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Por Nicolás Carrillo Santarelli

Hay un caso sui generis que puede generar precedente (sin stare decisis formal aunque quizá práctico, evidentemente) muy interesante desde las perspectivas jurídicas y política que acaba de plantearse por una denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a saber, si se violaron derechos humanos reconocidos en la región americana como consecuencia del presunto desconocimiento del rechazo a lo acordado en un comienzo entre el gobierno colombiano y las FARC, según se plasmó en el resultado negativo del plebiscito por la paz que se celebró en Colombia el año pasado, en tanto una mayoría (mínima) rechazó el acuerdo “final”. Aquella saga tuvo como un capítulo posterior la renegociación de algunos puntos entre los negociadores, que culminó con modificaciones que se introdujeron en el acuerdo verdaderamente final en noviembre de 2016, que según sus detractores fueron “cosméticas” y, a juicio de quienes lo apoyaron, tuvieron en consideración las razones del rechazo en el mecanismo de participación política directa e hicieron que el acuerdo “mejorase”.

El capítulo más reciente de aquella novela acaba de publicarse hace pocos días, con ocasión de la información sobre la interposición de una denuncia ante la CIDH por parte del Centro Democrático, un partido político de (¿centro?) derecha de oposición al gobierno Santos que ha cuestionado en numerosas ocasiones la negociación con las FARC. Según se informa en la propia página web de aquel partido, las razones que explican la denuncia son las siguientes:

“El partido Centro Democrático radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado colombiano por desacatar el resultado del plebiscito sobre el acuerdo Santos-Farc.

La colectividad considera que ni el Gobierno ni el Congreso ni la Corte Constitucional respetaron la voluntad soberana del pueblo, constituyente primario, que se manifestó el 2 de octubre del 2016″.

A continuación voy a hacer unas breves apreciaciones sobre la denuncia, por qué creo que el caso es sumamente interesante pero, probablemente (a mi juicio, claro está) no prosperarán las reclamaciones. Si bien se publicó una nota de prensa en la página web Pacifista entrevistando a algunos profesores de derecho internacional (incluyéndome) y preguntando nuestro parecer al respecto, la nota no refleja la totalidad (y en consecuencia, el sentido completo) de mis argumentos, que ahora presentaré.

Lo primero que es interesante mencionar es que, efectivamente, es posible que haya situaciones en las cuales el desconocimiento de los derechos de participación política constituya una violación de derechos humanos. Esto no sólo se desprende de los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que contempla, entre otros, el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”), 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos o 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que hay un derecho a “[p]articipar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

Además de la consagración de derechos de participación política en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH, vid. entre muchos otros pronunciamientos, su Opinión Consultiva OC-9/87) e instrumentos como la Carta Democrática Interamericana reconocen una interdependencia entre pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho y las garantías de derechos humanos. En la Opinión Consultiva 9 de la CorteIDH se menciona por ejemplo, que:

“La Corte ya se ha referido al Estado de Derecho, a la democracia representativa y al régimen de libertad personal y ha puntualizado cómo son consustanciales con el Sistema Interamericano y en particular con el régimen de protección de los derechos humanos contenido en la Convención […] En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.

Ahora bien, ¿se vulneran aquellos derechos si se desconoce lo expresado por los votantes? Yo creo que, en principio, sí desde un punto de vista sustantivo, porque precisamente hay un derecho de participar directa o indirectamente en asuntos públicos, según se prevé en las normas atrás transcritas, y si se ignora lo expresado por el pueblo, o se impide la participación a que se tiene derecho en el ordenamiento jurídico interno, se desconocería aquella garantía. De hecho, en el Sistema Europeo de Derechos Humanos ya ha habido pronunciamientos de la Corte en los que se protegen derechos de participación política, tanto así que su jurisprudencia incluso ha lidiado con controversias electorales (según se observa en esta nota o Guía de decisiones de la Corte sobre el artículo 3 del Protocolo 1 emitida por ella misma), teniendo en cuenta la voluntad libremente expresada por los electores. No puede entenderse de otra forma la afirmación de que “Decisions to invalidate an election must reflect a genuine inability to establish the wishes of the electors” (ver la Guía en el anterior hipervínculo).

Por otra parte, en el caso Matthews contra el Reino Unido, la Corte Europea de Derechos Humanos manifestó que:

“The Court must ensure that “effective political democracy” is properly served in the territories to which the Convention applies, and in this context, it must have regard not solely to the strictly legislative powers which a body has, but also to that body’s role in the overall legislative process […] The Court makes it clear at the outset that the choice of electoral system by which the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature is ensured – whether it be based on proportional representation , the “first-past-the-post” system or some other arrangement – is a matter in which the State enjoys a wide margin of appreciation. However, in the present case the applicant, as a resident of Gibraltar, was completely denied any opportunity to express her opinion in the choice of the members of the European Parliament. The position is not analogous to that of persons who are unable to take part in elections because they live outside the jurisdiction, as such individuals have weakened the link between themselves and the jurisdiction. In the present case, as the Court has found (see paragraph 34 above), the legislation which emanates from the European Community forms part of the legislation in Gibraltar, and the applicant is directly affected by it […] In the circumstances of the present case, the very essence of the applicant’s right to vote, as guaranteed by Article 3 of Protocol No. 1, was denied. It follows that there has been a violation of that provision”.

En consecuencia, podemos desprender las siguientes ideas del sistema europeo con base en las anteriores fuentes: no puede negarse de forma absoluta el derecho a cierta participación política en asuntos que afecten a los ciudadanos (cuando menos, pudiendo expandirse este derecho mediante su reconocimiento a los extranjeros en mayor o menor medida, lo cual tiene sentido en tanto están viéndose afectados por decisiones políticas en sociedades en las que viven, participan y contribuyen, razón por la cual defiendo esta idea cosmopolita), debe haber una participación (en un modelo representativo o de democracia directa) efectiva y se debe tener en cuenta la voluntad de los electores.

En consecuencia, en tanto finalmente se aprobó un acuerdo con las FARC y se le dieron efectos jurídicos, ¿dirá la CIDH (y, eventualmente, la CorteIDH) que se violaron derechos políticos como afirma el Centro Democrático? Lo dudo, por las siguientes razones.

En primer lugar, como dijo Adrian Low a propósito del Brexit (fuente del London School of Economics and Political Science) en el apartado “Denial of the proper factual basis of a right of free choice” de un artículo que escribió, “Democracy requires truthful campaigns and the quality of both Brexit campaigns was very poor”, y se ha cuestionado la campaña del Centro Democrático para promover el rechazo en el plebiscito por aparentes manipulaciones y mentiras en las que incurrió (otro tanto se dice sobre algunas campañas a favor del sí). En consecuencia, probablemente se dirá en la defensa jurídica del Estado que no se desconoció la voluntad popular.

De igual manera, con probabilidad se debatirá si los cambios introducidos en el acuerdo para su versión (verdaderamente) final, seguidas a ciertas consultas con algunos sectores de la oposición, hicieron que reflejase mejoras y modificaciones que reflejasen y atajasen razones y factores de la inconformidad reflejada en el resultado (por pocos votos y con alta abstención, la que suele estar presente en Colombia incluso en aspectos cruciales como el comentado). En el anterior sentido, el ministro del interior colombiano mencionó al periódico el Tiempo, a propósito de la denuncia ante la CIDH, que ella ““no tiene ningún asidero, porque el resultado se reconoció”. De acuerdo con el funcionario, prueba de ello es que el 24 de noviembre se suscribió un nuevo acuerdo que recogió buena parte de lo que los promotores del ‘No’ propusieron” (hipervínculo a la noticia). Y, quizá, incluso se comentará que el sistema político colombiano tiene diversas garantías y mecanismos de participación y revisión directa e indirecta, con lo cual se aludirá a la participación y los trámites parlamentarios y de control ejercido por la Corte Constitucional, tenida en buena estima en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Otra cuestión, no sustantiva, es la relativa al agotamiento de los recursos internos, y si se han surtido o no e incluso si existen en este caso de forma efectiva, como exige la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Evidentemente, como los órganos internacionales no pueden operar como una cuarta instancia, en lugar de examinar todos los argumentos de los órganos internos, en el proceso y la etapa regional se analizaría únicamente si se violaron garantías reconocidas internacionalmente con las decisiones (y/u omisiones) internas.

Además de las cuestiones formales y normativas, desde un punto de vista crítico y pragmático, no puede desconocerse el retraso procesal en el Sistema Interamericano (que trata de atajarse con diversas estrategias diseñadas por la CIDH, según se expresa por ella aquí). Con esto, una vez se examine eventualmente el fondo caso (si no hay desistimiento o solución amistosa y no se declara su inadmisibilidad) el acuerdo muy posiblemente sería un fait accompli, y pesaría (en una perspectiva realista judicial -y, por qué no, cuasi-judicial- o de policy approach) la consideración de que habría consecuencias serias si se trastoca el acuerdo en un proceso transicional ya medianamente consolidado en una sociedad tan convulsionada como la colombiana (aunque las decisiones en estos procesos no son ni mucho menos intocables en el Sistema Interamericano, según ha demostrado su jurisprudencia, como muestran los casos Gelman contra Uruguay y El Mozote contra El Salvador, lo cual demuestra que todos estos comentarios míos son, en últimas, especulaciones y opiniones (informadas, para evitar malentendidos en una era de la post-verdad).

Para concluir, he de decir que considero que este es un caso típico de Lawfare (no relacionado, o quizá en parte, con aspectos bélicos), donde un grupo o participante (estatal o no, siguiendo la idea de Rosalyn Higgins) que no puede obtener una victoria política determinada acude al derecho y el lenguaje y las ideas comunes que él construye con efectos expresivos, incluyendo al internacional cuando sus argumentos no son acogidos por autoridades locales, para buscar cambiar su suerte. Estos constructivismo y estrategia política no deben ignorarse.

septiembre 1, 2017

La Revista Latinoamericana de Derecho Internacional (LADI) tiene el agrado de anunciar el lanzamiento de su sexto número.

La Revista LADI se propone promover la discusión de temas de derecho internacional público, derecho comparado y derechos humanos, priorizando perspectivas teóricas, críticas e interdisciplinarias. Fue fundada por jóvenes graduados de la carrera de Abogacía de UTDT y está integrada por estudiantes de los últimos años de la carrera.

Los invitamos a visitar el nuevo número de LADI en: http://www.revistaladi.com.ar/ladi/numero-6/

El nuevo número incluye un dossier sobre derechos humanos e historia con cuatro artículos de especialistas en la materia con enfoques basados en distintas disciplinas (el derecho, la historia, la ciencia política y las relaciones internacionales).  Ellos son Samuel Moyn, profesor de derecho e historia en la Universidad de Yale; Stefan-Ludwig Hoffmann, profesor de historia en Berkeley; Lynn Hunt, profesora de historia en UCLA; y Juan Pablo Scarfi, profesor de relaciones internacionales en la UNSAM. Además, el número incluye un artículo de María Inostroza sobre la cuestión Malvinas y la obligación de negociar, y una entrevista al profesor Dino Kritsiotis

 

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Frente a la crisis venezolana, ante la cual los internacionalistas no podemos callar, se ha despertado una tardía y algo tímida reacción de Estados en la región, con la adopción de la Declaración de Lima o la suspensión de Mercosur, tras previos intentos en el marco de la OEA que fracasaron merced a estrategias basadas en la intimidación económica o a una perversa afinidad ideológica no exenta de doble moral en una región donde algunos son proclives a criticar (con toda justicia) los abusos de regímenes políticamente opuestos pero callan casi con complicidad ante los desmanes de otros. A aquellas iniciativas estatales se han sumado constantes condenas valientes (que generan shaming y efectos expresivos que legitiman protestas pacíficas internas en un contexto multi-nivel) del Secretario General de la OEA Luis Almagro y de ONGs como Human Rights Watch, de la CIDH, que recientemente adoptó medidas de protección a favor de la Fiscal General Ortega, y un pronunciamiento de expertos de la ONU que condena la comisión de torturas, detenciones arbitrarias y la “ruptura del Estado de derecho”, la que afecta derechos humanos en tanto existe una interdependencia entre éstos, las garantías y principios democráticos básicos, según dijo la CorteIDH en su Opinión Consultiva 9 y se sostiene en la Carta Democrática Interamericana.

Aquellas iniciativas, basadas en discursos que recurren al idioma común del derecho internacional y condenan la vulneración de la libertad, las torturas, las violaciones a la libertad de expresión y los derechos políticos, entre otras garantías menoscabadas, son un ejemplo de solidaridad y acciones en pos de la defensa de intereses jurídicos comunitarios supranacionales, según argumentó en su momento Antonio Cassese. No son sólo bienvenidas sino necesarias, toda vez que se han demostrado la inoperancia de los recursos internos, causada en parte por la erosión de la independencia judicial. Precisamente las normas internacionales sobre la protección de los seres humanos surgen tras la experiencia bélica y la constatación de la necesidad de normas mínimas comunes que reconozcan derechos con independencia de los vaivenes de las políticas y decisiones internas.

Sin embargo, el ejecutivo venezolano (que ha socavado al Parlamento y la división de poderes), y políticos de algunos países en la región, como Evo Morales y alguno colombiano, han cuestionado aquellas iniciativas al considerar que contravienen la no intervención, que ciertamente es un principio cardinal del derecho internacional (tiene por ejemplo un lugar prominente en el articulado y Preámbulo de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU sobre la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas). No obstante, sus acusaciones no coinciden con su sentido y alcance. En primer lugar, porque los principios generales del derecho internacional no sólo se refieren a la coexistencia, sino además a la cooperación; y no están en un vacío. Su interpretación ha de tener en cuenta otros elementos del derecho internacional (siguiendo la concepción de Dworkin), incluidos aquellos sobre derechos humanos, siguiendo un criterio de sistematicidad expuesto por la CDI, que reconoció el derecho de terceros Estados de denunciar abusos de intereses erga omnes (quedando dudas sobre la licitud de las contramedidas adoptadas por ellos, debate frente al cual veo la posible emergencia de una costumbre por la práctica y opinio juris crecientes, no exentas de críticas por otros como Rusia, que a su vez es un conocido abusador de garantías básicas), facultad a la que evidentemente se añade la posibilidad de adoptar medidas inamistosas o de retorsión como las referidas a rupturas de relaciones diplomáticas, que por ejemplo busquen aislar a un régimen percibido como autoritario y violador de derechos humanos para buscar promover un cambio en su conducta, lo cual es lícito e incluso loable. De hecho, al respecto acaba de anunciarse que Perú expulsó al embajador venezolano, como puede leerse en el comunicado oficial en este hipervínculo.

Adicionalmente, una postura teleológica permite observar que la no intervención protege, según expuso la CIJ en el famoso caso de Nicaragua contra los Estados Unidos de América, frente a la coerción (armada o no) sobre esferas en las que los Estados tengan una potestad decisoria libre, lo cual no se predica aquí en tanto los Estados no tienen la libertad de decidir si violan normas imperativas o de derechos humanos. La soberanía, como entendió en su momento la Corte Permanente de Justicia Internacional, supone el ejercicio de poderes con sujeción al derecho internacional. De hecho, en la concepción de la noción sostenida por Vattel (antes de su expresión en el artículo 8 de la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados) se argumentaba que la no intervención no supone una protección irrestricta a los gobernantes que abusen en perjuicio de los gobernados, según expresó Simone Zurbuchen -algo que conviene recordar en un época en la que no se debe considerar por un gobernante que ‘L’Etat c’est moi” y se habla de representatividad. Por estas razones, Myres McDougal criticó en la guerra fría la postura de algunos Estados que invocaban principios como el discutido para esconder abusos e ignorar otros componentes del derecho internacional. Si las autoridades venezolanas se empeñan en sus abusos y en ignorar el derecho internacional, pueden terminar enfrentándolo en juicios basados en la jurisdicción universal o penal internacional. La comunidad regional e internacional debe hacer algo, pues es inaceptable que persista una tragedia como la venezolana mientras el mundo, otra vez y a pesar de prometer infinitas veces que no lo hará, en gran medida calla. Los seres humanos han de ser el centro del derecho, no el Estado, pues para ellos ha de existir (como dijo Cançado Trindade en su voto a la OC-17de lege ferenda. Evidentemente, la fuerza, no sólo por su ilicitud sino además por sentido común, no es la vía, como bien insistieron hace poco representantes de Estados latinoamericanos en este caso frente a los más que inapropiados comentarios de Trump, pues puede empeorar las cosas (lo que, lamentablemente, siempre puede suceder) y generar violaciones adicionales; y cualquier sanción “inteligente” debe ser adoptada de forma tal que se garantice que no se menoscabarán el goce y ejercicio de derechos humanos de la población venezolana, siguiendo el acertado pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General número 8. Los internacionalistas, que según bien dijo Arnulf Becker Lorca en ocasiones hemos sido y podemos ser actores políticos (y estamos llamados a serlo) no podemos callar.

Como en la Guerra Fría

agosto 10, 2017

Por Ricardo Arredondo

En un episodio que parece un flash back a los mejores (o peores, según como quiera verse) momentos de la Guerra Fría, los Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos cubanos, como medida de retorsión, ante unos curiosos síntomas médicos que habría sufrido el personal diplomático estadounidense que cumplía funciones en Cuba. El evento ocurrió en mayo pasado pero recién fue conocido hoy (10 de agosto de 2017).

Este episodio, que se produce a menos de dos años de la apertura oficial de las embajadas en Washington y La Habana, se habría generado a partir de una “variedad de síntomas físicos” experimentados por los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en 2016, lo que forzó al Departamento de Estado a trasladar a los agentes diplomáticos de regreso a los Estados Unidos.

De acuerdo a información de prensa, proporcionada de manera anónima por un funcionario estadounidense, varios empleados del Departamento de Estado destinados a la Embajada en La Habana fueron repatriados con problemas de audición en los últimos meses. Se estima que la pérdida auditiva podría estar relacionada con dispositivos de sonido que emiten ondas inaudibles que pueden causar sordera y que habrían sido colocados en las residencias de los funcionarios estadounidenses (dentro o fuera de ellas). Los investigadores consideran la posibilidad de que un tercer país, “como Rusia”, estuviera detrás de los “incidentes”.

La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmó que, como consecuencia de que algunos agentes diplomáticos estadounidenses tuvieron que dejar Cuba por razones de salud, el Gobierno de Estados Unidos “solicitó” a dos funcionarios cubanos que abandonaran territorio estadounidense, cosa que hicieron. Si bien los “incidentes” se reportaron en 2016, la expulsión tuvo lugar el 23 de mayo de 2017, debido al tiempo que habría demandado la investigación, que requirió exámenes médicos a los diplomáticos.

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo a la cadena CNN que los hechos apuntan a que no se trató de un caso de espionaje, sino de “un ataque” y reiteró que un tercer país podría estar involucrado.

Por su parte, el gobierno cubano, en un comunicado, negó “categóricamente” haber permitido que su territorio fuera utilizado para “cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos y sus familias” y ofreció su colaboración para esclarecer los “incidentes”. Al respecto, las autoridades cubanas crearon un comité interinstitucional de expertos para el análisis de los hechos; ampliaron y reforzaron las medidas de protección y seguridad a la sede, su personal y las residencias diplomáticas; y habilitaron nuevos canales de comunicación directa entre la Embajada estadounidense y el Departamento de Seguridad Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

La falta de un sistema de sanciones para los casos de incumplimiento o diferencias de interpretación o aplicación de las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) de 1961 constituye una laguna legal en la Convención. Por ello, para los casos de incumplimiento, los Estados recurren a medidas de retorsión como la mencionada, en una especie de “reciprocidad negativa” que estaría implícita en el artículo 47, inciso 2° a) de la CVRD.

Cabe recordar que en casos en que puede producirse un abuso de las disposiciones de la Convención, el derecho internacional no permite el recurso a las represalias. Así lo entendió la Corte Internacional de Justica (CIJ), en el asunto relativo al “Personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán (Estados Unidos c. Irán) (1980). La única medida al alcance de los Estados será la retorsión, que en el derecho diplomático tomará la forma de llamada a consulta, nota de protesta, declaración de persona non grata, reducción del personal diplomático o la transformación de la misión, para mencionar algunas y, de producirse una situación crisis mayor, la suspensión de la misión diplomática hará las veces de solución.

Este episodio pone a la luz nuevamente la inexistencia de un conjunto exhaustivo de normas secundarias en el derecho diplomático, lo que hace no pueda ser considerado un régimen autónomo o autocontenido.

Hasta finales de agosto. Recomiendo el artículo de Fleur Johns (@FleurEJ ), es fantástico.

https://www.cambridge.org/…/1A9B0676FB63662BD85A2D835F26B60B

Comparto mi prólogo al flamante libro de Nicolás Carrillo Santarelli Direct International Human Rights Obligations of Non-State Actors: A Legal and Ethical Necessity. Me  estoy especializando en prólogos de una página.

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Foreword

In a world where individuals may launch global cyber attacks, transnational corporations may affect the most basic rights of indigenous communities, and powerfully armed terrorist groups may take the lives of innocent people wherever, it is impossible not to recognize that the acts of non-State actors can vastly affect the exercise of human rights. The expansion of the full efficacy of international human rights obligations is nevertheless still generally limited by international law, which usually defines human rights obligations as falling only on States. The grounds for this restriction stem from different sources, but the limitation has its particular basis on a certain conception of international law sustaining that States were and remain its most relevant subjects. These approaches explain in part why, for example, as Judge Crawford would put it, the law of personality and recognition ‘is still a law of exclusion, not participation’ in the international legal system. Moreover, supporters of this classic approach of international law and human rights affirm that expanding human rights obligations beyond the State will trivialize these rights and, most importantly, will confer non-State actors a legitimacy that should be preserved only for the State.

This book is an act of passion in which Nicolás Carrillo Santarelli uses his indefatigable intellectual power to attack the idea that only states can be held responsible for the breach of international human rights obligations. The author joins a tradition that goes back to Hersch Lauterpacht’s International Law and Human Rights, envisaging already in 1950 a protection for all human beings against a human rights violation ‘from whatever source it may originate’, and reaches a summit with the publication in 2006 of Andrew Caphlam’s Human Rights Obligations of Non-State Actors, defending that ‘human rights are entitlements enjoyed by everyone to be respected by everyone’.

In a style that bears a resemblance to that of Judge Cançado Trindade, Nicolás Carrillo Santarelli takes this argument to its limits, sustaining that reasons of justice, ethics and law require the imposition of direct human rights obligations and responsibilities on non-State actors. The author builds his thesis on a radical idea of human dignity and a broad prohibition of discrimination under the law. His endeavor, however, is not limited to a thorough doctrinal study: the second part of the book is committed to the analysis of the legal mechanisms and institutions concerned with the goal of giving total efficacy to international human rights, including proper reparations to the victims of human right violations by non-State actors, and not just States.

I have seen the evolution of this book from its origins as a doctoral thesis project presented at the University Autónoma of Madrid. Throughout years of hard work and untiring scholarly discussions, Nicolas Carrillo Santarelli has developed his argument with determination, an extreme care and an enormous amount of serious research. He has put his reason to work for his passion to realize the protection of human rights from any kind of breach, whatever its source, achieving an extraordinary academic monograph.

Un vídeo sobre el trabajo de Arquitectura Forense (Forensic Architecture). Si tienes la suerte de estar o ir a Barcelona, en el Macba se puede ver su trabajo hasta el 15 de octubre de 2017.

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