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El mes pasado, el 7 de abril, falleció la profesora Hortensia Gutiérrez Posse, uno de los pilares docentes del derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su amor y dedicación a la docencia fueron admirables. Siempre me impresionó su elegancia, tenía un porte aristocrático.

No estudié el curso general de derecho internacional en su cátedra. La pasión por esta materia la encontré en las clases de la profesora Mónica Pinto, otro de los pilares docentes del derecho internacional –explicaba los temas más complejos con una sencillez asombrosa, la escuchábamos como a una especie de oráculo, como seguramente seguirá ocurriendo en la actualidad. Pero después, en 1987, tuve la suerte de participar como alumno en un seminario que Hortensia Gutiérrez Posse dirigió junto al querido profesor Roberto Moncayo sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua v. EE.UU.), de 27 de junio de 1986. Hay que imaginar bien el momento: para un estudiante interesado en el Derecho internacional, esa sentencia fue como un rayo de luz, se dictaban poquísimas sentencias internacionales y, además, esta era una de las que marcaban una época. Ese seminario fue para mí inolvidable por la oportunidad de estudiar esa decisión guiado por dos grandes maestros. Elegí escribir sobre el embargo comercial como forma de intervención en los asuntos internos de otros Estados y ese escrito se convirtió en mi primer artículo publicado en la revista Lecciones y Ensayos, con un sentido reconocimiento a mis profesores.

¡Muchas gracias Hortensia!

DEP

El miércoles 13 de mayo tendré el honor de estar conectado a través de la plataforma virtual de la Universidad de Mendoza para hablar de la respuesta y los desafíos para el derecho internacional ante la pandemia. Será casi como hacer un viaje. A las 6 de la tarde en Mendoza; un horario de película en Madrid. Para participar sólo hay que mandar un correo solicitando la inscripción.

Cambridge, Mathematical Bridge, 2018.

Por Francisco José Quintana*

Toda jurista especializada en el área tiene ensayada una respuesta a la pregunta: “¿qué es el derecho internacional?” En muchos contextos, pocas preguntas resultan más trilladas. Sin embargo, el tedio que puede provocar la pregunta —y algunas respuestas—, y la ironía con la que la deslizan algunos escépticos desde otras disciplinas marcan un contraste casi absoluto con la urgencia que presenta para muchos de nosotros. La mayoría de las veces, es cierto, la ansiedad la presenta en forma adaptada: ¿para qué sirve el derecho internacional?, ¿es una herramienta útil para determinado propósito?, ¿cómo debemos estudiarlo o ejercerlo?, ¿cuáles son sus efectos y cómo podemos defendernos?, ¿cuáles son los costos de utilizarlo en función de esta estrategia y de aquél modo?

Responder estas preguntas exige el esfuerzo y la sofisticación que caracterizan a una parte relevante del ejercicio profesional y el estudio del derecho internacional. Pero, tras discutirlas en diversas ocasiones con mi colega Marina Veličković, coincidimos en que exigen también otras cualidades, entre ellas: honestidad intelectual, introspección y diálogo. Estas preguntas tienen mucho más que ver con nuestras identidades y con el debate sobre la construcción de alternativas institucionales que con las perspectivas exclusivamente doctrinales y presuntamente neutrales con las que a veces se las aborda. Desde este punto de partida, decidimos organizar en el Lauterpacht Centre for International Law una serie de conversaciones sobre la academia jurídica, la participación política y el potencial transformador del derecho internacional. Las conversaciones están abiertas al público en general, cuentan con un/a jurista invitado/a, y se concentran en un tema, concepto o método y en su relación con movimientos políticos, luchas y márgenes. El formato es sencillo: los organizadores realizamos algunas preguntas y luego le pasamos la responsabilidad al público. Terminado el evento, la conversación continúa más informalmente en una recepción. El objetivo es lograr un diálogo plural, profundo y horizontal. Por esto, agradezco mucho la invitación de Carlos a escribir sobre esta serie y, a continuación, abordo los temas conversados en las dos sesiones que celebramos antes de la interrupción por la tragedia del coronavirus. Mi motivación no es tanto narrar eventos que se desarrollaron en otro tiempo y lugar, sino continuar el diálogo a través de este foro.

Método y política: una conversación con Gerry Simpson

En nuestra primera conversación recibimos a Gerry Simpson para explorar cómo diferentes métodos de investigación y formas de emplearlos amplían y restringen espacios de participación política. Nuestro punto de partida fue la creciente literatura interdisciplinaria en y alrededor del derecho internacional. Nos concentramos en el “giro histórico” en el derecho internacional, concepto que refiere al renovado interés académico —originado hacia el final de la década de 1990 — por revisar críticamente la historia de las estructuras, instituciones, figuras y prácticas del derecho internacional. Algunos trabajos del propio Simpson — junto a otros de autores como Antony Anghie, Martti Koskenniemi y Liliana Obregón — son a menudo identificados como el punto de inflexión que marca este giro.

El giro histórico — como ha argumentado quizás de forma más poderosa Anne Orford — ha tenido tanto potencial crítico como efectos conservadores. Por ejemplo, a los TWAILers —los académicos que se identifican con las “Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional”, mejor conocidas por sus siglas (en inglés) TWAIL (Third World Approaches to International Law)— la historia les ha permitido exponer la co-constitución entre el derecho internacional y el imperialismo. A la vez, algunas de estas historias críticas fueron luego denunciadas por historiadoras como “anacrónicas” y excesivamente preocupadas por el presente. Estos debates son académicos, pero también políticos y personales, y por eso conversamos con Simpson sobre su experiencia trabajando en el área de la historia del derecho internacional — desde su influyente monografía Great Powers and Outlaw States (2004) hasta su flamante (y muy esperado) volumen International Law and the Cold War (2019) co-editado con Matthew Craven y Sundhya Pahuja.

Simpson contó que cuando escribió “Great Powers and Outlaw States”, a comienzos de la década de 2000, no había demasiada reflexión acerca del método histórico en el derecho internacional. De hecho, si bien concibió al libro como una contribución interdisciplinaria y no estrictamente jurídica, explicó que no se imaginó dialogando especialmente con la historia, sino con las relaciones internacionales. En ese momento —reveló— su perspectiva estaba influenciada por la búsqueda de una disciplina en la que apoyarse para buscar respuestas a preguntas que el derecho internacional no parecía interesado siquiera en plantearse.

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Uno de las consecuencias de las medidas para luchar contra la expansión de los contagios por coronavirus es la proliferación de seminarios virtuales, en los que podemos participar desde nuestras casas. Publico este ciclo de tres charlas que me llega de la mano de Juan Pablo Scarfi, autor del importante libro The Hidden History of International Law in the Americas y desde hace poco profesor en la Universidad San Andrés (Buenos Aires). La primera de una serie de tres conferencias ya tuvo lugar hace unos días, pero pronto se abrirá la inscripción para las dos restantes, que prometen ser muy interesantes. Dejo aquí una breve descripción y una dirección de contacto.

En los últimos veinte años, la historia global comenzó a establecerse como un nuevo sub-campo dentro de la historia y tuvo un gran impacto sobre otras disciplinas en las humanidades y las ciencias sociales. La historia global ganó mayor protagonismo y relevancia desplazando en cierta medida las historias nacionales y los enfoques estado-céntricos. La historiografía de América Latina mantuvo una relación ambigua con estas transformaciones. Este ciclo se propone abrir y profundizar el debate en torno a las oportunidades y desafíos que presenta la historia global para pensar y repensar la historia de América Latina y las tensiones y convergencias entre lo nacional, lo regional y lo global en el contexto actual.  Tres conocidos especialistas participarán con los integrantes del Taller y otros invitados locales en reuniones sucesivas, a realizarse de manera “virtual”, para discutir estos temas:
 
1er encuentro: Sebastian Conrad (Freie Universität Berlin), “Global History: Opportunities and Challenges” –  Viernes 24 de abril 2020.
2do encuntro: Jeremy Adelman (Princeton University), “What is Global History Now?: Implications for Latin America” –  Viernes 15 de mayo 2020.
3er encuentro: José Moya (Columbia University), “Migration and the Historical Formation of Latin America in a Global Perspective” – Viernes 5 de junio 2020.
Todos a las 11 horas de Argentina (UTC-3).

Información en posgradoshistoria@udesa.edu.ar y la inscripción en udesa.edu.ar

Por Eulalia W. Petit de Gabriel – Universidad de Sevilla

Como ha subrayado el Secretario General de las Naciones Unidas en un informe en abril de 2020 sobre COVID-19, uno de los efectos mediatos de la pandemia es la afectación de derechos fundamentales individuales y, consiguientemente, su repercusión en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados para la protección de los derechos humanos. España no es excepción.

A nivel interno, en España se han alzado ya algunas voces y se han iniciado actuaciones procesales cuestionando la legalidad y convencionalidad de las iniciativas del Estado durante la pandemia por eventual vulneración de los derechos fundamentales.

Algunos instrumentos convencionales del Derecho internacional de los derechos humanos prevén la posibilidad de derogación de derechos en circunstancias graves como las presentes. Así, entre otros, el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) permite la derogación de parte de los derechos en “caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación”, con excepción de los llamados inderogables. La obligación de notificar las derogaciones ha sido objeto de análisis reciente (“A Domestic Court’s Attempt to Derogate from the ECHR on behalf of the United Kingdom: the implications of Covid-19 on judicial decision-making in the United Kingdom“, en ejiltalk.org, 9.4.2020; “To Notify or Not to Notify: Derogations from Human Rights Treaties“, en opinioiuris.org, 18.4.2020). El propio TEDH cuenta con una guía de jurisprudencia relativa al artículo 15, actualizada a final de 2019, a la que ha sumado en abril de 2020 una nota –ni vinculante ni exhaustiva– relativa a la derogación de derechos en tiempos de emergencia.

“España no ha formulado ninguna notificación de derogación de derechos al Consejo de Europa”.

España, a diferencia de un grupo de nueve Estados miembros del Consejo de Europa (Albania, Armenia, Estonia, Letonia, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Rumanía y Serbia), no ha formulado ninguna notificación de derogación de derechos. En cambio, y como una medida casi sin precedentes en nuestro país, El Gobierno ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo). Esta norma incluyó entre sus disposiciones la limitación de algunos derechos.

La actual declaración del estado de alarma se enmarca en la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta norma permite la suspensión de los derechos referidos en el  artículo 55.1 de la Constitución, para los supuestos de estado de excepción (derecho a la libertad y la seguridad, excepto las garantías de la detención, que no pueden ser suspendidas; la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, la libertad de movimiento, la libertad expresión y de prensa, el derecho de reunión, el derecho de huelga y las medidas de conflicto colectivo) y de sitio (todos los anteriores y además, las garantías jurídicas de la detención). Esta suspensión es el equivalente al término usado por el artículo 15 CEDH al referirse a la “derogación”.

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Ricardo Arredondo

Como consecuencia de la “pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)”[1], la comunidad internacional está enfrentando una crisis transcendental que probablemente va a generar mutaciones significativas en el orden internacional tal como lo conocemos. La pandemia ha venido a recordarnos de manera clara e incuestionable la vulnerabilidad de las personas y del planeta ante las amenazas globales.

Como señalaba hace unos días en Clarín, esta crisis ha contribuido a acelerar las debilidades del multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. No se trata de una situación generada por el coronavirus, sino de algo que ya venía gestándose desde hace muchos años y que la pandemia ha precipitado.

La respuesta a la pandemia ha sido variada, desde Estados que se han replegado sobre sí mismos, buscando soluciones individuales (v.g. Estados Unidos y Turquía[2], por mencionar solo un par) a otros que se han mostrado solidarios y han ofrecido cooperación (v.g. China, “la diplomacia del barbijo”).

En América Latina, los gobiernos de la región han adoptado soluciones diversas frente a una crisis más profunda y larga que la que los pronósticos anticipaban. Una mirada hacia el vecindario, permite observar que el Mercosur ha adoptado ciertas medidas formales, tales como Declaración de los presidentes de los Estados Miembros del MERCOSUR de 18 de marzo por la que se instruyó a los órganos del MERCOSUR para que continúen trabajando y avanzando en la agenda de integración y realicen esfuerzos de coordinación y superación de obstáculos en materia de comercio y transporte entre los Estados Partes, y la iniciativa para combatir el coronavirus, que aprobó un fondo de reserva de US$ 10 millones para combatir la pandemia[3]. Asimismo, en la reunión de los Coordinadores del Mercosur, del 20 de abril, se evaluó el impacto de las políticas sanitarias y comerciales en el contexto del COVID-19 y se acordó darle un marco legal a las videoconferencias para agilizar el funcionamiento del organismo.

Sin embargo, como señalaba el ex embajador argentino ante el Brasil, Juan Pablo Lohlé, la rivalidad ideológica y de posición frente al coronavirus ha impedido una coordinación sustancial entre la Argentina y Brasil. Esta falta de afinidad entre los Gobiernos de la región generó un “déficit de vínculos en un momento de emergencia”, que es necesario superar.

El 24 de abril, en el marco de una reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo, el representante argentino, Jorge Neme, comunicó la decisión del gobierno nacional de suspender la participación de la República Argentina en los diferentes procesos de relaciones externas que lleva adelante el bloque. Con la excepción expresa de los acuerdos ya firmados, aunque aún pendientes de entrada en vigor, con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que integran Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia; la Argentina manifestó su decisión de no continuar participando de los procesos negociadores en curso con Corea del Sur, Singapur, Líbano y Canadá y en los por iniciarse, como con la India, entre otros.

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Por Nicolás Carrillo Santarelli

Leí hace ya un tiempo un interesante artículo en el que se defiende una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia que ha resultado ser muy polémica y objeto de debates jurídicos, sumándose la opinión allí vertida a estas discusiones. Un aspecto que me llamó la atención es la siguiente, y discutible (y que discuto) aseveración que hace su autor, en el sentido de que:

“[L]os ataques contra objetivos militares no pueden realizarse si el daño colateral a los civiles es excesivo con respecto a la ventaja militar esperada. Esta última prohibición solo aplica para conflictos armados internacionales, y no constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales” (subrayado añadido).

Pues bien, lo anterior no es cierto. Miremos, sin más, a lo que ha afirmado el Comité Internacional de la Cruz Roja en cuanto al derecho internacional consuetudinario:

“Conflictos armados no internacionales

Aunque el Protocolo adicional II no contiene ninguna referencia explícita al principio de proporcionalidad en el ataque, se ha sostenido que es inherente al principio de humanidad, el cual se hizo explícitamente aplicable al Protocolo en su preámbulo y que, por ello, no puede ignorarse el principio de proporcionalidad en la aplicación del Protocolo.[16] Este principio se ha incluido en un instrumento de derecho convencional más reciente aplicable en los conflictos armados no internacionales, concretamente en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[17] Se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[18] […] El CICR ha recordado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, su deber de respetar el principio de proporcionalidad en el ataque [26]” (subrayado añadido).

Además de lo anterior, tras un debate que mantuvimos sobre estas ideas, surgió un debate sobre la posibilidad, o no, de castigar penalmente conductas no tipificadas en el derecho interno. Desde la perspectiva del derecho internacional, cuando hay violaciones de derechos humanos graves, el Estado tiene, en virtud de su deber de garantía, la obligación de investigar y responder adecuadamente a aquellas conductas, no siendo excusa alguna el decir que no hay norma interna que permita hacerlo (recordemos que el derecho interno no puede invocarse para desconocer compromisos convencionales ni para excluir la ilicitud internacional de una transgresión normativa).

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