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Otro seminario del Humanitarian Law and Policy Forum, gratuito, oportuno y con excelentes participantes sobre la situación en Libia. No se lo pierdan. Aquí está la información:

Live Seminar 32: The Crisis in Libya: Planning the International Response
Tuesday, April 5, 2011, at 9:30 a.m. (EDT-Boston)

This Live Seminar will examine the modalities through which (elements of) the international community may respond to the ongoing crisis in Libya. Amid reports of violence, refugee and IDP flows, and other forms of instability, this Live Seminar will address the following questions:

  • How may the situation be qualified under international law, and what legal and policy consequences result from such a qualification?
  • What tactical and strategic dilemmas arise for the international community, especially in terms of prevention and mitigation of civilian harm?
  • What legal and policy frameworks provide a basis through which the international community may respond to the situation in order to repress violations?

These questions will be examined by reference to the complex crisis in Libya.
Naz Modirzadeh (Associate Director of HPCR) and Claude Bruderlein (Director) will host the discussion.

Presenters:

Luis Moreno-Ocampo, Prosecutor, International Criminal Court (Keynote)
Amb. R. Nicholas Burns, The Sultan of Oman Professor of the Practice of International Relations, Harvard Kennedy School of Government (Principle Presenter)
Sarah Leah Whitson, Executive Director, Middle East and North Africa Division, Human Rights Watch
Dirk Vandewalle, Associate Professor of Government, Dartmouth University
Philippa Thomas, Nieman Fellow, Harvard University & the BBC

Click here to read more.

 

Quizá la pregunta más relevante. Para encontrar una respuesta quizá pueda ser útil esta discusión sobre el plan de EE.UU. en Libia que hoy publica el New York Times acá.

El gran pensador contemporáneo de la guerra justa es Michael Walzer, autor del ya clásico Just and Unjust Wars (1977). Bueno, resulta que Walzer está en contra del ataque a Libia, autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la resolución 1973 (2011) el 17 de marzo. Walzer sostiene en un breve artículo publicado en la revista The New Republic, que hay tres argumentos que lo hacen estar en contra de los ataques: primero, que el objetivo de los ataques no está nada claro; segundo, que los apoyos árabes son insignificantes; tercero, que los silencios disonantes en el Consejo de Seguridad no se limitaron a China y Rusia, sino que abarcaron a otras potencias actuales o emergentes como Alemania, India y Brasil.

En España, el diario El País ha publicado un artículo que contiene muchas similitudes con el de Walzer. Lo firma Antonio Remiro Brotóns, un gran pensador del derecho y los asuntos internacionales, que habla siempre con voz propia. Lo pueden leer aquí.

Yo tengo, por supuesto, grandes dudas. Aborrezco el uso de la fuerza armada, me incomodan los dobles raseros, me molesta la falta de claridad estratégica y de principios, que denuncia Walzer cuando dice que los objetivos no están claros (¿qué se busca? ¿cambiar el régimen? ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿van a mandar soldados al terreno? ¿que pasará después de estos ataques?, etcétera), pero también detesto la falta de respuesta internacional frente a los gobiernos que cometen crímenes de lesa humanidad contra su población civil. Por eso, una vez adoptada, apoyo la decisión del Consejo de Seguridad. Algo que, por supuesto, no me impide criticar la forma en que se lleva a cabo la operación.

 

Estos días se habla mucho de la necesidad de establecer una zona de exclusión aérea en Libia para proteger a los rebeldes de los ataques de Gadafi. Incluso la Liga Árabe ha expresado su apoyo a esa medida. Sin embargo, aunque parezca necesario para evitar crímenes de un dictador que ha perdido la legitimidad para gobernar definitivamente -si alguna vez la tuvo-, no es algo sencillo. Esta nota de George Friedman en Stratfor muestra las dificultades que traería aparejado el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Entre otros problemas, Friedman afirma que la creación de una zona de exclusión aérea comienza con ataques, porque hay que eliminar las defensas aéreas de los enemigos. Por supuesto, para eso hay que saber cuántas son y dónde están esas defensas aéreas. Algunas pueden estar cerca de hospitales o escuelas. Además, hay que calcular qué se consigue con un área de exclusión aérea. Friedman afirma, con un juicio plausible, que lo único que podría lograrse es bloquear los ataques aéreos, pero que esto no evitaría que Gadafi siguiera atacando en tierra. Friedman recuerda el ejemplo de la zona de exclusión aérea en Iraq, que duró 12 años y no evitó que siguiera gobernando Saddam Hussein.

Todo apunta a que una zona de exclusión aérea no bastaría. Por eso quizá convenga en este momento recordar los principios para la intervención militar recomendados por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados en su informe sobre La responsabilidad de proteger. Ahí se decía que la soberanía implica responsabilidades y que incumbe al Estado la responsabilidad principal de proteger a su población. También se afirmaba que:

Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención.

En relación con las intervenciones militares, la Comisión afirmaba que se debían tener en cuenta los siguientes principios y criterios:

(1) EL CRITERIO MÍNIMO: CAUSA JUSTA

La intervención militar con fines de protección humana es una medida excepcional y extraordinaria. Para que esté justificada ha de existir o ser inminente un daño humano grave e irreparable del tipo siguiente:

A. grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado; o

B. ‘depuración étnica’ a gran escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación.

(2) PRINCIPIOS PRECAU TORIOS

A. Intención correcta: El fin primordial de la intervención, independientemente de que los Estados participantes tengan otros motivos, debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano. La mejor forma de cumplir con el principio de intención correcta es que las operaciones sean multilaterales y cuenten con un claro respaldo de las víctimas y de la opinión pública regional.

B. Último recurso: La intervención militar sólo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis y cuando haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no habrían dado fruto.

C. Medios proporcionales: La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido.

D. Posibilidades razonables: Debe haber una posibilidad razonable de poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción.

(3) AU TORIDAD COMPETENTE

A. No existe un órgano mejor ni más adecuado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para autorizar una intervención militar con fines de protección humana. No se trata de buscar alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad, sino de lograr que el Consejo funcione mejor que hasta ahora.

B. Siempre habrá que pedir autorización al Consejo de Seguridad antes de emprender una intervención militar. Los partidarios de la intervención deberán o bien solicitar la autorización oficialmente o bien lograr que el Consejo plantee la cuestión por propia iniciativa o que el Secretario General la plantee de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas.

C. El Consejo de Seguridad deberá examinar sin demora toda solicitud de autorización para intervenir cuando se denuncien grandes pérdidas de vidas humanas o depuraciones étnicas a gran escala. El Consejo habrá de verificar suficientemente los hechos o las condiciones sobre el terreno que puedan justificar una intervención militar.

D. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad deberán renunciar de mutuo acuerdo a ejercer su derecho de veto en asuntos que no comprometan sus intereses vitales, para no obstaculizar la aprobación de resoluciones que autoricen una intervención militar con fines de protección humana y que cuenten con apoyo mayoritario.

E. En caso de que el Consejo de Seguridad rechace una propuesta o no la examine en un período de tiempo razonable, existen las alternativas siguientes:

I. que la Asamblea General examine la cuestión en un período extraordinario de sesiones de emergencia, con arreglo al procedimiento establecido en la resolución “Unión pro Paz”; y

J. que una organización regional o subregional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta, actúe dentro de su zona de jurisdicción y posteriormente solicite la autorización del Consejo de Seguridad.

F. El Consejo de Seguridad habrá de tener en cuenta en todas sus deliberaciones que, si no cumple con su responsabilidad de proteger en situaciones que conmuevan las conciencias y exijan una actuación inmediata, los Estados interesados podrán recurrir a otros medios para hacer frente a la gravedad y urgencia de la situación, lo que podría menoscabar el prestigio y la credibilidad de las Naciones Unidas.

(4) PRINCIPIOS OPERACIONALES

A. Unos objetivos claros, un mandato siempre claro e inequívoco y recursos adecuados.

B. La adopción de un planteamiento militar común por las partes implicadas, unidad de mando, y jerarquía de mando y comunicaciones claras e inequívocas.

C. La aceptación de ciertas limitaciones, aumento progresivo y gradación de la aplicación de la fuerza, siendo el objetivo proteger a una población y no derrotar a un Estado.

D. Unas reglas de combate que se ajusten al concepto operacional y sean precisas, reflejen el principio de proporcionalidad y respeten plenamente el derecho internacional humanitario.

E. La aceptación de que la protección de la fuerza no puede convertirse en el objetivo principal.

F. La máxima coordinación posible con las organizaciones humanitarias.

 

 

Ricardo Arredondo, buen amigo de este blog, ha contribuido con un texto sobre la aplicabilidad y los desafíos de la RdP en América Latina en un documento publicado por el CRIES sobre Responsabiliad de proteger y prevención en América Latina y el Caribe: el rol de la sociedad civil, en el que también escriben Gilberto  M.A. Rodrigues y Andrés Serbín. La verdad es que resulta muy atractivo que haya un debate propiamente latinoamericano sobre RdP, que se nota en la contextualización y los énfasis que ponen estos autores. Como cuando Ricardo habla, por ejemplo, de las fronteras ideológicas bolivariana, interamericana y ecléctica de los países latinoamericanos frente a la RdP. Quizá este tipo de discusión demuestre que la RdP tiene una dimensión universal y otra regional que debe discutirse para que se pueda pasar de “la retórica a la acción”.

Héctor Olásolo me ha hecho llegar su lección inaugural como catedrático de Derecho penal y procesal penal internacional en la Universidad de Utrecht. El título es “LA FUNCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS ATROCES MEDIANTE SU INTERVENCIÓN OPORTUNA: De la Doctrina de la Intervención Humanitaria y de las Instituciones Judiciales Ex Post Facto al Concepto de Responsabilidad para Proteger y la Función Preventiva de la Corte Penal Internacional”. También está disponible en inglés “THE ROLE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN PREVENTING ATROCITY CRIMES THROUGH TIME INTERVENTION: From the Humanitarian Intervention Doctrine and Ex Post Facto judicial institutions to the Notion of Responsibility to Protect and the Preventative Role of the International Criminal Court”. Me ha llamado la atención la forma en que el profesor Olásolo conecta la idea de responsabilidad de proteger en el derecho internacional con la función preventiva de la Corte Penal Internacional:

Existe una clara conexión entre el concepto de responsabilidad para proteger y el mandato de la CPI en cuanto que ambos se centran en situaciones futuras de delitos atroces, y tienen como fundamento de actuación la responsabilidad principal de los estados afectados. Por esta razón, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki‐moon, se refirió el año pasado al Estatuto de la CPI como uno de los instrumentos claves en la aplicación del concepto de responsabilidad para proteger.

En este sentido, es importante subrayar que el la CPI comparte con las instituciones judiciales ex post facto de los noventa el compromiso de terminar con la impunidad como medio para promover: (i) la prevención general positiva consistente en garantizar la aplicación del derecho penal internacional y reforzar, de esta manera, los bienes jurídicos protegidos por el mismo; y (ii) la prevención general negativa resultante de transmitir a la clase dirigente mundial el mensaje de que aquellos que incurran en delitos atroces no quedarán impunes. Este compromiso es cumplido mediante una combinación de actuaciones judiciales con relaciones internacionales, programas de sensibilización y actividades de información pública.

Sin embargo, de manera significativa, el nuevo catedrático de la Universidad de Utrecht señala otra dimensión preventiva de la Corte:

[A] diferencia de las instituciones judiciales ex post facto de los noventa, el mandato preventivo de la CPI tiene una segunda dimensión consistente en la intervención oportuna en situaciones en las que existan amenazas concretas de futuros delitos atroces, o en las que este tipo de delitos se están ya cometiendo.

 

Y ahí comienza una parte muy interesante de la lección sobre esa importante dimensión preventiva de la CPI, especialmente cuando en relación con la tentativa  regulada por el artículo 25 del Estatuto de la CPI, que pueden leer en el texto del Profesor Olásolo. Por ahora, para finalizar, los dejo con esta conclusión de su lección, a la vez apropiada y provocadora intelectual y prácticamente:

[L]o que realmente está en juego es si la CPI se limita a ser uno de los varios mecanismos existentes para dirimir la responsabilidad penal individual surgida de la comisión de delitos atroces, o si por el contrario, más allá de cumplir con su mandato preventivo general, es capar de desarrollar plenamente su enorme potencial para el fortalecimiento del estado de derecho y la buena gobernabilidad de los estados afectados a través de su intervención oportuna.

Estoy asombrado de la cantidad de conferencias conferencias que se están organizando (por ejemplo, ésta) y publicaciones que están apareciendo (por ejemplo, ésta) sobre la responsabilidad de proteger. Y, en este sentido, me alegro especialmente de anunciar el Segundo Encuentro sobre Responsabilidad de Proteger, Multilateralismo y Sociedad Civil en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar el próximo viernes 12 de marzo en Panamá. A continuación copio el programa y, si algún participante me mandase las conclusiones, las publicaría también con mucho gusto.

Segundo Encuentro Regional

Responsabilidad de Proteger, Multilateralismo y Sociedad Civil en América Latina y el Caribe

12 de marzo de 2010, Panamá

9:30 – 10:00 Sesión de Apertura

Oradores:

William Pace Director Ejecutivo del World Federalist Movement – Institute for Global Policy – Miembro fundador y Secretaría Internacional del ICRtoP

Andrés Serbin Presidente Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), miembro fundador del ICRtoP

10:00 a 11:30 La Responsabilidad de Proteger en América Latina y el Caribe: su aplicabilidad y desafíos.

Oradores:

Ricardo Arredondo Profesor de Derecho Internacional Público (UBA) y Miembro del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) , Buenos Aires, Argentina

Gilberto Rodrigues CRIES / GAPCon- Brasil / Fulbright Visiting Scholar en la Universidad de Notre Dame

Diego Dewar Investigador del Global Centre for the Responsibility to Protect, Nueva York, Estados Unidos

11:30 – 11:45 Coffee break

11:45 – 13:00 Discusión en comisiones I: La Responsabilidad de Proteger en perspectiva Latinoamericana (ver plan de acción para preguntas)

Los participantes serán divididos en dos comisiones para la discusión, que serán coordinadas por Gilberto Rodrigues (GAPCon, Brasil) y Luis Cordero (Fundación Arias, Costa Rica).

Ejes de la discusión:

– Aceptación de la norma por parte de los gobiernos y organizaciones regionales, desafíos y oportunidades

– El significado de la implementación de R2P en la región

– Discusión de la posibilidad de aplicación de la R2P en casos concretos en países de ALC

Cada grupo deberá designar un relator que reportará al plenario final

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 16:00 Discusión en comisiones II: Estrategias de la sociedad civil en la implementación de la norma (ver plan de acción para preguntas)

Los participantes serán divididos en dos comisiones para la discusión, que serán coordinadas por Rebeca Pérez Mellado (Viva Río, Brasil) y Mariclaire Acosta Urquidi (CIDE, México).

Ejes de la discusión:

– Desarrollo de una estrategia de la sociedad civil para el desarrollo y la implementación de la R2P en ALC

Cada grupo deberá designar un relator que reportará al plenario final

16:00 – 16:15 Coffee break

16:15 – 17:45 Plenario y conclusión de discusiones grupales

17:45 – 18:00 Conclusiones y cierre a cargo de Andrés Serbin y Doris Mpoumou, Directora de la International Coalition for the Responsibility to Protect.

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