Home

Estoy de acuerdo con esta “Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña”:

Ante los errores en la invocación del Derecho Internacional para dotar de fundamento jurídico a la ley del referéndum de autodeterminación, los miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) abajo firmantes consideran que es su obligación cívica formular la siguiente declaración:

  1.  Según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional, las normas del Derecho Internacional General relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos sólo contemplan un derecho a la independencia en el caso de  los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras.
  2.    A la luz de la práctica internacional, no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos.
  3.  Nada en los Pactos Internacionales de 1966, en ningún otro tratado sobre derechos humanos, ni en la jurisprudencia internacional apunta a la consagración de un derecho de las comunidades territoriales infraestatales a pronunciarse sobre la independencia y separación del Estado.
  4.  Las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de autoorganización, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales. La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.
  5.  La Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
  6.  Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional.

                  19 de septiembre de 2017

Ver todas las firmas aquí.

 

Hasta finales de agosto. Recomiendo el artículo de Fleur Johns (@FleurEJ ), es fantástico.

https://www.cambridge.org/…/1A9B0676FB63662BD85A2D835F26B60B

Comparto mi prólogo al flamante libro de Nicolás Carrillo Santarelli Direct International Human Rights Obligations of Non-State Actors: A Legal and Ethical Necessity. Me  estoy especializando en prólogos de una página.

1294

Foreword

In a world where individuals may launch global cyber attacks, transnational corporations may affect the most basic rights of indigenous communities, and powerfully armed terrorist groups may take the lives of innocent people wherever, it is impossible not to recognize that the acts of non-State actors can vastly affect the exercise of human rights. The expansion of the full efficacy of international human rights obligations is nevertheless still generally limited by international law, which usually defines human rights obligations as falling only on States. The grounds for this restriction stem from different sources, but the limitation has its particular basis on a certain conception of international law sustaining that States were and remain its most relevant subjects. These approaches explain in part why, for example, as Judge Crawford would put it, the law of personality and recognition ‘is still a law of exclusion, not participation’ in the international legal system. Moreover, supporters of this classic approach of international law and human rights affirm that expanding human rights obligations beyond the State will trivialize these rights and, most importantly, will confer non-State actors a legitimacy that should be preserved only for the State.

This book is an act of passion in which Nicolás Carrillo Santarelli uses his indefatigable intellectual power to attack the idea that only states can be held responsible for the breach of international human rights obligations. The author joins a tradition that goes back to Hersch Lauterpacht’s International Law and Human Rights, envisaging already in 1950 a protection for all human beings against a human rights violation ‘from whatever source it may originate’, and reaches a summit with the publication in 2006 of Andrew Caphlam’s Human Rights Obligations of Non-State Actors, defending that ‘human rights are entitlements enjoyed by everyone to be respected by everyone’.

In a style that bears a resemblance to that of Judge Cançado Trindade, Nicolás Carrillo Santarelli takes this argument to its limits, sustaining that reasons of justice, ethics and law require the imposition of direct human rights obligations and responsibilities on non-State actors. The author builds his thesis on a radical idea of human dignity and a broad prohibition of discrimination under the law. His endeavor, however, is not limited to a thorough doctrinal study: the second part of the book is committed to the analysis of the legal mechanisms and institutions concerned with the goal of giving total efficacy to international human rights, including proper reparations to the victims of human right violations by non-State actors, and not just States.

I have seen the evolution of this book from its origins as a doctoral thesis project presented at the University Autónoma of Madrid. Throughout years of hard work and untiring scholarly discussions, Nicolas Carrillo Santarelli has developed his argument with determination, an extreme care and an enormous amount of serious research. He has put his reason to work for his passion to realize the protection of human rights from any kind of breach, whatever its source, achieving an extraordinary academic monograph.

Un vídeo sobre el trabajo de Arquitectura Forense (Forensic Architecture). Si tienes la suerte de estar o ir a Barcelona, en el Macba se puede ver su trabajo hasta el 15 de octubre de 2017.

En este link hay una lista de podcasts jurídicos referidos en la página de Facebook de Oxford International Law. Su importancia está creciendo porque son útiles y atractivos. No es un fenómeno nuevo y seguramente todos tenemos nuestros podcasts preferidos de programas de música o literatura, pero mi impresión es que en derecho no está tan extendido como en otros ámbitos (philosophy bites ya es un clásico en filosofía, por ejemplo). Algunos son relevantes para el derecho internacional y las relaciones internacionales. Como botón de muestra cabe citar el reciente podcast de Lawfare sobre el nuevo libro de Graham Allison Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, que está en boca de todos los analistas internacionales estos días.

Mi pregunta es: ¿Conocen podcasts de derecho en español? ¿Pueden citarlos en los comentarios?

Hasta el 30 de junio se pueden solicitar becas completas (cubren todos los gastos salvo los gastos de desplazamiento) para el “Encuentro: Las empresas Multilatinas y su Impacto en el Desarrollo de la Integración Iberoamericana”, que se realizará en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 19, 20 y 21 de julio de 2017. Se puede consultar el programa en la página web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Requisitos

  1. Estar matriculado en el curso académico 2016/2017 en estudios oficiales conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctor en una Universidad española, o en cualquier otro estudio que equivalga a ellos; o
  2. haber finalizado los estudios universitarios a los que se refiere el apartado anterior con posterioridad a 31 de diciembre de 2012.
  3. En cualquiera de los casos descritos anteriormente, el solicitante deberá acreditar una nota media igual o superior a 6 (sobre base 10) en el expediente académico.

 Presentación de solicitudes y Documentos exigidos

Las solicitudes de becas se presentarán en la Secretaría de la Fundación Iberoamericana Empresarial (direccion@iberoamericanaempresarial.org), aportando los siguientes documentos:

  1. Carta motivando el interés en participar en el Encuentro
  2. Certificación académica personal completa, con expresión de la nota media en base 10
  3. Fotografía reciente, tamaño carnet
  4. Fotocopia del DNI o NIE

Plazo de solicitud

Hasta el día 30 de junio.

Criterios de selección y adjudicación de las becas

Los criterios de concesión de becas son:

  1. Nivel Académico del solicitante
  2. Nota media del Expediente Académico
  3. Carta de motivación

La Fundación Iberoamericana Empresarial evaluará las diferentes solicitudes y seleccionará a los beneficiarios de las becas teniendo en cuenta los requisitos generales establecidos y los criterios de selección y adjudicación previstos en la convocatoria. La resolución se notificará personalmente a los solicitantes en su dirección de correo electrónico.

 Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios están obligados a asistir a los cursos para los que se les ha concedido la beca, siendo necesario para que se les expida el Diploma que justifique como mínimo el 80% de las sesiones programadas. El incumplimiento de las anteriores obligaciones será causa de reintegro de la beca.

Por Leopoldo M. A. Godio (UBA/UCA).

El pasado 1º de mayo de 2017 medios de prensa informaron el arribo y permanencia, en el puerto de Montevideo, del buque Ernest Shackleton (que lleva la inscripción Stanley-Falkland Islands), perteneciente a la British Antarctic Survey, una empresa radicada en el Reino Unido. La noticia no contendría interés alguno de no ser porque esta embarcación utilizó, según los periodistas, una “bandera de las Islas Malvinas” oportunamente modificada por la “bandera roja de la marina mercante británica” con el objeto de obtener, por parte de las autoridades portuarias, la autorización de ingreso.

Se ha descrito este hecho como una “situación confusa”, cuando el derecho regional e internacional es claro en la materia. Por un lado, el hecho está regulado por la resolución adoptada por el Mercosur en diciembre de 2011 sobre el intercambio de información sobre buques que arriban a puertos de Estados miembros y la denegación del ingreso de aquellos que enarbolen banderas no reconocidas oficialmente. El comportamiento del capitán del buque, al decidir utilizar la bandera de la marina mercante británica, evidenció la plena observancia de la resolución mercosureña que, en otras palabras, significa el reconocimiento de que la “bandera de las Islas Malvinas” no se encuentra reconocida.

Asimismo es necesario señalar la postura adoptada por los Estados Parte del Mercosur, respecto de no permitir el ingreso de buques con la pretendida “bandera de las Islas Malvinas”, también deviene en el respeto del orden jurídico internacional, que no las reconoce como un territorio independiente ni tampoco a su bandera como oficial. Exigir lo contrario, implicaría pretender mantener un statu quo que genera una especie de derecho adquirido por vía de hecho que vulnera los derechos argentinos, tal como ha sido la persistente actitud británica de imponer su posición basada en una política del hecho consumado.

Al respecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 resulta de clara aplicación y brinda la solución en este caso en particular al regular, en el artículo 92 y 94, la relación entre el Estado de pabellón y sus buques. La Convención de 1982 dispone, precisamente, en el artículo 92 que un buque no podrá cambiar de pabellón durante el desarrollo de un viaje ni en ocasión de realizar una escala, salvo en caso de transferencia efectiva de la propiedad o de cambio de registro, situación que no genera inconvenientes respecto del Ernest Shackleton, que es y siempre fue de pabellón británico.

La norma anterior completa con las resoluciones pertinentes de la Organización Marítima Internacional destinadas a regular el derecho de enarbolar el pabellón y sus condiciones, siempre que no contraríen la Convención de 1982 señalada.

En definitiva, cualquier duda que pretenda generarse sobre este asunto no puede superar una obviedad fáctica y jurídica de evidente resolución: las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos circundantes, no constituyen un Estado, sino una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido que sólo puede ser solucionada pacíficamente, tal como lo dispuso la Asamblea General de la ONU en la Resolución 2065 de 1965.

A %d blogueros les gusta esto: