Home

Por Ricardo Arredondo

http://ricardoarredondo.wixsite.com/home

http://uba.academia.edu/RArredondo

El 8 de mayo de 2017, la India inició un procedimiento contra Pakistán ante Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), acusándolo de violaciones flagrantes de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante, CVRC) en relación con la detención y el enjuiciamiento del Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, un nacional indio condenado a muerte por un tribunal militar en el Pakistán. El caso recuerda ciertos precedentes similares sustanciados ante la CIJ en los asuntos “Convención de Viena sobre Relaciones consulares (Paraguay c. Estados Unidos)” (1998), “LaGrand (Alemania c. Estados Unidos)” (2001) y “Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos)” (2004).

Los antecedentes del caso pueden verse aquí. Básicamente, la India sostuvo que no se le comunicó la detención del Sr. Jadhav hasta mucho después de ocurrido el hecho y que Pakistán no informó al acusado de sus derechos. Asimismo, la India alega que, en violación de la CVRC, las autoridades del Pakistán no han permitido ejercer su derecho de acceso consular al Sr. Jadhav, a pesar de sus reiteradas solicitudes, y que se enteró de la sentencia de muerte contra el Sr. Jadhav a través de un comunicado de prensa.

La India solicitó ciertas medidas provisionales que le fueron concedidas por la Corte, consistentes en suspender la ejecución del Sr. Jadhav hasta el Tribunal se expidiera al respecto. Sobre esta cuestión puede leerse aquí.

El 17 de julio de 2019 el principal órgano judicial de Naciones Unidas emitió una sentencia sobre el fondo del asunto, declarándose competente para entender en el caso en base a lo establecido en el Art. 1 del Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, rechazando las objeciones preliminares planteadas por Pakistán y declarando admisible la presentación de la India.

Asimismo, la Corte sostuvo que Pakistán había violado sus obligaciones de conformidad con la CVRC:

  1. al no informar sin demora al Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav de sus derechos en virtud del Art. 36, párrafo 1 (b) de esa Convención;
  2. al no notificar sin demora a la correspondiente oficina consular de la República de India en la República Islámica de Pakistán de la detención del Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, privando de esta manera a la República de la India del derecho a prestar la asistencia prevista por la CVRC para la persona interesada, en virtud del Art. 36, párrafo 1 (b) de esa Convención;
  3. al privar a la India del derecho a comunicarse con el Sr. Jadhav y a tener acceso consular a él, a visitarlo durante su detención y organizar su representación legal, de conformidad con el Art. 36, párrafos 1 (a) y (c) de la CVRC.

El Tribunal afirmó que las obligaciones previstas en el Art. 36 de la CVRC continúan vigentes y que Pakistán tiene la obligación de informar al Sr. Jadhav sin más demora de sus derechos y de proporcionar a los funcionarios consulares indios el acceso consular a él, de conformidad con dicha norma.

Como se preveía, la Corte se abstuvo de ordenar la liberación del Sr. Jadhav y se limitó a establecer, como medida reparatoria adecuada en este caso, la obligación de Pakistán de proporcionar, por un medio de su propia elección, una revisión y reconsideración efectivas de la condena y sentencia del Sr. Jadhav. Al respecto, el Tribunal sostuvo que la suspensión de la ejecución del Sr, Jadhav constituye una condición indispensable para la revisión y reconsideración efectivas de su condena y sentencia.

 

 

 

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Recientemente, realicé una presentación en el marco de la edición de 2019 del coloquio que con frecuencia organiza la Red de Investigadores de Juegos de Rol, que se celebró en México hace un par de días. La ponencia puede verse en este hipervínculo, y puede resumirse en la idea de que es pertinente aplicar consideraciones sobre derecho y literatura al análisis de los juegos de rol si se les entiende como un “texto” de comunicaciones, razón por la cual en ocasiones pueden identificarse aspectos sobre el derecho o semejanzar con el derecho en su contenido y dinámica. En consecuencia, los juegos (además de la literatura y el arte expresado a través de otros medios, como expuse en un artículo publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional y en entradas de blog) permiten, si así se desea, por una parte, transmitir información sobre el derecho (internacional o interno), cumpliendo con ello una importante función pedagógica que puede tener cierto impacto en la implementación o efectividad de sus estándares, como han expuesto en el ámbito del DIH Zegveld y Kalshoven. Adicionalmente, es posible que el análisis de cuestiones jurídicas se lleve a cabo desde un punto de vista crítico, que pueda llevar a quienes participan en la actividad lúdica (que genera un “espacio seguro” que, según teorías de la educación, hace más factible el aprendizaje) incluso a cuestionarse sobre aspectos relativos a la eficacia, conveniencia (por ejemplo, en cuanto a transplantes normativos) o legitimidad de las normas. También puede ocurrir que, al “experimentar” situaciones relacionadas con la aplicación (o no) del derecho, los jugadores sientan empatía por quienes sufren, precisamente al “ponerse en los zapatos” de otros (stakeholders, víctimas, etc.). De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ver las siguientes entradas: 1, 2 y 3) ha considerado que los juegos y la realidad virtual constituyen un medio que puede fomentar tanto el cambio de conductas como la posibilidad de solidarizarse con las víctimas precisamente en virtud de la empatía, noción que también ha manejado Martha Nussbaum en algunos escritos.

Pues bien, creo que las anteriores consideraciones se pueden corroborar en un videojuego que recientemente he probado, llamado “We. The Revolution“. En él, los jugadores asumen el papel de un juez durante la revolución francesa, quien debe juzgar, entre otros, casos complejos por temas probatorios o por la evidente presión política encaminada (durante la época de “El Terror“, incluso ejerciendo influencia a favor o en contra de determinados imputados Robespierre) a incidir en el resultado de un proceso. Lo interesante para los jugadores es que los factores que pueden influir en la suerte o destino del personaje en un entorno de paranoia y persecución política incluyen, por una parte, la enemistad o gracia del jurado, el malestar o la apreciación de los revolucionarios y los ánimos caldeados de la población, que puede intentar calmar (o granjearse su amistad) el personaje. Pues bien, a mi parecer todo esto es posible ejemplo que permita analizar aspectos sobre realismo judicial (de los que ha hablado el profesor Joseph Weiler, según expuse recientemente)  y sobre la tensión y presión que suele existir frente a los órganos y autoridades judiciales, quienes deben actuar con justicia y rectitud pero se ven expuestos a presiones (incluyendo las posibles denuncias de los Estados). En el juego, claro está, el riesgo es la muerte por guillotina…

Por Ignacio Perotti Pinciroli

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abierto la convocatoria hasta el 10 de septiembre para que Estados, universidades, clínicas de derechos humanos, ONG’s, personas individuales, organizaciones internacionales y, en general, toda persona interesada, presente observaciones al pedido de opinión consultiva formulado por Colombia el 6 de mayo pasado.

El temario presentado por Colombia en su solicitud –con una razonada introducción y materializado en tres preguntas– es por demás candente en la Latinoamérica de nuestros días: los efectos de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), del eventual retiro de un Estado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las obligaciones del resto de los Estados en relación con la protección de los derechos humanos en el Estado denunciante –la solicitud oficial aquí–. Sobre las dos primeras cuestiones se ha hablado mucho en los últimos años, sobre todo por la denuncia de la CADH que hizo Venezuela en 2012 y por su retiro de la OEA, proceso que comenzó en 2017 y que –lamentablemente– fue concretado por el gobierno de Maduro hace unos meses.

Sin embargo, la tercera pregunta –que Colombia define como “el corazón de la Solicitud de Opinión Consultiva”–, resulta muy interesante: “¿A qué mecanismos de protección internacional de derechos humanos pueden acudir las personas sujetas a la Jurisdicción del Estado denunciante?”. Algunas páginas más adelante, el Estado aclara el sentido de esa consulta puntual y remarca lo siguiente:

“(…) se indaga si los mecanismos de protección del Sistema Interamericano, en especial la CIDH, están legitimados para seguir actuando con respecto a un país que se pone en la situación descrita, así como qué otros mecanismos prácticos ofrece el derecho internacional general, tanto a los Estados como a los particulares, para hacer exigibles y hacer efectivas las obligaciones jurídicas internacionales que dicho país pueda tener, aun a pesar de que haya dejado de ser parte en la Convención y que haya intentado o esté intentando retirarse de la OEA (Numerales 2 y 3)”.

La gravísima crisis humanitaria y las sistemáticas y masivas violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela ya no se discuten (o eso al menos me gustaría creer a esta altura). La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU –la ex presidenta chilena Michelle Bachelet– acaba de realizar una visita oficial el Estado y denunció enfáticamente que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria” –la declaración oficial puede verse aquí–. Lo que creo no está para nada claro hoy por hoy es qué hará la comunidad internacional –y sobre todo, cómo lo hará– para que los habitantes de Venezuela empiecen a salir de la gravísima situación humanitaria en la que se encuentran.

Colombia en ningún momento menciona a Venezuela en la solicitud. No hace falta: Venezuela está presente no sólo en la agenda latinoamericana sino en la de gran parte de la comunidad internacional. La consulta de Colombia es de un gran interés y además algo que muchos nos preguntamos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para proteger los derechos humanos de quienes sufren situaciones atroces y que –desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos– están cada día más desprotegidos? El debate seguramente estará cruzado por cuestiones jurídicas complejas y sobre las que, como siempre, habrá opiniones divergentes –por ejemplo, las tensiones entre soberanía estatal y el principio de no injerencia, las normas de jus cogens y las obligaciones de los Estados, etc.–.

Tengo mis dudas sobre si la Corte IDH dará una solución categórica a la última parte de la consulta, incluso porque no sé hasta qué punto una eventual respuesta a la última pregunta escaparía a su propia competencia. De todas maneras, me parece una discusión jurídica interesante para una OC, que podría aportar una interpretación unificada sobre los alcances del Sistema Interamericano en este tipo de situaciones. Sobre lo que no puede haber dudas es que cualquier intento para dar solución –dentro de un marco democrático– a situaciones de graves violaciones a derechos humanos es loable, en especial en aquellos Estados que se retiran de los mecanismos de protección. La única certeza será entonces cumplir con los imperativos de derecho internacional y derechos humanos que hemos estado construyendo en el mundo durante el último siglo.

Más información sobre el amicus aquí.

Por Ignacio Perotti Pinciroli, candidato a Doctor en Derecho, UAM.

La semana pasada tuve el honor de participar como juez en la tercera edición de la Competición de Litigación Internacional que organizan anualmente la Universidad de Alcalá de Henares (España) y la Universidad Militar de Nueva Granada (Bogotá, Colombia). Este joven moot court –cuya primera edición se realizó en 2017– tuvo una vez más una gran convocatoria: 17 equipos provenientes de México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y España se dieron cita en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá para presentar sus alegatos orales ante una simulada Corte Interamericana de Derechos Humanos. La competencia reunió a más de 100 personas, entre miembros de los equipos, jueces, auxiliares de Corte, observadores y de la organización. En la edición de este año, el eje temático del caso hipotético fue la gestación por sustitución, tema que además de presentar enjundiosos debates éticos y jurídicos, tiene un escaso desarrollo jurisprudencial de los tribunales internacionales.

Créditos: Sergio Muñoz, para Universidad de Alcalá.

Si bien hace varios años que participo en este tipo de certámenes, dos aspectos me causaron una gran satisfacción de mi intervención en el moot court de Alcalá. La primera se relaciona con un aspecto sumamente novedoso que –hasta donde sé– no cuenta otra competición: si bien se lleva a cabo en un país de Europa, la competencia se ensambla en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no en el Sistema Europeo. Por una parte, creo que esto genera un fructífero ejercicio práctico –a la vez que un gran desafío– para aquellos participantes cuya formación en Derecho Internacional no ha logrado profundizar en el sistema regional americano. Con mucho agrado pude escuchar a estudiantes de Islas Canarias, Sevilla, Madrid y Alcalá citar y explicar, con autoridad y buen conocimiento, la jurisprudencia de la Corte IDH, como así también los informes temáticos o de fondo de la CIDH.

Pero fundamentalmente, a través de la palabra de los litigantes, se pudo apreciar también un maravilloso diálogo entre los sistemas jurídicos de ambos continentes, esa anhelada interacción entre sistemas –y en especial entre cortes– sobre la que tanto reflexionamos, discutimos y escribimos pero que, como sabemos, poco se concreta. Tal vez este tipo de actividades académicas, que contribuyen enormemente a la formación de futuros profesionales del derecho internacional y de los derechos humanos, sirva para apreciar la enorme necesidad de un derecho internacional más dialógico y menos verticalista. Un derecho internacional que se nutra de experiencias distintas, de otras formas de pensar críticamente los grandes debates en el ámbito de los derechos humanos.

La otra cuestión que me causó una gran alegría es un poco más personal que la primera. A medida que avanzaban las jornadas de la competencia, en los pasillos de la UAH resonaba con fuerza que el equipo de la Universidad Nacional de Cuyo –ubicada en Mendoza (Argentina) y en la que pasé más de una década como estudiante y docente– se posicionaba como uno de los favoritos. El equipo de “los de Cuyo”, como se los mencionaba, en referencia a la región del oeste de Argentina donde la universidad tiene su sede, ya había resultado ganador del premio a mejor memorial y seguía su paso entre los más destacados. Finalmente, el equipo mendocino –integrado por los estudiantes Alan Santibañez y Sabrina Pojmaevich, con María Emilia Corral como entrenadora– consiguió su lugar en la gran final, junto al equipo de la Universidad Marista de Mérida (México).

La etapa final se llevó a cabo el viernes pasado y tuvo como escenario el bellísimo Paraninfo del Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, edificio histórico del siglo XVI que, además de haber sido foro de importantísimos eventos, es el lugar de la entrega anual del Premio Cervantes. Si bien ambos equipos realizaron un gran trabajo, la UNCuyo se alzó con el trofeo del primer lugar de la competencia: una estatuilla de un meditabundo Don Quijote. Para coronar, Sabrina Pojmaevich también obtuvo el premio a mejor oradora. Quienes conocemos las enormes dificultades de las universidades públicas latinoamericanas para afrontar este tipo de actividades formativas sabemos que sin dudas el sabor de la experiencia y del reconocimiento es aún mayor. En definitiva, y como dicen aquí en España, ¡Enhorabuena, Cuyo!

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de ayer leí dos documentos muy recientes e importantes en los que la Comisión de Derecho Internacional y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos se ocupan, respectivamente, del jus cogens (tema que siempre me ha apasionado, y sobre el cual escribí mi primer libro) y aspectos de género, respectivamente.

Entre los aspectos que me han llamado la atención de los textos, resalto, entre otras, la idea de que el derecho imperativo se puede formar no sólo vía consuetudinaria sino, además, convencional y por medio de los principios generales del derecho (artículo 5 del texto del borrador de las conclusiones de la Comisión) y que la contradicción entre el derecho imperativo y una norma dispositiva no acarrea la anulación de esta última cuando la oposición no es absoluta sino dependiente de una interpretación concreta, que deberá desestimarse. Sobre estos temas, el texto de la CDI dice lo siguiente:

“Draft conclusion 5
Bases for peremptory norms of general international law (jus cogens)

1. Customary international law is the most common basis for peremptory norms of general international law (jus cogens).

2. Treaty provisions and general principles of law may also serve as bases for peremptory norms of general international law (jus cogens)”.

“Draft conclusion 20 [10(3), 17(2)]
Interpretation and application consistent with peremptory norms of general international law (jus cogens)

Where it appears that there may be a conflict between a peremptory norm of general international law (jus cogens) and another rule of international law, the latter is, as far as possible, to be interpreted and applied so as to be consistent with the former”.

Las anteriores ideas (sobre fuentes y consecuencias de la contradicción) coinciden con lo que expresé en un artículo publicado en la UAM y en mi libro.

Ahora bien, sobre el documento referente a las empresas y los derechos humanos, valoro mucho por el potencial de transformación social y reivindicación, y el impacto concreto sobre muchas personas, de lo expresado en el principio rector 11 del documento sobre dimensiones de género de los Principios Rectores del Grupo de Trabajo, en el que se dice lo siguiente:

(i) Business enterprises should take steps to respect the sexual and reproductive health and rights of women, for example, by providing paid parental leave, offering flexible work hours or work-from-home options for new parents, and providing breastfeeding rooms at work. Business enterprises should also cease the practice of mandatory pregnancy testing”

El comentario artículo por artículo de la Constitución española, publicado en 2018 y dirigido por los antiguos magistrados del Tribunal Constitucional María Emilia Casas y Miguel Rodríguez-Piñero, está disponible gratuitamente en la página web del BOE. Son comentarios actualizados y de gran calidad académica, muy útiles para todo tipo de jurista interesado en cualquier aspecto del derecho constitucional español y comparado. Hay que agradecer el libre acceso a este libro completo al BOE, a los patrocinadores, a los directores, a los editores Enrique Arnaldo Alcuvilla y Jesús Remón Peñalver, a los autores de cada comentario y a los profesores coordinadores del libro, Mercedes Pérez Manzano e Ignacio Borrajo Iniesta.

El libro se puede descargar completo y gratuitamente pinchando en el siguiente vínculo: M. E. Casas y M. Rodríguez-Piñero (eds.), Comentarios a la Constitución, Madrid, BOE, 2018.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

En una providencia del 15 de mayo de 2019, que puede leerse en este hipervínculo, la Sección de Revisión determinó que, a falta de pruebas, no podía determinarse que presuntas conductas sobre tráfico de estupefacientes que los Estados Unidos de América le atribuyen a Seuxis Paucias Hernández Solarte (conocido como Jesús Santrich), líder de la antigua guerrilla FARC, siquiera se cometieron o se presentaron con posterioridad a la firma del acuerdo final de paz entre aquella organización y el Estado de Colombia. En consecuencia, de conformidad con las reglas de la justicia transicional colombiana basadas en tal acuerdo, no sería posible extraditarlo porque estaría cobijado por un beneficio al respecto, que excluye el empleo de la figura de la extradición frente a conductas que hayan tenido lugar antes del acuerdo. La decisión ha resultado muy polémica en la sociedad colombiana (valga apuntar un acto de una no inusual prepotencia o soberbia del Estado que solicitaba la extradición, al negarse a enviar pruebas a pesar de que la JEP se las solicitó e indicó que era necesario contar con ellas para poder decidir, según normas internas sobre justicia transicional y su competencia).

Adicionalmente, en su decisión SRT-AE-030/2019 la Sección de Revisión apuntó que la no extradición no equivale a impunidad, en tanto de verificarse y demostrarse las conductas endilgadas las autoridades competentes colombianas podrán juzgar y, eventualmente sancionar, a Santrich. Al respecto, la Sección invoca el principio aut dedere aut judicare. Cabe preguntarse si, al mencionar costumbre y tratados que aluden a aquel principio, las conductas sobre tráfico de drogas ilícitas cometidas de forma transnacional (enviadas a los Estados Unidos de América desde Colombia) están cobijadas por el principio en cuestión. Antes de responder esto, valga decir que la referencia que se hace a tales fuentes de derecho internacional resulta ser innecesaria y únicamente parece haber sido empleada para reforzar la postura de que no hay impunidad, en tanto la Sección termina mencionando el hecho de que las normas internas exigirán la investigación y juzgamiento, en caso de ser pertinentes.

Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional señala en su artículo 15, entre otras, lo siguiente:

3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite” (subrayado añadido)

“[N]o es posible extender los alcances de las funciones jurisdiccionales penales propias al territorio de otro Estado, sin contar con su consentimiento” (párr. 119).

El artículo 16 del mismo instrumento, por su parte, además de reiterar la posibilidad de no extraditar a los nacionales (en el caso colombiano en un contexto de transicionalidad bajo determinadas condiciones temporales) y de decir que las consideraciones sobre extradición y juzgamiento son aplicables a distintas conductas graves, incluso fuera del ámbito de aplicación del tratado, señala que los Estados pueden imponer condiciones de derecho interno a la extradición (lo que argumentó la Sección de Revisión, según consta en extractos que se podrán leer más abajo en el post). El artículo en cuestión dice, en apartados relevantes, lo siguiente:

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos […]

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.

10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento”.

Vale la pena mencionar que la Convención en cuestión estima, a sus efectos, que un delito es transnacional cuando:

a)  Se comete en más de un Estado; b)  Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

Adicionalmente, en un comunicado de prensa la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) resaltó la posibilidad de contribuir a la verdad, no repetición y reparación por parte de quienes participen en ella, lo que evidentemente apunta a la posibilidad de que Santrich contribuya a reparar a las víctimas de sus conductas en Colombia; y se remitieron cuestiones a órganos de control (disciplinarios y penales) colombianos para que investiguen la posible responsabilidad de agentes colombianos que habrían cometidos hechos ilícitos con su omisión en materia de asistencia judicial por la posible actuación estadounidense no autorizada en Colombia. La idea de que hay garantías para los investigados o acusados y exigencia de que no haya impunidad y si reparaciones, además de la indicación expresa que ha hecho un juez de la Sección sobre la posibilidad de apelar la decisión, buscan restablecer la confianza en la institucionalidad por parte de distintas partes y sectores.

Dejo a continuación algunos extractos relevantes de la decisión comentada:

“[L]a extradición depende de la voluntad soberana de los Estados, bien sea para someterse a lo dispuesto en instrumento internacional que regule la materia o para definir en su derecho interno las condiciones en las que la ejercerá” (párr. 133, subrayado añadido) […]

“Otro principio aplicable en esta materia es el Aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar) […] implica que el país que resuelva negativamente una solicitud de extradición, se encuentra compelido a juzgar a la persona requerida dentro de su aparato jurisdiccional […] El sustento de esa figura en el derecho internacional nace de la costumbre y de su inclusión en numerosos tratados” (párrs. 139-140).

“[C]on relación especial al respeto de este principio en el marco jurídico transicional, se debe resaltar que el artículo transitorio 19 constitucional impone que, en caso “[d]e que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final o cuando se trate de una conducta estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas y que hubiere tenido lugar antes de concluir este, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición” […] Es decir, en el Acto Legislativo No. 01 de 2017 se estableció que, de otorgarse la garantía bajo los supuestos allí explicitados, se negará la extradición, pero el asunto será conocido por la Sala de Reconocimiento, entonces, se trata de una aplicación contextual del aut dedere aut judicare” (párr. 145, subrayado añadido).

A %d blogueros les gusta esto: