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La última esperanza: la Justicia

octubre 27, 2011

Por Luciano Donadío

Esta mañana hacía frio en Madrid, de todos modos, al abrir los ojos recordé inmediatamente que en las últimas horas ayer, en Buenos Aires, se habría vivido un día histórico. Di un salto y abrí el ordenador para saber qué había pasado. Qué alegría y, una vez más, si me permiten, qué orgullo, saber que tras casi 35 años de lucha cívica colectiva, la Justicia se abrió paso entre la impunidad.

El día de ayer, 26 de octubre, será histórico. La justicia federal argentina condenó a prisión perpetua, por crímenes de lesa humanidad, a doce represores, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, símbolo trágico de la última Dictadura militar.

Es la primera sentencia dictada en la Argentina contra el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático de la última Dictadura militar; en este caso, por la detención ilegal, tortura, homicidio y robo de bienes, de 86 “desaparecidos”, de las 4500 o 5000 víctimas vinculadas a la ESMA.

Paradigmáticamente, entre las víctimas que ayer recibieron el reconocimiento de la Justicia se encontraban: las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet -pertenecientes a la Iglesia de la Santa Cruz, donde las “Madres” organizan sus primeras acciones públicas, y por cuya desaparición Francia ya había condenado en ausencia a Astiz en 1990 y reclamado su extradición-; la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor –detenida y arrojada al Río de la Plata durante los “vuelos de la muerte”, tras haber recibido a Astiz en su entorno, dado que él fingió ser hermano de otro desaparecido-; y el periodista y escritor Rodolfo Walsh –baleado por el grupo de operaciones tras escribir y distribuir la Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse el primer año del golpe militar-.

Jurídicamente, esta sentencia resalta la unión virtuosa entre el Derecho internacional, como instrumento de garantía perenne de la protección de los Derechos Humanos, y la valentía de una decisión política interna, como factor catalizador de la administración democrática de justicia.

Judicialmente, la sentencia destaca la decisión de los magistrados de requerir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que solicite a los demás poderes del Estado que, ante los Organismos Internacionales pertinentes, postulen la inclusión de la “persecución política” como causal de genocidio en la Convención respectiva. Este detalle pone una vez más de manifiesto la importancia del compromiso judicial en la potencial evolución de las normas de Derecho internacional, dado que los jueces son observadores y analistas inmediatos de la realidad, con la capacidad de visualizar nuevas circunstancias que puedan motivar la adaptación de los conceptos jurídicos globales a la necesidad de mayores índices de protección.

Socialmente, configura el triunfo de una sociedad civil que no ha dudado en ganar la calle y reclamar durante décadas “Memoria, Verdad y Justicia”.

Finalmente, quiero compartir un video que desde pequeño motivó mi intuición de Justicia: ‘Son nuestra última esperanza’. Nunca se ha borrado de mi memoria esa mujer desesperada que busca a su hijo desaparecido y que impotentemente solloza ante quien la escucha, diciéndole que es su última esperanza.

2 Responses to “La última esperanza: la Justicia”

  1. Milena Soto Dobles Says:

    Aunque muchísimo tiempo después, se puede mantener una esperanza en la justicia y en la lucha incansable por los derechos humanos en el mundo. No debemos claudicar nunca.

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  2. Agustin Parma Says:

    Luciano,

    Comparto completamente tus sentimientos. Esta sentencia se festeja y se aplaude en un momento histórico.
    Coincido en resaltar el factor de la voluntad política (y me refiero a N. Kirchner y su equipo) como elemento necesario en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia en una sociedad.
    También me gustaría resaltar que el fallo de ayer, no implica un cierre de ciclo, sino el alcance de un objetivo concreto en un largo camino, que tiene como fin la búsqueda de la verdad.

    Otro elemento muy interesante relacionado con la sentencia es:

    “La proyección regional de los juicios por la verdad en América del sur”

    Los últimos días han sido de suma importancia para la búsqueda de la verdad y justicia de los delitos cometidos por las dictaduras militares en América del Sur.

    Mientras que en Argentina se condenó a 12 represores a la pena de prisión perpetua por privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y homicidios.(Entre ellos Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Ricardo Cavallo) como autores de delitos de lesa humanidad.

    En Brasil acaba de aprobarse la creación de una Comisión de Verdad, para investigar sobre hechos cometidos en las dictaduras ente 1946 y 1988. Cabe resaltar que esta comisión no juzgará los hechos sino que buscará elementos que permitan llevar adelante juicios en un futuro. En Brasil, se encuentra vigente la ley de amnistía 1979 (del dictador Joao Baptista Figueiredo) ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal.

    En Uruguay, el día de ayer, el Congreso sancionó una ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (que deberá ser promulgada por el presidente). Cabe resaltar que el argumento de la oposición fue el respaldo a los plesbicitos de 1989 y 2009 que ratificaron la amnistía. Esta ley pone en jaque a la actual ley de caducidad uruguaya que amnistió a los militares y policías del último régimen militar. Sin duda, la mencionada ley está en consonancia con lo dispuesto por la Corte IDH que solicitó al Estado uruguayo que investigue y juzgue a los responsables de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena advirtiéndo que la ley de caducidad constituía un obstáculo para este fin (Resolutivo 11 . Sentencia “Gelman c. Uruguay”, Fondo y reparaciones, 24 de febrero de 2011).

    No creo que sea coincidencia que hechos de tanta relevancia en la búsqueda por la verdad se sucedan en la región. Mas bien parece que cuando se combina la incansable tarea de las organizaciones de defensa de los derechos humanos con la voluntad política de un poder ejecutivo decidido se logran resultados.

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