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Estos días se habla mucho de la necesidad de establecer una zona de exclusión aérea en Libia para proteger a los rebeldes de los ataques de Gadafi. Incluso la Liga Árabe ha expresado su apoyo a esa medida. Sin embargo, aunque parezca necesario para evitar crímenes de un dictador que ha perdido la legitimidad para gobernar definitivamente -si alguna vez la tuvo-, no es algo sencillo. Esta nota de George Friedman en Stratfor muestra las dificultades que traería aparejado el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Entre otros problemas, Friedman afirma que la creación de una zona de exclusión aérea comienza con ataques, porque hay que eliminar las defensas aéreas de los enemigos. Por supuesto, para eso hay que saber cuántas son y dónde están esas defensas aéreas. Algunas pueden estar cerca de hospitales o escuelas. Además, hay que calcular qué se consigue con un área de exclusión aérea. Friedman afirma, con un juicio plausible, que lo único que podría lograrse es bloquear los ataques aéreos, pero que esto no evitaría que Gadafi siguiera atacando en tierra. Friedman recuerda el ejemplo de la zona de exclusión aérea en Iraq, que duró 12 años y no evitó que siguiera gobernando Saddam Hussein.

Todo apunta a que una zona de exclusión aérea no bastaría. Por eso quizá convenga en este momento recordar los principios para la intervención militar recomendados por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados en su informe sobre La responsabilidad de proteger. Ahí se decía que la soberanía implica responsabilidades y que incumbe al Estado la responsabilidad principal de proteger a su población. También se afirmaba que:

Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención.

En relación con las intervenciones militares, la Comisión afirmaba que se debían tener en cuenta los siguientes principios y criterios:

(1) EL CRITERIO MÍNIMO: CAUSA JUSTA

La intervención militar con fines de protección humana es una medida excepcional y extraordinaria. Para que esté justificada ha de existir o ser inminente un daño humano grave e irreparable del tipo siguiente:

A. grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado; o

B. ‘depuración étnica’ a gran escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación.

(2) PRINCIPIOS PRECAU TORIOS

A. Intención correcta: El fin primordial de la intervención, independientemente de que los Estados participantes tengan otros motivos, debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano. La mejor forma de cumplir con el principio de intención correcta es que las operaciones sean multilaterales y cuenten con un claro respaldo de las víctimas y de la opinión pública regional.

B. Último recurso: La intervención militar sólo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis y cuando haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no habrían dado fruto.

C. Medios proporcionales: La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido.

D. Posibilidades razonables: Debe haber una posibilidad razonable de poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción.

(3) AU TORIDAD COMPETENTE

A. No existe un órgano mejor ni más adecuado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para autorizar una intervención militar con fines de protección humana. No se trata de buscar alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad, sino de lograr que el Consejo funcione mejor que hasta ahora.

B. Siempre habrá que pedir autorización al Consejo de Seguridad antes de emprender una intervención militar. Los partidarios de la intervención deberán o bien solicitar la autorización oficialmente o bien lograr que el Consejo plantee la cuestión por propia iniciativa o que el Secretario General la plantee de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas.

C. El Consejo de Seguridad deberá examinar sin demora toda solicitud de autorización para intervenir cuando se denuncien grandes pérdidas de vidas humanas o depuraciones étnicas a gran escala. El Consejo habrá de verificar suficientemente los hechos o las condiciones sobre el terreno que puedan justificar una intervención militar.

D. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad deberán renunciar de mutuo acuerdo a ejercer su derecho de veto en asuntos que no comprometan sus intereses vitales, para no obstaculizar la aprobación de resoluciones que autoricen una intervención militar con fines de protección humana y que cuenten con apoyo mayoritario.

E. En caso de que el Consejo de Seguridad rechace una propuesta o no la examine en un período de tiempo razonable, existen las alternativas siguientes:

I. que la Asamblea General examine la cuestión en un período extraordinario de sesiones de emergencia, con arreglo al procedimiento establecido en la resolución “Unión pro Paz”; y

J. que una organización regional o subregional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta, actúe dentro de su zona de jurisdicción y posteriormente solicite la autorización del Consejo de Seguridad.

F. El Consejo de Seguridad habrá de tener en cuenta en todas sus deliberaciones que, si no cumple con su responsabilidad de proteger en situaciones que conmuevan las conciencias y exijan una actuación inmediata, los Estados interesados podrán recurrir a otros medios para hacer frente a la gravedad y urgencia de la situación, lo que podría menoscabar el prestigio y la credibilidad de las Naciones Unidas.

(4) PRINCIPIOS OPERACIONALES

A. Unos objetivos claros, un mandato siempre claro e inequívoco y recursos adecuados.

B. La adopción de un planteamiento militar común por las partes implicadas, unidad de mando, y jerarquía de mando y comunicaciones claras e inequívocas.

C. La aceptación de ciertas limitaciones, aumento progresivo y gradación de la aplicación de la fuerza, siendo el objetivo proteger a una población y no derrotar a un Estado.

D. Unas reglas de combate que se ajusten al concepto operacional y sean precisas, reflejen el principio de proporcionalidad y respeten plenamente el derecho internacional humanitario.

E. La aceptación de que la protección de la fuerza no puede convertirse en el objetivo principal.

F. La máxima coordinación posible con las organizaciones humanitarias.

 

 

Ricardo Arredondo, buen amigo de este blog, ha contribuido con un texto sobre la aplicabilidad y los desafíos de la RdP en América Latina en un documento publicado por el CRIES sobre Responsabiliad de proteger y prevención en América Latina y el Caribe: el rol de la sociedad civil, en el que también escriben Gilberto  M.A. Rodrigues y Andrés Serbín. La verdad es que resulta muy atractivo que haya un debate propiamente latinoamericano sobre RdP, que se nota en la contextualización y los énfasis que ponen estos autores. Como cuando Ricardo habla, por ejemplo, de las fronteras ideológicas bolivariana, interamericana y ecléctica de los países latinoamericanos frente a la RdP. Quizá este tipo de discusión demuestre que la RdP tiene una dimensión universal y otra regional que debe discutirse para que se pueda pasar de “la retórica a la acción”.

Héctor Olásolo me ha hecho llegar su lección inaugural como catedrático de Derecho penal y procesal penal internacional en la Universidad de Utrecht. El título es “LA FUNCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS ATROCES MEDIANTE SU INTERVENCIÓN OPORTUNA: De la Doctrina de la Intervención Humanitaria y de las Instituciones Judiciales Ex Post Facto al Concepto de Responsabilidad para Proteger y la Función Preventiva de la Corte Penal Internacional”. También está disponible en inglés “THE ROLE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN PREVENTING ATROCITY CRIMES THROUGH TIME INTERVENTION: From the Humanitarian Intervention Doctrine and Ex Post Facto judicial institutions to the Notion of Responsibility to Protect and the Preventative Role of the International Criminal Court”. Me ha llamado la atención la forma en que el profesor Olásolo conecta la idea de responsabilidad de proteger en el derecho internacional con la función preventiva de la Corte Penal Internacional:

Existe una clara conexión entre el concepto de responsabilidad para proteger y el mandato de la CPI en cuanto que ambos se centran en situaciones futuras de delitos atroces, y tienen como fundamento de actuación la responsabilidad principal de los estados afectados. Por esta razón, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki‐moon, se refirió el año pasado al Estatuto de la CPI como uno de los instrumentos claves en la aplicación del concepto de responsabilidad para proteger.

En este sentido, es importante subrayar que el la CPI comparte con las instituciones judiciales ex post facto de los noventa el compromiso de terminar con la impunidad como medio para promover: (i) la prevención general positiva consistente en garantizar la aplicación del derecho penal internacional y reforzar, de esta manera, los bienes jurídicos protegidos por el mismo; y (ii) la prevención general negativa resultante de transmitir a la clase dirigente mundial el mensaje de que aquellos que incurran en delitos atroces no quedarán impunes. Este compromiso es cumplido mediante una combinación de actuaciones judiciales con relaciones internacionales, programas de sensibilización y actividades de información pública.

Sin embargo, de manera significativa, el nuevo catedrático de la Universidad de Utrecht señala otra dimensión preventiva de la Corte:

[A] diferencia de las instituciones judiciales ex post facto de los noventa, el mandato preventivo de la CPI tiene una segunda dimensión consistente en la intervención oportuna en situaciones en las que existan amenazas concretas de futuros delitos atroces, o en las que este tipo de delitos se están ya cometiendo.

 

Y ahí comienza una parte muy interesante de la lección sobre esa importante dimensión preventiva de la CPI, especialmente cuando en relación con la tentativa  regulada por el artículo 25 del Estatuto de la CPI, que pueden leer en el texto del Profesor Olásolo. Por ahora, para finalizar, los dejo con esta conclusión de su lección, a la vez apropiada y provocadora intelectual y prácticamente:

[L]o que realmente está en juego es si la CPI se limita a ser uno de los varios mecanismos existentes para dirimir la responsabilidad penal individual surgida de la comisión de delitos atroces, o si por el contrario, más allá de cumplir con su mandato preventivo general, es capar de desarrollar plenamente su enorme potencial para el fortalecimiento del estado de derecho y la buena gobernabilidad de los estados afectados a través de su intervención oportuna.

Estoy asombrado de la cantidad de conferencias conferencias que se están organizando (por ejemplo, ésta) y publicaciones que están apareciendo (por ejemplo, ésta) sobre la responsabilidad de proteger. Y, en este sentido, me alegro especialmente de anunciar el Segundo Encuentro sobre Responsabilidad de Proteger, Multilateralismo y Sociedad Civil en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar el próximo viernes 12 de marzo en Panamá. A continuación copio el programa y, si algún participante me mandase las conclusiones, las publicaría también con mucho gusto.

Segundo Encuentro Regional

Responsabilidad de Proteger, Multilateralismo y Sociedad Civil en América Latina y el Caribe

12 de marzo de 2010, Panamá

9:30 – 10:00 Sesión de Apertura

Oradores:

William Pace Director Ejecutivo del World Federalist Movement – Institute for Global Policy – Miembro fundador y Secretaría Internacional del ICRtoP

Andrés Serbin Presidente Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), miembro fundador del ICRtoP

10:00 a 11:30 La Responsabilidad de Proteger en América Latina y el Caribe: su aplicabilidad y desafíos.

Oradores:

Ricardo Arredondo Profesor de Derecho Internacional Público (UBA) y Miembro del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) , Buenos Aires, Argentina

Gilberto Rodrigues CRIES / GAPCon- Brasil / Fulbright Visiting Scholar en la Universidad de Notre Dame

Diego Dewar Investigador del Global Centre for the Responsibility to Protect, Nueva York, Estados Unidos

11:30 – 11:45 Coffee break

11:45 – 13:00 Discusión en comisiones I: La Responsabilidad de Proteger en perspectiva Latinoamericana (ver plan de acción para preguntas)

Los participantes serán divididos en dos comisiones para la discusión, que serán coordinadas por Gilberto Rodrigues (GAPCon, Brasil) y Luis Cordero (Fundación Arias, Costa Rica).

Ejes de la discusión:

– Aceptación de la norma por parte de los gobiernos y organizaciones regionales, desafíos y oportunidades

– El significado de la implementación de R2P en la región

– Discusión de la posibilidad de aplicación de la R2P en casos concretos en países de ALC

Cada grupo deberá designar un relator que reportará al plenario final

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 16:00 Discusión en comisiones II: Estrategias de la sociedad civil en la implementación de la norma (ver plan de acción para preguntas)

Los participantes serán divididos en dos comisiones para la discusión, que serán coordinadas por Rebeca Pérez Mellado (Viva Río, Brasil) y Mariclaire Acosta Urquidi (CIDE, México).

Ejes de la discusión:

– Desarrollo de una estrategia de la sociedad civil para el desarrollo y la implementación de la R2P en ALC

Cada grupo deberá designar un relator que reportará al plenario final

16:00 – 16:15 Coffee break

16:15 – 17:45 Plenario y conclusión de discusiones grupales

17:45 – 18:00 Conclusiones y cierre a cargo de Andrés Serbin y Doris Mpoumou, Directora de la International Coalition for the Responsibility to Protect.

La responsabilidad de Proteger (RdP) es un concepto que se debe preservar y mejorar. Cuando se discutía el concepto en los informes que prepararon la Cumbre de 2005, que apoyó la inclusión de la RdP en su documento final, dediqué bastante tiempo a estudiar sus características y luego he tratado de estar atento a su evolución, que ha sido pobre y carente de cualquier tipo de proyección práctica. Por eso me atrae especialmente el debate que se está produciendo en la Asamblea General sobre el principio de RdP, que tiene como documento de base un informe del Secretario General,  de 12 de enero de 2009, que intenta crear un diálogo sobre las mejores estrategias para hacer del principio realidad en torno a tres pilares: responsabilidad del Estado, asistencia internacional y respuestas adecuadas. A mí me hubiera gustado que el debate se concentrase en alguna cuestión de utilidad, como la relativa a las medidas colectivas que se deberían tomar a través del Consejo de Seguridad cuando el gobierno del Estado en cuestión no protege a su población de un genocidio u otros crímenes de guerra o contra la humanidad. Sin embargo, al parecer, la Asamblea está siendo testigo de un debate sobre lo mismo de siempre, esto es, sobre la diferencia entre RdP e injerencia humanitaria en los Estados soberanos. Este es un debate inútil. Por supuesto que la RdP no tiene el poder de reformar el Consejo de Seguridad, ni mucho menos atribuirle a la Asamblea General la capacidad primordial en materia de uso de la fuerza, y  es evidente el Consejo de Seguridad no va a actuar en todos y cada uno de los casos en que ocurran esas atrocidades.  De lo que se trata, desde el principio, es de avanzar en las medidas de prevención y tratar de que el Consejo se haga responsable de sus acciones y omisiones. En 2005, antes de que tuviese lugar la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de septiembre, escribí unas conclusiones en un documento de trabajo sobre la RdP que hablaban del reconocimiento de un principio que no estaba en la Carta  de Naciones Unidas, pero tambien hablaba de un avance que  aún está pendiente:

[P]udiera ser que el Consejo de Seguridad (o la Asamblea General) llegase a adoptar una resolución que establezca los criterios de legitimidad para recurrir a la fuerza en casos en que fracasase la responsabilidad de prevenir y hubiese que recurrir a la responsabilidad de proteger. Estos criterios contribuirían a lograr una mayor eficacia de las Naciones Unidas ante catástrofes humanitarias como los genocidios o crímenes similares y serían también muy útiles para exigir que la Organización y sus órganos principales rindan cuentas a la comunidad internacional.

Esa rendición de cuentas no tiene que estar subordinada necesariamente a una obligación jurídica de actuar, que sería muy difícil de consensuar y aún más complicado de aplicar. No es razonable esperar a un cambio en la distribución de poder en el mundo que permita actuar frente a todas las situaciones graves de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, eso no debería impedir un apoyo al principio de responsabilidad de proteger para ayudar allí donde sea posible y de esa manera contribuir también a exigir responsabilidades políticas (rendición de cuentas) frente a la opinión pública mundial por no adoptar las decisiones apropiadas.

Este tipo de cuestiones no han aparecido aún en el debate. En un debate como el que está teniendo lugar en la Asamblea General, la RdP, en el mejor de los casos, podrá sobrevivir, pero nunca mejorar su capacidad de utilización práctica en los supuestos en que los estados no puedan o no quieran proteger a su población frente a los delitos de genocidio u otros crímenes de guerra o contra la humanidad. Una pena.

El documento de trabajo que escribí en 2005  sobre “La RdP y el uso de la fuerza” puede leerse completo aquí. Proximamente también pondré a disposición de los lectores de aquiescencia un trabajo realizado con Ricardo Arredondo sobre “Seguridad humana y responsabilidad de proteger: dos conceptos y un mismo núcleo”. Un buen artículo describiendo las posiciones encontradas en el debate actual se ha publicado en The Economist y se puede leer aquí. Por último, para los que quieran más información sobre la RdP, conviene tener en cuenta a la Coalición Internacional para la RdP.

La elección de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos ha generado una ola de esperanza en aquellos que observaban con preocupación la política exterior de George W. Bush.  En particular, las designaciones de Hillary Clinton como Secretario de Estado y Susan Rice, como Embajador ante las Naciones Unidas, han hecho vislumbrar la posibilidad de que cobren mayor relevancia aquellas acciones de política exterior destinadas a la protección de poblaciones que sufren o están en riesgo de sufrir violaciones masivas a sus derechos humanos, tales como genocidios, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.  Rice, que fue Secretario de Estado Asistente para Asuntos Africanos durante la Presidencia de Clinton, es una prominente y poderosa defensora de una intervención enérgica, que incluya el uso de la fuerza armada en caso de necesidad, para detener las violaciones masivas a los derechos humanos como las que vienen ocurriendo en la región de Darfur en Sudán.

La elección de Rice para representar a los Estados Unidos ante las Naciones Unidas la hará, a la par de Hillary Clinton, una de las caras más visibles de la Administración de Obama al mundo exterior.  Asimismo, en un gesto destinado a mostrar su intención de trabajar estrechamente con la ONU después de las tensiones experimentadas durante la presidencia de Bush, Obama tiene previsto restaurar al puesto del Embajador ante la ONU el rango ministerial que ostentaba durante la Administración Clinton.

Sin embargo, estas acciones deben ser analizadas con cierta cautela. Una revisión de las políticas implementadas por la anterior Administración demócrata nos muestra que uno de sus mayores “pecados de omisión” fue la inacción ante las matanzas en Rwanda, producto de las dificultades experimentadas en Somalia y Haití y la indecisión en el caso de Bosnia-Herzegovina.  Esta circunstancia, combinada con los recortes en el presupuesto militar, provocaron críticas hacia la Administración de Clinton que ponían de relieve la carencia de una política exterior, o bien, la existencia de una política excesivamente ambiciosa administrada por las Naciones Unidas y que iba más allá de la capacidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses.  Esta ola de críticas forzó a Clinton a emitir una directiva donde precisaba las reglas para futuros envíos de fuerzas al exterior, que incluían las siguientes orientaciones: la crisis debía ser susceptible de una solución militar; la solución militar debía tener un objetivo claramente definido; se debía emplear un uso de fuerza “suficiente”; debía existir un punto de finalización de la operación claramente identificable; y las fuerzas estadounidenses irían a combate solo bajo el comando de los Estados Unidos (White House. Presidential Decision Directive. PDD-25. Policy on Reforming Multilateral Peace Operations. Washington, 3 de mayo de 1994).

En consecuencia, el Gobierno estadounidense adoptaría un curso de acción multilateral o unilateral, teniendo en cuenta cada caso en particular. Ello significó en los hechos la disposición a beneficiarse de la cobertura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando pudo conseguirla, sin que en modo alguno esto implicara renunciar al derecho de actuar unilateralmente cuando no fuera posible obtener ese paraguas legal, como se pudo apreciar en el conflicto de Kosovo en 1999. Esta fue la política empleada por la Administración Clinton hasta la finalización de su mandato.

La designaciones de Hillary Clinton y Rice podrían suponer un deseo de aprender de las lecciones de la historia y la decisión de implementar una política exterior de mayor eficacia en la protección de las poblaciones vulnerables.

La repetición de comportamientos unilaterales y patrones de conducta anclados en soluciones nacionales a problemas globales hoy no resulta ni teórica ni pragmáticamente sustentable.  Es de esperar que Obama haya aprendido esta lección y lleve adelante una política exterior anclada en instrumentos multilaterales, que son el único mecanismo posible para dar solución a esos desafíos globales.  Es hora de iniciar, de una vez por todas, el trabajo conjunto y mancomunado en pos de la consecución de objetivos que casi todos los Estados comparten.

Darfur

enero 25, 2008

Aún no me había planteado tener contribuciones de autores invitados, pero Ricardo Arredondo me envía esta nota sobre Darfur, que le agradezco y publico a continuación.

 

¿Otra Ruanda?

Por Ricardo Arredondo

Existe consenso en señalar que la situación de crisis humanitaria en Sudán/Darfur continúa siendo extremadamente preocupante y que la comunidad internacional, al menos en su faceta organizada (las Naciones Unidas), no está haciendo lo suficiente para aliviar la repetida violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de los millones de personas que habitan esa región.
Ya en anteriores ocasiones, la comunidad internacional no ha actuado de manera coherente frente a casos donde claramente estaban produciéndose violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Ejemplos de crisis humanitarias que han sido simplemente ignoradas son las recurrentes masacres en Africa central, que han culminado con el genocidio de Ruanda.
La ineficaz actuación del Consejo de Seguridad en el caso de Sudán/Darfur, donde debería haberse adoptado una acción más enérgica a la luz de la situación en el terreno, pone de manifiesto la necesidad de adoptar nuevos consensos en esta materia, donde la situación ha ido mucho más allá de lo tolerable.
En el Informe presentado al Secretario General en el marco de la Resolución 1564 (2004) del Consejo de Seguridad, de 18 de septiembre de 2004, la Comisión Internacional de Investigación para Darfur llega a la conclusión de que el Gobierno del Sudán y las milicias Janjaweed son responsables de toda una serie de transgresiones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, expresando que es probable que algunas de esas transgresiones constituyan crímenes de guerra y, habida cuenta del carácter sistemático y generalizado de muchas de ellas, constituirían también crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la Comisión considera que los movimientos rebeldes han cometido transgresiones que constituyen crímenes de guerra.
Pero lo que resulta peor aún son los claros gestos de desafío del gobierno sudanés que no encuentran una respuesta apropiada en las Naciones Unidas. El más reciente de ellos es la designación, el pasado 21 de enero de 2008, de Musa Hilal, líder de la milicia que reclutó y movilizó a los “janjaweed”, responsables de la carnicería en Darfur, como “consejero especial del presidente en asuntos étnicos”. Es más, Hilal es el tercer sospechoso de haber cometido crímenes de la guerra que es nombrado para un puesto de gobierno en Sudán. Hilal está en el listado de personas que son objeto de sanciones tanto por parte de las Naciones Unidas y como del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los otros dos sospechosos han sido procesados por la Corte Penal Internacional. En un gesto de claro cinismo, uno de los procesados ha sido puesto a cargo de la “ayuda humanitaria a Darfur”.
Es por todos conocida la actitud que adoptado Sudán para obstruir, por todos los medios a su alcance, el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), incluyendo el ataque a un convoy de Naciones Unidas, claramente marcado, a principios de este mes. Ya en su última Resolución sobre la situación en Sudán [S/RES/1784 (2007)], el Consejo de Seguridad reiteró “su preocupación por las restricciones y por todos los obstáculos impuestos a la circulación del personal y el material de la UNMIS, y el efecto negativo que dichas restricciones y obstáculos tienen en la capacidad de la UNMIS para cumplir su mandato con eficacia y en la capacidad de la comunidad de asistencia humanitaria para llegar a las personas afectadas” y exhortó “a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones internacionales a este respecto”.
Hasta el momento, el apaciguamiento y la negociación no han detenido, ni lo harán, la rapacidad del régimen sudanés rico en petróleo. Solamente una acción decidida, que eventualmente incluya el uso de la fuerza de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, podrá llevar un atisbo de solución a esta ingente crisis humanitaria. Ello no obstante, el mundo “civilizado” ha hecho muy poco para hacer cumplir las sanciones económicas, ni se ha movido para arrestar a los criminales de guerra procesados ni, ignominiosamente, todavía ha sido capaz de proporcionar uno de los helicópteros que las fuerzas de paz de requieren para el cumplimiento adecuado de su misión. Es hora de hacer frente a hechos: a menos que las Naciones Unidas consigan los medios políticos, económicos y militares de los Estados Miembros para apoyar su operación, la situación en Sudán/Darfur difícilmente vaya a modificarse.
La designación de Hilal parece enviar un mensaje de tono negativo al Secretario General, Ban Ki-moon, que tiene previsto volar a Sudán en unos días para reunirse con el Presidente sudanés Omar Hassan Ahmed Bashir. Quizás resultaría más apropiado que Ban Ki-moon cancelara ese viaje y volara a Beijing, que persuadió a Sudán a aceptar la misión híbrida de Naciones Unidas, y solicitara nuevamente ayuda al Gobierno chino para que ejerza presión sobre Bashir.
Ha llegado el momento de expresar con claridad si la comunidad internacional está dispuesta a ayudar a la población de Darfur o no lo está. Si éste es el caso, resulta cruel prometer a una población ayuda que nunca llegará.

Ricardo Arredondo es Diplomático y Profesor Honorario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y lo pueden contactar en este correo.