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Por Ricardo Arredondo

El 12 de octubre pasado, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en el que anunció la decisión de su Administración de negarse a certificar que el acuerdo nuclear a seis bandas (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia) suscripto con Irán. Si bien esta decisión no implica dar por terminado el acuerdo, que está en el interés nacional de los Estados Unidos, sí brindaría al Congreso de este país un lapso de 60 días en el que le sería mucho más fácil volver a imponer sanciones unilaterales a Irán relacionadas con el uso nuclear, según las normas estadounidenses. Si los legisladores adoptaran esta actitud, ello estaría en clara violación al acuerdo y, probablemente, desencadenaría su colapso.
El anuncio de Trump encontró una dura respuesta del presidente iraní, Hasan Rohani, quien manifestó que “Estados Unidos está más aislado que nunca” y aseguró que el pacto es “mucho más fuerte” de lo que Trump considera.
La administración Trump es consciente de que este resultado sería una pésima opción y que Estados Unidos sería culpado por el fracaso del acuerdo. Los restantes miembros del acuerdo, incluida la Unión Europea, tendrían muy pocas probabilidades de volver a imponer sanciones de la magnitud necesaria para obtener cualquier otro acuerdo y, mucho menos, uno mejor que el actual. La amenaza de proliferación de Irán, liberada de las restricciones a su programa nuclear, podría agudizarse y generar una seria amenaza a la paz y seguridad internacionales.
A la luz de este escenario, los medios de prensa señalan que los funcionarios de la administración Trump intentarán persuadir al Congreso para que no vuelva a imponer sanciones, aunque el éxito de esta gestión está por verse. Esta estrategia arriesgada es una salida compromisoria, ya que procura mantener con vida al acuerdo, a la vez que busca “aplacar” a Trump, quien hizo campaña contra el acuerdo y no desea tener que certificarlo cada tres meses.
Por su parte, el propio Trump, aunque acusó a Irán de una larga lista de incumplimientos, de mantener una conductas inadecuada e impuso sanciones contra la Guardia iraní, y autorizó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní por su presuntamente “apoyo al terrorismo, decidió, por el momento, salvaguardar el acuerdo.
De esta manera, Trump añade un nuevo signo de interrogación a un escenario internacional que, sumado a las tensas relaciones con Corea del Norte, Rusia y otros países, se torna cada vez más volátil e inestable.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El pasado 29 de septiembre se publicaron los “ELEMENTS FOR THE DRAFT LEGALLY BINDING INSTRUMENT ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES WITH RESPECT TO HUMAN RIGHTS” en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el documento HRC Res. A/HRC/RES/26/9, que puede descargarse en este hipervínculo. Comparto la opinión de Claire Methven O’Brien, quien dijo que el contenido es (mucho) mejor de lo esperado, como expresó aquí. ¿Por qué razón? Porque no descuida ninguno de los tres pilares (protección estatal, respeto empresarial, reparaciones) del marco y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y, de hecho, los recoge de manera fuerte en todo momento: enfatizando que los Estados ciertamente tienen deberes ineludibles, pero recordando también que es imprescindible responsabilizar internamente a las empresas y que estas tienen compromisos internacionales. Echemos un vistazo a algunos aspectos norables:

En primer lugar, el borrador no se limita a determinadas empresas en virtud de su (supuesta) naturaleza intrínseca sino que se ocupa de toda actividad empresarial de índole transnacional, con independencia de la naturaleza (local, etc.) de la corporación en cuestión. En este sentido, se señala en el punto 2.2 sobre ámbito de aplicación que este versa sobre “Violations or abuses of human rights resulting from any business activity that has a transnational character, including by firms, partnerships, corporations, companies, other associations, natural or juridical persons, or any combination thereof, irrespective of the mode of creation or control or ownership, and includes their branches, subsidiaries, affiliates, or other entities directly or indirectly controlled by them”. Esta fórmula me parece agridulce: si bien toda empresa puede violar derechos humanos y ha de ser controlada (no siendo siempre efectivo el control estatal), en parte calma las inquietudes de quienes se oponías (con razón, a mi juicio) a que sólo empresas de grupos multinacionales fuesen destinatarios de las normas propuestas, lo cual me parece ciertamente insuficiente dado el abuso en que toda empresa puede incurrir.

En cuanto a los Estados, se enfatiza que ellos tienen una responsabilidad “primaria” (punto 3), lo cual ha de despejar dudas de quienes temen que se debiliten sus obligaciones.  De hecho, tampoco se pretende adoptar un esquema exclusivamente internacional, en tanto se dice que las reclamaciones deben poder ser accesibles internamente (lo cual es lógico porque, como dijo John H. Knox, los ordenamientos estatales suelen -no siempre es así- tener más recursos y posibilidades de éxito), al afirmarse que “States should strengthen administrative and civil penalties in cases of human rights violations or abuses carried out by TNCs and OBEs. States which do not yet have regulations on criminal legal liability on legal persons are invited to adopt them in order to fight impunity and protect the rights of victims of violations of human rights perpetrated by TNCs and OBEs.”

Si bien no se descuida ni desdeña el derecho interno, es interesante observar que se estima en el borrador que sería factible regular procedimientos de supervisión directa internacional de ciertas conductas corporativas, lo cual es interesante. En este sentido, y en relación con el tercer pilar, en el punto b.2 se dice que:

“State Parties may decide to establish a Committee on the issue of Business and Human Rights, which will have, among others, the following duties:

–  Examining the progress made by State Parties in achieving the realization of the obligations undertaken in the present instrument.

–  Assess, investigate and monitor the conduct and operations of TNCs.

–  Conduct country visits in accordance to its mandate.

–  Examine the periodical reports according to its mandate.

–  Receive and examine communications according to its mandate” (subrayado añadido).

Con independencia del esquema propuesto, la idea de que haya procedimientos supranacionales de controversias sobre empresas y derechos humanos no es nuevo, y puede interesar incluso a empresas para limpiar su nombre (una gran diferencia entre estas y la sociedad civil alude a la naturaleza confidencial o pública que tendría el procedimiento). Al respecto, pueden leerse las propuestas de Claes Cronstedt y otros sobre arbitraje en la materia, en documentos disponibles aquí.

Pasando al segundo pilar, entre muchos otros aspectos, destaco la idea de que se enfatice que las empresas tienen responsabilidad directa en material de derechos humanos, al hablarse directamente del respeto que tienen que tener frente a ellos y de su deber de evitar impactos negativos de su conducta en su goce y ejercicio, empleando el vocablo “shall”, que, como bien ha apuntado Andrew Clapham (ver el acápite 2.5), alude a una obligación hard (el autor señala que “Some states wishing to see a stronger legal obligation preferred the word ‘shall’ instead of ‘should’).

Al respecto, el borrador señala que las empresas:

shall comply with all applicable laws and respect internationally recognized human rights, wherever they operate, and throughout their supply chains […] shall prevent human rights impacts of their activities and provide redress when it has been so decided through legitimate judicial or non-judicial processes […] shall design, adopt and implement internal policies consistent with internationally recognized human rights standards” (subrayado añadido).

Por último, es ineludible indagar qué ocurre con la jurisdicción extraterritorial y obligaciones en esta materia, que ha sido un frecuente caballo de batalla y objeto de disputa. Sobre esta cuestión, aplaudo que el borrador propuesto acoja la inquietud de quienes con razón dicen que las empresas pueden disolverse o prevalerse de técnicas (como el velo corporativo) para escapar del control del Estado donde realizan sus actividades (host State), lo cual hace imperioso someter a obligaciones a los Estados de su nacionalidad o que tengan conexión o influencia considerable sobre ellas. Cito extensamente las interesantes ideas, que con tino y justicia hablan de la necesidad de proteger a las víctimas y de cómo una jurisdicción amplia evitaría fenómenos de race to the bottom forum shopping al crear un mínimo común denominador armónico:

“During the first and second session of the OEIGWG, there was a strong call to include elements regarding the need to have effective administration of justice and enforcement of judgments, considering the economic, historic and cultural circumstances of each State.

TNCs and OBEs “under the jurisdiction” of the State Party could be understood as any TNC and OBE which has its center of activity, is registered or domiciled, or is headquartered or has substantial activities in the State concerned, or whose parent or controlling company presents such a connection to the State concerned.

Particularly, it has been considered that the legally binding instrument has an enormous potential to avoid TNCs and other OBEs from making use of limitations established by territorial jurisdiction in order to escape from potential prosecution in the host States where they operate.

The inclusion of a broad concept of jurisdiction will also allow victims of such abuse by transnational corporations to have access to justice and obtain remediation through either the forum where the harm was caused, or the forum where the parent company is incorporated or where it has a substantial presence. Similarly, an instrument of this nature could allow the standardization of jurisdictional rules and human rights obligations, allowing victims to access prompt and effective access to justice” (subrayado añadido).

En últimas, un buen paso en un proceso que no puede parar. Hoy se dio el premio Nobel de paz a quienes impulsaron el desarme nuclear, y es imprescindible regular otros aspectos críticos, siendo conscientes de que la regulación no es suficiente en sí misma y debe complementarse con estrategias de cultura (señaladas por el propio Ruggie en su Framework, documento A/HRC/8/5, párr. 27, entre otros) y de otra índole, como bien ha apuntado Amartya Sen en sus Elements of a Theory of Human Rights.

A propósito de esta idea de complementariedad de estrategias, hay que enfatizar que defender un tratado no supone excluir o desdeñar la importancia de los Principios Rectores u otras dinámicas (consuetudinarias o por la vía de Principios Generales, entre otras). Como dijo la Santa Sede con palabras que comparto a propósito de los debates sobre un tratado de empresas y derechos humanos:

“While the unanimous endorsement of the Guiding Principles by the Human Rights Council signalled a strong global political commitment, targeted efforts have been necessary in order to effectively disseminate them worldwide to all stakeholders […] Despite the significant efforts made to implement the Guiding Principles, key challenges remain […] The ability of international corporations to partially escape territoriality and carve for themselves an existence “in-between” national legislation is rightly one of the concerns of the International Community […] A binding instrument would raise moral standards and change the way international corporations understand their role and activities […] While the Guiding Principles can improve the integration of the priority of the human person and the environment in international economic activity, only a binding instrument will be more effective in advancing this objective”.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Por estos días, uno de los (tantos) temas objeto de discusión inevitable en Colombia se refiere a la huelga que lleva sosteniendo la empresa Avianca (la segunda aerolínea comercial más antigua del mundo, considerada tradicionalmente como la “aerolínea colombiana”) con el sindicato Acdac (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles), a propósito de la huelga que este último está ejerciendo y que ha llevado a la cancelación de numerosos vuelos. Evidentemente, esto no es algo exclusivo de Colombia (he tenido vuelos cancelados en Europa por estas razones), y supone el ejercicio de un derecho internacionalmente reconocido, tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho laboral internacional, teniendo como titulares a los individuos y a los sindicatos. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento menciona expresamente “la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva”; y el derecho a la huelga se prevé en el artículo 8 del “Protocolo de San Salvador” y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cabe añadir que el derecho a la huelga tiene como titulares tanto a “los trabajadores [como a] sus organizaciones” (fuente: Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos, Naciones Unidas, 2004, disponible aquí).

Lo interesante del caso, desde el punto de vista del derecho internacional, es que confirma aquella idea plasmada en el título del documento de la American Society of International Law titulado International Law: 100 Ways it Shapes Our Lives. ¿Por qué? Porque, precisamente, el Estado colombiano ha autorizado la contratación de pilotos extranjeros y ha decidido que la controversia debe resolverse por arbitraje al considerar que se afecta la prestación de un servicio esencial, según permite (supuestamente) el derecho internacional, algo que controvierten los abogados del sindicato, quienes precisamente invocan pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

He de decir que, a mi parecer, los trabajadores en huelga tienen la razón sobre esta cuestión jurídica, como se confirma precisamente, por ejemplo, en el caso correspondiente al Informe núm. 138, 1973 (que también involucraba a Avianca) o en la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT (disponible aquí). En este último documento, se afirma que se consideran como esenciales “aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”; y que hay servicios que a pesar de no ser intrínsecamente esenciales pueden devenir en tales si una huelga se prolonga y tiene impacto negativo considerable en aquellos elementos, al sostenerse que:

“[U]n servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población […] Cuando la suspensión total y prolongada del trabajo dentro de un sector importante de la economía pueda provocar una situación que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, podría ser legítimo impartir a deter- minada categoría de personal la orden de reanudar el trabajo si, por su magnitud y duración, la huelga pudiera provocar dicha situación […] el servicio de recolección de basuras puede convertirse en esencial si la huelga que repercute en este servicio dura más de un cierto período o adquiere tal dimensión que puede correr peligro la salud o la vida de la población”.

A la luz de los anteriores parámetros, el Comité ha dicho que, a diferencia del control del tráfico aéreo, que es esencial en tanto las huelgas “pueden ser tan peligrosas […] para la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”, no son servicios esenciales los prestados por los “pilotos de líneas aéreas”. De hecho, se ha dicho  (en el mismo documento, por ejemplo) que prohibir las actividades sindicales en las aerolíneas “constituye una grave violación de la libertad sindical”.

Al no ponerse en riesgo la vida, seguridad o salud, no es posible prohibir las huelgas en las aerolíneas, para no menoscabar un derecho que ha sido una conquista laboral, con independencia de que las pretensiones sean o no adecuadas o razonables, lo cual no es algo que se discuta para determinar si existe el derecho de huelga.

En últimas hay que recordar, como dice el Comité en el documento citado, que “[e]l derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales”. Los derechos laborales tienen un trasfondo histórico (de temor a la expansión del comunismo) y, precisamente, buscan la convivencia social y proteger a quienes no estén en situación de ventaja. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el fondo del caso Baena Ricardo, por ejemplo, que “la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos”.

A la luz de lo anterior, no sorprende que el director de la OIT para países andinos, Philippe Vanhuynegem, enviase una carta pidiendo al Estado que respetase la huelga. Siendo esto así, como dicen los pilotos, autorizar que la aerolínea contrate pilotos por fuera para no estar bajo la presión de la protesta supondría una violación o afectación de los derechos laborales internacionalmente reconocidos al afectarlos indirectamente, postura que comparto.

Ahora bien, queda como tantas veces en Colombia un debate sobre fuentes, en tanto algunos dicen que, según jurisprudencia constitucional u otros criterios, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical deben implementarse en Colombia. Formalmente, estos pronunciamientos (que se surten tras un proceso cuyo inicio no exige agotar recursos internos) se llaman recomendaciones, pero en una página web de la OIT se sugiere que siempre han sido aceptados por consenso y que son obligatorios. Si se estima por el Comité que hubo una violación, puede remitir sus recomendaciones al Consejo de Administración de la OIT o, si el Estado ha ratificado convenciones pertinentes, a un Comité de Expertos. Esta gráfica ilustra el proceso de forma clara, que también se discute en este libro. A diferencia de lo expuesto atrás, la Corte Interamericana ha distinguido las recomendaciones del Comité de sus propias sentencias en cuanto a sus efectos jurídicos, al afirmar en su sentencia sobre excepciones preliminares del caso Baena Ricardo contra Panamá que:

“[L]a naturaleza de las recomendaciones emitidas por dicho Comité es diferente a la de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En el primer caso se trata de un acto propio de un órgano de la OIT con el efecto jurídico propio de una recomendación a los Estados. En el segundo caso se trata de una sentencia que, en los términos de la Convención, es definitiva e inapelable (artículo 67), y de obligatorio cumplimiento (artículo 68.1).”

Con independencia del hecho de si las recomendaciones del Comité son o no obligatorias en el plano internacional, en cualquier caso tras su acogida jurisprudencial interna basada en su apreciación de buena fe (siguiendo un principio indiscutible del derecho internacional) al interpretar que esos pronunciamientos iluminan cómo deben implementarse las normas pertinentes por parte del Estado colombiano e integrarse en su jurisprudencia, creo que esta acogida generaría efectos para los pronunciamientos en cuestión. Esto se debe a que en cualquier caso, sea cual sea el argumento por el que se incorporen y dé vinculatoriedad a las conclusiones del Comité, efectuada esta consideración en el ordenamiento jurídico colombiano creo que el principio pro homine pro personae haría que fuese exigible su aplicación incluso internacionalmente si resultase más garantista para los trabajadores, en tanto sería un contenido normativo que habría de compararse con otros (criterios internacionales puros incluidos) para determinar cuál es el más beneficioso para los seres humanos implicados.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Como mencioné en el anterior post, hace poco tuvo lugar en Bogotá una interesante conferencia que fue organizada de forma excelente por las Universidades de Los Andes, del Rosario y Externado de Colombia, en la que se hicieron ponencias que cuestionaban y hacían pensar sobre algunos presupuestos que tenemos del derecho internacional. En particular, me llamaron la atención las ideas propuestas por Koskenniemi y Anghie, en tanto el primero sostuvo que el derecho internacional no se asemeja tan sólo a un lenguaje, sino que en sí mismo es un idioma. Siguiendo las teorías epistemológicas y del lenguaje de Noam Chomsky, Martti sostuvo que esto supone que es posible construir frases e ideas que nunca han sido emitidas anteriormente acudiendo a las nociones y nombres compartidos por la comunidad internacionalista, como soberanía u otros. Además, esta peculiaridad hace que, por más bienintencionado o apasionado sea quien interactúa con los conceptos del derecho internacional en estrados judiciales u otros ámbitos, si carece de competencia en el manejo de este idioma probablemente fracasarán sus pretensiones (y no hemos de limitarnos a la implementación, siguiendo la teoría de Higgins sobre cómo distintos actores participan interactuando con el derecho internacional al invocarlo en distintos procesos, como decía McDougal). Para esto, se basó en el caso de Bosnia Herzegovina contra Serbia y Montenegro ante la CIJ, dado el cambio de agente tras un infructuoso inicio por parte del Estado demandante.

Posteriormente, hablando en privado con Koskenniemi, le dije que a mi parecer la competencia es ciertamente imprescindible… pero insuficiente, pues los círculos que controlan quién es considerado como apto pueden ser cerrados y preferir a quienes provienen de ciertos ámbitos, países, lenguas o Universidades (y los discursos prevalentes en ellos, lo que debe hacernos cuestionarnos si, como sugiere de forma provocadora el título de un libro, “Is International Law International?”), algo que aceptó y de hecho sugirió en su discurso al decir que en últimas participan the usual suspects en los procesos internacionales…

Por otra parte, la idea del derecho internacional como lenguaje se comparte por Jan Klabbers, quien de hecho sostuvo en su manual International Law que esta realidad hace que hayan debates y contestaciones. Ciertamente, el lenguaje nos permite debatir y promover posturas, y distintas partes buscan aprovecharse de su empleo para defender ciertos fines, algo que por ejemplo se sostiene por la noción del Lawfare y la escuela del Policy Approach to International Law.

En cuanto a Antony Anghie, sostuvo una idea interesante, basándose en el famoso caso de la Isla de Palmas: cuando le preguntaba a sus estudiantes en Estados Unidos quiénes creían que eran las partes o los intervinientes en el caso, algunos decían que Holanda, otros que Estados Unidos, otros que quizá España, pero nadie hablaba de los habitantes nativos… lo que a su juicio refleja ciertamente cómo hay exclusiones de entrada en el derecho internacional, y que el simple hecho de percatarse de estas paradojas debe hacer pensar, cuestionarse y promover cambios, sugeridos por posturas neomarxistas y los Third World Approaches to International Law (TWAIL), idea que ciertamente comparto. Además, Anghie exhortaba a que en la enseñanza del derecho internacional se usasen ejemplos locales que demostrasen cómo el derecho internacional incidía en una realidad del Estado en el que se vive o cómo excluía a ciertas personas de su realidad…

Fue ciertamente enriquecedor haber podido asistir y debatir, y agradezco a los ponentes y organizadores.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Por estos días se está celebrando una conferencia titulada “Repensando y renovando el Derecho Internacional dentro, desde y sobre América Latina” en Bogotá, que ha sido organizado por las universidades colombianas Externado, de los Andes y del Rosario; y en cuyo marco se lanza y presenta el libro Imperialismo y Derecho Internacional, en el que contribuyen Antony Anghie, Martti Koskenniemi y Anne Orforfd (ponentes en las jornadas), además de profesores colombianos. Mañana es el último día del evento en la Universidad Externado, y la entrada es libre. El programa se encuentra en este hipervínculo. El video con las presentaciones del primer día (en Los Andes) puede verse en YouTube y en esta página. Espero sea de provecho pensar en estas perspectivas críticas.

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Estoy de acuerdo con esta “Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña”:

Ante los errores en la invocación del Derecho Internacional para dotar de fundamento jurídico a la ley del referéndum de autodeterminación, los miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) abajo firmantes consideran que es su obligación cívica formular la siguiente declaración:

  1.  Según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional, las normas del Derecho Internacional General relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos sólo contemplan un derecho a la independencia en el caso de  los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras.
  2.    A la luz de la práctica internacional, no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos.
  3.  Nada en los Pactos Internacionales de 1966, en ningún otro tratado sobre derechos humanos, ni en la jurisprudencia internacional apunta a la consagración de un derecho de las comunidades territoriales infraestatales a pronunciarse sobre la independencia y separación del Estado.
  4.  Las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de autoorganización, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales. La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.
  5.  La Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
  6.  Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional.

                  19 de septiembre de 2017

Ver todas las firmas aquí.

 

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Esta mañana, la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos (soy consciente de que se le llama Tribunal por muchos en España y otros lares, pero por las especificidades y diferencias entre los órganos judiciales internos e internacionales creo que es técnicamente preferible llamarle Corte por su permanencia y el ámbito de su competencia, según comenté en otra oportunidad aquí, leyendo a David Caron; y como confirma la distinción terminológica -que refleja una realidad institucional- entre la Corte penal internacional y los Tribunales ad hoc) ha emitido su esperada sentencia en el asunto Bărbulescu vs. Rumania, relativo en su aspecto central a la alegada falta de protección estatal (judicial) de un individuo que fue despedido por su empleador privado con ocasión de la afirmación por parte de éste de que aquél había usado internet suministrado por su empresa y usado herramientas de comunicaciones en su lugar y hora de trabajo contrariando instrucciones prohibiendo esto que le habían sido notificadas previamente. Según se narra, y siendo algo que me parece muy serio, al ser despedido al peticionario se le mostró un documento de cuarenta y cinco páginas con una transcripción “of the messages which the applicant had exchanged with his brother and his fiancée during the period when he had been monitored; the messages related to personal matters and some were of an intimate nature” (subrayado añadido). El derecho comparado interno e internacional examinado precisamente es muy exigente y disuade de este tipo de grabaciones.

La decisión emitida el día de hoy se encuentra en este hipervínculo, y sucede a una decisión previa, adoptada en enero de 2016 por una Sala de la Corte que, habiendo declarado previamente como admisible parte de la demanda, rechazó los argumentos de fondo al considerar que los tribunales rumanos, al examinar la controversia laboral planteada por el señor Bogdan Mihai Bărbulescu, habían procedido garantizando un justo equilibrio entre los intereses enfrentados del empleador y su antiguo empleado. Posteriormente, el caso se remitió a la Gran Sala.

La decisión de la Gran Sala era esperada con ansia por muchos, como revela esta nota publicada el día de ayer en el gran periódico británico The Guardian, y muchos nos preguntábamos si se iban a revertir o mantener la decisión y los argumentos de la Sala. Para mi y para otros, la espera valió la pena y la sentencia no decepcionó en cuanto a sus hallazgos, porque se declaró que  hubo un incumplimiento de obligaciones convencionales por parte del Estado demandado (aunque, como explicaré más adelante, sí deja un sinsabor, como me suele pasar con esta Corte, su pronunciamiento sobre reparaciones).

La línea central de la sentencia se basa en la consideración de que, si bien la controversia surge entre particulares en una relación laboral privada, el Estado tiene una obligación de garantizar el goce y ejercicio de derechos humanos en relaciones de esta índole. Lo interesante frente a esta cuestión es que la Corte no puede menos que reconocer, como he defendido en muchos escritos y presentaciones, que el deber de protección del Estado presupone precisamente que los actores no estatales pueden violar derechos humanos, y que ante estos abusos se exige la protección del Estado (que, entre otras, a mi juicio, justifica muchos de sus poderes y lo legitima o, ante su inacción, deslegitima). Sobre esta cuestión, la Corte expresó lo siguiente:

“It is true that the monitoring of the applicant’s communications was not the result of direct intervention by the national authorities; however, their responsibility would be engaged if the facts complained of stemmed from a failure on their part to secure to the applicant the enjoyment of a right enshrined in Article 8 of the Convention […] the Court considers, having regard to its conclusion concerning the applicability of Article 8 of the Convention (see paragraph above) and to the fact that the applicant’s enjoyment of his right to respect for his private life and correspondence was impaired by the actions of a private employer, that the complaint should be examined from the standpoint of the State’s positive obligations” (subrayado añadido).

En cuanto a los medios que el Estado debe emplear para ofrecer aquella protección, se mencionó que si bien la protección de la vida privada puede buscarse en principio por diversos medios y estrategias, hay circunstancias que exigen que el Estado ofrezca una regulación que garantice su goce y ejercicio y que ofrezca protección judicial y acceso a la justicia para ventilar controversias al respecto. En este sentido, la sentencia menciona lo siguiente:

“There are different ways of ensuring respect for private life, and the nature of the State’s obligation will depend on the particular aspect of private life that is at issue […] In certain circumstances, the State’s positive obligations under Article 8 of the Convention are not adequately fulfilled unless it secures respect for private life in the relations between individuals by setting up a legislative framework taking into consideration the various interests to be protected in a particular context”.

Establecido lo anterior, y afirmándose que el Derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos era aplicable al caso (entre otras, en tanto ese derecho no se restringe a proteger relaciones en una esfera íntima e incluye aspectos más amplios, como “the right to lead a “private social life”, that is, the possibility for the individual to develop his or her social identity”), la Corte, a mi parecer con buen tino, acierta al considerar que la clave para resolver la cuestión sobre si se generó o no responsabilidad del Estado demandado al rechazar ante sus tribunales las pretensiones del demandante reside en la identificación sobre si sus autoridades garantizaron que se alcanzase un justo equilibrio entre los intereses enfrentados que presuponga un análisis de ponderación o proporcionalidad, que entre otros factores tenga en cuenta si las medidas de monitoreo eran necesarias para alcanzar determinados fines del empleador y si no había otras medidas menos restrictivas o lesivas. Así, la Gran Sala dijo lo siguiente:

“regard must be had in particular to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole, subject in any event to the margin of appreciation enjoyed by the State […] the domestic courts held that the interests at stake in the present case were, on the one hand, the applicant’s right to respect for his private life, and on the other hand, the employer’s right to engage in monitoring, including the corresponding disciplinary powers, in order to ensure the smooth running of the company (see paragraphs and above). It considers that, by virtue of the State’s positive obligations under Article 8 of the Convention, the national authorities were required to carry out a balancing exercise between these competing interests” (subrayado añadido).

Al indagar si ese equilibrio se tuvo en cuenta por las autoridades rumanas, la Gran Sala procede a elaborar dos argumentos que me parecen geniales. Por una parte, teniendo en cuenta consideraciones quizá sociológicas y sobre la realidad actual (algo que siempre debe hacer una autoridad como la estudiada, especialmente ante la convulsa realidad contemporánea y la difícil realidad laboral de muchos, dejando esta huelga como muestra entre muchas otras situaciones), afirma que si bien es lícito y admisible para un empleador restringir comunicaciones para el adecuado funcionamiento de la empresa, no es apropiado exigir una prohibición o anulación absoluta de las comunicaciones privadas, lo que dicho sea de paso no considero ni realista ni siquiera productivo. En este sentido, en un momento la Corte ciertamente dijo que “the employer has a legitimate interest in ensuring the smooth running of the company, and that this can be done by establishing mechanisms for checking that its employees are performing their professional duties adequately and with the necessary diligence”, pero previamente había manifestado que “It is open to question whether – and if so, to what extent – the employer’s restrictive regulations left the applicant with a reasonable expectation of privacy. Be that as it may, an employer’s instructions cannot reduce private social life in the workplace to zero. Respect for private life and for the privacy of correspondence continues to exist, even if these may be restricted in so far as necessary” (subrayado añadido). La frase que resalto recoge, a mi juicio, una idea y argumento central en el que se apoya la decisión ya definitiva.

Por otra parte, la Gran Sala sostuvo que no es suficiente ni apropiado basar las decisiones estatales en ejemplos o argumentos meramente hipotéticos o generales, como por ejemplo aquel que sostenía que el empleado podría haber filtrado información confidencial de la empresa sino que, por el contrario, hay que basarse en el riesgo efectivo y real para el empleador. En palabras de la Corte:

“Admittedly, this question had been touched upon by the County Court, which had mentioned the need to avoid the company’s IT systems being damaged, liability being incurred by the company in the event of illegal activities in cyberspace, and the company’s trade secrets being disclosed (see paragraph above). However, in the Court’s view, these examples can only be seen as theoretical, since there was no suggestion that the applicant had actually exposed the company to any of those risks. Furthermore, the Court of Appeal did not address this question at all” (subrayado añadido).

Según la ratio decidendi, hay dos factores que eran decisivos para resolver la cuestión: en primer lugar, a) debía haber una notificación previa al empleado no sólo de la prohibición de usar con fines privados internet (lo que se demostró sí se presentó en este caso) sino, además, de que se podrían monitorear sus actividades; y en segundo lugar, b) que entre más intrusivas sean las medidas del empleador, se exige una mayor justificación sobre su necesidad y proporcionalidad, según se explica en los párrafos 133 y siguientes (por ejemplo, se afirma apropiadamente que “Since monitoring of the content of communications is by nature a distinctly more invasive method, it requires weightier justification”). Por otra parte, se reprocha al Estado no haber tenido en cuenta la proporcionalidad de la interferencia concreta realizada por el empleador y su necesidad frente a los fines supuestamente perseguidos y si existían y él mismo ofrecía garantías frente a posibles abusos (“assessment of the proportionality of an interference […] and the use made by the employer of the results of the monitoring operation, in particular whether the results were used to achieve the declared aim of the measure […] whether the employee had been provided with adequate safeguards, especially when the employer’s monitoring operations were of an intrusive nature”).

Ahora bien, como lo anoté líneas atrás, si bien la línea argumental de la Corte me parece impecable, bienvenida y necesaria, su decisión sobre (no otorgar) reparaciones me parece, francamente, decepcionante y quizá explicada por una cautela inaceptable. Se demostró que no hubo protección interna de los derechos del peticionario, y como consecuencia de ello su despido permaneció intacto por un largo tiempo. Tanto así que la misma Gran Sala reconoció que “neither [domestic] court considered the seriousness of the consequences of the monitoring and the subsequent disciplinary proceedings. In this respect the Court notes that the applicant had received the most severe disciplinary sanction, namely dismissal”. Sin embargo, enfrentado a la solicitud del peticionario de que se le pague un valor que represente el salario dejado de percibir (repito, el despido se mantuvo por los órganos judiciales internos, decisión que afectó a la víctima), la Corte soltó, sin más explicaciones, esta frase a mi juicio sorprendente y algo contradictoria para “resolver” el asunto:

“The Court observes that it has found a violation of Article 8 of the Convention in that the national courts failed to establish the relevant facts and to perform an adequate balancing exercise between the applicant’s right to respect for his private life and correspondence and the employer’s interests. It does not discern any causal link between the violation found and the pecuniary damage alleged, and therefore dismisses this claim“.

Es decir, se encontró una violación precisamente consistente en la falta de protección frente a un despido injusto que, en palabras del demandante, afectó su nivel de vida y posibilidad de encontrar empleo precisamente por el antecedente disciplinario, ¿pero no hay nexo causal alguno? Creo que es hilar demasiado fino. Precisamente en relación con esta situación, en cuanto a la solicitud de reparación por daño inmaterial, y ante los argumentos de que “because of the disciplinary nature of the dismissal, he had been unable to find another job, that his standard of living had consequently deteriorated, that he had lost his social standing and that as a result, his fiancée had decided in 2010 to end their relationship”, la Corte dice que la declaración de violación es en sí misma suficiente reparación… sí claro, díganselo al afectado. Sin duda alguna, esta decisión sobre reparaciones sería muy distinta en el Sistema Interamericano, que en este aspecto y otros (aunque no en los restantes) considero superior desde un punto de vista de legitimidad procedimental y sustantiva. Se encuentra y declara una violación pero la víctima queda igual de desprotegida, lo cual tiene cierta ironía al condenarse la falta de protección interna y no cumpliendo el fin de ofrecer una última esperanza en el plano regional o universal, según comentó Antonio Cançado Trindade, quien en su opinión a la decisión de excepciones preliminares en el caso Castillo Petruzzi bien dijo que “[e]l derecho de petición individual abriga, en efecto, la última esperanza de los que no encontraron justicia a nivel nacional”, algo que no se predica de este caso. Vaya saludo a la bandera de decisión.

Pasando a otro aspecto, creo que conviene resaltar un aspecto interesante sobre el tan comentado, a propósito de este órgano judicial del Consejo de Europa, margen de apreciación. Si bien la Corte procedió a un estudio de derecho comparado sobre las cuestiones debatidas a propósito del caso, y encontró que había un margen relativamente amplio ante la falta de consenso, procedió a determinar que en todo caso hay unos derechos y garantías mínimas que deben respetarse con independencia del margen, algo que a mi juicio se asemeja a la idea de obligaciones mínimas e indispensables en materia de derechos económicos, sociales y culturales con independencia de consideraciones sobre recursos disponibles y progresividad (entre muchos otros ejemplos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que existe un “core content of the right to adequate food […] Courts would then be empowered to adjudicate violations of the core content of the right”). En la sentencia de la Gran Sala del (concedo para variar la terminología) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se afirmó que:

“[N]o European consensus on this issue […] States must be granted a wide margin of appreciation in assessing the need to establish a legal framework governing the conditions in which an employer may regulate electronic or other communications of a non-professional nature by its employees in the workplace […] Nevertheless, the discretion enjoyed by States in this field cannot be unlimited. The domestic authorities should ensure that the introduction by an employer of measures to monitor correspondence and other communications, irrespective of the extent and duration of such measures, is accompanied by adequate and sufficient safeguards against abuse” (subrayado añadido).

Ciertamente, el margen de apreciación tiene y debe tener límites, y hay mínimos infranqueables, por lo cual aplaudo esta consideración.

Por último, es interesante observar que en la decisión se trata un aspecto que también se enfatiza en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, cuyos Principios 25 y 26 establecen lo siguiente:

“Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces […] Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación”.

Por otra parte, el Principio 31 indica que los mecanismos de reparación y reclamación deben observar condiciones de legitimidad, previsibilidad, accesibilidad, transparencia, ser equitativos, respeto de derechos humanos, carácter evolutivo, participación y diálogo. En últimas, se exige a los Estados brindar acceso a recursos eficaces para proteger derechos frente a abusos empresariales, y en el caso concreto el demandante trabajó para, y fue despedido por, una empresa privada (“From 1 August 2004 to 6 August 2007 he was employed in the Bucharest office of S., a Romanian private company (“the employer”), as a sales engineer”).

Precisamente en relación con estos aspectos, en la decisión de la Gran Sala del día de hoy se menciona que:

“[T]he domestic authorities should ensure that an employee whose communications have been monitored has access to a remedy before a judicial body with jurisdiction to determine, at least in substance, how the criteria outlined above were observed and whether the impugned measures were lawful” (subrayado añadido), siendo estos criterios en cuestión los referentes a notificación, necesidad y justificación del monitoreo, si había alternativas menos intrusivas para perseguir los fines de la empresa o el empleador, el análisis del uso de los datos monitoreados y las consecuencias frente al empleado del mismo, y si hay garantías suficientes para los vigilados, garantizando estos y otros aspectos.

Si bien no se mencionan expresamente los Principios Rectores, es bienvenida la constatación de que debe haber recursos de protección frente a potenciales abusos empresariales de esta índole.

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