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Por Ricardo Arredondo*

La detención de un automóvil perteneciente la Embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina, conducido por un agente diplomático ruso, en un control de tránsito de rutina por parte de la policía de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, generó un incidente diplomático entre ambos países. Si bien la representación rusa en Buenos Aires alegó una “grave violación del derecho internacional”, ambos países decidieron bajar el tono de la disputa.

La inmunidad diplomática, un pilar fundamental de las relaciones internacionales, garantiza que los diplomáticos puedan desempeñar sus funciones sin interferencias del Estado receptor. Esta inmunidad está consagrada en el derecho internacional, principalmente a través de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). Este tratado otorga a los diplomáticos amplia protección, incluida la inmunidad frente al arresto (inviolabilidad) (Art. 29). Asimismo, establece que los vehículos de las representaciones diplomáticas “no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución” (Art. 22.3).

El fundamento detrás de esta inmunidad es salvaguardar el funcionamiento eficaz de las misiones diplomáticas y facilitar las relaciones internacionales (Preámbulo de Convención). Así, los diplomáticos están protegidos de la jurisdicción local, lo que les permite operar sin temor a coacciones o conflictos legales con el país anfitrión.

Sin embargo, esta inmunidad no es absoluta. La Convención establece que los diplomáticos están obligados a cumplir con las leyes y regulaciones locales (Art. 41.1), especialmente aquellas relacionadas con el orden público, la salud y la seguridad. El tratado reconoce la autoridad del Estado receptor para imponer restricciones y regulaciones necesarias para la protección de sus propios intereses. Esto incluye regulaciones sobre actividades que puedan afectar la seguridad nacional o el orden público, como restricciones a actividades políticas y transacciones comerciales, entre otras.

En particular, la conducción de vehículos suele ser considerado como un “privilegio” y no como un derecho por parte de los Estados receptores. Países como Canadá o los Estados Unidos, entre otros, tienen una estricta política al respecto que puede llegar al retiro del registro de conducir en caso de que los agentes diplomáticos incurran en infracciones a las normas de tránsito locales. Recientemente, la Oficina de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá recordó a las misiones diplomáticas, los consulados y las organizaciones internacionales que la policía en todo el país realiza controles de sobriedad durante la temporada festiva y que Canadá tiene una política de tolerancia cero respecto a los casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Aunque la gran mayoría de las personas que gozan de privilegios e inmunidades respetan las leyes de Canadá sobre conducción bajo los efectos del alcohol, el incumplimiento de una sola persona puede tener consecuencias trágicas tanto para ellos mismos como para el público en general.

Si la policía sospecha que un conductor está bajo los efectos del alcohol o las drogas en un control, harán las mismas exigencias que en cualquier otra investigación de un conductor sospechoso, incluyendo la realización de pruebas de detección y otras pruebas de sobriedad en el lugar. De conformidad con el derecho internacional, los diplomáticos no pueden ser obligados a la realización de un test de alcoholemia, pero la policía puede presentar cargos contra cualquier conductor que se niegue a realizar una prueba de detección en carretera o una prueba de sobriedad tras una solicitud formal del oficial, ya que esto constituye un delito en Canadá. En el caso de personas que gozan de inmunidad de jurisdicción que sean acusadas por la policía, la Oficina de Protocolo de Canadá solicitará al Estado acreditante una renuncia limitada a sus inmunidades para que puedan responder a las imputaciones ante un tribunal. En ausencia de una renuncia, la acreditación y asignación continua de la persona en Canadá “podría volverse inviable”.

La aplicación práctica de la inmunidad diplomática implica una compleja interacción entre el respeto a las normas del Estado receptor y la garantía de que las funciones diplomáticas se realicen de manera efectiva. Los malentendidos o abusos de las inmunidades pueden tensar las relaciones diplomáticas y generar disputas entre Estados. Por lo tanto, es esencial que los diplomáticos sean conscientes de las leyes locales y las cumplan mientras ejercen su estatus protegido.


* Doctor en Derecho. Diplomático.