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Este viernes 20 de abril hacemos un homenaje al profesor Antonio Remiro Brotóns en la UAM, donde ahora es profesor emérito de Derecho Internacional Público. Tras una entrevista con el homenajeado, escucharemos las intervenciones de prestigiosos juristas, catedráticos de Derecho Internacional Público, que se ocuparán de diversos aspectos de la obra de Antonio Remiro Brotóns, organizada en torno a cuatro grandes temas que han ocupado su atención: los principios de Derecho Internacional, el Derecho de los tratados, el Estado y la justicia internacional.

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Brandon Research Fellowship in International Law 2018-2019 – Applications deadline: 19 March 2018

The Lauterpacht Centre for International Law is pleased to invite applications for the 2018-2019 Brandon Research Fellowship, which continues to be funded by generous gifts made by Mr Michael Brandon (1923-2012) in 2009 and by Mr Christopher Brandon in 2013.

The Brandon Research Fellowship is intended to cover a stay of at least 11 – 13 weeks at the Lauterpacht Centre for International Law and has a maximum value of GBP 4,500; any additional travel or other expenses will be the responsibility of the selected Fellow. Awards will be made pro rata if a visit of less than 11 weeks is agreed to.  The Fellowship is tenable between October 2018 and September 2019.  Two awards may be made if the strength of the field warrants it.

LCIL provides a centre for research in Cambridge for legal practitioners and academics from around the world.  The Brandon Research Fellow will be welcomed as part of the community of visiting academics at LCIL and will undertake their own research project on some aspect of public or private international law or international arbitration.  Whilst the expectation is that candidates will pursue their own research project, should the successful applicant’s research project be within an area connected to an LCIL Fellows’ project or research activities, candidates may be invited to contribute or collaborate in those projects.  Information on requirements and eligibility can be found in the guidance notes below.

APPLICATION DEADLINE:  MONDAY 19 MARCH 2018

Applications should be submitted in accordance with the guidance notes and using the application form below. The application should consist of the following:

  • completed Application Form (including an outline of the proposed research);
  • a curriculum vitae (maximum four pages);
  • two letters of reference.

All documents should be prepared in English. Applications must be received by 19 March 2018. Late or incomplete applications will not be considered.

  Brandon Research Fellowship 2018-2019 Guidance Notes

  Brandon Research Fellowship 2018-2019 Application Form

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Se ha estrenado la segunda temporada de “The Arbitration Station” con un primer episodio que contiene, entre otras cosas, una entrevista con el conocido profesor Loukas Mistelis de Queen Mary University London.

Inaugurado en agosto del 2017, el podcast “The Arbitration Station” cubre tanto el arbitraje de inversión como el arbitraje comercial internacional y ofrece una mezcla entretenida de las discusiones sustanciales y cotilleo arbitral. Los presentadores del podcast son Brian Kotick – un abogado estadounidense – y Joel Dahlquist Cullborg – un académico de la universidad de Uppsala especializado en arbitraje internacional.

Hay 18 episodios de la primera temporada del podcast con grandes invitados y debates de numerosas materias que abarcan desde el arbitraje deportivo a programas de postgrado en arbitraje.

Se puede bajar el primer episodio de la segunda temporada aquí.

El podcast está disponible via ITunes y Soundcloud.

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The second season of the Arbitration Station podcast recently commenced, with a season premiere featuring, among others, Professor Loukas Mistelis of Queen Mary University.

Originally launched in August 2017, the Arbitration Station podcast covers both investment and commercial arbitration and is an entertaining mix of substance and arbitration gossip. Hosts are American arbitration lawyer Brian Kotick and Joel Dahlquist Cullborg, an arbitration-focused academic at Uppsala University.

The 18 episodes of the podcast’s first season featured interesting guests and discussion on topics ranging from Redfern schedules to sports arbitration at CAS. The second season will focus, among other things, on the importance of the arbitral seat – where the hosts will interview people from around the world to discuss how arbitration works in their jurisdiction.

The first episode of season 2 is available here.

The podcast is also available on ITunes and Soundcloud.

 

Here is the audio recoding of the Hersch Lauterpacht Memorial Lecture 2018: “The Changing Place of the Corporation in International Law” by Professor Sundhya Pahuja. Enjoy!

Las facultades de derecho españolas viven una situación complicada en la actualidad. Hay muchas facultades, tanto públicas como privadas, y en consecuencia hay que saber cómo definirse, competir y diferenciarse en unas condiciones de regulación que, a mi modo de ver, no son favorables para las instituciones públicas y, sobre todo, para sus profesores. Junto a esto, también existen problemas cualitativos importantes, porque las facultades necesitan una transformación en su formas de gobierno como consecuencia de la incorporación de una burocracia costosa derivada de la implantación de nuevos sistemas de docencia en los últimos años, acompañada de variados procedimientos administrativos de control de calidad y rendición de cuentas, que se unen a una multiplicación y diversificación de materias y temas abarcados por nuestros programas de docencia y nuestros proyectos de investigación.

En unos días comenzará la campaña electoral para las elecciones a decano de la Facultad de Derecho de la UAM, que tendrán lugar el próximo del 19 de abril de 2018. A continuación comparto unas ideas con el mejor ánimo de contribuir al debate sobre el futuro de la Facultad en un momento en el que podrían resultar útiles para los candidatos y los electores que participaremos en elección del decano o la decana de la UAM.

Quien asuma el decanato debe tener una visión para la Facultad de Derecho de la UAM y la capacidad de llevarla a cabo con un liderazgo flexible, eficaz y duradero. Es verdad que un decano en una universidad pública, altamente regulada y con poca autonomía, puede mejorar la Facultad con un margen limitado, pero también es cierto que, como demuestra la experiencia de nuestra institución, se pueden hacer cosas importantes: un liderazgo firme y convincente trasciende los cuatro años de mandato. Ese liderazgo implica, por supuesto, defender los valores de la profesión jurídica, en todas sus vertientes, en una sociedad donde dicha profesión, a pesar de su tradición conservadora, está cambiando de manera significativa.

Por eso mismo una pregunta clave para un proyecto de Facultad es saber cómo nuestros estudiantes de grado y postgrado pueden tener experiencias educativas que los conecten con la práctica profesional a la que se van a enfrentar, teniendo en mente en alguna medida la experiencia de los estudios de medicina. En nuestra facultad tenemos clubes de debate y hemos implantando la semilla de la enseñanza a través de juicios simulados (moot courts). El problema es que es una práctica excluyente, que deja fuera a la mayoría de los estudiantes. Hace algunos años, utilicé un seminario o materia optativa para expandir el efecto de estas experiencias, pero no es lo mismo que ser parte de un equipo y competir contra otros estudiantes bien preparados. Los moocs (massive open online courses) tienen la capacidad de ser más inclusivos, pero el problema de que no suelen dar créditos universitarios. Una medida que pondría sobre la mesa de deliberación con el fin de lograr una mayor participación en este tipo de enseñanzas es la creación de experiencias de laboratorio jurídico en la Facultad. Es casi imposible por falta de medios copiar el sistema de enseñanza clínica de las universidades más ricas, con unos presupuestos millonarios y una oferta interminable de posibilidades. Sin embargo, existen modelos que se podrían implantar en nuestra Facultad con un esfuerzo serio pero posible, que sería seguramente apoyado por despachos de abogados importantes. Estoy pensando en modelos como el que tiene funcionando con éxito en España desde hace unos años o, incluso, en modelos facultades de derecho relativamente pequeñas de EE.UU. como es el caso de la escuela de derecho de la Universidad de Hastings en San Francisco, que han ideado programas que están transformando la forma de enseñar el derecho, como es el caso del Instituto para el derecho de la innovación y su exitoso Startup Legal Garage. Este programa ofrece servicios jurídicos a proyectos de empresas nuevas en el campo de la tecnología mediante equipos de estudiantes supervisados por abogados. Este año los estudiantes están trabajando con más de 50 empresas.  El programa tiene solo seis años y se ha convertido en un ejemplo para las escuelas jurídicas en Estados Unidos de América. Lo mejor de estos programas es que podrían tener un impacto positivo en donde más lo necesitamos, es decir, en la enseñanza de postgrado, y permitirían, a la vez, dar la mejor educación por experiencia y conectar directamente a los estudiantes con la realidad social, cultural y económica de Madrid.

Es evidente que un buen programa de postgrado requiere una excelente coordinación de sus cursos generales y específicos. Eso solo puede ocurrir si hay liderazgo y visión de Facultad, y si el postgrado se integra con los proyectos y centros de investigación de sus profesores. Los centros, en mi opinión, son la clave. Se deberían crear una serie de centros a imagen y semejanza de algunos que ya han probado su valor desde hace años, como es el caso del Instituto de Derecho Local, ejemplo de  visión y liderazgo. Los centros no necesitan ser institutos universitarios, que implican numerosos requisitos para ser autorizados por la Comunidad de Madrid; sólo hace falta reunir a un grupo de gente que constituya una masa crítica en torno a un objetivo bien determinado. Esos cuatro, cinco o seis centros de la Facultad de Derecho de la UAM (seguro que, como a mí, se les ocurren varios nombres) generarían proyectos de investigación y docencia, que bien gestionados deberían revertir en el beneficio de los profesores y personal de administración de servicios involucrados. El Decanato y la Facultad deberían contar con una oficina de apoyo real y sustantivo a esos proyectos de investigación y docencia. El rectorado, con buen criterio, deberá apoyar estas iniciativas y a sus investigadores, porque revierte en el interés de la Universidad y porque la Facultad de Derecho de la UAM que yo conozco se identifica a sí misma como un centro de investigación competente y de calidad, y no sólo como una buena institución docente.

Una visión de Facultad que se precie debe incluir en su proyecto ambicioso de comunidad para la Facultad. La división en Áreas de conocimiento y Departamentos, con todo lo bueno que tienen, ha contribuido a crear compartimiento estancos en la Facultad. Habría que tratar de superar las incomunicaciones. El Anuario y la Revista de la Facultad de Derecho son ejemplos a seguir ya que constituyen centros de unión y experiencias entre toda la comunidad docente e investigadora de la Facultad. Ese proyecto de comunidad requiere la creación de una dirección de comunicaciones, que se ocupe de mostrar en las redes sociales lo mucho que hacemos en la Facultad y de establecer protocolos de comunicación para nuestra institución, es decir, que nos comunique mejor con el mundo exterior y también entre nosotros. Otra medida que resulta necesaria es la creación de incentivos internos, por ejemplo, premios a la docencia y a las publicaciones de los profesores, como tienen en muchas universidades del mundo. En tercer lugar, para que la comunidad sea verdaderamente inclusiva, se debería pensar en un sistema de comunicación y ayuda entre nuestros estudiantes, donde los estudiantes mayores pudieran dar consejos y ayudar a los más jóvenes a afrontar problemas con sus estudios. Es más, esa cadena de comunicación podría extenderse a los egresados de nuestra Facultad, que podrían participar en un sistema de apoyo a nuestros actuales estudiantes en su último año de carrera o maestría. Las redes sociales, generales o profesionales, quizá podrían utilizarse a esos efectos, aunque también se podría buscar ayuda en los programas que existen en la universidad, como el excelente y necesario programa AlumniUAM, que bien podría contar con una sección jurídica.

Por Andrés Delgado Casteleiro
Universidad Diego Portales
Antiguo investigador principal del Instituto Max Planck de Luxemburgo

Hace solo dos días, el 6 de Marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó su sentencia en el asunto “República Eslovaca c Achmea”. Este caso decidido en Gran Sala puede tener una gran repercusión en el desarrollo no sólo de la futura formulación política de inversiones de la UE – incluyendo la propuesta de la Comisión para la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones -, sino también en el devenir de los múltiples arbitrajes intra-UE actualmente pendientes (al menos 30 de ellos son contra España por las medidas adoptadas en marco del mercado de las energías renovables).

  1. Breve historia del asunto

La sentencia del Tribunal de Justicia es una decisión más de una larga saga que se inició hace 10 años cuando por Achmea (una compañía holandesa) inició un procedimiento de arbitraje en virtud de un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) concluido entre los Países Bajos y la República Eslovaca. Achmea consideraba que una serie de medidas adoptadas por el Parlamento Eslovaco en la marco del proceso de liberalización del mercado de seguros de enfermedad privados violaban varios preceptos del TBI. La República Eslovaca con el apoyo de la Comisión Europea propuso una excepción de incompetencia del tribunal ya que, habida cuenta de su adhesión a la UE, el recurso a un tribunal arbitral previsto en el artículo 8, apartado 2, del TBI era incompatible con el Derecho de la Unión. Mediante laudo arbitral interlocutorio de 26 de octubre de 2010, el tribunal arbitral desestimó esta excepción. Finalmente, en 2012, el tribunal arbitral le dio la razón a Achmea y ordenó a Eslovaquia a pagar más de 22,1 millones de Euros en daños e intereses. Lógicamente, la República Eslovaca presentó una demanda de anulación del laudo en la sede del arbitraje (Francfort) y fue recurriendo cada desestimación de su demanda hasta que el Tribunal Supremo Civil y Penal de Alemania finalmente presentó una serie de cuestiones prejudiciales sobre la compatibilidad del TBI con los artículos 267 TFUE (Cuestiones prejudiciales), 344 TFUE (jurisdicción exclusiva del TJUE) y 18 TFUE (principio de no discriminación).

Asimismo Achmea debe ser puesto en el contexto de los varios procedimientos pendientes como la saga Micula c Rumanía, con una demanda pendiente en el Tribunal General y otra en Tribunal Supremo de Reino Unido, o los varios procedimientos por incumplimiento iniciados contra Austria, los Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Suecia. La sentencia del Tribunal en Achmea resuelve cuestiones que inevitablemente iban a llegar a Luxemburgo de un modo u otro.

Esta judicialización responde a la falta de consenso entre los Estados Miembros de la UE sobre la compatibilidad de los TBI intra-UE con el Derecho de la Unión. Italia, Irlanda y Polonia han terminado o están proceso de terminarlos. La República Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía (todas ellas partes demandas en varios arbitrajes de inversiones) apoyaron a la República Eslovaca y a la Comisión Europea en su argumento en contra de la compatibilidad del artículo 8 del TBI República Eslovaca – Países Bajos con el Derecho de la UE. Por el contrario, Alemania, Francia, los Países Bajos, Austria y Finlandia argumentaron que el TBI y su artículo 8 sí eran compatibles con el Derecho de la Unión.

  1. La sentencia del Tribunal de Justicia

Tras unas polémicas conclusiones del Abogado General Wathelet, las cuales, como ha señalado Hestermeyer, se leen más que como un voto particular discrepante que como unas conclusiones, el Tribunal de Justicia ha publicado una sentencia en la que de las tres cuestiones planteadas sólo aborda las dos primeras: la incompatibilidad del artículo 8 del TBI con el artículo 267 TFUE (cuestiones prejudiciales), y con el artículo 344 TFUE (la jurisdicción exclusiva del Tribunal), y además las trata de forma conjunta.

Tomando como punto de partida el controvertido Dictamen 2/13, el Tribunal de Justicia considera que “la autonomía del Derecho de la Unión, tanto en relación con el Derecho de los Estados miembros como con respecto al Derecho internacional, se justifica por las características esenciales de la Unión y de su Derecho relativas, en particular, a la estructura constitucional de la Unión y a la propia naturaleza de este Derecho. … Estas características han dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, y a los Estados miembros entre sí (para 33).

Para el Tribunal, en la medida en que en virtud del Artículo 8, apartado 6 del TBI permite la interpretación del Derecho vigente de la Parte contratante afectada y cualquier tratado pertinente entre las Partes contratantes y que el Derecho de la UE casa con esa definición (paras 40 y 41), un tribunal arbitral podría verse obligado a interpretar el Derecho de la UE. Al Tribunal de Justicia parece que le es indiferente el hecho de que en el procedimiento principal el tribunal arbitral no haya interpretado ningún precepto del Derecho de la UE, y que ninguno de los otros tribunales arbitrales tampoco lo hayan hecho (hasta ahora). El Tribunal considera que en la medida en que exista la mera posibilidad de que un tribunal arbitral pueda llegar a interpretar el Derecho de la UE es suficiente para que su autonomía se vea afectada. Sólo si dicho tribunal arbitral pudiera ser considerado un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros en el sentido del artículo 267 TFUE, la autonomía del Derecho de la UE no se vería vulnerada. No obstante, para el Tribunal de Justicia ese no es el caso en la medida en que al concluir un TBI los Estados “sustraen” (soustraire, en el francés original) la competencia de sus propios tribunales (para 55). Dejando de un lado la pobre elección de palabras para conceptualizar la delegación de potestades jurisdiccionales a un Tribunal internacional y que nos retrotrae al polémico párrafo 292 del Dictamen 2/15, el Tribunal de Justicia deja claro que el monopolio de interpretación es una de la premisas fundamentales de la autonomía del Derecho de la UE.

Lógicamente el Tribunal cualifica su visión expansiva de principio del Autonomía, por el que hasta la intervención de la Corte Internacional de Justicia sería contraria al Derecho de la UE en la medida en que el artículo 8 del TBI replica en cierta forma las reglas de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. El Tribunal de Justicia entiende que “además de que los litigios comprendidos en el ámbito de competencias del tribunal arbitral previsto en el artículo 8 del TBI pueden tener por objeto la interpretación tanto de dicho Tratado como del Derecho de la Unión, la posibilidad de someter estos litigios a un organismo que no constituye un elemento del sistema jurisdiccional de la Unión está establecida por un tratado que no ha sido celebrado por la Unión, sino por ciertos Estados miembro.” (para 58)

Parece que el hecho de que la UE no sea parte del TBI es la puntilla que demuestra que artículo 8 del TBI vulnera el principio de autonomía de la UE. Este párrafo va a ser sin lugar a dudas el aspecto más comentado y sobre el que va a ser más necesario reflexionar para comprender cuales son las consecuencias de esta sentencia más allá de la invalidez de los TBI intra-EU que contengan cláusulas idénticas al artículo 8 del TBI República Eslovaca -Países Bajos.

Por ejemplo, España se encuentra inmersa en un mar de procedimientos de arbitraje de inversiones por su política de energía renovables bajo el paraguas de Tratado para la Carta de la Energía – acuerdo internacional del que la UE y sus Estados miembros son parte (acuerdo mixto). Por un lado, y vista la posición de la Comisión Europea en una reciente decisión de ayuda de Estado (para 165), uno podría argumentar que las decisiones en dichos procesos no tiene ninguna validez según el Derecho de la UE, ya que la situación fáctica (litigio intra-UE con cláusula de interpretación similar al artículo 8 TBI)) es prácticamente análoga a Achmea. Uno esperaría que el Gobierno Español utilizara este tipo de argumentos para frenar la ejecución del laudo arbitral en Eiser c España.

Por el contrario, y creo que más acertadamente, se debería diferenciar entre los TBI (acuerdos concluidos por los Estados Miembros) y el Tratado para la Carta de Energía (acuerdo mixto). En lo referente a los acuerdos mixtos, como dijo en el caso Kupferberg, el Tribunal de Justicia viene estableciendo que,  “al garantizar la observancia de los compromisos emanados de un acuerdo celebrado por las Instituciones europeas, los Estados miembros cumplen con una obligación no sólo en relación con el tercer país afectado, sino también y sobre todo con la [Unión], que ha asumido la responsabilidad de la buena ejecución del acuerdo.” De esta forma, los Estados miembros de la UE tendrían una obligación para con la UE de cumplir con los laudos arbitrales adoptados bajo el paraguas de un acuerdo mixto ya que la UE ha garantizado la buena ejecución de dicho acuerdo.

  1. Conclusiones

Como ha señalado Daniel Sarmiento, la sentencia en Achmea es una prueba más de actuación en “modo constitucional” sobre el que parece que va a operar el Tribunal bajo el mandato del Presidente Lenaerts. La sentencia reproduce el lenguaje más polémico del Dictamen 2/15 y reafirma el Dictamen 2/13 como la referencia básica a partir de ahora para examinar la compatibilidad de un Tribunal Internacional con el Derecho de la UE. Si bien esto puede parecer como una mala señal para las aspiraciones de la Comisión de establecer un Tribunal Multilateral de Inversiones, deberemos esperar al Dictamen 1/17 sobre el Acuerdo de Libre Comercio de la UE con Canadá (el polémico CETA) para saber en qué medida el carácter mixto del mismo, así como unas reglas de interpretación más estrictas, son suficientes para superar el test de compatibilidad de dicho acuerdo con el Derecho de la UE.

 

Puedes seguir a Andrés Delgado en twitter en @ADCasteleiro

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