aquiescencia

Las noticias de hoy informan que el Presidente de Serbia, Boris Tadic, ha dicho en una rueda de prensa en Belgrado que pedirá la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la independencia de Kosovo. Es posible, aunque ciertamente difícil, porque la solicitud debería provenir bien del Consejo de Seguridad o bien de la Asamblea General de las Naciones Unidas (artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas). El primer órgano habría que descartarlo, por el veto más que previsible de miembros permanentes del Consejo de Seguridad que han apoyado con fuerza la independencia de Kosovo y su legalidad internacional. La Asamblea, en cambio, no tiene ese impedimento, porque las decisiones se toman por mayoría y todos los votos de los estados miembros valen igual. El reto para Serbia es conseguir los votos suficientes para que la Asamblea adopte una resolución que solicite a la Corte una opinión consultiva sobre la legalidad de la declaración de indepedencia de Kosovo. No parece una tarea fácil, pero es posible -un tema distinto, que podemos comentar si finalmente ocurriese la solicitud, es la pregunta por los efectos de una opinión de la Corte sobre la independencia de Kosovo.

La Corte Internacional de Justicia ha hecho pública hoy su sentencia en el caso que Yibuti, un pequeño Estado africano, presentó contra Francia respecto de ciertas cuestiones referidas a la cooperación judicial penal. La Corte ha decidido que Francia, al no dar a Yibuti las razones por las cuales rechazó ejecutar la carta rogatoria presentada por ese país el 3 de noviembre de 2004, incumplió una obligación internacional basada en el artículo 17 del Convenio bilateral sobre asistencia mutua en materia penal, de 27 de septiembre de 1986, que establece claramente la obligación de motivar. Para la Corte, sin embargo, la falta de motivación no precluye el derecho de Francia de ampararse en el artículo 2.c) del Convenio, que contiene una cláusula que permite rechazar las peticiones si su ejecución fuese a producir un perjuicio en la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estados. El resto de alegaciones de Yibuti, que incluían cuestiones relativas a la inmunidad penal de Jefes de Estado (tema del libro de Rubén Carnerero, que comentamos hace unos días), fueron rechazadas. En relación con la reparación, la Corte afirma que la declaración de incumplimiento constituye una satisfacción apropiada.

Respecto de la jurisdicción de la Corte, el caso es interesante porque esta es la primera vez que la Corte decide una controversia sobre la base del artículo 38.5 de su Reglamento, que permite incoar el procedimiento mediante una especie de forum prorrogatum. El párrafo en cuestión, introducido en la reforma de 1978, dice así:

5. Cuando el demandante pretenda fundar la competencia de la Corte en un consentimiento todavía no dado o manifestado por el Estado contra quien se haga la solicitud, ésta última se transmitirá a ese Estado. No será, sin embargo, inscrita en el Registro General ni se efectuará ningún acto de procedimiento hasta tanto el Estado contra quien se haga la solicitud no haya aceptado la competencia de la Corte a los efectos del asunto de que se trate.

Como de costumbre, un resumen de la sentencia aparece en el comunicado de prensa de la Corte.

El 23 de mayo de 2008 se publicó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia relativa a la soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y South Ledge (Malaisia/Singapur). El caso fue remitido a la Corte por un acuerdo especial hecho en 2003 entre Malaisia y Singapur, por el que sometían a la Corte una controversia sobre la soberanía de esos tres islotes situados al este del estrecho de Singapur. La Corte decide en su sentencia que la soberanía sobre el islote Pedra Branca/Pulau Batu Puteh pertenece a Singapur, que Middle Rocks pertenece a Malaisia y que la soberanía sobre South Ledge debe determinarse tras la delimitación de los espacios marinos de las partes. La sentencia se ocupa extensamente de determinar la soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, y esencialmente resuelve que históricamente no era terra nullius y que el Sultanato de Johor poseía un título original sobre el islote, pero que luego se produce una transferencia de soberanía a Singapur en la que una carta de respuesta de 21 de septiembre de 1953 del entonces Secretario de Estado en funciones del Sultanato de Johor sobre la condición del Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (“the Johore Government [did] not claim ownership of Pedra Branca”) juega un papel esencial según la Corte.

Aunque la mayoría por la que se decide la soberanía de Singapur sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh es amplia (12 votos a favor contra 4), la decisión no deja de ser controvertida, como se pone de manifiesto en las opiniones disidentes de los jueces Simma y Abraham,  y del juez ad hoc Dugard. Los jueces Simma y Abraham no están convencidos de la validez de la transferencia de soberanía a Singapur operada por la carta del Secretario de Estado en funciones del Sultanato de Johor de 21 de septiembre de 1953 y ponen el acento en la falta de elección entre acuerdo tácito y aquiescencia para determinar el fundamento del título de soberanía, así como en el incumplimiento de los requisitos necesarios para una transferencia de soberanía a falta de una acuerdo expreso entre las partes. El juez ad hoc John Dugard también disiente sobre la adjudicación de la soberanía sobre el islote Pedra Branca/Pulau Batu Puteh a Singapur y  sostiene que la mayoría de la Corte ha dictado un fallo basado en equidad antes que en derecho internacional.

Quizá sea algo exagerada la afirmación de que “la Corte Internacional de Justicia es relevante, por definición, en un contexto regional”, defendida por el difunto juez Sir Robert Jennings en el Coloquio de 1990 de la Academia de Derecho Internacional. Hay, sin duda, casos que van más allá de cualquier regionalismo, como la opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el uso de las armas nucleares de 8 de julio de 1996. Pero Jennings tenía gran parte de razón. A juzgar por su lista de casos pendientes, la región latinoamericana es hoy la que más trabajo parece estar dando a la Corte. En efecto, hay 8 países latinoamericanos que comparecen, bien como demandantes o como demandados, ante la Corte en cinco casos diferentes: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua y Uruguay. Los temas de fondo son variados e incluyen cuestiones jurídicas relativas al medio ambiente, derecho de navegación fluvial, delimitación marítima y terrestre, etc. Se trata, en principio, de una buena noticia: países latinoamericanos resolviendo sus controversias por medios de solución pacíficos frente a la posibilidad, ilegal pero real, de usar medios violentos que no solucionan nada. Aunque también hay interrogantes interesantes que hacen pensar en ciertas desventajas que podrían en el futuro conducir a los Estados a buscar vías de solución pacífica de controversias alternativas a la CIJ. Por poner un ejemplo: es difícil de explicar que todos estos Estados que hablan y se entienden en castellano opten por litigar en idiomas extranjeros, teniendo que traducir todos y cada uno de los cuantiosos documentos de los procedimientos judiciales, creando costes económicos importantes, que deben sufragar sus propios contribuyentes.