Home

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de ayer salió a la luz pública la información de que el gobierno del ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos, antes de terminar su mandato, efectuó un reconocimiento de Palestina como Estado (imágenes de cartas adjuntas en este post), acción que aplaudo, especialmente porque el pueblo palestino está siendo afectado en cuanto a su libre determinación, los “asentamientos” (término eufemista) se expanden, hay abusos policiales, y la reciente ley del “Estado nación” en Israel deja mucho qué desear desde una perspectiva de la igualdad de todos los sometidos a la jurisdicción del Estado. Además, la administración Trump está aparentemente buscando recortar ayudas a refugiados palestinos por parte de terceros mediante presiones (en las que frecuentemente incurre por muchos temas), y ha reaccionado airadamente (e injustificadamente) frente a organizaciones internacionales que han aceptado a Palestina en términos de estatalidad. Pues bien, tras la revelación, el ministro de relaciones exteriores del nuevo gobierno Duque (Carlos Holmes Trujillo, teniendo el ministerio en Colombia el “flamante” título de Canciller) y la vicepresidente entrante, Marta Lucía Ramírez (probablemente con un análisis de costo-beneficio por la excesiva dependencia bilateral con los Estados Unidos), han mencionado que se examinará con detenimiento la iniciativa de la administración Santos y que se citará a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para revisar el tema. Surge entonces el interrogante de si, una vez efectuado, es posible retirar el reconocimiento de un Estado efectuado por otro (sobre estos desarrollos, se puede leer aquí).

Políticamente, me parecería vergonzoso el retiro del reconocimiento, como sucede con tantas otras acciones y posiciones colombianas en el ámbito de las relaciones internacionales, por ejemplo su silencio ante la propuesta de tratado sobre empresas y derechos humanos, motivada, a mi parecer, por temores a enemistarse con Estados Unidos o a parecer “socialista” u otra cosa… lo que me parece hace de uno de los dos Estados con los que tengo vínculo de nacionalidad bastante mediocre o tibio en muchos temas y debates contemporáneos en el ámbito internacional, al no tomar postura, por lo cual el reconocimiento de Santos me pareció, al fin, un gesto de coraje, valentía e independencia… quizá simbólico (Colombia no es un Estado influyente), siendo debatible si Palestina es o no un Estado, pero el simbolismo y los efectos expresivos pueden resaltar problemas, llamar la atención sobre victimización y generar impactos psicológicos. Por otra parte, iniciativas como la comentada hacen parte de los asuntos (externos o de relaciones internacionales) de los Estados, protegidas jurídicamente frente a intromisiones o presiones coercitivas de “disuasión” (que le encantan a Trump, famoso ahora por sancionar y presionar incluso a Ecuador cuando éste promovía la lactancia materna… intereses económicos y bullying subyacentes…). Adicionalmente, en Palestina se teme que un eventual retiro resulte “contagioso” e imitado por otros, como se narra en el diario israelí Haaretz.

Ahora bien, jurídicamente, algunos han dicho que es posible retirar el reconocimiento de Estados “creados” en contravía de la legalidad internacional. Así, por ejemplo, Alexander Orakhelashvili ha dicho que:

“any recognition of the independence of Kosovo is an internationally wrongful act and generates the obligation to withdraw it. The recognition of fundamental illegalities is always subject to revocation of recognition”.

La anterior no es la situación analizada, pues no creo que en la gestación de Palestina como ente soberano e independiente, o en lo referente a los intentos de su consolidación, se haya violado el derecho imperativo o una norma internacional fundamental.

Ryan Delaney, por su parte, ha considerado que a pesar de la escasa práctica explícita sobre retiros de reconocimiento de estatalidad, tal retiro sí es factible, algo que defendía Lauterpacht al considerar que el reconocimiento no es un contrato o concesión (misma fuente), y que pese a la escasa práctica expresa atrás apuntada sí se han dado casos donde ella se maneja implícitamente, por ejemplo al reconocer el control de una región por otro ente que, en la práctica, ha sustituido a uno extinguido. Además, ha habido retiro de jure  sin reconocimiento de control por parte de otro en un caso que involucraba a Japón y a China, por razones fácticas  (muy debatibles, eso sí, en tal caso, según se narra en la misma fuente).

Si el retiro (expreso o no) es factible jurídicamente, entonces, ¿supone su ejercicio acaso un acto discrecional ilimitado? A mi parecer, no. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha de estar motivado por una aparente inexistencia o desaparición del Estado anteriormente reconocido, de conformidad con la práctica apuntada en el anterior párrafo. Adicionalmente, según se discute en el texto y comentario del Principio 10 de los Principios Rectores sobre las declaraciones unilaterales de los Estados adoptadas por la Comisión de Derecho Internacional, no puede haber retiros o terminaciones de tales declaraciones cuando ellas sean arbitrarias, y pare determinar si es admisible una revocación deben considerarse los términos del acto unilateral original, la medida en que hayan generado expectativas con base en las cuales un tercero actúa, y si se han presentado cambios fundamentales en las circunstancias. Pues bien, a la luz de todas estas consideraciones, Colombia podría (ojalá no, cuando menos por las razones políticas apuntadas atrás) decir quizás que Palestina no tiene, en realidad, los elementos constitutivos de estatalidad, y en cuanto formalmente su reconocimiento es declarativo y no constitutivo ante la ausencia de Estado no puede decirse que se creó algo que ahora se intenta borrar; o bien que por estas razones su retiro, si se decidiese, no sería arbitrario y no ha habido expectativas razonables  (la CDI habla de destinatarios que, frente a la declaración unilateral, “have relied on it in good faith”).

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Como ha anunciado Surya Deva, se acaba de publicar el borrador presentado por Ecuador que podría servir como base de la negociación de un tratado sobre empresas y derechos humanos, que puede leerse aquí. Es un paso importante y es preciso analizar esta propuesta embrionaria, titulada “Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and other Business Enterprises”, con detenimiento.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó recientemente su última opinión consultiva, la número 25 (disponible aquí), en la que se ocupa de aspectos sobre el asilo y el derecho de los refugiados. En este post me referiré a un par de cuestiones que llamaron mi atención. Esta opinión fue solicitada por el Estado de Ecuador, probablemente motivado por los problemas jurídicos del caso de Julian Assange, quien se encuentra en la embajada ecuatoriana en Reino Unido (de hecho, la Corte alude a esto en el párrafo 48). Frente a posibles argumentos de que no debía emitirse un pronunciamiento dada la existencia de una controversia, la Corte se refirió a los efectos que tendría su opinión consultiva para orientar la interpretación de disposiciones sobre derechos humanos sobre cuestiones que no son simplemente especulaciones abstractas, y a la ausencia de una controversia en el sistema interamericano, razones por las cuales entendió que era procedente emitir su opinión (párrs. 50-53). Además, en cuanto a consideraciones ratione personae, se dijo que, como era evidente, “las consideraciones que en este documento se puedan realizar sobre terceros Estados no implica determinar el alcance de las obligaciones de aquellos que no son parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya que ello excedería la competencia del Tribunal, sino que se inscriben dentro del marco del propio sistema regional” (párr. 32).

Por otra parte, la Corte Interamericana hace un interesante estudio histórico sobre el declive de la institución del asilo diplomático en Europa a favor de la figura de la extradición y del auge de su uso en América Latina “como respuesta a las constantes crisis propias de la incipiente independencia de los Estados latinoamericanos” (párrs. 76-77). Esta constatación coincide con investigaciones que he hecho sobre la materia, siendo, efectivamente, las constantes crisis y los frecuentes cambios de régimen en latinoamérica, que tornaban a algunas personas en perseguidas por los nuevos detentadores del poder, una influencia para su uso en la región. No obstante, la Corte estimó que el asilo diplomático no es una costumbre regional, ante la ausencia de una suficiente opinio juris (anotándose también la objeción persistente estadounidense), razones por las cuales su concesión es una facultad del Estado que constituye “expresión de su soberanía” (párrs. 157-163). Junto a esta conclusión, se afirma en el documento que la alusión al “territorio extranjero” en los artículos 22.7 y XXVII de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana, respectivamente, permiten concluir que aquellos instrumentos se refieren al asilo territorial y no al diplomático; no siendo posible acudir al principio pro persona para sugerir la inclusión del asilo diplomático en el contenido protegido porque tal criterio “no puede desplazar la utilización de otros métodos de interpretación”, siendo importante acudir a todos ellos “en conjunto” y no “de manera aislada” (párrs. 147-156). Por las anteriores razones, la Corte concluye que el asilo diplomático “debe regirse or las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas” (punto 3 de la última sección, “VI Opinión”). El que se hayan hecho estas consideraciones refuta argumentos de que la Corte en cuestión siempre es activista o “creadora” (ella, de hecho, ha sido muy importante y su labor beneficiosa en un continente aquejado de tantos problemas en materia de derechos humanos, siendo por ello importantísimas su persistencia y valentía, aunque no siempre se esté de acuerdo con todos los detalles de sus pronunciamientos, no encontrando reparos yo frente a los vertidos por ella en la opinión consultiva examinada desde un punto de vista técnico). Ya que se menciona la distinción entre las clases de asilo, cabe decir que, para la Corte, el asilo territorial es concedido por un Estado a personas que se encuentren en su territorio, mientras que “en el caso del asilo diplomático, quien busca protección se encuentra en el territorio del Estado que lo reclama, o de un tercer Estado quien lo requiere a solicitud de otro, por lo que debe compatibilizarse con otras áreas del derecho internacional, como ser las relaciones diplomáticas y el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado receptor . En este sentido, si no existen acuerdos especiales entre los Estados en razón del asilo diplomático, y este es otorgado por el Estado acreditante, con la oposición del Estado receptor, se podría generar una controversia” (párr. 104). Dicho esto, las posibles diferencias y controversias no permiten en ningún caso  ignorar que “está vedado un ingreso forzado a una representación diplomática u otros locales de la misión, como la residencia del jefe de la misión o los medios de transporte de éste, que también gozan de inviolabilidad”, pues ellas no justifican “que el Estado receptor ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática, en contravención del principio de inviolabilidad” (párr. 106).

En cuanto a los refugiados, hay un par de anotaciones importantes. En primer lugar, se menciona cómo en virtud de la Declaración de Cartagena y leyes internas, algunos Estados deben una protección más amplia que aquella recogida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, debido a que ellas “han ampliado la protección a aquellos sujetos obligados a huir de su país de residencia habitual o del cual son nacionales, por encontrarse su vida, integridad personal o libertad amenazadas por situaciones de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan alterado el orden público interno” (párr. 129), y no sólo a quienes tengan temores fundados de ser perseguidos (párr. 68).

Por otra parte, y de forma coherente con la línea jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su sentencia de fondo de 2001 en el caso Barrios Altos contra Perú, la Corte expresa que la protección del asilo “no puede ser utilizada como una vía para favorecer, procurar o asegurar la impunidad en casos de graves violaciones”, pues ello desnaturalizaría la figura (lo cual, a mi juicio, sugiere una noción de abuso del derecho, reconocida por la doctrina y jurisprudencia internacionales), por lo cual los Estados deben tener en cuenta frente a tales violaciones sus obligaciones de conformidad con el principio aut dedere aut judicare (párrs. 91-92), siendo trascendental la indicación en la opinión consultiva de que existe una obligación tal frente a abusos graves contra los derechos humanos “para combatir la impunidad”, idea con la que estoy plenamente de acuerdo y aplaudo, y va más allá de lo que sugieren textos e instrumentos que, por su data, pueden estar desactualizados al respecto. La Corte afirma, con buen tino, que los deberes extraterritoriales pueden surgir “de actos de los agentes diplomáticos o consulares presentes en territorio extranjero de conformidad con las normas del derecho internacional, dado que estos agentes ejercen una autoridad y control sobre otras personas” (párr. 175).

Otra cuestión interesante es la alusiva a las obligaciones y competencias extraterritoriales, que la Corte acepta cuando los Estados ejerzan “control, autoridad o responsabilidad sobre alguna persona, con independencia de que ésta se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de dicho Estado” (párr. 177), de forma coincidente con la existencia de obligaciones si hay jurisdicción extraterritorial en virtud de control territorial, normativo o físico sobre las personas en el extranjero, con independencia de que aquel control sea lícito o no, de jure de facto, obtenido unilateralmente o por consentimiento o invitación, según coinciden otros órganos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos o con una competencia ratione materiae más amplia (párrs. 171-176). Adicionalmente, en cuanto a los espacios geográficos donde son relevantes las obligaciones internacionales sobre las materias examinadas, se confirma que el principio de no devolución:

“[A]plica no sólo en el territorio de un Estado, sino también en la frontera , las zonas de tránsito internacional y en altamar 218 , en razón del rol preponderante que ejerce para garantizar el acceso al asilo territorial. En consonancia con las obligaciones de no devolución en virtud del derecho internacional de los derechos humanos , el ACNUR ha sostenido que el criterio decisivo no reside en determinar si la persona se encuentra en el territorio nacional del Estado o en un territorio que está de jure bajo el control soberano del Estado, sino si esa persona está sujeta o no a la efectiva autoridad y control del Estado. De igual forma, el Comité contra la Tortura aclaró que el principio de no devolución “incluye cualquier territorio o instalación y es aplicable para proteger a toda persona, sea o no nacional y sin discriminación, que esté sujeta al control de jure o de facto de un Estado Parte”. Asimismo, subrayó que “[c]ada Estado parte debe aplicar el principio de no devolución en cualquier territorio bajo su jurisdicción o en cualquier área bajo su control o autoridad, o abordo de un buque o una aeronave registrada en el Estado Parte, a cualquier persona, incluidas las personas que soliciten o necesiten protección internacional, sin ninguna forma de discriminación e independientemente de la nacionalidad o apatridia o el estado legal, administrativo o judicial de la persona involucrada en virtud del derecho ordinario o de emergencia” (párr. 188).

Y precisamente en cuanto a la no devolución, también es importantísima y bienvenida su reiteración de que esa obligación “se aplica a todas las modalidades de devolución de una persona a otro Estado, incluso por extradición” (párr. 191), razón por la cual “no se puede extraditar, deportar, expulsar o remover de ninguna manera a una persona del territorio de un Estado si existen motivos suficientes para creer que existe riesgo de daño irreparable contra sus derechos, y sin antes tomar en consideración los alegatos de la persona sobre el riesgo” (párr. 196). La obligación en cuestión también exige determinar si hay un riesgo real “a la vida, integridad, libertad o seguridad” si una persona es devuelta a su lugar de origen o a otro Estado “si existe un riesgo e que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real” (párr. 197). Dicho esto, también hay una contravención de deberes jurídicos internacionales si se deja la situación de una persona “en un limbo o” se prolonga indefinidamente (párr. 198), aclarándose que, en todo caso, no se exige “per se que el Estado deba necesariamente otorgar el asilo en su sede diplomática, sino que sisten otras obligaciones que imponen al Estado adoptar las medidas diplomáticas, incluida la solicitud al Estado territorial de expedir un salvoconducto, o de otra índole que estén bajo su autoridad y, de conformidad con el derecho internacional, para asegurar a los solicitantes la garantía de los derechos convencionales” (párr. 198).

Por Nicolás Carrillo Santarelli

La Academia Colombiana de Derecho Internacional ha publicado una serie de videos relativos a aspectos jurídicos internacionales en YouTube, entre los cuales se encuentra uno en el que expongo muy brevemente algunas escuelas y postulados teóricos y filosóficos sobre los fundamentos y dinámicas del derecho internacional, que puede verse aquí o más abajo en este mismo post.

Adicionalmente, he escrito un par de cosas sobre la posible influencia de las emociones en la interacción con e invocación del derecho internacional, tanto en inglés como en español, cuestión que ha sido abordada con mayor frecuencia en el ámbito de las relaciones internacionales y comienza a examinarse en la disciplina jurídica, como por ejemplo en una conferencia dedicada al tema en Buenos Aires, algunas de cuyas ponencias resumí en su momento, como puede leerse aquí.

Por Ricardo Arredondo

Cuando todavía no se han acallado las repercusiones de las expulsiones de diplomáticos generadas por el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal, el Gobierno griego ha decidido expulsar a dos diplomáticos rusos e impedir el retorno al país de otros dos, a quienes acusa de interferir en sus asuntos internos y de conductas ilegales contra la seguridad nacional griega.
El Gobierno de Alexis Tsipras, quien se diferenció de sus pares europeos y miembros de la OTAN al negarse a expulsar diplomáticos rusos como consecuencia del caso Skripal, dejó en claro que estas expulsiones no están relacionadas con las relaciones bilaterales entre ambos países sino con hechos puntuales: los intentos de los funcionarios rusos de ampliar la influencia rusa en Grecia, principalmente dentro de la Iglesia Ortodoxa griega, sumado a la tentativa de obtener y hacer circular información y de sobornar a funcionarios griegos, lo que habría fracasado. Asimismo, se ha señalado que Rusia habría estado implicada en protestas contra el acuerdo alcanzado entre Grecia y Macedonia respecto al nombre de la antigua república yugoslava.
Estas conductas están expresamente prohibidas por las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) y sobre Relaciones Consulares (CVRC). Estas reglas se derivan del principio de soberanía del Estado, que los restantes Estados no pueden perturbar. Fomentar la inestabilidad de un gobierno, inmiscuirse en su política interna, criticar al gobierno, contribuir al deterioro de las relaciones entre el Estado receptor y terceros Estados, entre otras, son actividades que implican una interferencia en los asuntos internos del Estado receptor y de las cuales un diplomático extranjero debería abstenerse. Ello no solo genera tensiones entre los Estados acreditante y receptor y puede llevar a que la persona sea declarada non grata y expulsada del país, que es lo que ocurrió en este caso.
Grecia hizo uso de esa norma contemplada en el artículo 9 de la CVRD afirmando, a través del portavoz del Gobierno, Dimitris Tzanakopoulos, que “El Gobierno griego no puede tolerar una conducta que viole el derecho internacional y que no muestra respeto al Estado griego. Consideramos que ha habido tal conducta y por esa precisa razón se tomarán todas las medidas necesarias”.
La declaración de persona non grata ha sido utilizada en incontables ocasiones como respuesta a conductas personales de los diplomáticos, que van desde contrabando de mercaderías, narcotráfico, abuso sexual hasta faltas de tráfico. Por ello, Grecia ha advertido de que cualquier respuesta en represalia por parte de Moscú solo contribuirá a deteriorar las relaciones, ya que ningún diplomático o cónsul griegos en Rusia ha actuado al margen de los estrictos parámetros de su misión.
A pesar de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya ha anunciado que responderá de forma simétrica a la decisión de las autoridades griegas, lo que es una práctica habitual de casos semejantes.
Resulta difícil entender qué se logra desde el punto de vista práctico con estas expulsiones recíprocas de funcionarios. Es comprensible que los Estados a veces deseen expresar su disgusto con otros Estados (particularmente en un incidente de alto perfil en el que hay pocas otras opciones para represalias inmediatas). Sin embargo, la expulsión de diplomáticos que no están acusados de estar implicados en un incidente, tomado como una represalia entre los dos Estados, es poco más que un gesto simbólico, y simplemente contribuye a empeorar las relaciones diplomáticas y consulares entre esos Estados.

 

davidcaronDavid Caron hubiera cumplido ayer 66 años. Nos dejó repentinamente el 20 de febrero de este año. David lo fue todo en el mundo del derecho internacional: un excelente estudiante, un gran profesor en algunas de las mejores universidades del mundo, abogado, árbitro y juez de tribunales internacionales, decano de una magnífica facultad de derecho… En todo sobresalió. Siempre dejó una huella personal en las instituciones que formaron parte de su vida. Ayer, en el día de su cumpleaños, recordaba una vez más al amigo que conocí en 1997 y que este año no pude saludar. Un hombre sonriente, amable, generoso, dispuesto siempre a ayudar y, sobre todo, un gran amigo de esos que no dejaban pasar ninguna oportunidad para hacerte saber que estaban pendientes de ti. Ahora su familia, con la fuerza de esposa Susan, ha constituido un fondo que lleva su nombre en la American Society of International Law, para seguir ayudando a investigadores y otorgando premios a estudiantes o graduados recientes.

pic-refugiados-libros

Con ocasión del día mundial de los refugiados, Cambridge ofrece acceso gratuito a una interesante cantidad de artículos y capítulos de libros sobre derecho internacional de los refugiados. Aquí hasta el 20 de julio de 2018.

 

#WorldRefugeeDay2018

A %d blogueros les gusta esto: