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El jueves y viernes de la semana pasada tuvimos unas excelentes Jornadas del AFDUAM sobre los retos y oportunidades que plantea el cambio climático, que dirigieron las profesoras Rosa Fernández Egea y Andrea Macía. Uno de los temas que apareció prácticamente en todos los paneles, y que atrajo particularmente mi atención, fue la litigación medioambiental en todas sus facetas, nacionales e internacionales. La litigación medioambiental, que imaginó Cox en su libro Revolution Justified, citado por el profesor Pau de Vilches (UIB) en su brillante intervención, y que tuvo un hito en el caso Urgenda, está hoy presente de una u otra forma en numerosas jurisdicciones, incluyendo el Tribunal Supremo español y hasta la posibilidad de que el asunto llegue a la Corte Internacional de Justicia por la vía de la jurisdicción consultiva, como discutimos en las Jornadas con el profesor Antoni Pigrau. Los investigadores y grupos de investigación se ocupan cada vez más de este tema en todo tipo de publicaciones (por ejemplo, aquí y aquí) y se forman iniciativas como la Climate Change Litigation Initiative.

Espero que pronto podamos publicar un post con una presentación panorámica de este fenómeno que ha florecido en los últimos años. Ahora, sin embargo, quiero descatar un libro magnífico que se ha publicado este año por la Doctora Katalin Sulyok, profesora en la prestigiosa universidad hungara ELTE. Y lo hago porque en todas las referencias a estas iniciativas de litigación climática se hizo hincapié en el carácter esencial de la ciencia en los razonamientos judiciales. Ese es, exactamente, el objeto del libro de la Dra. Sulyok, que hace un estudio de los desafíos epistémicos, doctrinales y de legitimidad que supone la ciencia para los jueces en los asuntos medioambientales y discute la legitimidad de los pronunciamientos judiciales sobre la materia en cortes y tribunales internacionales. Este libro, por tanto, me parece un buen punto de referencia sobre cómo los jueces se enfrentan a la ciencia en los litigios internacionales sobre medio ambiente.

On 6th and 7th December 2022, the conference ‘Justice for Atrocities: Dialogues and Encounters between Latin-America and Europe’ will be hosted at Westminster Law School (United Kingdom) and the University of Jyväskylä (Finland). The conference will be either online or in a hybrid form (part online, part in London), depending on the availability of funds and the epidemiological situation.  The organisers, Dr. Marco Longobardo (Westminster) and Dr. Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo (Jyväskylä), welcome proposal submissions from academics and other professionals. The call for papers is available here.

The International Law at Westminster research cluster organises an online panel on «The Relevance of the Notion of War in Contemporary International Law» on 16th Dec. Presentations will be given by Professor Andrew Clapham (Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva), Professor Alejandro Chehtman (Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires), Professor Heike Krieger (Freie Universität, Berlin), and Professor Naz Modirzadeh (Harvard Law School). Dr Marco Longobardo (University of Westminster) will chair the event. More information and free registration are available here.

Por Rosa M. Fernández Egea

Code Red”, “Code Red”. Aún después de casi dos semanas, todavía resuenan en la cabeza las palabras de Mía Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, dirigidas a los países del G-7 y G-20 en la sesión de inauguración de la vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Un potente y desgarrador discurso, entre tanto “bla,bla,bla”, que puede visualizarse aquí. Sin embargo, el resultado de la COP26, para muchos, no ha recogido esta idea de emergencia climática en un paquete de medidas que va a marcar las negociaciones climáticas en esta nueva década.

La COP 26 ha tenido lugar en Glasgow (Escocia) durante las dos primeras semanas del mes de noviembre de 2021, con la presidencia de Reino Unido en colaboración de Italia, bajo el lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático”. Una cumbre climática que estaba prevista para el año 2020, el año en el que irrumpió la pandemia del coronavirus que paralizó el mundo, y que conllevó la cancelación de miles de encuentros internacionales, como sucedió con la COP.

A pesar de que el covid sigue entre nosotros, este año sí se ha podido celebrar, aún con un fuerte componente de participación online, y con controles sanitarios diarios para acceder a las zonas de negociaciones (blue zone), lo que ocasionó algún caos y largas colas en los primeros días. La crisis sanitaria también ha imposibilitado la presencia de observadores y representantes de la sociedad civil en muchas de las reuniones plenarias. Sin embargo, se ha facilitado un seguimiento diario de los avances y actuaciones desarrolladas, así como de los múltiples eventos paralelos (side events) desarrollados a lo largo de estos días, que han tratado de dar voz y cabida a todas las inquietudes y que han podido seguirse en línea con una repercusión mundial.

Durante estas dos semanas los ojos estaban puestos en Glasgow. No era para menos pues constituía la primera COP desde el inicio de la aplicación del Acuerdo de París. Si bien este acuerdo entró en vigor en 2016, no fue hasta el año 2020 cuando comenzó a aplicarse. Una prueba de fuego. La principal obligación de las partes en este punto era presentar y remitir a la Secretaría de la CMNUCC sus Contribuciones determinadas a nivel nacional, lo que se conoce como NDC por sus siglas en inglés (Nationally Determinated Contributions).

Es en las NDC donde cada país establece qué actuaciones se compromete a llevar a cabo para mitigar o reducir sus emisiones de gases invernadero (GEI), que son las principales causantes del cambio climático. Pero también deben contener compromisos respecto de los otros dos pilares de acción sobre los que descansa el Acuerdo de París, la adaptación (art. 7) y las pérdidas y daños (art. 8), así como las medidas de facilitación de tales compromisos: apoyo financiero, transferencia de tecnología y capacitación (arts. 9 a 11) para los países más pobres.

Todos los países han remitidos sus primeras NDC (algunos apenas días antes de que comenzara la COP), que son registradas y de libre acceso en el registro online de la Convención, en aplicación del artículo 4.12 del Acuerdo de París. Sólo algo más de una decena han remitido las segundas NDC, aumentando la ambición en sus políticas, en cumplimiento de los párrafos 3 y 9 del artículo 4. Esta idea del “trinquete”, es decir que no se puede retroceder, pero tampoco mantenerse en el status quo, sino que ha de avanzar siempre en ambición, se ha dejado clara en la Decisión final de las partes en el Acuerdo de París alcanzada en esta cumbre, recordando que nuevas y más ambiciosas NDC se esperan para 2022.

No obstante, si tenemos en cuenta todos los compromisos de reducción anunciados por los Estados para 2030 (y eso si los damos por válidos los datos reportados, lo que no está claro tras la publicación por el Washington Post de un reportaje que revela el escandaloso falseamiento de datos por algunos países con emisiones más altas de las reportadas), y de cumplirse éstas, el aumento de temperatura que experimentaremos en 2100 será de 2,4 grados según las predicciones realizadas por Climate Action Tracker. Si no hacemos nada, el aumento de temperatura será de 2.7 grados. A día de hoy ya hemos superado 1,1 grados respecto de los niveles pre-industriales.

Pudiera parecer que un par de décimas no son tan relevantes, pero la ciencia nos dice que esa pequeña diferencia en temperatura puede tener efectos devastadores para nuestro planeta. De hecho, ya superar los 2 grados centígrados, que es el objetivo marcado por el Acuerdo de París en su artículo 2, supone un riesgo serio para todos los seres vivos del planeta (así lo establece claramente el último informe del IPCC, de 6 de agosto de 2021), y es por ello que esto mismo precepto establece que han de realizarse los esfuerzos necesarios para no superar el aumento en 1,5 grados. De hecho, el mantra que se ha escuchado durante todos estos días en la COP26 era “mantener vivo el objetivo de temperatura de 1,5 grados” y “asegurar que el 1,5 grados pueda alcanzarse” (“Keep 1.5 alive”, “Secure 1,5 within reach”). Se puede afirmar que uno de los mayores logros de esta COP es haber afianzado el objetivo de temperatura en +1,5 frente al de +2 grados, como algo que es necesario asegurar para evitar daños catastróficos.

Pero, ¿cómo asegurarnos de no superar un aumento de 1,5 grados? De nuevo, la ciencia tiene la respuesta: según el Informe especial del IPCC sobre el Calentamiento global de 1,5 grados de 2018, es necesario reducir un 45% las emisiones para el 2030. Y así ha sido recogido en la Decisión final de las partes en el Acuerdo de París. Sin embargo, estamos muy lejos aún de conseguirlo, para lo que sería necesario que los Estados hagan mayores esfuerzos de reducción. Dado que el Acuerdo de París no establece cuánto ha de reducir cada Estado, sino que corresponde a cada uno determinarlo, la COP sirve de catalizador de una mayor ambición.

En este sentido, durante la COP26 se han anunciado diversas iniciativas y compromisos de Estados y grupos de Estados, encaminados a este objetivo, entre las que cabe destacar los siguientes:

  • El Pacto global para reducir el metano, liderado por Estados Unidos y la UE y firmado por más de 100 países, que se comprometen a reducir al menos un 30% los niveles de metano de 2020 para el 2030, lo que supondría una reducción de 0,2 grados para 2050. Es preocupante, no obstante, las ausencias de China, Rusia, India o Australia, que son los principales emisores de metano, conocido como el gas con mayor potencial de calentamiento entre los GEI.
  • El acuerdo para la transición hacia una energía limpia, firmado por 39 países (entre ellos, España) y que también prevé acabar con las nuevas financiaciones al sector de las energías “sucias” para 2022. Son buenas noticias teniendo en cuenta que el 80% de las emisiones provienen del sector de la energía.
  • La Alianza BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance), primera iniciativa diplomática del mundo, encabezada por Dinamarca y Costa Rica, centrada en mantener los combustibles fósiles bajo tierra.
  • El Acuerdo chino-americano,  anunciado por sorpresa durante la COP26 por los dos mayores emisores de CO2 del mundo, por el que se comprometen a incrementar la ambición que posibilite el objetivo de 1,5.

Aun siendo buenas noticias, son todavía muy insuficientes, pues tal y como ha demostrado los analistas del Climate Action Tracker, las reducciones comunicadas por los países constituyen tan solo el 17% de las reducciones necesarias. Incluso teniendo en cuenta los nuevos compromisos y alianzas anunciados durante la COP 26, aún queda mucho por hacer para reducir la brecha (gap) entre los compromisos y los objetivos:

La desaparición en el último momento de la previsión de acabar (“phase out”) con el carbón como fuente de energía, que aparecía en la decisión final de la cumbre para sustituirla por otra que simplemente prevé su reducción (“phase down”), creó más que malestar entre muchos Estados, entre ellos, los insulares más vulnerables (Grupo OASIS). En un ejercicio de responsabilidad no bloquearon la adopción de las decisiones, que han de ser adoptadas por consenso (y de ahí la extrema dificultad de estas negociaciones), pero no dudaron en expresar su sorpresa y su profundo malestar, denunciando falta de transparencia y de inclusión en el procedimiento, dado que este cambio de última hora, propuesto por India y apoyado por China, no había sido ni comunicado ni debatido por las partes. Duras declaraciones, que motivaron que el Presidente de la COP, Alok Sharma, atrapado por la regla del consenso, pidiera perdón y agradeciera el apoyo para salvar el Pacto Climático de Glasgow, no sin derramar alguna lágrima.

Si nos quedamos con lo bueno, es la primera vez en 30 años que se hace referencia a un combustible fósil, el carbón (nótese que no se menciona el petróleo ni el gas) en los resultados de las cumbres climáticas, y que se incluye una previsión para acabar con las ayudas públicas a los combustibles fósiles ineficientes (¿es que alguno lo es?), y ello, de manera justa.

Es cierto que el Paquete climático de Glasgow (Glasgow Climate Package) ha supuesto avances en algunos puntos vitales que quedaban pendientes de anteriores cumbres. Uno de ellos era concluir las negociaciones de lo que se ha denominado como el Libro de reglas de Paris (Paris Rulebook), que permitirá hacer completamente operativo el Acuerdo de París. Tras seis años de negociaciones, finalmente se ha llegado a un acuerdo sobre algunos flecos pendientes en materia de transparencia y plazos, pero, sobre todo, lo que había sido uno de los huesos duros en las últimas negociaciones climáticas y quedó pendiente en la última COP25, celebrada en Madrid: el desarrollo del artículo 6.

El artículo 6 del Acuerdo de París prevé la posibilidad de cooperación voluntaria entre las Partes para permitir una mayor ambición en la mitigación del cambio climático, a través de un mercado de carbono a nivel mundial (apartado 2), un mecanismo de crédito centralizado (apartado 4) y mediante de otros enfoques no de mercado (apartado 8). Han sido los dos primeros instrumentos, los mecanismos de mercado, los que habían despertado serias reticencias para muchas delegaciones ya que permiten compensar créditos de emisión obtenidos a través de estos mecanismos. Se ha denunciado que constituyen una forma de sortear la verdadera obligación de reducir las emisiones. A pesar de que este artículo incluye los principios de integridad ambiental, transparencia y contabilidad sólida, tenemos como precedente la experiencia de los denostados mecanismos flexibles previstos en el Protocolo de Kioto, criticados por buena parte de la sociedad civil y la doctrina (entre otros, yo misma). Habrá que estar pendiente para que esta forma de compensación, además de la de los sumideros (art. 5), no suponga un “coladero” de emisiones que alejen aún más el objetivo de temperatura de +1,5 grados. 

Junto a las obligaciones de mitigación que permitan alcanzar el objetivo de temperatura global, también se habían planteado otros objetivos en esta cumbre climática: el de la financiación y el de la gobernanza climática. En estos ámbitos los resultados no han sido todo lo buenos que se hubieran esperado.

Respecto de la financiación, con la firma del Acuerdo de París los países industrializados se comprometían a contribuir a la creación de un paquete financiero que asista a los países menos desarrollados y pequeños estados insulares con la implementación del Acuerdo sobre la base del objetivo de movilización de 100 mil millones de dólares anuales, a partir de 2020. Sin embargo, en esta cumbre se ha puesto de manifiesto el fragrante incumplimiento de este compromiso, llegando tan solo a 75 en 2020. Se preveía que este objetivo se revisaría al alza antes de 2025. En la Decisión final de las partes en el Acuerdo de París aparece un refuerzo de la obligación de llegar a esos 100 mil millones de dólares y una llamada a hacer lo posible por aumentarlos en los próximos años. En este sentido, muchas delegaciones habían advertido que sería necesario incrementarlo en una horquilla de 200 a 500 mil millones para los años 2021 a 2025, y que la mitad de estos fondos debían destinarse a financiar la adaptación, que es, junto con la mitigación, uno de los principales ámbitos de acción climática previstos en el Acuerdo de París.

Efectivamente, además de reducir las emisiones (mitigación), también es necesario fortalecer la adaptación al cambio climático, es decir, la habilidad de los países para hacer frente a los impactos climáticos. Con ello se pretende estar preparado para sobrellevar los efectos adversos, que son una realidad ya en muchas zonas del planeta, lo mejor posible y aumentar la resiliencia. Otro de los avances obtenidos en esta COP26 ha sido la decisión de poner en funcionamiento el Programa de trabajo Glasgow–Sharm el-Sheikh para reforzar el objetivo de adaptación.

Por lo que respecta al ámbito de pérdidas y daños (Loss and Damage), como ha sido habitual en todas las COP acaecidas hasta la fecha, es donde menos se ha avanzado. La movilización de fondos para hacer frente los daños producidos por el cambio climático ha sido una reivindicación tradicional de los Estados en vías de desarrollo más vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular los Estados insulares, abocados a desaparecer con la elevación del nivel del mar debido al calentamiento de los polos. De hecho, las pérdidas y daños es la parte menos reforzada en el Acuerdo de París, sin compromisos claros, ni siquiera procedimentales, como sí ocurre con la mitigación y la adaptación. La propuesta de los países emergentes y en vías de desarrollo (G77+China) de crear un Fondo específico para pérdidas y daños (Glasgow Loss and Damage Finance Facility), que estuvo sobre la mesa y llegó a incluirse en algún borrador, finalmente se eliminó por las presiones de EE.UU, Reino Unido y la UE, y se hace referencia a que se iniciará un “diálogo” al respecto (se ha estado “dialogando” sobre esta cuestión desde hace 30 años…). Ha sido una gran decepción pues una vez más se demuestra la poca consideración que se tiene hacia las víctimas del cambio climático.

Por último, en relación con la gobernanza climática, cabe destacar que se ha decidido establecer una reunión pre-COP al más alto nivel, para dar un impulso a los compromisos climáticos y aumentar la ambición antes de entrar en las semanas de negociación de cada COP. La primera reunión se celebrará antes de la siguiente COP27, que tendrá lugar en Sharm el-Sheikh (Egipto).

Los resultados de la COP26 han sido considerados como un éxito por algunos. Evidentemente son un paso hacia adelante y se han conseguido progresos. Sin embargo, dejan un “mal sabor de boca” teniendo en cuenta que es mucho más lo que necesitamos para luchar contra esta gran amenaza que se cierne sobre nosotros y, además, hacerlo de forma justa sin dejar a nadie atrás.

¿Cuál hubiera sido una “buena” decisión de esta cumbre climática? Si me preguntan a mí, creo que habría sido…

  • una que reflejara un compromiso claro de reducir emisiones de GEI que garanticen no superar un aumento de temperatura de 1,5 grados;
  • una que abogara por una transición rápida a una economía basada en energías renovables y un abandono definitivo de los carburantes fósiles;
  • una que hubiera conseguido movilizar unos fondos muy superiores a los previstos y no sólo para mitigación, sino también para adaptación y pérdidas y daños;
  • una que acentuara que todas estas actuaciones tienen que asumirse principalmente y de forma urgente por los países desarrollados, que son los que, atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas han de liderar el proceso;
  • y todo ello teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, con sensibilidad de género y asegurando la equidad intergeneracional, en definitiva, garantizando una justicia climática.

Así pues, los objetivos están claros, también lo que hay que hacer, quiénes lo tienen que hacer y en cuánto tiempo. No cabe establecer prioridades, y en este sentido, hago mías las palabras de la Dra. Rojas Corradi, miembro del IPCC (podcast “hablemos de DI”), estamos en un punto en el que “hay que hacer de todo, al mismo tiempo y rápidamente”. ¿Lo conseguiremos?

El día de hoy, jueves 4 de noviembre, a las 15 hs. (Argentina), 12 hs. (Ciudad de Mexico) y 19 hs. (Madrid) tendremos el enorme placer de oír esta magnífica conferencia on-line sobre el control de convencionalidad, en el marco de nuestro título de Experto en la aplicación del Derecho internacional en perspectiva comparada (impartido en forma conjunta entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Mendoza).

La charla estará a cargo del Prof. Sergio García Ramírez –UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México y ex presidente Corte Interamericana de Derechos Humanos– y la Prof. María Gabriela Abalos –Universidad de Mendoza – Universidad Nacional de Cuyo–.

El acceso es libre, previa inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/U3JWL8QBQUAQvjaNA

Esperamos contar con vuestra presencia.


La División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas agregó recientemente los siguientes materiales a la Serie de Conferencias y al Archivo Histórico de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: una conferencia de Jennifer Trahan sobre “War Crimes Prosecutions” y otra de Bogdan Aurescu sobre “Sea-Level Rise in relation to International Law – A Concrete Contribution by the International Law Commission to Solving a Problem of Pressing Concern for the International Community.”

La Biblioteca Audiovisual está disponible como un podcast en SoundCloud, al que se puede acceder a través de las aplicaciones preinstaladas en los dispositivos de AppleAndroid o a través de la aplicación de podcast de su preferencia buscando “Audiovisual Library of International Law”.

Por Ignacio Perotti Pinciroli *

El control de convencionalidad, ¿De San José a Doménico Scarlatti?

1. El control de convencionalidad en España y el Derecho de las relaciones exteriores

Al hablar de control de convencionalidad, muchos de nosotros –al menos, es mi caso–, pensamos inmediatamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el tribunal internacional más importante de América Latina. Desde el caso Almonacid Arellano (2006) hasta nuestros días, la aplicación de este particular mecanismo ha generado acaloradas discusiones de aquel lado del charco. La Corte IDH ha entendido que esta doctrina significa una obligación de los órganos estatales –en especial, de jueces y tribunales nacionales– de realizar un examen de compatibilidad entre el ordenamiento jurídico interno y el orden internacional, para garantizar el cumplimiento del Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Hay que remarcar que el control de convencionalidad ha sido un verdadero instrumento transformador del ius constitutionale commune latinoamericano, al reforzar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos por parte de los Estados.

Pero poco hacía suponer que el mecanismo irrumpiría en España y que, a la vez, se discutiría con similar intensidad, en foros académicos y también judiciales. Sin dudas, el hito del recorrido peninsular del control de convencionalidad ha sido la STC 140/2018, de 20 de diciembre. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró que en el ordenamiento jurídico español, este mecanismo implica una «mera regla de selección de Derecho aplicable», en manos del juez ordinario y sustraído de la jurisdicción constitucional. En el FJ 6, el TC fijó algunos de sus alcances y citó, por primera vez en su historia, una sentencia de la Corte IDH. Sin embargo, la propia definición del control de convencionalidad que hace la sentencia, así como ciertos fundamentos que utiliza dejan, a mi juicio, más incertidumbres que certezas.

¿Cómo había llegado el control de convencionalidad al Derecho español? ¿Por qué se caracterizaba solo como una operación de selección normativa? Estos fueron algunos de los puntos de partida de mi investigación, la cual –luego de valiosos debates con varias/os colegas, a quienes reitero mi agradecimiento–, tuvo como resultado una reciente publicación en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI). El artículo se estructura sobre tres ejes: primero –y principal–, descifrar si el control de convencionalidad en España resulta un instrumento necesario para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos; segundo, determinar la influencia que la aplicación del DIDH en el Derecho español podría tener sobre el mecanismo; y, tercero, definir algunas de las bases jurídicas necesarias para un funcionamiento óptimo del control de convencionalidad.

Los resultados publicados forman parte de mi investigación doctoral sobre el Derecho de las relaciones exteriores (DRE) en perspectiva comparada. Se trata de una novel disciplina jurídica de origen anglosajón, pero con cierta recepción en otras latitudes, como en España, a partir de los trabajos del Prof. Carlos Espósito. El DRE orienta el análisis de la aplicación del Derecho internacional desde un prisma primordialmente –aunque no exclusivamente– de Derecho interno (Bradley, OUP: 2019). En este post intentaré reproducir, de manera simplificada, algunos de los aspectos más atractivos del artículo. Con este espíritu, he omitido las numerosas referencias bibliográficas del texto publicado, salvo contadas excepciones. Confío en aportar al menos algunos elementos para continuar el debate de una manera fluida, y agradezco, desde ya, todos los comentarios y puntos de vista al respecto.

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Con una gran ilusión anunciamos la conferencia inaugural del título de postgrado «Experto en aplicación del Derecho internacional en perspectiva comparada», a cargo de la prestigiosa profesora emérita de Derecho internacional de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Instituto de Derecho Internacional, la Dra. Mónica Pinto. La profesora Pinto hablará sobre «La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y el Derecho Internacional: evasivas y encuentros». Bienvenidos quienes deseen acompañarnos en esta feliz ocasión de aprender de una de las más grandes juristas latinoamericanas.

El título de «Experto en aplicación del Derecho internacional en perspectiva comparada» es una iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Mendoza (Argentina), que otorgará a sus estudiantes un diploma conjunto expedido por la UAM. Se trata de un curso de enseñanza con presencia virtual, que cuenta con magníficos profesores, cuyo foco de interés es la aplicación del derecho internacional desde la perspectiva comparada de los derechos argentino, español y de los países latinoamericanos.

El curso empieza en septiembre y la matrícula del título de postgrado aún está abierta. En este sitio web tienen más información y en el siguiente vínculo tienen acceso al formulario de inscripción.

Por Vanesa Menéndez Montero

El Título de Experto en Derecho del Arte y del Patrimonio de la UAM inaugura su primera edición ofreciendo una formación íntegra, transversal y con un importante componente internacional a quienes deseen adquirir una formación jurídica especializada y profunda en un tema de gran actualidad y relevancia no solo cultural, sino también económica, política y social: el Arte y el Patrimonio Cultural.

Este Título, además, se configura como un complemento para el Máster en Acceso a la Profesión de Abogado en forma de doble titulación, por lo que pueden cursarse de forma simultánea. No obstante, también resulta de gran utilidad para aquellos que tengan un interés en este ámbito, sean profesionales del sector o estudiantes graduados en ramas del conocimiento afines.

Gracias a un profesorado multidisciplinar y de reconocida competencia, se ofrece una formación avanzada en materia de Derecho del arte y del patrimonio cultural que permitirá conocer profundamente su regulación jurídica tanto en el ámbito nacional, como europeo e internacional. El método docente incluye aspectos eminentemente prácticos, basados en la resolución de casos, con el fin de que los estudiantes puedan adquirir niveles de autonomía y madurez conformes con las demandas del mercado.

El Título de Experto tiene un reconocimiento de 25 créditos ECTS y dará comienzo en septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. Las clases se impartirán los viernes en horario de 15:00 a 20:30 horas, en modo presencial / streaming.

Para más información sobre los procesos de admisión y matrícula, así como los precios y las becas disponibles, consulte aquí.


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