Home

12 años

enero 11, 2020

Países desde donde han visitado “Aquiescencia”

Este mes es el cumpleaños de Aquiescencia, el duodécimo aniversario del blog. A lo largo de estos años hemos publicado 1385 entradas y las vistas del blog hacen un total de 426.425, provenientes de casi todos los países del mundo, con pocas excepciones, como se puede ver en el mapa que abre esta entrada (¿podrían nombrar los países desde los que no ha habido al menos una visita?). La frecuencia de publicaciones es de algo más de 100 entradas por año. Varía de año en año. Podrían ser más, pero hay muchas otras cosas que hacer y los que escribimos en el blog somos muy pocos. Me da cierta satisfacción que la segunda entrada más visitada de todos los tiempos, con 11.488 vistas, Soberanía e igualdad en el Derecho Internacional; la primera, con 14.810 vistas, es El Estado Vaticano y el Derecho Internacional, algo que me produce bastante sorpresa.

En el blog he intentado multiplicar y diversificar las voces con autores invitados, pero creo que no he conseguido ese objetivo de manera efectiva; no es fácil atraer voces nuevas. Agradezco mucho, en cualquier caso, a todos los autores colaboradores y, muy especialmente, a los habituales. El blog tampoco ha tenido mucho éxito como un centro de discusión y debate: prácticamente no hay comentarios a las entradas, ni tampoco muchas expresiones de apoyo mediante ‘me gusta’ o ‘compartir’.

Cada año nuevo pienso que no sé cuánto tiempo más lo mantendré vivo; mientras tanto, confío en que el blog haya sido y siga siendo útil y grato a sus lectores. Gracias por las visitas y las lecturas.

Por Nicolás Carrillo Santarelli 

El asesinato de Soleimani, llevado a cabo con base en una orden emitida por Donald Trump, no sólo constituyó una maniobra arriesgada que pone en riesgo la volatilidad de una región ya convulsa, sino que adicionalmente contraviene estándares fundamentales del derecho internacional contemporáneo que, precisamente, pusieron fin a la posibilidad de que los Estados recurriesen de forma lícita a la fuerza en términos flexibles, y pueden considerarse como manifestación de las normas de coexistencia (en términos de Friedmann) que, precisamente, buscan evitar fricciones que puedan desencadenar en conflictos interestatales, sabiduría ignorada por la administración estadounidense que, de haberse seguido, habría permitido evitar respuestas como la (también ilícita) iraní de atacar a blancos estadounidenses, siendo esta última también contraria a postulados de legítima defensa al tener un carácter de retaliación en lugar de uno defensivo.

En cuanto a los argumentos ofrecidos por la administración Trump, en términos de que Soleimani “estaba planeando ataques”, ya se ha demostrado la falsedad e inexistencia de una inminencia (como confirman algunas fuentes). En cuanto a esta supuesta motivación, no se puede evitar recordar cómo la agresión estadounidense contra Irak se llevó a cabo con base en falsos argumentos de legítima defensa preventiva que aludían a inexistentes armas de destrucción masiva. En cuanto al argumento de que el asesinato constituiría una respuesta a actos contra recintos diplomáticos, no se ha efectuado siquiera una argumentación seria de atribución directa de las conductas en cuestión a Irán. También se ha esgrimido en Estados Unidos que la operación estaría respaldada por una autorización del 2002 (¡por favor!), entre otras razones que no suponen ningún argumento legal de peso o seriedad, especialmente porque más que defensa frente a un ataque sufrido, la operación parece tener tintes de retaliación e intimidación, por fuera de la órbita del jus ad bellum.

Precisamente al mencionar este último régimen, podrían preguntarse algunos si, en todo caso, la operación habría respetado el DIH o jus in bello, en tanto Soleimani sería según ellos un combatiente y, en consecuencia, un objetivo legítimo. Al respecto, podría tenerse en cuenta que la regulación de los conflictos armados internacionales (como este interestatal) se activa desde el primer ataque por parte de un Estado contra otro. En este sentido, en su comentario al artículo 2 común a los Convenios de Ginebra de 1949, el Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que:

“The applicability of humanitarian law would thenceforth be not only related to the declared will of States but would also depend on objective and factual criteria stemming from the notion of armed conflict introduced in Article 2(1), making it applicable as soon as a State undertakes hostile military action(s) against another State”.

Ahora bien, como yo interpreto la situación en términos de DIH, si bien el mismo comenzaría a aplicarse, esto no hace que el ataque a Soleimani sea necesariamente permitido a su luz. ¿Por qué? Por razones teleológicas y sistemáticas. Efectivamente, en caso contrario los Estados podrían evadir sus compromisos convencionales y sus deberes consuetudinarios en términos de respeto a la vida de seres humanos, incluyendo agentes de otros Estados, simplemente iniciando un acto contrario al jus ad bellum, lo cual sería paradójico, contrario a una interpretación y aplicación sistemática del derecho internacional, además de atentar contra el telos de normas involucradas. A mi parecer, esto constituiría un abuso del derecho, contrario a la buena fe y principios generales del derecho internacional, y a consideraciones como aquella del Ex iniuria ius non oritur. Además, lejos de un teatro de hostilidades el ataque violó el derecho internacional de los derechos humanos al constituir una privación arbitraria de la vida, como dijo la misma relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard.

Pasando al terreno de las relaciones internacionales, frente a los realistas que piensen que el derecho no ha de incidir en la toma de decisiones de forma efectiva o directa, me permito opinar que el ataque es políticamente irresponsable, interna e internacionalmente. Tiene el potencial para generar desestabilización y escalamiento, como se ha identificado por los propios analistas y políticos estadounidenses y demuestran los hechos de la (ilícita) respuesta iraní y posibles retaliaciones en la sombra o contra distintos objetivos. Nos enfrentamos a craso error con repercusiones graves, probablemente motivada por intereses políticos en tiempos de reelección e impeachment. Irónicamente, el ataque fue ordenado por el presidente actual de los Estados Unidos de América, quien precisamente criticó a Obama (a quien no le falta culpa, pues su política sobre asesinatos selectivos ha servido para ampliar los escenarios de ataques de forma excesiva) en su momento diciendo que atacaría a Irán por motivos políticos. Pues Trump ha optado por esta estrategia y por amenazar con cometer crímenes internacionales como el ataque a bienes culturales en Irán, protegidos por el DIH, cuya afectación sería un crimen de guerra y atenta contra la cultura de toda la humanidad, como se mencionó incluso en el caso de Ahmed al-Faqi al-Mahdi ante la Corte Penal Internacional (aunque recordemos que Trump perdonó hace poco, contraviniendo su responsabilidad de mando, a un integrante de los Navy Seals, Eddie Gallagher, descrito por conocidos y compañeros como un hombre “malo”, misma palabra que un medio estadounidense empleó para referirse a Soleimani, paradójicamente).

La semana próxima organizamos un seminario con el profesor Emiliano Buis, catedrático de Derecho internacional de la UBA, a quien este mes de enero tenemos la fortuna de tener nosotros en la UAM como profesor invitado. El profesor Buis es un erudito del derecho internacional y en esta ocasión nos hablará de Percepciones y emociones en el derecho internacional: racionalidad, subjetividad y afectividad. El foro será el jueves 16 de enero a las 14:00 horas en FIDE y los académicos, profesores e investigadores, tienen entrada libre previo registro mediante el envío de un correo electrónico a Victoria Dal Lago (victoria.dallago@fidefundacion.es).

Aquí va una breve descripción de la sesión y sus objetivos:

El derecho en general suele ser descrito como un orden institucional sustentado en patrones de racionalidad que tienen por objetivo dejar de lado el universo emocional ligado a la venganza interpersonal y al ejercicio de las pasiones individuales. El derecho internacional público, cuyos sujetos originarios son los Estados y no las personas físicas, ha llevado al extremo esta exclusión del elemento sentimental. Sin embargo, un estudio más profundo y extra-jurídico de las normas vigentes en el plano interestatal —su negociación, interpretación y aplicación— revela que en verdad las emociones ocupan un papel preponderante en sus avances y desarrollo.

El objetivo de este sesión es ilustrar, a partir de algunos ejemplos vinculados con la regulación de la seguridad internacional, de qué modo operan estas percepciones y estos afectos en la consolidación del sistema normativo vigente. Con ello se procura reinstalar en nuestras miradas sobre el derecho internacional una dimensión política más compleja que, en su contribución a las lecturas críticas, no puede ser desconocida a la hora de comprender las particularidades que lo sustentan.

El pasado viernes, 6 de diciembre de 2019, en el día conmemorativo de la Constitución española, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) recibió a más de 300 personas procedentes de más de 50 países para celebrar el Día de Derecho Climático y Gobernanza (CLGD, por sus siglas en inglés).

El CLGD es un evento de gran alcance internacional que se celebra anualmente en el marco de la CoP de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como uno de los eventos oficialmente acreditados. La encargada de su organización es la  Iniciativa de Derecho Climático y Gobernanza (CLGI, por sus siglas en inglés), una coalición de diferentes miembros de la comunidad internacional, que trabajan en materia de Derecho y Gobernanza climática, entre los que se incluyen prestigiosos centros de investigación y universidades, organizaciones internacionales y no gubernamentales, así como algunos bufetes de abogados.

El de este año, el CLGD2019, auspiciado inicialmente por la Universidad de Chile y el Centre for International Sustainable Development Law (CISDL), ha sido acogido en la Facultad de Derecho de la UAM, tras el repentino cambio de sede de la cumbre climática de Santiago a Madrid. Ello no ha obstado para que se haya considerado el mayor evento, hasta la fecha, desde el CLGD inaugural en Paris, en el marco de la CoP21 en 2015.

La inauguración del evento corrió a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la UAM, Juan Damián Moreno, así como del Profesor de Derecho internacional de la UAM, Carlos Espósito Massicci, y de la Profesora Marie-Claire Cordonier Segger, Secretaría Ejecutiva de la CLGI, entre otras personalidades.

Se trató de una intensa jornada, con un ambicioso programa,  en la que se sucedieron varias sesiones plenarias de alto nivel, así como más de una docena de sesiones paralelas, mesas de trabajo y de expertos, auspiciadas por instituciones, agencias gubernamentales nacionales y locales, organizaciones internacionales, Facultades de Derecho, asociaciones y despachos de abogados, y organizaciones no gubernamentales. En ellas participaron jueces, profesionales del Derecho, autoridades académicas, investigadores, estudiantes y profesores universitarios, que compartieron su conocimiento y reflexiones sobre el fortalecimiento de los fundamentos jurídicos para la ambición y el cumplimiento de la normativa, con un enfoque en las innovaciones y soluciones jurídicas a los retos que plantea el cambio climático.

Así, los temas de las sesiones fueron muy variados, entre los que se incluyeron: la implementación del Acuerdo de París a través de la legislación climática, los impactos de la transparencia en la gobernanza climática multinivel, el avance en la ambición y el cumplimiento de la normativa climática, a través de las innovaciones en Derecho para las inversiones sostenibles y los océanos, los avances en la litigación climática, o el establecimiento de una Constitución Climática Global

El día concluyó con la concesión de una serie de premios y reconocimientos. Así, tuvo lugar el Primer Reconocimiento al Liderazgo en CLGD2019, honores que recibieron Marie-Anne Birken (Consejera General del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), Ilona Millar (socia principal de Baker McKezie), Wendy Miles (Socia en Debevoise & Plimpton LLP y Vice-Presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio), y Tosi Mpanu Mpanu (Coalición de Naciones con Selvas y Representante de la República Democrática del Congo). Igualmente, se reconocieron a las autoridades de la Universidad de Silesia (sede del CLGD2018), y se repartieron medallas a los estudiantes finalistas en la Competición de Ensayos sobre Derecho Climático y Gobernanza.

En una sesión especial el 10 de diciembre de 2019, en el pabellón de la Secretaría de la CMNUCC en el IFEMA, se compartieron los resultados y los puntos principales discutidos en el CLGD2019. En la sesión participaron: Hafida Lahouiel (Oficina Legal del Secretariado de la CMNUCC), Douglas Leys (Consejero General del Fondo Verde para el Clima), Christina Voigt (Profesora de la Universidad de Oslo), Ayman Cherkaoui, (Consejero Principal CISDL), Siobhan McDonnell (Universidad Nacional de Australia y representante del Gobierno de Vanuatu), Marie-Claire Cordonier Segger (Secretaria ejecutiva de la CLGI), Markus Gehring (Universidad de Cambridge), Pilar Moraga (Universidad de Chile) y Rosa M. Fernandez Egea (Universidad Autónoma de Madrid), entre otros. Todos ellos enfatizaron el papel fundamental que juega el Derecho en materia de cambio climático.

Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, estamos muy orgullosos de haber podido enfrentar el reto de organizar el CLGD2019 en un tiempo récord y haberlo hecho con un gran éxito. Ha supuesto el comienzo de una estrecha colaboración con la CLGI, que habrá de materializarse el próximo CLGD2020 en Glasgow, así como en futuros eventos.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Desde este pasado lunes 9 de diciembre se está celebrando la catorceava reunión del Comité en Colombia, primera vez que se realiza en Latinoamérica. He tenido la fortuna de haber sido aceptado como observador y examinar de primera mano cómo funcionan algunos aspectos y dinámicas del derecho internacional institucional, incluyendo las posibilidades de acción de ONGs, o cómo las tensiones interestatales se trasladan a aspectos y debates técnicos, entre otros aspectos. Entre las cuestiones interesantes que se presentaron este viernes 13, que no resultó ser trágico como podría sugerir la superstición sino que, al contrario, ofreció resultados positivos en la sesión, se encuentran los siguientes.

En primer lugar, por vez primera se retiró del listado de los elementos inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial al carnaval de Aalst en Bélgica, algo que este Estado apoyo, por la reiteración de manifestaciones xenofóbicas, antisemitas e islamofóbicas en el mismo. La delegación austriaca expresó que esto no suponía atentar contra la libertad de expresión, sino sencillamente que el evento cultural en cuestión dejaría de tener el apoyo de la UNESCO, que no podía verse apoyando las expresiones en cuestión, algo con lo cual concuerdo. Las delegaciones también expresaron que eran conscientes de que este retiro creaba un precedente, al no estar contemplada su posibilidad anteriormente ni haberse actuado antes en tal sentido, pero que era un precedente positivo y correcto, algo que me parece acertado.

Adicionalmente, se aclaró que la protección y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial durante situaciones de emergencia exige tener en cuenta el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos, cuestión consistente con el artículo 31.3.c de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; y que las situaciones de emergencia en cuestión incluyen situaciones de post-conflicto, reconocimiento que la delegación colombiana calificó como vital en vista de proyectos donde participan antiguos combatientes que dejaron las armas tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC; consecuencias del cambio climático, constatación que permite generar sinergias con el derecho internacional (e interno) medioambiental, tan necesario en vista de los riesgos y efectos que ya existen al respecto, frente a los cuales la acción (más valiente y decisiva que la actual, aún insuficiente) coordinada (de cooperación, como diría Friedmann); o situaciones de ocupación, que a pesar de estar ya reguladas y contempladas por el derecho internacional humanitario (calificándose de conflicto armado internacional), se menciona de forma expresa para poner de manifiesto la necesidad de tenerlas en cuenta, logro que las delegaciones de Palestina (muy activa en esta reunión, lo cual me place gratamente) y Chipre, ambas por razones evidentes, deseaban y lograron se hiciese.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Según se informa aquí, y tras la publicación de un borrador del Comité de Derechos Humanos sobre el tema que comenté con anterioridad, el día 13 de diciembre del año en curso se presentará un informe sobre protesta social y su relación con el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El siguiente apartado del comunicado de prensa es muy diciente sobre la relevancia y pertinencia de la cuestión:

En un contexto en el cual las protestas vuelven a ser parte del paisaje cotidiano de la región, la CIDH y su Relatoría Especial presentan el informe temático Protesta y Derechos Humanos, con  el cual esperan contribuir al mejor entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas pacíficas y las manifestaciones públicas. Para la CIDH y su Relatoría Especial, el diálogo debería ser el camino a privilegiar por parte de los actores estatales frente a las demandas ciudadanas, así como adoptar estándares claros para guiar el uso de la fuerza como recurso último para enfrentar situaciones de violencia en el marco de protestas”.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Como anunció Yuval Shany el 14 de noviembre, y puede verse en la página web del Comité de Derechos Humanos, este órgano convencional publicó hace poco su borrador revisado de Comentario General Nº 37 sobre el derecho de reunión pacífica. El Comité hace un llamado a la academia, Estados, órganos universales o regionales de derechos humanos, instituciones nacionales e internacionales y a la sociedad civil a enviarle sus comentarios sobre el borrador al correo ccpr@ohchr.org

El borrador y futuro comentario no podrían haber sido publicados en un momento más oportuno, teniendo en cuenta las expresiones populares, movilizaciones y protestas aquí en Colombia y en otros lares, tanto en la región (siendo notable el caso chileno) como en otras. El borrador puede descargarse aquí. Por el momento únicamente está disponible en su versión inglesa, aunque se dice que pronto estarán disponibles las versiones en español y francés.

Entre algunos aspectos interesantes que he encontrado en el texto, se encuentran los siguientes apartados:

“8. The recognition of the right of peaceful assembly imposes a corresponding obligation on States parties to respect and ensure the exercise of the right. This requires States to allow such assemblies to take place with no unwarranted interference and, whenever it is needed, to facilitate the exercise of the right and to protect the participants. The right of peaceful assembly is not absolute, but any restrictions must be narrowly drawn. There are, in effect, limitations on the limitations that may be imposed.

11. The way in which public assemblies are conducted changes over time, and the same applies to their context. This may in turn affect the way in which the right is to be approached by the authorities. For example, emerging technologies present new spaces and opportunities as well as challenges for the exercise of the right of peaceful assembly. Communication technologies often play an integral role in organizing and monitoring, but also in impeding assemblies. Surveillance technologies can be used to detect threats of violence and thus to protect the public, but they could also infringe on the privacy and other rights of participants and bystanders. A range of less-lethal weapons, as well as remote-controlled weapons systems, have become available for use during the policing of assemblies, which can restrain or increase the force that is employed during assemblies. Moreover, there is increased private ownership of public spaces. Considerations such as these need to inform a contemporary understanding of the legal framework required to give full effect to article 21.

35. States parties hold the primary responsibility as far as the realization of the right of peaceful assembly is concerned. Private entities and the broader society, however, may be expected to accept some level of disruption, if this is required for the exercise of the right of peaceful assembly. Business enterprises have a responsibility to respect human rights, including the right of peaceful assembly.

40. The right of peaceful assembly is not absolute. While the right may be limited, there is a presumption against restrictions. The onus is on the authorities to justify any restrictions, and where this onus is not met, article 21 is violated.Restrictions are not permissible unless they can be shown to have been provided for by law, and are necessary and proportionate to the permissible grounds for restrictions enumerated in article 21, and discussed below. The imposition of any restrictions should be guided by the objective of facilitating the right, rather than seeking unnecessary and disproportionate limitations to it. Restrictions should not be aimed at discouraging participation in assemblies, potentially causing a chilling effect.

41. Where the imposition of restrictions on an assembly is contemplated, the authorities should, where appropriate, consider intermediate or partial restrictions, rather than viewing the choice as one between no intervention and prohibition. It is, moreover, often preferable to allow an assembly to take place and to decide afterwards whether measures should be taken regarding transgressions during the event, rather than to impose prior restraints in an attempt to eliminate all risks.

42.        Any restrictions on participation in peaceful assemblies should in principle be based on a differentiated or individualized assessment of the conduct of the individual and the assembly concerned. Blanket restrictions on participation in peaceful assemblies are presumptively disproportionate.

46. Restrictions, moreover, must also be shown to be proportionate, which requires a value [judgment/ assessment], balancing the nature and the extent of the interference against the reason for interfering. If the former outweighs the latter, the restriction is disproportionate and thus not permissible

67. The increased privatization of public spaces highlights the fact that assembly rights may require some recognition on private property that is open to the public. The interests of private owners have to be given due weight, but may have to be limited if the participants have no other reasonable way to convey their message to their target audience. Assemblies held on privately owned property with the consent of the owners enjoy the same protection as other assemblies.

70. The wearing of face coverings or other disguises by assembly participants, such as hoods or masks, may form part of the expressive element of a peaceful assembly or serve to counter reprisals, also in the context of new surveillance technologies, and serve to protect privacy. Assembly participants should not be prohibited from wearing face coverings where there is no demonstrable evidence of imminent violence on their part and probable cause for arrest. As such, blanket bans can only be justified on an exceptional basis.

97. Where a decision is lawfully taken to disperse an assembly, force should be avoided. Where that is not possible in the circumstances, only the minimum force necessary should be used. As far as possible, any force used should be directed against a specific individual or group of participants in an assembly. Area weapons such as chemical irritants dispersed at a distance (tear gas) and water cannon tend to have indiscriminate effects. When such weapons are used, all reasonable efforts should be undertaken to limit risks such as causing harm to bystanders or causing a stampede. Tear gas should not be used in confined spaces

98. Firearms are not an appropriate tool for the policing of assemblies. Firearms must never be used simply to disperse an assembly. In order to comply with international law, any use of firearms by law enforcement officials must be limited to targeted individuals in circumstances in which it is strictly necessary to confront an imminent threat of death or serious injury or, in truly exceptional circumstances, a grave and proximate threat to life. Given the threat such weapons pose to life, this minimum threshold should also be applied to the firing of rubber-coated or plastic bullets. It is never acceptable to fire indiscriminately into a crowd. Where law enforcement officials are prepared for the use of force, or violence is considered likely, the authorities must also ensure adequate medical facilities.

99. The use of unnecessary or disproportionate force may breach articles 7 and 9 of the Covenant and, where death results, may violate article 6. In an extreme case, widespread or systematic use of lethal force against participants in peaceful assemblies may constitute a crime against humanity.

100.      The State is responsible under international law for the actions and omissions of its law enforcement agencies and should promote a culture of accountability for law enforcement officials during assemblies. To enhance effective accountability, uniformed law enforcement officers should always display a form of identification during assemblies” (subrayados añadidos).

p.s. Tras una segunda lectura, creo que es importante resaltar que en el borrador se dice que las restricciones han de ser proporcionadas, que las afectaciones a la movilidad, entre otras, no hacen que una manifestación sea considerada violenta o no pacífica, al no haber intención o efectos de causación de lesiones o muerte por parte de los manifestantes; que no puede atribuirse automáticamente a un líder o movimiento como tal cualquier acto de vandalismo de participantes en protestas; que las restricciones han de ser proporcionadas (siguiendo el ya tradicional test en cuestión), debiendo tenerse en cuenta la intensidad de las afectaciones. Al respecto, si bien la afectación a movilidad (libertad de circulación, por ejemplo en términos vehiculares) u otros derechos no hace que una protesta sea considerada violenta, si puede tenerse en cuenta el nivel de afectaciones a tales derechos  para determinar si, para protegerlos, puede restringirse (proporcionada y lícitamente) el derecho de reunión, teniendo en cuenta, por ejemplo, factores como la prolongación de las manifestaciones, cuestión relevante hoy día en Chile y Colombia, por ejemplo. Además, se dice que el orden público como objetivo que motive restricciones no equivale con la aplicación de las normas internas. Dejo las imágenes pertinentes sobre estos puntos adjuntas.

En resumen: si una manifestación es pacífica, a la luz de los criterios expuestos por el Comité (preliminarmente, como borrador) y aquí resumidos, es cuando podría verse si restricciones potenciales o actuales son lícitas interna e internacionalmente, pues están cobijadas por el alcance del derecho discutido, que no es absoluto pero si exigente en cuanto a prohibir por posibles abusos estatales frente a manifestaciones aún incómodas (como sucede con la libertad de expresión, añado), que pueden (o no) ser legítimas o discutidas políticamente, y estarán en todo caso cobijadas por la libertad. En ausencia del requisito de no violencia, no estaríamos en el terreno del derecho de reunión pacífica.

A %d blogueros les gusta esto: