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Por Ignacio Perotti Pinciroli

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abierto la convocatoria hasta el 10 de septiembre para que Estados, universidades, clínicas de derechos humanos, ONG’s, personas individuales, organizaciones internacionales y, en general, toda persona interesada, presente observaciones al pedido de opinión consultiva formulado por Colombia el 6 de mayo pasado.

El temario presentado por Colombia en su solicitud –con una razonada introducción y materializado en tres preguntas– es por demás candente en la Latinoamérica de nuestros días: los efectos de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), del eventual retiro de un Estado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las obligaciones del resto de los Estados en relación con la protección de los derechos humanos en el Estado denunciante –la solicitud oficial aquí–. Sobre las dos primeras cuestiones se ha hablado mucho en los últimos años, sobre todo por la denuncia de la CADH que hizo Venezuela en 2012 y por su retiro de la OEA, proceso que comenzó en 2017 y que –lamentablemente– fue concretado por el gobierno de Maduro hace unos meses.

Sin embargo, la tercera pregunta –que Colombia define como “el corazón de la Solicitud de Opinión Consultiva”–, resulta muy interesante: “¿A qué mecanismos de protección internacional de derechos humanos pueden acudir las personas sujetas a la Jurisdicción del Estado denunciante?”. Algunas páginas más adelante, el Estado aclara el sentido de esa consulta puntual y remarca lo siguiente:

“(…) se indaga si los mecanismos de protección del Sistema Interamericano, en especial la CIDH, están legitimados para seguir actuando con respecto a un país que se pone en la situación descrita, así como qué otros mecanismos prácticos ofrece el derecho internacional general, tanto a los Estados como a los particulares, para hacer exigibles y hacer efectivas las obligaciones jurídicas internacionales que dicho país pueda tener, aun a pesar de que haya dejado de ser parte en la Convención y que haya intentado o esté intentando retirarse de la OEA (Numerales 2 y 3)”.

La gravísima crisis humanitaria y las sistemáticas y masivas violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela ya no se discuten (o eso al menos me gustaría creer a esta altura). La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU –la ex presidenta chilena Michelle Bachelet– acaba de realizar una visita oficial el Estado y denunció enfáticamente que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria” –la declaración oficial puede verse aquí–. Lo que creo no está para nada claro hoy por hoy es qué hará la comunidad internacional –y sobre todo, cómo lo hará– para que los habitantes de Venezuela empiecen a salir de la gravísima situación humanitaria en la que se encuentran.

Colombia en ningún momento menciona a Venezuela en la solicitud. No hace falta: Venezuela está presente no sólo en la agenda latinoamericana sino en la de gran parte de la comunidad internacional. La consulta de Colombia es de un gran interés y además algo que muchos nos preguntamos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para proteger los derechos humanos de quienes sufren situaciones atroces y que –desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos– están cada día más desprotegidos? El debate seguramente estará cruzado por cuestiones jurídicas complejas y sobre las que, como siempre, habrá opiniones divergentes –por ejemplo, las tensiones entre soberanía estatal y el principio de no injerencia, las normas de jus cogens y las obligaciones de los Estados, etc.–.

Tengo mis dudas sobre si la Corte IDH dará una solución categórica a la última parte de la consulta, incluso porque no sé hasta qué punto una eventual respuesta a la última pregunta escaparía a su propia competencia. De todas maneras, me parece una discusión jurídica interesante para una OC, que podría aportar una interpretación unificada sobre los alcances del Sistema Interamericano en este tipo de situaciones. Sobre lo que no puede haber dudas es que cualquier intento para dar solución –dentro de un marco democrático– a situaciones de graves violaciones a derechos humanos es loable, en especial en aquellos Estados que se retiran de los mecanismos de protección. La única certeza será entonces cumplir con los imperativos de derecho internacional y derechos humanos que hemos estado construyendo en el mundo durante el último siglo.

Más información sobre el amicus aquí.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Estoy de acuerdo con la decisión que acaba de publicar la Corte Internacional de Justicia, en un caso en el que los EAU justifican acciones graves contra su vecino, resaltándose a mi parecer en la situación la importancia de lo dicho en la observación general 8 del Comité DESC de la ONU sobre la “Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos
económicos, sociales y 
culturales“.

En síntesis, la Corte considera que las cuestiones sobre lis pendens o una via referentes a la presunta duplicidad procesal resultante del caso que Qatar presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial serán resueltas de forma más apropiada en la etapa de fondo y no en la referente a medidas cautelares (párr. 25 de la orden comentada). Por otra parte, aún recordando que ya se dijo a las partes en la controversia que la CIJ les ordenó no agravarla (párr. 29), la Corte emitió una curiosa opinión al decir que las órdenes de este tipo no pueden emitirse de forma autónoma o aislada sino únicamente en conexidad con órdenes de la adopción de medidas destinadas a proteger derechos, pronunciamiento quizás discutible (aunque algunos quizás pueden decir que la orden de evitar escalamientos muchas veces lleva aparejada la potencial protección de derechos, aunque no siempre será así, como refleja la presente orden). El párrafo en cuestión es el 28, y en él se dice lo siguiente:

“As to the third and fourth measures requested by the UAE, which relate to the non-aggravation of the dispute, the Court recalls that, when it is indicating provisional measures for the purpose of preserving specific rights, it may also indicate provisional measures with a view to preventing the aggravation or extension of a dispute whenever it considers that the circumstances so require. Such measures can only be indicated as an addition to specific measures to protect rights of the parties (see, for example, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 23 January 2007, I.C.J Reports 2007 (I), p. 16, paras. 49-51). With regard to the present Request, the Court has not found that the conditions for the indication of specific provisional measures are met and thus it cannot indicate measures solely with respect to the non-aggravation of the dispute” (subrayado añadido).

Por Ignacio Perotti Pinciroli, candidato a Doctor en Derecho, UAM.

La semana pasada tuve el honor de participar como juez en la tercera edición de la Competición de Litigación Internacional que organizan anualmente la Universidad de Alcalá de Henares (España) y la Universidad Militar de Nueva Granada (Bogotá, Colombia). Este joven moot court –cuya primera edición se realizó en 2017– tuvo una vez más una gran convocatoria: 17 equipos provenientes de México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y España se dieron cita en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá para presentar sus alegatos orales ante una simulada Corte Interamericana de Derechos Humanos. La competencia reunió a más de 100 personas, entre miembros de los equipos, jueces, auxiliares de Corte, observadores y de la organización. En la edición de este año, el eje temático del caso hipotético fue la gestación por sustitución, tema que además de presentar enjundiosos debates éticos y jurídicos, tiene un escaso desarrollo jurisprudencial de los tribunales internacionales.

Créditos: Sergio Muñoz, para Universidad de Alcalá.

Si bien hace varios años que participo en este tipo de certámenes, dos aspectos me causaron una gran satisfacción de mi intervención en el moot court de Alcalá. La primera se relaciona con un aspecto sumamente novedoso que –hasta donde sé– no cuenta otra competición: si bien se lleva a cabo en un país de Europa, la competencia se ensambla en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no en el Sistema Europeo. Por una parte, creo que esto genera un fructífero ejercicio práctico –a la vez que un gran desafío– para aquellos participantes cuya formación en Derecho Internacional no ha logrado profundizar en el sistema regional americano. Con mucho agrado pude escuchar a estudiantes de Islas Canarias, Sevilla, Madrid y Alcalá citar y explicar, con autoridad y buen conocimiento, la jurisprudencia de la Corte IDH, como así también los informes temáticos o de fondo de la CIDH.

Pero fundamentalmente, a través de la palabra de los litigantes, se pudo apreciar también un maravilloso diálogo entre los sistemas jurídicos de ambos continentes, esa anhelada interacción entre sistemas –y en especial entre cortes– sobre la que tanto reflexionamos, discutimos y escribimos pero que, como sabemos, poco se concreta. Tal vez este tipo de actividades académicas, que contribuyen enormemente a la formación de futuros profesionales del derecho internacional y de los derechos humanos, sirva para apreciar la enorme necesidad de un derecho internacional más dialógico y menos verticalista. Un derecho internacional que se nutra de experiencias distintas, de otras formas de pensar críticamente los grandes debates en el ámbito de los derechos humanos.

La otra cuestión que me causó una gran alegría es un poco más personal que la primera. A medida que avanzaban las jornadas de la competencia, en los pasillos de la UAH resonaba con fuerza que el equipo de la Universidad Nacional de Cuyo –ubicada en Mendoza (Argentina) y en la que pasé más de una década como estudiante y docente– se posicionaba como uno de los favoritos. El equipo de “los de Cuyo”, como se los mencionaba, en referencia a la región del oeste de Argentina donde la universidad tiene su sede, ya había resultado ganador del premio a mejor memorial y seguía su paso entre los más destacados. Finalmente, el equipo mendocino –integrado por los estudiantes Alan Santibañez y Sabrina Pojmaevich, con María Emilia Corral como entrenadora– consiguió su lugar en la gran final, junto al equipo de la Universidad Marista de Mérida (México).

La etapa final se llevó a cabo el viernes pasado y tuvo como escenario el bellísimo Paraninfo del Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, edificio histórico del siglo XVI que, además de haber sido foro de importantísimos eventos, es el lugar de la entrega anual del Premio Cervantes. Si bien ambos equipos realizaron un gran trabajo, la UNCuyo se alzó con el trofeo del primer lugar de la competencia: una estatuilla de un meditabundo Don Quijote. Para coronar, Sabrina Pojmaevich también obtuvo el premio a mejor oradora. Quienes conocemos las enormes dificultades de las universidades públicas latinoamericanas para afrontar este tipo de actividades formativas sabemos que sin dudas el sabor de la experiencia y del reconocimiento es aún mayor. En definitiva, y como dicen aquí en España, ¡Enhorabuena, Cuyo!

La División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas agregó recientemente la siguiente conferencia al sitio web de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: “Tribunales ad hoc y legado para el Derecho Penal Internacional” (en castellano) por la Sra. Michelle Reyes Milk.

La Biblioteca Audiovisual también está disponible como un podcast, al que se puede acceder a través de las aplicaciones preinstaladas en los dispositivos de Apple o Android, a través de Soundcloud o a través de la aplicación de podcast de su preferencia buscando “Audiovisual Library of International Law”.

Leo en un post del ECHRBLOG que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha publicado un documento sencillo y útil sobre cómo buscar y comprender su jurisprudencia. Está en varios idiomas y en el siguiente vínculo se puede leer o descargar la versión en español: https://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_SPA.pdf

Por Nicolás Carrillo Santarelli

En una opinión del juez que ha sido publicada, y tiene relevancia en contextos de transición, entre otros, el juez Antoine Mindua dijo lo siguiente:

“39. Many other factors may weigh in favour of a decision not to prosecute on the basis of the ‘interests of justice’. Among them, we have procedural considerations such as the rights of the accused for a fair trial,37 the necessity of peace negotiations or an alternative justice mechanism,38 the limited availability of human and financial resources,39 State cooperation constraints,40 the complementarity and admissibility issues and the existence of a State duty to prosecute,41 security concerns, etc. It is then obvious that the ‘interests of justice’ could not be confined only to legal considerations stricto sensu”.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de ayer leí dos documentos muy recientes e importantes en los que la Comisión de Derecho Internacional y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos se ocupan, respectivamente, del jus cogens (tema que siempre me ha apasionado, y sobre el cual escribí mi primer libro) y aspectos de género, respectivamente.

Entre los aspectos que me han llamado la atención de los textos, resalto, entre otras, la idea de que el derecho imperativo se puede formar no sólo vía consuetudinaria sino, además, convencional y por medio de los principios generales del derecho (artículo 5 del texto del borrador de las conclusiones de la Comisión) y que la contradicción entre el derecho imperativo y una norma dispositiva no acarrea la anulación de esta última cuando la oposición no es absoluta sino dependiente de una interpretación concreta, que deberá desestimarse. Sobre estos temas, el texto de la CDI dice lo siguiente:

“Draft conclusion 5
Bases for peremptory norms of general international law (jus cogens)

1. Customary international law is the most common basis for peremptory norms of general international law (jus cogens).

2. Treaty provisions and general principles of law may also serve as bases for peremptory norms of general international law (jus cogens)”.

“Draft conclusion 20 [10(3), 17(2)]
Interpretation and application consistent with peremptory norms of general international law (jus cogens)

Where it appears that there may be a conflict between a peremptory norm of general international law (jus cogens) and another rule of international law, the latter is, as far as possible, to be interpreted and applied so as to be consistent with the former”.

Las anteriores ideas (sobre fuentes y consecuencias de la contradicción) coinciden con lo que expresé en un artículo publicado en la UAM y en mi libro.

Ahora bien, sobre el documento referente a las empresas y los derechos humanos, valoro mucho por el potencial de transformación social y reivindicación, y el impacto concreto sobre muchas personas, de lo expresado en el principio rector 11 del documento sobre dimensiones de género de los Principios Rectores del Grupo de Trabajo, en el que se dice lo siguiente:

(i) Business enterprises should take steps to respect the sexual and reproductive health and rights of women, for example, by providing paid parental leave, offering flexible work hours or work-from-home options for new parents, and providing breastfeeding rooms at work. Business enterprises should also cease the practice of mandatory pregnancy testing”

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