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El Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de estudios e investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa, convoca las IV Jornadas de Estudios de Seguridad, que se celebrarán en su sede de Madrid los días 22, 23 y 24 de mayo de 2012. Hasta el 16 de marzo se pueden presentar propuestas de papers sobre los temas de los cuatro paneles propuestos: la Corte Penal Internacional en escenarios de conflicto;  los conflictos armados actuales y su gestión internacional; gobernabilidad y seguridad  en América Latina; concepto y formas de seguridad en un mundo en evolución. El primer panel, que coordina la Profesora Alicia Gil Gil, me resulta especialmente atractivo y se describe así:

En 2012 la Corte Penal Internacional cumple diez años de funcionamiento. Su actuación (en las siete situaciones y trece casos que están abiertos ante ella) ha sido objeto de valoraciones positivas pero también de críticas. Si por una parte ha dado una notable contribución a la persecución penal de los responsables de gravísimos crímenes internacionales y al afianzamiento de la protección de los derechos humanos, por otra  se han cuestionado sus criterios de selección de las situaciones de las que ocuparse (llegándose a acusarla de una perspectiva “africanocéntrica”), la influencia política del Consejo de Seguridad y ciertas iniciativas del Fiscal General. A todo ello se suma la dificultad en realizar el complejo mecanismo de complementaridad que rige su intervención y la intrínseca ambigüedad de sus finalidades, que pretenden combinar la persecución penal (con sus objetivos clásicos de retribución y prevención) con un más amplio fin de restablecimiento y afianzamiento de la paz, además, tal vez, de una función educativa o simbólica que pretende dirigirse a la comunidad internacional en su conjunto. El panel se propone abordar estas cuestiones con un enfoque objetivo y crítico y con base en los casos y situaciones sobre los que la Corte Penal Internacional está trabajando.

Los posibles temas a tratar son: la actuación de la Corte Penal Internacional en sus diez primeros años de actividad; los criterios de selección de los casos y situaciones y la presunta perspectiva “africanocéntrica”; los procedimientos y juicios ante la Corte Penal Internacional; teoría y práctica del principio de complementaridad; el impacto de la actividad de la Corte en los Países afectados y su contribución a la pacificación nacional; papel e influencia del Consejo de Seguridad; papel y actuación del Fiscal General; las situaciones de Uganda, República Democrática del Congo, Darfur-Sudan, República de Centro África, Kenia, Libia, Costa de Marfil ante la CPI; la monitorización de la situación colombiana.

Suerte con sus propuestas. La información está aquí.

La Presidenta de la República Argentina Cristina Fernández Kirchner anunció ayer en un discurso que el caso Malvinas “se ha transformado en causa regional y global” por varias razones: “porque hemos desplegado un fuerte reclamo y una fuerte política hacia todos los países de América”; “porque vemos como se están depredando nuestros recursos naturales”; “porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más”. Esta última afirmación surge de la lectura que hace Argentina del envío del buque de guerra HSM Dauntless a las aguas del Océano Atlántico Sur y de la presencia de un heredero de la corona británica para hacer prácticas militares en Malvinas. La Presidenta Kirchner afirmó que repudiaba la militarización del Atlántico Sur y que había dado instrucciones a su canciller para que formulase una protesta formal ante Naciones Unidas.

La denuncia de Argentina, de acuerdo con lo que dijo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de ayer, se hará ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. El contenido de la denuncia no ha sido revelado con detalle y sólo se dice que se denunciará la “militarización del Atlántico Sur”. Se trataría de una denuncia de contenido fundamentalmente político y diplomático antes que jurídico. En la Asamblea General se puede discutir prácticamente cualquier asunto o cuestión que planteen los miembros de las Naciones Unidas, pero sus decisiones, en principio, sólo constituyen recomendaciones. El Consejo tiene competencia para investigar este tipo de denuncias, que pueden ser presentadas por cualquier Estado miembro de Naciones Unidas, bien se trate de controversias internacionales o de situaciones susceptibles de conducir a fricciones internacionales. Ahora bien, en el Consejo esas denuncias pueden conducir a resoluciones obligatorias si, además del apoyo político de los miembros del Consejo, especialmente de los miembros permanentes, el contenido de la denuncia constituye una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión (artículo 39 Carta Naciones Unidas). No es imposible que el envío del buque de guerra HMS Dauntless pudiera convertirse en una amenaza a la paz, pero por ahora resulta una interpretación que tendría escasos apoyos en el Consejo, no sólo por los miembros que lo componen (el Reino Unido es uno de los cinco miembros permanentes), sino también porque en principio esa sola acción no supone una violación del derecho internacional. En cualquier caso, el envío de ese moderno buque de guerra es especialmente inoportuno en fechas tan cercanas al treinta aniversario de la guerra de las Malvinas. Más aún cuando ayer mismo, el día en que se desclasificó el Informe Rattenbach, donde se critica severamente las decisiones de la dictadura militar argentina que llevaron a la guerra en 1982,  la Presidenta Fernández de Kirchner aseguraba que los argentinos han “sufrido demasiado la violencia” y que “nadie espere de nosotros ninguna respuesta que esté por fuera de la política y de la diplomacia”. En ese contexto, la eventual protesta argentina tiene un significado diplomático y político muy relevante.

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