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El lío de la ‘justicia universal’ en España

abril 3, 2014

Desde que entró en vigor la nueva norma sobre justicia universal en España se reproducen opiniones variadas y contradictorias sobre su alcance. ¿A qué crímenes se aplica? ¿En que espacios? ¿Cómo afecta a los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional? La norma, igual que la reforma de carácter furtivo propugnada por los partidos mayoritarios PSOE y PP en 2009, tiene un cierto problema de legitimidad, como ocurre con todas las leyes que no se sancionan de acuerdo con los procedimientos jurídicos apropiados. No pretendo ahora volver sobre toda la discusión de una ley que, como demuestran los hechos, es excesivamente compleja y exagerada para el fin que debía cumplir: limitar razonablemente la competencia en materia de jurisdicción universal de los tribunales españoles de acuerdo con el derecho internacional. En cambio, sí me gustaría pronunciar una concisa opinión sobre tres temas centrales que se discuten hoy: la interpretación que ha hecho el juez del caso Couso de los artículos 146 y 147 del Convenio IV de Ginebra sobre derecho humanitario internacional, la controversia sobre si hay competencia para juzgar a traficantes de drogas apresados en alta mar y la obligación de sobreseimiento de las causas abiertas que no cumplan con los requisitos establecidos en la nueva ley.

Creo que el juez que investiga el caso de la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, muerto por un proyectil disparado desde un tanque del ejército de EE.UU. contra su hotel en Bagdad en abril de 2003, ha tomado una postura interpretativa que no puede calificarse como incorrecta, pero que tampoco resulta la posición mayoritaria en el derecho internacional. En efecto, si bien el significado del artículo 96 de la Constitución española es indiscutible (los tratados solo se pueden reformar de acuerdo con el derecho internacional, no por meras leyes internas), su aplicación a este caso precisa una interpretación del Convenio de Ginebra que no se corresponde necesariamente con la que interpretación mayoritaria, ya que la obligación de juzgar no se ha interpretado como una obligación ilimitada e incondicional (ni siquiera por la propia Cruz Roja Internacional) sino limitada por la presencia física de los acusados de cometer crímenes graves contra el derecho humanitario internacional. Si no casi la totalidad de los Estados del mundo, que son parte en en Convenio de Ginebra, estarían ejerciendo la jurisdicción universal de una forma activa sin importar sus leyes nacionales. Esa universalización del principio de justicia universal para los crímenes graves de derecho humanitario sería deseable en la medida en que crearía una verdadera cooperación judicial internacional en la lucha contra la impunidad frente a este tipo de crímenes, pero hoy por hoy no es la interpretación mayoritaria de los jueces nacionales de los Estados obligados a aplicar dicho Convenio. Más aún, tratados posteriores que regulan esta materia en relación con otros crímenes de derecho internacional piden expresamente la presencia física del imputado en el territorio del país que va a juzgarlo como un requisito para ejercer la competencia judicial, como ocurre por ejemplo en la Convención contra la Tortura.

La nueva ley parece complicarlo todo, pero la verdad es que los apresamientos de droga en los espacios marinos no sometidos a la soberanía estatal siempre han sido problemáticos a la hora de encontrar bases de competencia judicial para proceder a juzgar a sus responsables, porque la aplicación de la jurisdicción del Estado de la bandera del buque agrega un dato de complejidad a este tipo de asuntos. Dicho esto, creo que hay una cierta exageración en la controversia jurídica que ha surgido de la última operación contra el buque pesquero que portaba drogas ilegales apresado a 60 millas marinas de la costa española. La reforma de la LOPJ a este respecto ha quedado salvada por el párrafo (d) que permite explícitamente y sin restricciones ejercer la jurisdicción respecto de delitos de narcotráfico que “se cometan en los espacios marinos”. Es más, aunque el artículo 23.4 LOPJ mezcla varios tipos de delitos y crímenes, tengo para mí que los delitos como el narcotráfico son un tipo de delitos de distinto carácter que los crímenes graves de derecho internacional y derecho humanitario que se discuten generalmente bajo el paraguas del principio de justicia universal y no deberían ser mezclados en una misma categoría.

El tercer tema controvertido no es de derecho internacional: varios jueces están incumpliendo el claro mandato de la nueva ley que les obliga a decidir el sobreseimiento de las causas abiertas de justicia universal que no cumplan los nuevos requerimientos adoptados en la reforma del artículo 23.4 LOPJ. Aquí hay un problema de democracia: si la decisión hubiese sido tomada de acuerdo con las mejores prácticas de democracia deliberativa, los jueces no deberían tomar decisiones judiciales que se aparten de la norma legal. Por eso entre dos interpretaciones válidas del derecho internacional, una conforme y otra contraria a la ley interna, el juez debería optar por la primera, ya que una decisión democrática, inclusiva y respetuosa del derecho genera limitaciones judiciales que responden a legítimos intereses de la sociedad española. Por ejemplo, que los jueces no decidan la política exterior de España. Sin embargo, quizá esa falta de legitimidad que señalaba al principio, unida a una complejidad innecesaria de la ley, genere dudas serias que justifiquen en algunos casos la decisión de los jueces respecto de la continuación de las causas que investigan sobre la base de la competencia universal.

2 Responses to “El lío de la ‘justicia universal’ en España”


  1. Querido Carlos. Tan sólo 3 apuntes a tu comentario.
    El primero en relación con el caso Couso y la interpretación de las obligaciones derivadas del IV Convenio de Ginebra. Al respecto ya en este mismo blog N. Carrillo se hizo eco de las divergencias entre la posición del juez Pedraz y la “opinión” del CICR. Esta última con todo no es una “interpretación auténtica” de las disposiciones de la Convención, ergo caben otras y particularmente la que -como señalaba N. Carrillo- se sustenta en una interpretación a contrario sensu de su comparación con las obligaciones sobre la presencia del inculpado que taxativamente impone la Convención sobre la tortura; cuestión distinta en la que convengo es la relativa a la práctica judicial interna de otros Estados que confortaría la interpretación restrictiva del IV Convenio.
    La segunda respecto de la represión del narcotráfico: comparto plenamente tu valoración acerca de la cuestionable competencia que se ha arrogado la jurisdicción española cuyo dudoso ejercicio hubo de salvar in extremis años ha el STC en la Sentencia en el asunto Archangelos. En todo caso, ello es consecuencia de la insolidaridad que aún caracteriza a la comunidad internacional a la hora de enfrentar la represión de estas actividades, lo que ha movido a nuestro Estado a forzar una caracterización de estas conductas sirviéndose del aura de legitimidad que irradia la justicia universal, que en este concreto caso no es tan universal como se pretende y que desmerece de otros tipos penales contemplados en el art. 23.4 LOPJ.
    La última mi absoluta coincidencia con tu valoración acerca de la complejidad de la Ley, impropia de una norma de tanta enjundia, lo que complica sobremanera la labor del juzgador. Pero es lo que pasa cuando se abandona el ejercicio de la función legislativa para atender requerimientos de partes, muy poderosas por cierto.

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    • Muchas gracias por tus interesantes comentarios, Javier. Estoy de acuerdo contigo respecto de la interpretación de la Cruz Roja: no se trata de una ‘interpretación auténtica’ y la he resaltado, como hizo también Nicolás en su post, por su particular importancia.

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