Burtinsky_Shipbreaking_Chittagong_Bangladesh_2000

Cuando escriba un libro sobre fotografía y derecho (internacional) dedicaré el capítulo sobre derecho del medio ambiente a alguna foto de Ed Burtinsky. Es un fotógrafo canadiense que fotografía lugares del planeta donde se aprecia crudamente la huella industrial. Las imágenes son impresionantes. Suelen ser fotos tomadas desde gran altura y al espectador le cuesta a veces imaginar cómo ha podido lograr esas perspectivas. La foto que acompaña este post esta tomada en Chittagon, Bangladesh, en el año 2000. Es la sede de una de las principales industrias de desguace de buques del mundo, con una dudosa tradición de respeto del medio ambiente y los derechos humanos.

Carlos Espósito:

Muy buena oportunidad en el Graduate Institute de Ginebra

Originalmente publicado en nico krisch:

Logo_CMYK_LoThe Graduate Institute for International and Development Studies, which I’ll be joining next month, has advertised an assistant professorship in international law, with potential specializations in international economic law, the protection of human dignity, international environmental law, or transnational law. The deadline for applications is 15 February 2015; more details can be found here. Please forward this to whoever might be interested – we’re looking forward to great applications!

Ver original

En el capítulo introductorio al libro Immunities in the Age of Global Constitutionalism (Peters, Lagrange, Oeter & Tomuschat eds, 2014), la profesora Anne Peters sugiere que una solución compatible con el constitucionalismo internacional al conflicto entre inmunidad del Estado y derechos humanos pasa por reforzar los requisitos procesales para los Estados en los contenciosos nacionales donde se presente este problema (pp. 18-19). La idea básica consistiría en no reconocer inmunidad de jurisdicción al Estado que no la invoque. El principio dejaría de operar de oficio, sin necesidad de alegación. El no reconocimiento de oficio sería compatible con las funciones básicas del principio de immunidad jurisdiccional del Estado, sobre todo en materia de respeto de la igualdad soberana de los Estados, y se adecuaría a la concepción procesalista del principio que ha defendido la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 3 de febrero de 2012 (sobre la que escribí aquí y aquí). La no invocación de inmunidad jurisdiccional por parte de los Estados equivaldría a “una práctica estatal o una opinio juris en forma de aquiescencia”, es decir, un acuerdo tácito para validar la legalidad de continuar con el procedimiento judicial, al menos en los casos de inmunidades jurisdiccionales funcionales individuales, como ha sostenido Ingrid Wuerth en su artículo sobre la reconsideración del caso Pinochet [106 AJIL 731 (2012) 750]. Esta posición, según Peters, posibilitaría otros desarrollos positivos, como facilitar la presión de la sociedad civil sobre los Estados para que se abstengan de invocar la inmunidad en ciertos casos y a los Estados estudiar qué foros extranjeros garantizarían un juicio justo.

Es una propuesta interesante, pragmática y a la vez conforme con una interpretación del derecho internacional y la lucha contra la impunidad. Por supuesto, si adoptamos una posición de principio, el problema seguirá existiendo, ya que la garantía de acceso a la justicia, a los tribunales, continuará dependiendo de la voluntad de los Estados, aunque es cierto que será necesaria una acción de voluntad explícita, más difícil de adoptar y más accesible a la crítica. ¿Qué piensan? Por lo pronto, el inconveniente que plantea esta propuesta es que, a semejanza de otras tantas que pretenden conciliar inmunidad del Estado y derechos humanos, podría necesitar reformas convencionales y, cómo mínimo, cambios en el derecho consuetudinario internacional difíciles de conseguir. En este caso, ese cambio se debería dar en la regla que regula el modo de hacer efectiva la inmunidad jurisdiccional, dado que la versión consuetudinaria de esa regla indica que los Estados “velará(n) por que sus tribunales resuelvan de oficio la cuestión del respeto de la inmunidad” de otro Estado (art. 6 Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, adoptada el 2 de diciembre de 2004, aún no en vigor).

Actualizado

Entre los juegos que sanan, Games for Healthhay uno que está creado por un joven español llamado Miguel Angel Luengo que me parece magnífico: MalariaSpot. Se trata de un juego que permite realizar un diagnóstico que a cada especialista le llevaría media hora en muy poco tiempo y de manera colectiva, un juego de cooperación masiva, que también podría ser un buen trabajo en un futuro próximo. En la página de MalariaSpot se explica así:

La malaria es una de las amenazas más graves para la salud global. En la actualidad, la manera estándar de diagnosticar esta enfermedad (con más de 200 millones casos de malaria al año y que mata a medio millón de niños menores de 5 años) consiste en confirmar la presencia de parásitos primero y después contar el número de parásitos en muestras de sangre utilizando un microscopio. Así, es necesario que un especialista examine una media de 100 imágenes, un proceso que puede requerir hasta 30 minutos. Y no hay suficientes especialistas en el mundo para diagnosticar todos los casos de malaria.

La idea fundamental de MalariaSpot es que combinando los clicks de varios voluntarios no expertos que juegan analizando la misma imagen, podemos obtener un recuento de parásitos de gran precisión. El objetivo del juego es que el jugador identifique tantos parásitos como pueda en un minuto. La puntuación está generada comparando los parásitos detectados por el jugador con los parásitos previamente identificados por expertos, aunque en próximas versiones del juego introduciremos imágenes que todavía no han sido inspeccionadas por especialista para poder incrementar la base de datos y poder diagnosticar nuevos casos.

Aquí hay un breve vídeo de Miguel Angel Luengo explicando la idea básica:

Despedida del año 2014

diciembre 24, 2014

Se nos va otro año. Es un tiempo propicio para rememorar algunos momentos compartidos en el blog. Hemos publicado noticias de libros, anuncios de conferencias y cursos, comentarios de apps, entrevistas, literatura, documentales y películas, debates con estudiantes, polémicas sobre los estudios universitarios, experiencias en Göttingen, Buenos Aires, Washington, Barcelona, Viena y Bogotá. La oportunidad de ver al equipo de estudiantes de la UAM hacerlo tan bien en las rondas de Barcelona y Washington fue especialmente emocionante, casi como llegar a la meta en mi primera maratón el domingo 27 de abril (prometo un post sobre maratones en 2015).

Hemos compartido también muchas reflexiones. Entre estas últimas, recuerdo ahora las entradas sobre nuevas leyes españolas relacionadas con el derecho internacional, como la de justicia universal y la de tratados internacionales, mi opinión sobre un tema central debatido en la mesa redonda sobre la regulación de las inversiones en los nuevos acuerdos de comercio en la Universidad de Göttingen, la conferencia sobre derechos humanos y empresas en la UAM, y un animado debate sobre la obligatoriedad de las medidas cautelares adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como en años anteriores, hubo apreciados autores invitados, como Antonio Remiro Brotóns, Rene Urueña, Xavier Seuba, Rosa Fernández Egea y, especialmente, el prolífico Nicolás Carrillo, que ha inaugurado su propio blog, ius orbi, que no le impedirá seguir con nosotros. La publicación ‘en cinco fascículos’ del ensayo de Antonio Remiro sobre las islas fue un acontecimiento especial, tanto por el número de lectores como por la calidad del texto. Me encantaría que el próximo año se incorporasen más firmas al blog, que aporten mayor diversidad y nuevos puntos de vista.

Es curioso, pero tengo ahora más presentes los posts que no escribí, los pendientes de escribir, que los publicados. Pasan tantas cosas, hay tantas lecturas. La semana pasada, por ejemplo, además de las últimas clases del semestre, tuvimos en mi universidad nuestra mesa redonda sobre tratados internacionales, la visita de Victoria Camps para hablar de la necesidad de pensar institucionalmente (haciendo alusión al libro de Heclo) en una mesa redonda sobre la crisis institucional española, un seminario sobre la reparación de daños morales del profesor Fernando Gómez Pomar y otros tantos acontecimientos interesantes, como la conferencia del profesor del MIT Eric Grimson sobre “Online Learning: Shaping the Future of Higher Education On and Off Campus” (Por cierto, yo sigo entusiasmado con los MOOCs. Este año hice tres cursos: aprendí mucho sobre economía psicológica, modelos de pensamiento y desarrollo sostenible con los profesores Dan Ariely, Scott Page y Jeffrey Sachs). Decía, antes de la distracción, que recordaba los posts que no había escrito, que están por escribir y con algo de suerte podrían aparecer en las páginas del blog del próximo año. Entre otros, pienso en los siguientes, sin orden de preferencias: (1) una reflexión sobre la sentencia de la Corte Costituzionale italiana Nº 238 de 22 de octubre de 2014 sobre la inconstitucionalidad de la inmunidad del Estado frente al derecho de acceso a la justicia; (2) un análisis sobre la reciente Opinión 2/13 del pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2014, que declara la incompatibilidad del borrador de Acuerdo de Adhesión de la UE a la Convención Europea de Derechos Humanos; (3) una nueva discusión sobre el principio de responsabilidades diferenciadas en los acuerdos sobre cambio climático, teniendo en cuenta la negociación de Lima y pensando en la cumbre de París de 2015; (4) un comentario sobre el informe del Banco Mundial que utiliza modelos de economía psicológica a problemas globales llamado “Mind, Society and Behavior”), que me atrae muchísimo; (5) un estudio del informe del Secretario General de las Naciones Unidas “El camino a la dignidad para 2030: Poner fin a la Pobreza, transformar todas las vidas y proteger el planeta”, cuyo borrador se hizo publico el 4 de diciembre de 2014 (fecha importante para este blog) y se espera en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2014. Bueno, parece que esta lista se ha estirado demasiado y ya resulta excesiva para empezar el próximo año, pero este es un tiempo apropiado para las ilusiones. Volvemos a partir del 8 de enero de 2015, séptimo aniversario de “aquiescencia”.

¡Felices Fiestas!

Nunca visto. Una nueva dimensión en el desarrollo de los litigios internacionales en el caso relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile) ante la Corte Internacional de Justicia. Primero fue Chile, que en octubre de este año que termina publicó un vídeo titulado “Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad”, donde se exponen las tesis chilenas sobre la controversia por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y el Canciller Heraldo Muñoz. Es una iniciativa inteligente. Aquí lo pueden apreciar:

Bolivia respondió con su propio vídeo. En el vídeo boliviano se explican las bases de su demanda marítima ante la Corte. Según las autoridades bolivianas, el vídeo no busca convencer, sino explicar la posición boliviana. Y debo decir que lo explica muy bien, y lo hace muy ameno porque la gente que lo presenta no son las autoridades presentes o pasadas de Bolivia, sino sólo ciudadanos bolivianos.

¿Cuál les parece más convincente? ¿Cuál les gusta más?

La conversación del lunes 15 de diciembre nos permitió a los profesores Antonio Remiro Brotóns, Javier Díez-Hochleitner y a mí intercambiar algunas reflexiones sobre la Ley 25/2014, de 27 de noviembre de 2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Empezamos por el elogio, saludando la sanción de la Ley como un logro importante para quienes la han impulsado y llevado adelante hasta convertirse en un texto legislativo vigente. Recordamos, por tanto, el tiempo que ha llevado tener una ley de tratados y los proyectos que han quedado en el camino desde 1979, cuando tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, se hizo evidente la insuficiencia del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales. Antonio Remiro contó su experiencia en este proceso, que lo llevó a preparar hasta tres proyectos legislativos durante la década de 1980; el último en 1989, con 32 artículos acompañados de sus respectivos comentarios, que reflejaban su pensamiento sobre la materia tal y como había quedado impresa en una de sus mejores obras: Derecho de los tratados, publicada por Tecnos en 1986. La creencia generalizada es que esos proyectos no tuvieron éxito por causa de una falta de consenso sobre el papel de las Comunidades Autónomas en la legislación sobre tratados. Sin embargo, como bien se encargó de puntualizar el profesor Díez-Hochleitner, antes que la cooperación con las Comunidades Autónomas, que no ofrecía en la práctica grandes problemas, la principal causa de discordia siempre fue la falta de coordinación entre departamentos ministeriales, celosos de sus competencias proyectadas al ámbito internacional. Este es un problema persistente, y la Ley no parece ofrecer una solución definitiva para la falta de coordinación interministerial, salvo que la práctica de la nueva Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales lo desmienta en el futuro.

Dicho esto, la mayor parte del seminario estuvo dedicado a compartir algunas consideraciones sobre diversos aspectos de la Ley, que seguramente serán objeto de debate y discusión a partir de ahora por parte de los juristas y operadores jurídicos encargados de estudiarla, interpretarla y aplicarla. Sin ninguna pretensión exhaustiva, elijo ahora solo algunas ideas que surgieron en el debate con la libertad de hacerlas mías y añadir alguna otra en esta oportunidad.

La primera cuestión que discutimos fue la regulación de los acuerdos internacionales administrativos (AIA). Hasta ahora, con independencia de la coordinación o falta de coordinación entre órganos competentes, los AIA se regulaban mediante la sencilla fórmula de que seguían al tratado principal, que justifica su desarrollo ejecutando o concretando los propósitos normativos de dicho tratado. La regulación actual busca racionalizar esa práctica y, en realidad, complica el panorama normativo porque establece que los AIA no necesitan observar la tramitación de un tratado internacional (art. 40), siendo los órganos, organismos o entes del Estado signatarios autónomos para decidir su tramitación interna, siempre que respeten al tratado principal. Pero la Ley también establece que los AIA se rigen por el Derecho internacional (art. 2.b) y que los AIA “válidamente celebrados una vez publicados en el «Boletín Oficial del Estado» formarán parte del ordenamiento interno” (art. 41.4). En otras palabras, no son distintos que los tratados internacionales que se describen en el artículo 96 de la Constitución, salvo en la tramitación, que exige en todo caso informes de la Asesoría Jurídica Internacional del MAEC y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en un plazo de diez días, respectivamente (art. 39), que puede resultar demasiado exigente, teniendo en cuenta los recursos del Estado.

Otro tema que discutimos fueron las normas que regulan la ejecución y el rango de los tratados en el ordenamiento jurídico interno. Hubo cierto acuerdo de opinión en que estos artículos han ido innecesariamente más allá de lo exigido por el Derecho internacional general. En efecto, el artículo 30, llamado Ejecución, establece que, en principio, “los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.” La realidad es que el Derecho internacional general prescribe que los tratados se cumplan de buena fe (art. 26 CVDT 1969) y la exigencia de que deben ser, por definición, en principio, aplicados directamente, resulta excesiva y, como decía antes, innecesaria. Va a ser preciso, a partir de ahora, que el Estado cambie su práctica convencional, ya que esa presunción le obligará a ser más cuidadoso con el efecto de los tratados en el ordenamiento interno, teniendo que expresar sus intenciones de manera explícita con declaraciones en los tratados (por ejemplo, declaración de EE.UU. con ocasión de la firma del Pacto Universal Derechos Civiles y Políticos de 1966) o por otros medios (por ejemplo, otra vez EE.UU. en la ley sobre los Acuerdos de la OMC).

El artículo 31, sobre la prevalencia de los tratados, quizá también haya ido demasiado lejos al prescribir un rango superior a la ley para los tratados en el sistema de fuentes de derecho interno. Bastaba con establecer un rango legal para los tratados en el ordenamiento interno, que no implica un incumplimiento de Derecho internacional porque en todo caso los tratados se rigen por el Derecho internacional según la Constitución española y la nueva Ley. Se podría decir que esta prevalencia se asemeja a otras previstas para los tratados de derechos humanos en ciertas constituciones y que podría suponer el establecimiento de una especie de ‘control de convencionalidad’ ampliado, más extenso incluso que el deber de interpretación conforme a los tratados de derechos humanos del artículo 10.2 de la Constitución española.

Otra cuestión que surgió en la conversación fue la regulación de la aplicación provisional de tratados en el artículo 15, que resulta excesivamente laxa, ya que no establece límites concretos ni plazos para la afectación de derechos fundamentales, sino sólo para los aspectos económicos de los tratados internacionales que vayan a aplicarse provisionalmente.

Cabe agregar dos reflexiones: una de carácter semántico y otra sustantiva. En relación con la primera, se puede afirmar que la denominación “acuerdos no jurídicos” o incluso “memorandos de entendimiento” hubiera sido preferible a la ambigua denominación “acuerdos no normativos”. Es una crítica menor, ya que se trata de una expresión acuñada en España para identificar a los acuerdos políticos, pero eso no implica desconocer que acuerdos no jurídicos es una denominación más precisa y, por tanto, mejor para describir su característica principal, es decir, que “no constituyen fuente de obligaciones internacionales” (art. 43 de la Ley, al que yo hubiera agregado ‘jurídicas’ entre ‘obligaciones’ e ‘internacionales’).

En cuanto a la segunda reflexión, la sustantiva, que podemos llamar la cuestión del punto de vista interno y externo de la Ley, que no por evidente me resulta menos importante. En efecto, la Ley regula “la celebración y aplicación por España de los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos internacionales no normativos” (art. 1). En consecuencia, se puede afirmar que la Ley responde a la necesidad de tener un punto de vista interno sobre la celebración y aplicación de los tratados internacionales y, de esa forma, ofrecer un marco normativo para el “derecho interno internacionalmente indispensable”, si se me permite una utilización flexible de la expresión de Triepel. Esta perspectiva es necesaria, pero no se corresponde necesariamente con el punto de vista externo. En general, el derecho interno no sirve para justificar incumplimientos del derecho internacional (art. 26 CVDT 1969) y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia no ha sido nada propicia a aceptar categorías intermedias de tratados (CIJ, Qatar v. Bahrain, 1994) y todo parece indicar que no será fácil que haya una excepción basada en la causa de nulidad que prescribe el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde sería relativamente sencillo argüir que la Ley española de tratados es “una norma de fundamental importancia” del derecho interno español, pero muy difícil sostener que se ha producido “una violación manifiesta” de dicha norma, sencillamente porque, como se puede comprobar fácilmente, habrá muchas interpretaciones internas sobre el significado de los ANN y los AIA (CIJ, Camerún v. Nigeria, intervención de Guínea Ecuatorial, 2002).

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