aquiescencia como un blog de derecho internacional concebido para intervenir en la actualidad jurídica con rigor analítico, pero sin las constricciones formales de la publicación académica tradicional. Dieciocho años después, el proyecto se ha consolidado como un archivo vivo de análisis doctrinales, comentarios de jurisprudencia, crónicas académicas y reflexiones sobre la evolución del orden jurídico internacional. Siempre intentando mantener el rigor analítico y la seriedad académica.
En estos 18 años, el blog ha publicado 1.577 entradas, que han generado más de 650.000 vistas y más de 360.000 visitantes. Para un espacio especializado, escrito en español y centrado en una disciplina exigente, estas cifras reflejan algo más que tráfico: indican continuidad de lectura, consulta recurrente del archivo y la existencia de una comunidad académica estable. El archivo, accesible de forma íntegra desde 200, se ha convertido así en una herramienta de trabajo para estudiantes, doctorandos, profesores y profesionales, que vuelven a entradas antiguas no sólo por su valor histórico, sino también por su vigencia analítica.
La lectura y las citas del blog demuestran que ha funcionado como espacio intermedio entre el análisis inmediato y la elaboración académica más reposada. En muchos casos, los textos publicados aquí han servido como primer encuadre de problemas jurídicos que después han sido desarrollados, discutidos o matizados en publicaciones tradicionales.
Dieciocho años después, Aquiescencia sigue siendo un proyecto deliberadamente artesanal, ajeno a métricas de impacto y a estrategias de visibilidad. Su valor ha residido en la constancia, en la fidelidad a una forma de entender el derecho internacional y en la confianza de sus lectores.
Gracias a quienes han leído, citado, discutido y acompañado este proyecto a lo largo de estos años. Durante los próximos meses compartiré novedades sobre una nueva concepción para el blog, con un proyecto para seguir hacia adelante con vocación de utilidad en estos tiempos que representan un gran desafío para el derecho internacional.
25 años de la Revista Jurídica de la UAM – RJUAM
diciembre 29, 2025
En diciembre celebramos los 25 años de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM). Fue un acto muy emotivo, y quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Carlos Castell Somoza, actual director de la Revista, y a todo el Consejo de Redacción por haber tenido la iniciativa de reunirnos en un encuentro con tantos colegas, amigos y amigas que han hecho posible mantener vivo el sueño que iniciamos en 1999. Aquel proyecto, concebido como un espacio dirigido por jóvenes investigadores, se ha consolidado con el tiempo como un instrumento imprescindible para la Facultad de Derecho de la UAM. En el acto, nuestra compañera, la profesora Andrea Macía Morillo nos dio una conferencia brillante e interesantísima sobre la evolución de la edición de revistas científicas.
La RJUAM es, ante todo, una comunidad académica, y su labor resulta impresionante tanto por la calidad y continuidad de la publicación como por las numerosas actividades académicas impulsadas por su Consejo de Redacción. Hoy la Revista recibe más manuscritos que nunca, es plenamente electrónica y de acceso abierto, y afronta, como todas las revistas científicas, el desafío crucial de integrar de manera apropiada el uso de la inteligencia artificial.
He tenido la fortuna de escribir el prólogo del número 1 de la Revista, así como los de otros números conmemorativos. A continuación reproduzco las palabras que escribí con ocasión del número extraordinario publicado con motivo del 25 aniversario.
Lee el resto de esta entrada »El derecho de las relaciones exteriores, por Ignacio Perotti
diciembre 10, 2025
Felicitaciones a Ignacio Perotti por la publicación de su magnífico libro. Aquí va el texto de la contratapa y, en el documento adjunto, también el índice y mi prólogo.
Este libro propone una revisión crítica del derecho de las relaciones exteriores, entendido como aquella parte del derecho interno que regula cómo un Estado se vincula con el resto de la comunidad internacional. Aunque en Estados Unidos este constituye una disciplina consolidada, con autonomía doctrinal e institucional, fuera de ese país sigue siendo una rareza jurídica. Lejos de asumirlo como una categoría neutra o meramente técnica, el autor examina el derecho de las relaciones exteriores como un campo jurídico y social atravesado por disputas ideológicas, jerarquías epistémicas y relaciones de poder que condicionan su contenido, su expansión y su legitimación global. El recorrido del libro combina dos planos complementarios. Por un lado, reconstruye el origen, la estructura y la ideología del DRE como producto jurídico de la política exterior estadounidense, especialmente a partir del 11 de septiembre y en el marco de su proyección geopolítica. Por otro, propone una relectura situada desde América Latina, atravesada por la trayectoria del derecho internacional regional y su potencia transformadora. Así, mediante un enfoque bifronte, nacional e internacional, y una mirada que incorpora tanto el impacto institucional como el de las comunidades de práctica, la segunda parte del libro ensaya una alternativa: imaginar un DRE plural, democrático e internacionalista, en clave de derechos y no de hegemonía. Con un estilo preciso y una mirada crítica bien fundamentada, esta obra no solo interviene en debates clave del derecho internacional y comparado, sino que también abre una agenda de investigación propia desde el Sur global. Una contribución original y necesaria para repensar, desde otras geografías y en claves diferentes, los vínculos entre derecho interno, derecho internacional y derechos humanos.
La UAM en el Nuremberg Forum 2025: historia, justicia y aprendizaje internacional
noviembre 11, 2025
Por Marina Timbalari, Rocío Gómez Rodríguez y Carla Diez Chu, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Entre los días 10 y 12 de octubre de 2025 tuvimos el honor de participar en el Nuremberg Forum, celebrado en la emblemática Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg (Alemania), escenario histórico de los Juicios de Núremberg. La edición de este año conmemoró el 80.º aniversario de aquellos procesos que marcaron el nacimiento del derecho penal internacional contemporáneo.
El foro reunió a jueces, académicos, funcionarios de organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. Nosotras participamos en las sesiones como parte de una comunidad global comprometida con la reflexión sobre el papel actual y futuro del derecho penal internacional.
Durante las jornadas se abordaron cuestiones clave como la responsabilidad individual y estatal, la función de los tribunales internacionales y ad hoc, la cooperación entre Estados y sociedad civil, y la prevención de crímenes internacionales. Entre las intervenciones más destacadas se subrayó la labor del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, encargado de preservar pruebas, proteger testigos y ejecutar condenas derivadas de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Su trabajo refleja la continuidad y solidez del sistema internacional de justicia penal más allá de los grandes procesos fundacionales.
Además de su relevancia académica, el foro constituyó un espacio de intercambio profesional y humano, en el que pudimos dialogar directamente con expertos y figuras de referencia, como William Schabas. Este contacto directo permitió apreciar la dimensión práctica del derecho internacional y la importancia de quienes lo aplican y desarrollan cotidianamente.
Nuestra participación en el Nuremberg Forum 2025 representó una experiencia profundamente formativa, tanto a nivel académico como personal, que refuerza la idea de que el estudio del derecho internacional cobra vida cuando se experimenta en los espacios donde su historia se sigue escribiendo.
La expansión silenciosa y la contracción normativa: España ante el principio de justicia universal
noviembre 6, 2025
En «The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction«, Máximo Langer y Mackenzie Eason sostuvieron que la justicia universal no desapareció con el declive de los grandes procesos de los años noventa, sino que se transformó silenciosamente. Los Estados dejaron de actuar como “agentes globales de justicia” dispuestos a juzgar crímenes cometidos en cualquier parte del mundo, para convertirse en guardianes del principio de no refugio (no safe haven), concentrando su acción en los autores de crímenes internacionales presentes en su territorio.
Esa evolución marca lo que estos autores denominan una “expansión silenciosa”: una institucionalización discreta de la jurisdicción universal dentro de los sistemas penales nacionales. Alemania parece encarnar este modelo con cierta claridad. Casos como Al-Khatib demuestran que es posible ejercer la jurisdicción universal sin dramatismo político ni pretensiones desmedidas, pero con resultados tangibles en la lucha contra la impunidad.
España, en cambio, ha seguido la dirección opuesta. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014 impuso condiciones tan estrictas de conexión personal que el principio perdió toda operatividad. En consecuencia, en España no se ha producido ningún tipo de expansión. Esto es así, además, por una razón de diseño institucional, porque se puede afirmar que la centralización de la competencia en la Audiencia Nacional va en contra de la posibilidad de ese tipo de expansión de la justicia universal, dado que el sistema español concentra la acción en un único órgano altamente visible y políticamente expuesto. De haber sido el paradigma del Estado como agente global de justicia con los casos Pinochet o Guatemala, España se ha convertido en el ejemplo más claro de contracción normativa: ni expansión silenciosa, ni modelo de no refugio.
Ya en 2010, en un editorial para la Newsletter de la European Society of International Law, advertí de lo que entonces llamé una contracción de la justicia universal (shrinking universal justice), al hilo de la reforma fallida de 2009. Aquella tendencia se confirmó en la drástica reforma de 2014. La pregunta que cabe plantearse hoy, a la luz de la investigación de Langer y Eason sobre la evolución del modelo de agente global de justicia, es si existía una vía intermedia, respetando el requisito de residencia, que permitiese una expansión tranquila de la justicia universal, como la que sí han logrado otros Estados.
El 17 de enero de 2026 entrará en vigor el Acuerdo relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas fuera de la jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ). Este nuevo tratado complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y constituye un hito en la gobernanza oceánica global.
La oportuna monografía escrita por la profesora María Carro Pitarch, Los recursos genéticos marinos de las zonas fuera de la jurisdicción nacional: un antes y un después en su régimen jurídico a la luz del Acuerdo BBNJ, ofrece un análisis exhaustivo del marco jurídico internacional aplicable a estos recursos, destacando las lagunas del régimen previo y las innovaciones introducidas por el nuevo acuerdo.
El estudio reconstruye la evolución histórica y doctrinal del concepto de recursos genéticos marinos, situándolo en la intersección entre el Derecho del Mar y el Derecho Internacional del Medio Ambiente. Examina, además, el largo proceso de negociación del Acuerdo BBNJ —desarrollado durante más de dos décadas— y dedica especial atención a su Parte II, relativa a los recursos genéticos marinos.
Sobre esta base, identifica los principales desafíos jurídicos, técnicos y de gobernanza que acompañarán la implementación de este nuevo instrumento internacional, llamado a redefinir el equilibrio entre la libertad de los mares y la protección de los bienes comunes globales.
Y la mejor noticia es que el libro está disponible en acceso abierto en la Biblioteca Virtual Open Access de Tirant Lo Blanch: aquí.
Mary Beloff: “La crisis como oportunidad: el fortalecimiento del sistema universal de protección de derechos humanos a través del caso del Comité de Derechos del Niño”
septiembre 15, 2025
Acompáñanos el próximo jueves en la conferencia inaugural del Diploma de Experto en Protección Internacional de los Derechos Humanos, coorganizado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Mendoza. Tendremos el honor de contar con la profesora Mary Beloff, académica destacada y experta independiente del Comité de Derechos del Niño, quien disertará sobre “La crisis como oportunidad: el fortalecimiento del sistema universal de protección de derechos humanos a través del caso del Comité de Derechos del Niño”.
La actividad se celebrará el jueves 18 de septiembre, a las 15:00 (hora argentina) / 20:00 (hora española), en modalidad virtual.
Además, aún hay tiempo de matricularte en el Diploma, y esta puede ser una excelente oportunidad para conocer su formato y valorar si se ajusta a tus intereses.
📩 Para participar de la clase inaugural, se requiere inscripción previa escribiendo a: posgrado.juridicas@um.edu.ar
La División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos ha añadido recientemente los siguientes materiales a la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: dos conferencias en inglés y francés sobre “The Rights of the Suspect and Accused under the Rome Statute of the International Criminal Court”, por Xavier-Jean Keïta, ex abogado principal de la Oficina del Defensor Público para la Defensa en la Corte Penal Internacional; y una entrevista en inglés con el Sr. Marcin Czepelak, Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje, por la Sra. YiweiLu, sobre “The Permanent Court of Arbitration’s Contribution to International Law”.
La UN Audiovisual Library of International Law (AVL) está también disponible en audio podcast en Apple and SoundCloud.
La Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre el cambio climático en su opinión consultiva y ¡no defrauda!
julio 25, 2025
Por Rosa M. Fernández Egea
Fuente de la foto: World Youth for Climate Justice
El 23 de julio de 2025 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido su opinión consultiva (OC) en materia de cambio climático, lo que ha sido calificado como una decisión «histórica». Si bien es cierto que últimamente todos los acontecimientos parecen ser “históricos”, en este caso, sí que lo es, por los motivos que se expondrán en esta publicación. Pero antes, vamos en qué contexto se ha pronunciado la Corte.
No se trata de la primera opinión consultiva de un tribunal internacional en materia de cambio climático. Es más, otros dos tribunales ya han emitido las suyas con antelación: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el 21 de mayo de 2024, y apenas hace unos meses, el 29 de mayo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queda pendiente una cuarta, solicitada el 2 de mayo de 2025 a la Corte Africana de Derechos Humanos.
Pero la expectación sobre la OC de la CIJ era máxima, pues, no en vano se trata del tribunal internacional más importante, no sólo por ser el órgano judicial de las Naciones Unidas, sino por contar con competencia universal ratione materia, es decir, que puede conocer de la totalidad del Derecho internacional (a diferencia del resto de tribunales internacionales que se han pronunciado en materia climática). Si existe un tribunal que puede aportar una visión del conjunto de las obligaciones y normas internacionales en materia de cambio climático existentes, de sus interconexiones con otros regímenes de derecho internacional, y de las consecuencias de su incumplimiento, es sin duda la Corte Internacional de Justicia. En su OC aborda todas estas cuestiones, como veremos.
Recordemos que la solicitud de OC ante la CIJ fue cursada por la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), a través de su Resolución 77/276 de 29 de marzo de 2023, adoptada por consenso por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas y presentada a la CIJ el 12 de abril de 2023. La Resolución de la AGNU fue resultado de una campaña internacional iniciada en 2019 por un buen número de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, entre los que cabe destacar la de los estudiantes de la Universidad del Pacífico Sur (Vanuatu), y la plataforma World’s Youth for Climate, e impulsada por una colación de pequeños estados insulares, encabezada por Vanuatu. La Corte ha tardado algo más de dos años para emitir su opinión, pero bien a merecido la espera.
De manera resumida, las preguntas que se formularon a la Corte eran, por un lado, que identificara las obligaciones de los Estados bajo el Derecho internacional para proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente, y, por otro, que determinase las consecuencias legales para los Estados que, por sus actos u omisiones, causen daño significativo al sistema climático. En la presente contribución no pretendo realizar un examen exhaustivo de todas las cuestiones que se suscitan en las 140 páginas de la OC, pero sí resaltar algunas de las aportaciones de la CIJ, que demuestran la importancia del pronunciamiento y justifican su calificativo como “histórico”.
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1.- Evidencia fáctica: el cambio climático es una realidad y entraña un peligro muy serio para el planeta
La primera gran aportación es que confirma la situación de emergencia climática existente y la necesidad de actuar con urgencia. Así, la Corte se refiere al cambio climático como un problema global con consecuencias graves y de largo alcance, un problema que supone un riesgo urgente y existencial (par. 73).
La Corte también reconoce que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) son la causa principal del calentamiento global y que los informes del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) constituyen la mejor evidencia científica disponible para establecer sus causas y consecuencias (pars. 75 y ss.). En su OC se refiere a algunos efectos, que no por conocidos, son menos importantes y sirven para ilustrar la gravedad de la situación, como son el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad.
2.- Las obligaciones climáticas se encuentran en los tratados climáticos…y ¡más allá!
La Corte afirma algo evidente y es que los tratados climáticos, esto es, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2016, son instrumentos vinculantes de Derecho internacional. Pero, a la vista de que en ocasiones se les ha tachado de textos de soft law o no vinculantes, no está de más que la Corte confirme la naturaleza vinculante de las obligaciones climáticas que contienen. Así, los todos Estados partes deben adoptar medidas efectivas para limitar las emisiones de GEI y proteger o fortalecer los sumideros de carbono. Ahora bien, los Estados desarrollados tienen (Anexo I de la CMNUCC) tienen obligaciones reforzadas de liderar la reducción de emisiones.
En el caso del Acuerdo de París, la Corte ha hecho hincapié en que, a pesar de la discrecionalidad con la que cuentan los Estados partes para autoimponerse obligaciones a través de las Contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs -por sus siglas en inglés-, esta discrecionalidad se encuentra fuertemente limitada (pars. 237 y ss.). Las obligaciones recogidas en este Acuerdo incluyen no solo la formalidad de las NDCs, sino la obligación de adoptar políticas internas reales para cumplirlas. Así, por un lado, han de observar el principio de progresión, es decir, que el nivel de ambición en sus políticas climáticas ha de incrementarse en las sucesivas NDCs al máximo posible. Y, por otro, han de adoptar medidas de mitigación que se alineen con el objetivo vinculante de temperatura del artículo 2 del Acuerdo de París, que ha de situarse en un incremento máximo de 1,5ºC (¡y no 2ºC!) de la temperatura global, tal y como se decidió en la COP 26 en Glasgow (par. 224).
Los Estados deberán observar también las obligaciones de desarrollar y actualizar planes de adaptación climática (pars. 255 y ss.). Y los Estados desarrollados tienen la obligación específica de asistir financiera y técnicamente a los países en desarrollo y vulnerables, en cumplimiento del deber jurídico de cooperar para cumplir los objetivos del régimen climático y el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas (pars. 260 y ss.).
Pero, además, la Corte ha afirmado la existencia de obligaciones climáticas más allá de los tratados climáticos, en acuerdos internacionales como, por ejemplo, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal sobre la capa de ozono, la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, o la propia Carta de las Naciones Unidas. Cabe resaltar en este punto, que asume y confirma la OC del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que considera las emisiones de GEI como fuente de contaminación marina, contra las hay que actuar (pars. 291, 302, 336 y ss.).
Por lo tanto, descarta el argumento de que los tratados climáticos son lex specialis que desplazan al resto de regímenes en lo que a obligaciones climáticas concierne. Aboga por su interpretación y aplicación integradora (pars. 164-171), contribuyendo así a una interpretación y aplicación de coherencia sistémica de los diferentes corpus de Derecho internacional del medio ambiente.
3.- Normas climáticas oponibles a todos los Estados sin excepción: la existencia de principios y normas consuetudinarias en materia climática
En paralelo a las obligaciones convencionales climáticas, también cabe afirmar la existencia de obligaciones climáticas de naturaleza consuetudinaria, por lo que Estados que no so parte en los tratados climáticos siguen estando obligados a luchar contra el cambio climático y no pueden eludir su responsabilidad.
La primera y más importante norma es que los Estados tienen el deber de prevención de daños ambientales significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente (par. 409). Esta norma básica de Derecho ambiental internacional tiene dos implicaciones muy importantes que constituyen en sí mismas también normas consuetudinarias ambientales, ahora confirmadas por la CIJ.
La primera es que los Estados deben actuar con una debida diligencia reforzada (lo que es acorde a la gravedad del problema ambiental que entraña el cambio climático) a la hora de utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o control causen daños significativos al sistema climático y otras partes del medio ambiente. Ello incluye no regular estas actividades, realizar evaluaciones de impacto ambiental, pero también implica vigilar, controlar y sancionar la actuación de entes públicos y privados bajo su jurisdicción y control, como es el caso de las empresas y corporaciones que puedan ser grandes emisoras de GEI. Y todo ello, hacerlo de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades.
La segunda es que los Estados tienen el deber cooperar de buena fe y de manera sostenida y continua, para prevenir daños significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente. Esto implica que aquellos Estados que no participan de los esfuerzos multilaterales de lucha contra el cambio climático, por ejemplo, no formando parte de los tratados climáticos o “saliéndose” de ellos, estarían incumpliendo esta norma.
Igual que hiciera la Corte Interamericana de Derechos humanos, la CIJ considera que el deber de prevención no se circunscribe a problemas ambientales meramente transfronterizos, sino que su ámbito de aplicación es más amplio. Esta precisión es de suma importancia cuando se trata de problemas de dimensiones globales, como es el caso del cambio climático. Pero, a diferencia de la Corte Interamericana, la CIJ no afirma su naturaleza imperativa o de ius cogens, si bien sí lo considera como como una norma erga omnes (pars. 439 y ss). Efectivamente, el cambio climático es una “preocupación común de la Humanidad” (“a common concern of humankind”), tal y como se especifica en el CMNUCC y en el Acuerdo de París (par. 440).
Por último, la Corte refuerza determinados principios ambientales como el de desarrollo sostenible, de precaución (siempre y cuando se recoja en los tratados, su naturaleza consuetudinaria todavía no está clara, como demuestra que la Corte siga refiriéndose a él como “principio o enfoque”), el de equidad inter- e intra-generacional, o el de quien contamina paga. Estos principios serán aplicables en la medida en que orienten la interpretación y aplicación de las normas jurídicas más directamente pertinentes.
4.- La vinculación innegable entre el cambio climático y los derechos humanos
La CIJ establece que el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible deviene necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como es el caso de los derechos a la vida, la salud y un nivel de vida adecuado, entre otros (par. 393).
La afirmación de la existencia de un derecho a un medio ambiente sano se encuentra en línea con los reconocimientos realizados por la AGNU y del Consejo de Derechos Humanos en sendas resoluciones de 2022 y 2021, respectivamente. Pero también expande a nivel universal lo que la Corte Interamericana, en el marco regional interamericano de protección de derechos humanos, ha afirmado en su OC 23/17 y en su reciente OC 32/25. La CIJ no alude, eso sí, a la existencia de un derecho a un clima sano, como sí ha hecho la Corte Interamericana en su última OC.
Igualmente, la CIJ se hace eco del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Verein KlimaSeniorinnen c. Suiza de 2024, en el que se afirma que no adoptar medidas de lucha contra el cambio climático suficientes y adecuadas supone una vulneración de derechos humanos. Y es que es las obligaciones de mitigación y adaptación también se derivan de los regímenes internacionales de los derechos humanos. Ahora bien, el reconocimiento de un derecho a un medio ambiente sano es una asignatura pendiente en el marco del sistema regional europeo de protección europeo. Este pronunciamiento de la CIJ debiera de servir de acicate para incluirlo de una vez por todas.
La Corte considera igualmente que el medio ambiente ha de protegerse no sólo para las presentes generaciones, sino también para las futuras, en aplicación del principio de equidad intergeneracional y con la idea de que las generaciones presentes tienen la tarea fiduciaria de preservar el planeta y todos sus recursos ambientales, incluido el clima, para las futuras generaciones (par. 156).
5.- Aviso a navegantes climáticos: consecuencias del incumplimiento y asunción de responsabilidades
Como no podía ser de otra manera, la CIJ confirma que la vulneración de todas estas obligaciones y normas genera responsabilidad internacional, estando los Estados responsables obligados a reparar los daños ocasionados.
El régimen climático internacional no constituye lex specialis frente al régimen general en materia de responsabilidad, sino que se complementan. No cabe identificar normas secundarias (aquellas que establecen las consecuencias del incumplimiento de las primarias) en, por ejemplo, el artículo 8 del Acuerdo de París que regula las pérdidas y daños (loss and damage) una obligación de asumir responsabilidades y compensación de los daños causados (de hecho, se excluyó expresamente), sino más bien de cooperar y facilitar esta compensación (par. 414). El sistema de control de cumplimiento del Acuerdo de París (arts. 13 a 15), por su parte, no tiene carácter punitivo ni inquisitivo, sino más bien facilitador.
La Corte también realiza consideraciones importantes a la hora de establecer los vínculos de causación y de atribución, tan difíciles de definir cuando se trata de un problema de generación y afectación difusa e indeterminada, como es el cambio climático. Así, la Corte afirma que los Estados serán responsables por los actos u omisiones de sus órganos, o por no haber cumplido con la debida diligencia de regular y supervisar las actuaciones de agentes privados bajo su jurisdicción. Y pone ejemplos de lo que supone incumplir con estas obligaciones, como otorgar licencias de exploración y explotación de combustibles fósiles, continuar produciendo y consumiendo combustibles fósiles sin planificar su reducción y futura eliminación, o beneficiar estas actividades con subsidios. No se requiere, por tanto, probar que la contribución a las emisiones globales alcanza un nivel mínimo, todos somos responsables, acabando así con el argumento de “one drop in the ocean” para eludir responsabilidades.
Si bien no es necesario que existan daños para poder invocar la responsabilidad internacional, su existencia es relevante a la hora de adoptar medidas de reparación adecuadas. En este punto cabe hablar de un doble vínculo de causalidad. El primero, el que ha de trazarse entre las emisiones de GEI de un determinado Estado con la generación de cambio climático. Y el segundo, entre el cambio climático generado con los daños que algunos Estados o sus nacionales puedan sufrir. La Corte es consciente de que estos vínculos causales son más difíciles de trazar que respecto de otros problemas ambientales cuyas fuentes y efectos se encuentran más localizados y concretos. Pero eso no significa que sea imposible. Deberá examinarse cada caso concreto y atender a la mejor ciencia disponible para verificar la existencia de un nexo causal directo y cierto entre el acto ilícito y el daño sufrido (pars. 433-438). El Estado responsable deberá repararlo, ya sea mediante la restitución, la indemnización o la satisfacción. De alguna forma, la Corte ayuda a materializar la necesidad de resarcir los daños y pérdidas que se esboza en el artículo 8 del Acuerdo de París.
Por último, al constituir normas y obligaciones erga omnes y erga omnes partes, respectivamente, todos los Estados, independientemente de haber sido las víctimas directas del incumplimiento o de haber sufrido daños, podrán reclamar el cese, las garantías de no repetición, así como la reparación de los daños ocasionados (pars. 441 y ss).
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Por todo lo anterior y a modo de conclusión, he de decir que la CIJ no ha defraudado y ha superado con creces las expectativas que se tenían. Nadie se atrevía a predecir cuál sería el alcance de su pronunciamiento, a la vista de que la Corte ha mantenido una jurisprudencia en materia de Derecho ambiental “tímida” o poco ambiciosa, incluso “poniéndose de perfil” cuando ha abordado algún tema espinoso (véase la OC sobre la legalidad de la amenaza y uso de las armas nucleares de 1996). Pero, al igual que los tribunales internacionales que han participado de lo que se denomina como “litigación climática”, la CIJ ha estado a la altura de la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Es muy loable el esfuerzo realizado por aportar coherencia, no sólo entre los diferentes pronunciamientos consultivos del resto de tribunales internacionales, sino también por la interconexión trazada entre el régimen climático internacional con otros tratados internacionales ambientales y otros regímenes internaciones, tales como el de los derechos humanos y el Derecho del Mar.
Como todos sabemos, los pronunciamientos de la Corte en su función consultiva no son vinculantes. Pero sí lo son las reglas convencionales y consuetudinarias en materia climática que recoge y clarifica. Cabe señalar que esta decisión ha sido adoptada de manera unánime, a pesar de algunos de sus miembros han escrito declaraciones separadas y adicionales.
Por lo tanto, una vez aclaradas las obligaciones principales que se imponen a los Estados (el deber de adoptar medidas regulatorias y prácticas estrictas y concretas para mitigar y adaptarse al cambio climático, cooperar nacional e internacionalmente, proteger los derechos humanos afectados y reparar los daños causados), ya no hay excusas (ni tiempo) para pasar a la acción.
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La Opinión consultiva se encuentra accesible aquí (en inglés), y un resumen de la misma aquí (en inglés).
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