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Ayer estuve en el panel de la conferencia annual de la American Society of International Law que moderó Ariel Dulitzky (Universidad de Texas) sobre la crisis del sistema internamericano de derechos humanos. No hubo acuerdo sobre si hoy, después de la resolución de 22 de marzo de 2013, había crisis o no. Dos de los cuatro panelistas, los embajadores Joel Hernández de México y Breno de Souza Díaz de Costa de Brazil en EE.UU., sostuvieron que la resolución de la Asamblea extraordinaria de la OEA de 22 de marzo significaba una superación de la crisis, que el resultado era positivo y se había “recuperado la confianza”. La profesora Mónica Pinto (Universidad de Buenos Aires) y, sobre todo, el Sr. José Miguel Vivanco (Human Rights Watch) se inclinaron por explicar las razones por las que la crisis seguía existiendo o incluso se había potenciado con la falta de cierre de la resolución.

Los temas más controvertidos que se plantearon estuvieron ligados al significado de las palabras “continuación del diálogo” en la citada resolución, la controversia sobre la financiación de la Comisión y la propuesta de cambiar la sede de la Comisión a San José de Costa Rica. El trasfondo de la discusión revela una lucha de poder entre concepciones distintas sobre la práctica y la función de la Comisión. Nadie duda de que, como dijo la profesora Pinto, hay un nuevo equilibrio de poderes en la región, con organizaciones nuevas como el ALBA y Unasur, cuyos países se muestran descontentos con ciertas prácticas de la Comisión y también con el hecho de que muchos países con poder de votos se ubican fuera, al margen del sistema de control de derechos humanos, como Estados Unidos, Canadá y otros tantos países caribeños, que sin embargo consiguen sumar hasta 14 votos de los 34 posibles, sin contar a Haití. Es por esto que los países del ALBA van a seguir presionando para lograr mayores cambios, incluida su propuesta de cambiar la sede de la Comisión.

José Miguel Vivanco fue el más crítico con los países ALBA, que para él estos países usan la idea de soberanía en contradicción con los derechos humanos, para poner freno a los derechos humanos, impidiendo el ejercicio de la protección que la Comisión debe llevar a cabo. Para Vivanco, el problema de la financiación quedó pendiente (recordó que Europa paga el 30 por ciento del presupuesto de la Comisión), pero el compromiso de la continuación del diálogo, que fue prospuesto por el Canciller argentino para salvar la resolución, deja abierto todo.

Hubo una cierta coincidencia en que la universalidad era uno de los grandes desafíos para el sistema, es decir, la participación efectiva de todos los Estados en el sistema de derechos humanos. Un puente lejano, por lo que respecta a países como Estados Unidos, en el que ni siquiera se discute como un problema la falta de ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Yo pregunté por el papel de la Corte Interamericana en esta crisis, sobre todo teniendo en cuenta el rol activo que tuvo la Corte en la crisis del Perú. Dulitzky fue claro: el presidente de la CIDH tuvo un papel muy criticable cuando declaró que todo esto era un problema de la Comisión, no de la Corte. Destacó además que la Comisión era la primera defensora de la Corte.

El diálogo continuará…

El seminario del próximo viernes 5 de octubre, con la inestimable ayuda de Skype, tendremos la ocasión de discutir las ideas de Roberto Gargarella (CONICET, UBA) sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs Uruguay, de 24 de febrero de 2011. Roberto ha escrito un trabajo crítico, como siempre muy interesante, con el nombre “Sin lugar para la soberanía. Democracia, derechos y castigo en el caso Gelman”, donde se concentra fundamentalmente en tres problemas, que en la introducción de su trabajo él describe de la siguiente forma:

El primer problema, al que llamaré i) el problema de la gradación democrática, nos exige reflexionar sobre los modos en que lidiar con manifestaciones colectivas y democráticas de distinto tipo. La intuición que me guiará en este respecto es que distintas decisiones democráticas (una decisión parlamentaria, un decreto presidencial, un plebiscito) pueden requerir tratamientos diferenciados, antes que uniformes.

El segundo problema se relaciona con los derechos, y lo denominaré simplemente ii) el problema del desacuerdo. El mismo tiene que ver con las razonables desavenencias que encontramos, dentro de cualquier sociedad democrática (no sólo en torno a qué derechos merecen protección, sino más particularmente, y en lo que aquí me interesa) en torno al significado, contenido y alcance de los derechos que protegemos y, a partir de allí, acerca del modo en que proteger a esos derechos. Mi principal intuición al respecto es que los profundos y sensatos desacuerdos que tenemos en materia de derechos exigen de formas más dialógicas (y por tanto, menos autoritativas) de acercarnos a la cuestión, sobre todo en los casos más difíciles (hard cases).

El tercer problema, vinculado con la cuestión del castigo, se refiere a iii) la diversidad del reproche estatal. Básicamente, lo que dice mi intuición sobre el tema es que reprochar no es lo mismo que castigar, y que un Estado democrático, por un lado, debe tener la posibilidad de optar entre formas distintas de reprochar las conductas que quiere desalentar asumiendo, por otro lado, que esas formas pueden incluir, o no, al castigo.

El seminario será el 5 de octubre en la sala IV de Seminarios de la Facultad de Derecho, a las 12:15 horas de Madrid (temprano en Buenos Aires). Esperemos que la conexión Skype sea buena. Tras la intervención de Roberto de abrimos el debate. Son bienvenidas las preguntas y críticas escritas enviadas a mi correo antes de la sesión.

La foto es de Chema Madoz.

Me entero por un post en el blog Corte IDH de Oswaldo Ruiz-Chiriboga, que se va a publicar un comentario artículo por artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este enlace de ssrn pueden descargar el capítulo que Oswaldo ha escrito junto a  Gina Donoso sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas y tribales en español.

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