Home

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Lo expresado en el título es mi opinión personal en relación con la reciente (nuevamente, airada, hipócrita) reacción estadounidense bajo la administración de Donald Trump (nominado por algunos como Nobel de paz, mire usted…) posterior a la decisión de la Corte Internacional de Justicia referente a medidas cautelares otorgadas a favor de Irán, consistente en retirarse del tratado de amistad con Irán de 1955 (y, de paso, tras el caso presentado por Palestina, también han decidido denunciar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas). Pues bien, aparte del hecho de que la denuncia no surte efectos inmediatos, y que pretenden escapar de la jurisdicción de la CIJ en un futuro, los casos presentados podrán seguir siendo examinados por esta Corte considerándose que las cláusulas compromisorias y las obligaciones sustantivas, ambas contenidas en los tratados en cuestión, seguirán siendo oponibles al haber transcurrido un año (que opera cuando no se haya indicado otro período de preaviso) para los Estados Unidos de América (vid. art. 56.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), y los hechos que suscitaron las controversias podrán examinarse a la luz del derecho que estaba vigente en el momento de su comisión, para indagar si en tal momento se generó responsablidad estadounidense, según el principio de intertemporalidad.  Muy bien dijo el árbitro Max Huber en el célebre caso de la Isla de Palmas que “a juridical fact must be appreciated in the light of the law contemporary with it, and not of the law in force at the time when the dispute in regard to it arises or falls to be settled”.

Por su parte, siendo esto relevante y similar a lo analizado frente a Estados Unidos e Irán en este post, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que, a pesar de que se había efectuado una denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado demandado, ella era competente para conocer la demanda por cuanto los hechos del caso se presentaron antes de que surtiese efectos el respectivo retiro. Al respecto, en su decisión sobre excepciones preliminares, esta Corte manifestó lo siguiente:

“El 26 de mayo de 1998 Trinidad y Tobago denunció la Convención y de acuerdo con el artículo 78 de la misma, esta denuncia tuvo efecto un año más tarde, el 26 de mayo de 1999. Los hechos a los que se refiere el presente caso ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de la denuncia hecha por el Estado. Por lo tanto, esta Corte es competente, en los términos de los artículos 78.2 y 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso y dictar sentencia sobre la excepción preliminar presentada por el Estado”.

Siguiendo la misma lógica, en la página web de la Corte Penal Internacional se dice lo siguiente sobre la situación y competencia relativas a un Estado que se retiró del Estatuto de Roma, Burundi:

“Burundi deposited its instrument of ratification to the Rome Statute on 21 September 2004. Burundi withdrew from the Rome Statute, and the withdrawal took effect on 27 October 2017. The ICC may therefore exercise its jurisdiction over crimes listed in the Rome Statute committed on the territory of Burundi or by its nationals from 1 December 2004 to 26 October 2017″.

Además, se cuenta con el antecedente del primer caso Nicaragua vs. Colombia y del mismo caso sobre actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en el que los Estados Unidos. En su decisión sobre excepciones preliminares en este último caso, la CIJ ya tuvo la oportunidad de aclarar, en relación con el reconocimiento de competencia de su competencia (o la de otro órgano judicial internacional, puede entenderse de forma análoga), que:

“[T]he unilateral nature of declarations does not signify that the State making the declaration is free to amend the scope and the contents of its solemn commitments as it pleases […] the right of immediate termination of declarations with indefinite duration is far from established. It appears from the requirements of good faith that they should be treated, by analogy, according to the law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from or termination of treaties that contain no provision regarding the duration of their validity. Since Nicaragua has in fact not manifested any intention to withdraw its own declaration, the question of what reasonable period of notice would legally be required does not need to be further examined : it need only be observed that from 6 to 9 April would not amount to a “reasonable time” […] sum, the six months’ notice clause forms an important integral part of the United States Declaration and it is a condition that must be complied with in case of either terrmination or modification. Consequently, the 1984notification, in the present case, cannot override the obligation of the United States to submit to the compulsory jurisdiction of the Court vis-à-vis Nicaragua, a State accepting the same obligation”.

Ahora bien, en el mismo caso, pero ya en la etapa procesal de fondo, la Corte Internacional de Justicia manifestó en 1986 que cuando un mismo contenido normativo esté incluido en el producto de distintas fuentes del derecho internacional, tales productos son independientes y no se verán afectados por lo que ocurra con el creado por otra fuente (de la misma u otra naturaleza) a pesar de la coincidencia de contenidos (total o parcial, e incluso si una exigencia similar se basa en fundamentos o ideas diversas). Esto es relevante para el caso de las medidas cautelares solicitadas por, y otorgadas a, Irán, como explicaré más abajo. En el entretanto, conviene citar textualmente las palabras de la CIJ:

“On a nurnber of points, the areas governed by the two sources of law do not exactly overlap, and the substantive rules in which they are frarned are not identical in content. But in addition, even if a treaty norrn and a custornary norrn relevant to the present dispute were to have exactly the same content, this would not be a reason for the Court to take the view that the operation of the treaty process rnust necessarily deprive the custornary norm of its separate applicability. Nor can the multilateral treaty reservation be interpreted as meaning that, once applicable to a given dispute, it would exclude the application of any rule of customary international law the content of which was the same as, or analogous to, that of the treaty-law rule which had caused the reservation to become effective”.

Pues bien, con fundamento en las anteriores bases jurídicas, procedamos a indagar si la denuncia estadounidense afecta lo dicho por la CIJ esta semana, en el tres de octubre, en el sentido de ordenar la protección cautelar de determinados derechos iraníes basados en el tratado de 1955, considerando que tienen un vínculo con el instrumento convencional en cuestión y no pueden verse afectados por una invocación (párr. 69) estadounidense del artículo XX. Al respecto, se sostuvo por el tribunal en el párrafo 75 de su orden que:

“The Court has already found that at least some of the rights asserted by Iran under the 1955 Treaty are plausible (see paragraphs 69-70 above). It recalls that this is the case with respect to the asserted rights of Iran, in so far as they relate to the importation and purchase of goods required for humanitarian needs, such as (i) medicines and medical devices; and (ii) foodstuffs and agricultural commodities; as well as goods and services required for the safety of civil aviation, such as (iii) spare parts, equipment and associated services (including warranty, maintenance, repair services and safety-related inspections) necessary for civil aircraft. In the view of the Court, certain aspects of the measures requested by Iran aimed at ensuring freedom of trade and commerce, particularly in the above-mentioned goods and services, may be considered to be linked to those plausible rights whose protection is being sought”.

Pues bien, ¿y en dónde se puede entender que incluso con posterioridad al momento en que se generen los efectos de la(s) denuncia(s) examinada(s)? Porque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de las Naciones Unidas) bien dijo que las (mal) llamadas sanciones impuestas por algunos Estados (que eventualmente podrían ser contramedidas adoptadas por terceros, cuya legalidad en algunos casos sería inexistente, tema estudiado por mi amiga Alexandra Hofer) han de implementarse de forma tal que no afecten el goce y ejercicio de derechos humanos (teniendo el Estado afectado, igualmente, un deber de diligencia de procurar que no se vean ellos afectados) ni a la sociedad en general de forma indiscriminada. Por ello, las excepciones humanitarias y de aviación civil (con evidentes implicaciones de seguridad para la vida e integridad personal) obligarían, a mi juicio (no viendo yo posible otra interpretación, salvo una cínica que desprecie la dignidad humana y el derecho tanto internacional como interno sobre derechos humanos y fundamentales), a los Estados Unidos de América en las cuestiones sobre medidas contra Irán (tomadas tras el desastroso e irresponsable retiro del acuerdo nuclear con Irán pactado por la administración Obama) incluso por bases jurídicas distintas a las presentes en el acuerdo denunciado, presentes tanto en el derecho consuetudinario como convencional en el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Concluyamos con las palabras del Comité DESC en su observación general Nº 8, sobre la “Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales”:

“11. La segunda categoría de obligaciones se refiere a la parte o partes responsables de la imposición, el mantenimiento o la aplicación de las sanciones, ya se trate de la comunidad internacional, de una organización internacional o regional, o de un Estado o un grupo de Estados. A este respecto, el Comité considera que del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales se desprenden lógicamente tres conclusiones.

12. En primer lugar, esos derechos deben ser tenidos plenamente en cuenta al diseñar el régimen de sanciones adecuado. Sin refrendar ninguna medida particular a este respecto, el Comité toma nota de propuestas como las que piden la creación de un mecanismo de las Naciones Unidas para la previsión y el seguimiento de los efectos de las sanciones, la elaboración de un conjunto más transparente de principios y procedimientos acordados basados en el respeto de los derechos humanos, la determinación de un número mayor de bienes y servicios exentos, la autorización de organismos técnicos reconocidos para determinar las exenciones necesarias, la creación de un conjunto de comités de sanciones dotados de mayores recursos, una definición más precisa de las vulnerabilidades de aquellos cuya conducta desea modificar la comunidad internacional y la introducción de una mayor flexibilidad general.

13. En segundo lugar, durante todo el período de vigencia de las sanciones se debe proceder a una vigilancia efectiva, en todo caso requerida por las disposiciones del Pacto. Cuando una entidad externa asume una responsabilidad incluso parcial por la situación de un país (ya sea en el marco del Capítulo VII de la Carta o de cualquier otro instrumento), asume también inevitablemente la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de la población afectada.

14. En tercer lugar, la entidad externa tiene la obligación de “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas” para responder a todo

sufrimiento desproporcionado impuesto a los grupos vulnerables del país de que se trate.

15. Adelantándose a la objeción de que las sanciones entrañan casi por definición graves violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales si pretenden conseguir sus objetivos, el Comité toma nota de la conclusión de un importante estudio de las Naciones Unidas en el sentido de que es posible adoptar “decisiones para aliviar el sufrimiento de los niños o reducir al mínimo otras consecuencias nefastas sin comprometer el objetivo político de las sanciones”. Ello se aplica igualmente a la situación de todos los grupos vulnerables”.

Actualización: escribo esto el día 11 de octubre de 2018, mientras veo el streaming de los argumentos sobre excepciones preliminares presentados en audiencia pública ante la Corte Internacional de Justicia, para resaltar que la defensa estadounidense acaba de confirmar las ideas de este post, al decir que en ningún momento invocan una (inexistente) inaplicabilidad del tratado de amistad con Irán porque no esté en vigor, lo cual un abogado que representa a los Estados Unidos de América acaba de decir es un argumento que no esgrimen como excepción preliminar, por lo cual criticaron un argumento de Pellet, que caracterizan como equivocado o “misrepresenting” la postura estadounidense (y, curiosamente, el presidente acaba de interrumpir al abogado británico que representa a los Estados Unidos para pedirle que hable más despacio para facilitar la labor del intérprete… algo extraño porque estaba hablando, a mi parecer, ya con lentitud y claridad en la enunciación… El abogado se quejó al decir que ya había sufrido una misma interrupción al llegar al mismo argumento en el pasado: sobre la controversial, que no comparto, idea basada en “clean hands”…).

Por Nicolás Carrillo Santarelli

La Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ) acaba de emitir y publicar su decisión sobre excepciones preliminares presentadas por Francia vía streaming y en su página web, en la que se encuentra el texto de la sentencia. En últimas, la conclusión fue la siguiente:

“The Court concludes that it lacks jurisdiction pursuant to the Palermo Convention to entertain Equatorial Guinea’s Application. The Court further concludes that it has jurisdiction pursuant to the Optional Protocol to the Vienna Convention to entertain the submissions of Equatorial Guinea relating to the status of the building at 42 Avenue Foch in Paris as diplomatic premises, including any claims relating to the seizure of certain furnishings and other property present on the above-mentioned premises. Finally, the Court finds that Equatorial Guinea’s Application is not inadmissible on grounds of abuse of process or abuse of rights” (párr. 153).

A continuación, destacaré apartados que llamaron mi atención.

La consideración de que no había jurisdicción frente a la Convención de Palermo (que, como a mi juicio bien concluyó la CIJ, exige intentar negociar durante un tiempo razonable, tras el cual puede presentarse una demanda ante la Corte o a arbitraje si así lo acuerdan las partes, párrs. 75-76) se tomó frente a la controversia relativa a si la inmunidad jurisdiccional del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue era una cuestión cobijada por el artículo 4 de aquel tratado, donde se aludía a la igualdad soberana y al principio de no intervención (párr. 68).  La Corte consideró que, en tanto hay una distinción normativa y técnica entre aquella inmunidad y el principio de igualdad soberana a pesar de que estén relacionados, no podía entenderse que la mención a la soberanía en el artículo 4 se extendiese sobre y cobijase otros principios relacionados. Al respecto, con una interpretación no extensiva, en el párrafo 93 de la decisión se dice que:

“[T]he rules of State immunity derive from the principle of sovereign equality of States (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (I), pp. 123-124, para. 57). However, Article 4 does not refer to the customary international rules, including State immunity, that derive from sovereign equality but to the principle of sovereign equality itself. Article 4 refers only to general principles of international law. In its ordinary meaning, Article 4 (1) does not impose, through its reference to sovereign equality, an obligation on States parties to act in a manner consistent with the many rules of international law which protect sovereignty in general, as well as all the qualifications to those rules”.

En cuanto al Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, hay efectivamente una (interesante) controversia entre las partes, en tanto:

“Equatorial Guinea argues that Article 1 (i) of the Vienna Convention is not merely “descriptive” as maintained by France, but is also “declaratory” in that “[a]s soon as a building is designated for the purposes of a diplomatic mission by the sending State — at least in the absence of clear and undisputed conditions imposed by the receiving State on all sending States, without discrimination — the receiving State must recognize its inviolability […] Article 1 (i) of the Vienna Convention thus does no more than to define what constitutes “premises of the mission”, a phrase used later in Article 22 […] Article 22 of the Vienna Convention provides a régime of inviolability, protection and immunity for “premises of [a diplomatic] mission”” (párrs. 128, 132.133).

Al respecto, la Corte, como era lógico, encontró una controversia entre las partes, que resolverá al pronunciarse sobre el fondo del caso, “as to whether or not the building at 42 Avenue Foch in Paris, which Equatorial Guinea claims is “used for the purposes of its diplomatic mission”, qualifies as “premises of the mission” and, consequently, whether it should be accorded or denied protection under Article 22” (párr. 134, subrayado añadido), extendiéndose su competencia sobre bienes muebles (párr. 137) a pesar de lo siguiente:

“Although the Court has held that an applicant may not introduce during the course of the proceedings a new claim which would have the effect of transforming the subject-matter of the dispute originally brought before it (Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 695, para. 108), it is not persuaded that Equatorial Guinea, in advancing its argument regarding movable property seized from the premises at 42 Avenue Foch in Paris, has introduced a new claim into the proceedings. The aspect of the dispute as identified by the Court in paragraph 70 above relates to the inviolability and immunity of the premises in question as a legal consequence of diplomatic status. The Parties agree that Article 22 of the Vienna Convention provides for the régime of inviolability of buildings which have the status of diplomatic premises. Under Article 22, paragraph 3, it is not only the premises of the mission but also “their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission” that are immune from search, requisition, attachment or execution. The Court considers that any claims relating to movable property present on the premises at 42 Avenue Foch in Paris, and resulting from the alleged violation of the immunity to which the building is said to be entitled, fall within the subject-matter of the dispute and that as such the Court is competent to entertain them” (párr. 137). Al igual que frente a la Convención de Palermo (supra), la Corte bien dijo que la posibilidad de que se presente la controversia ante arbitraje no supone una exigencia de ello que excluya la posibilidad de acudir ante la CIJ, al decir que:

“[W]hen read in conjunction with those of Article I and with the Preamble to the Protocols, make it crystal clear that they are not to be understood as laying down a precondition of the applicability of the precise and categorical provision contained in Article I establishing the compulsory jurisdiction of the Court […] Articles II and III provide only that, as a substitute for recourse to the Court, the parties may agree upon resort either to arbitration or to conciliation. It follows, first, that Articles II and III have no application unless recourse to arbitration or conciliation has been proposed by one of the parties to the dispute and the other has expressed its readiness to consider the proposal” (párrs, 120-121).

Me resultó muy interesante, por preferencias académicas, el debate planteado por Francia sobre la existencia o no de un abuso del derecho, en el sentido de que:

“France denies that the Court has jurisdiction, inter alia, on the ground that “Equatorial Guinea’s claim seeks to consolidate an abuse of rights”. It refers to “a necessary corollary of the principle of good faith, in the form of both an abuse of process and an abuse of rights”. France argues that Equatorial Guinea’s conduct was an abuse of rights and that its seisin of the Court was an abuse of process […] As to abuse of process, France argues that Equatorial Guinea’s Application by which it seised the Court constitutes an abuse of process because it was submitted “in the manifest absence of any legal remedy and with the aim of covering abuses of rights committed in other respects”” (párrs. 139, 141, subrayado añadido).

En concreto, Francia dice que el abuso habría consistido en un cambio súbito del estatus de ciertos bienes con objetivos de blindarlos frente a investigaciones, con estos argumentos:

“As to abuse of rights, France refers to inconsistencies in correspondence sent and statements made by Equatorial Guinea regarding the date of acquisition by Equatorial Guinea of the building at 42 Avenue Foch in Paris and the use to which it was put. France argues that Equatorial Guinea had “suddenly and unexpectedly” transformed a private residence into premises of its mission and had appointed “its owner”, Mr.Teodoro Nguema Obiang Mangue, “to increasingly eminent political positions” as the French investigation proceeded. France alleges that Equatorial Guinea’s objective was to shield Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue and the premises from the pending criminal proceedings. France further contends in its written pleadings that the President of Equatorial Guinea “explicitly acknowledged that the reason for invoking the diplomatic nature of the building located at 42 Avenue Foch [in Paris] was to protect the building from criminal proceedings”” (párr. 140).

Frente a los anteriores interrogantes, la Corte Internacional de Justicia distingue entre abusos procesales y de derecho, y considera que las alegaciones sobre abuso del derecho como las  se discutirán en el fondo y deben ser probadas (según se desprende de la jurisprudencia de la CIJ y de la Corte Permanente de Justicia Internacional); mientras que no habría abuso del derecho porque hay un título válido y una base sólida de competencia, por lo cual su empleo no podría considerarse abusivo salvo que haya una prueba clara en contrario (lo cual es interesante porque admite que ello podría demostrarse incluso existiendo tales título y base). Veamos lo que dice la CIJ. Sobre la distinción:

“[A] distinction has been drawn between abuse of rights and abuse of process. Although the basic concept of an abuse may be the same, the consequences of an abuse of rights or an abuse of process may be different” (párr. 146).

Respecto a la necesidad de probar las alegaciones de abuso, la Corte dijo que:

“On several occasions before the Permanent Court of International Justice, abuse of rights was pleaded and rejected at the merits phase for want of sufficient proof” (párr. 147, subrayado añadido).

Acerca de los “abusos procesales” cuando hay título válido y la excepcionalidad de su admisibilidad en una etapa procesal preliminar si hay suficiente evidencia, la CIJ expresó lo siguiente:

“An abuse of process goes to the procedure before a court or tribunal and can be considered at the preliminary phase of these proceedings. In this case, the Court does not consider that Equatorial Guinea, having established a valid title of jurisdiction, should be barred at the threshold without clear evidence that its conduct could amount to an abuse of process. Such evidence has not been presented to the Court. It is only in exceptional circumstances that the Court should reject a claim based on a valid title of jurisdiction on the ground of abuse of process. The Court does not consider the present case to be one of those circumstances” (párr. 150, subrayado añadido).

Por último, en lo atinente al hecho de que el presunto abuso de derecho invocado por Francia es una cuestión que, en este caso, corresponde a la discusión sobre el fondo del caso, la Corte dijo:

“As to the abuse of rights invoked by France, it will be for each Party to establish both the facts and the law on which it seeks to rely at the merits phase of the case. The Court considers that abuse of rights cannot be invoked as a ground of inadmissibility when the establishment of the right in question is properly a matter for the merits. Any argument in relation to abuse of rights will be considered at the stage of the merits of this case […] For these reasons, the Court does not consider Equatorial Guinea’s present claim inadmissible on grounds of abuse of process or abuse of rights. France’s third preliminary objection is therefore dismissed” (párrs. 151-152, subrayado añadido).

De nuevo, nos encontramos con una decisión sobre excepciones preliminares en la que se tratan temas muy interesantes y relevantes desde la perspectiva de cuestiones trascendentales para el derecho internacional.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de hoy, la Corte Internacional de Justicia ha publicado sus decisiones (ver aquí) sobre admisibilidad y jurisdicción en los casos que las Islas Marshall interpusieron contra India, Pakistán y el Reino Unido, concluyendo por nueve votos contra siete que carecía de jurisdicción en tanto, a su juicio, había ausencia de una disputa entre las partes. Como afirma en su ulatrillante voto disidente el juez James Crawford (disponible en este vínculo), ciertamente para que la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ) pueda examinar el fondo de un caso, se exige que preexista una disputa o controversia entre las partes cuyos argumentos debe examinar la Corte. Al leer esta mañana la sentencia, me dejó un sinsabor y he de admitir que no me gustó en absoluto, sensación que se acrecentó y confirmó cuando leí votos disidentes como los escritos por Crawford y Cançado (disponible aquí), tanto así que si me viese inclinado por teorías conspiratorias podría incluso sospecharse que la Corte, con una victoria mínima (fueron dos votos de diferencia los que inclinaron la balanza hacia la conclusión de que no había controversia previa entre las partes), quizá tomó su decisión para evitar abordar un tema tan espinoso políticamente y que toca tantas sensibilidades políticas como el relativo a la posesión de armas nucleares y el desarme sobre las mismas. Quizá algo tuvo que ver este temor, de forma consciente o no, como sugerirían algunas posturas judiciales realistas, pues no puede olvidarse que el “público” (¿la clientela?) de la CIJ son los Estados, que en estas épocas son muy celosos de su soberanía (y egoístas).

¿Qué no me gustó de la sentencia? En primer lugar, que la decisión se basó en gran medida en la idea de que, para que exista una disputa, la parte demandada debe tener consciencia, o poder tenerla, sobre la existencia de la misma. En este sentido, en el párrafo 52 de la decisión, la Corte dice lo siguiente:

“[A]s the Court has previously concluded (see paragraphs 46-48 above), in the present case neither of the statements that were made in a multilateral context by the Marshall Islands offered any particulars regarding India’s conduct. On the basis of such statements, it cannot be said that India was aware, or could not have been unaware, that the Marshall Islands was making an allegation that India was in breach of its obligations. In this context, the conduct of India does not provide a basis for finding a dispute between the two States before the Court.”

Sin embargo, como dice Crawford, aunque en jurisprudencia previa ha habido alguna que otra mención a esta consciencia (“awareness”), no se había contemplado como una condición sobre la existencia de la disputa. Según Crawford, “At no point did the Court say that awareness was a legal requirement […] While the term “awareness” has sometimes been used in other cases in deciding whether there was a dispute, it has never been stated as a legal requirement, only as a description of the factual situation”.

Examinaré a continuación otros aspectos de la decisión. En cuanto a los aspectos positivos, la decisión confirma que, salvo que una norma lo exija expresamente, no es indispensable que haya una negociación o notificación previa a la interposición de una demanda ante la CIJ. En este sentido, en la decisión se dice que “the Court has rejected the view that notice or or negotiations are required where it has been seised on the basis of declarations made pursuant to Article 36, paragraph 2, of the Statute, unless one of those declarations so provides”.

Otra idea positiva que se encuentra en la decisión es la confirmación de que, para que exista una controversia, no es indispensable que la misma se haya generado estrictamente en intercambios o escenarios bilaterales, pues es posible que la misma se ventile en foros multilaterales. Según la decisión de hoy “Whether a dispute exists is a matter for objective determination by the Court which must turn on an examination of the facts […] For that purpose, the Court takes into account in particular any statements or documents exchanged between the parties […] as well as any exchanges made in multilateral settings” (párr. 36).

La anterior idea es completamente acertada, pues en el mundo de hoy los intercambios entre actores se realizan en muchas ocasiones en foros multilaterales. Sin embargo, la Corte falla en su apreciación social de aquellos foros, pues como se dice en los votos disidentes ignora las dinámicas de los mismos y los valores e intereses que entraña. ¿Por qué? Porque la Corte termina exigiendo intercambios expresamente bilaterales entre las partes en disputa judicial, ignorando que muchas veces pueden participar en grupos (formales o informales) que expresen diferentes puntos de vista; y que además en ocasiones puede haber exigencias generales en las que puedan estar implícitas peticiones o reclamaciones concretas y que hay reclamaciones hechas de forma más “diplomática” (palabra ciertamente pertinente) y sutiles. Examinemos esto a continuación.

Tras constatar que las Islas Marshall no presentaron evidencia sobre intercambios o reclamos estrictamente bilaterales (párr. 44), la Corte examina si los pronunciamientos realizados en escenarios multilaterales ofrecen vestigios de reclamaciones o controversias entre las Islas y los demandados. Según la Corte, para identificarlos en “multilateral settings” se debe prestar atención a elementos como “the content of a party’s statement and to the identity of the intended addressees, in order to determine whether that statement, together with any reaction thereto, show that the parties before it held “clearly opposite views” […] The question in this case is therefore whether the statements invoked by the Marshall Islands are sufficient to demonstrate the existence of such opposition” (párr. 45). La CIJ rechaza la existencia de una disputa previa a la interposición de la demanda por considerar que los pronunciamientos de las Islas Marshall eran únicamente “recomendatorios” (párr. 46) y no indicaban meridianamente la violación de obligaciones concretas. Además, en el párrafo 47, de forma problemática, para rechazar la existencia de una controversia entre las partes la CIJ esgrime que “the subject of the conference was not specifically the question of negotiations with a view to nuclear disarmament”. Esta última idea me parece débil, pues demuestra un excesivo formalismo innecesario que ciertamente deja sospechas y se encuentra en el trasfondo del pensamiento de la Corte en la decisión, siendo además criticado (con razón) por Crawford cuando dice que la Corte, por ejemplo en relación con la advertencia sobre la existencia de una controversia, “transforms a non-formalistic requirement into a formalistic one”. ¿Por qué no pueden presentarse reclamaciones concretas ligadas con un tema general de una conferencia? ¿Acaso no es un escenario de intercambios, quizá de los escasos si hay renuencia de los otros Estados o ausencia de conferencias concretas sobre una problemática? ¿No puede acaso ventilarse o exponerse por primera vez en escenarios más generales? La Corte también se escuda en el argumento de que sus críticas a los demandados en escenarios multilaterales constituían críticas generales. Esto tampoco me parece acertado, pues ciertamente la crítica concreta puede estar implícita si se relaciona con o subsume en la general.

De hecho, una acertada crítica de Crawford a la decisión de la (exigua) mayoría consiste en decir que la Corte malinterpreta o no da plenos efectos a la naturaleza de los escenarios multilaterales, pues por ejemplo no tuvo en cuenta que las Islas Marshall se unieron a bandos o agrupaciones (formales o informales) que criticaban la posición de actores como los Estados demandados. Así, Crawford dice que “by the time of Nayarit, by stages, tentatively, but in time, the Marshall Islands had associated itself with one side of that multilateral disagreement, revealing sufficiently for present purposes a claim in positive opposition to the conduct and claims of the nuclear-weapons States, including the respondent State.” Precisamente por esto, Crawford bien dice que la Corte termina creando un listón exageradamente alto para demostrar la existencia de una controversia. En sus palabras, los argumentos de la Corte:

“[I]mpose too high a threshold for determining the existence of a dispute. There is no doubt that India is one of the “States possessing nuclear weapons”: India publicly acknowledges that it has such weapons. Moreover, in a context in which the very scope of Article VI of the NPT and a corresponding customary international law obligation is the subject-matter of a disagreement articulated by a group of States, the Marshall Islands should not be required at this stage to particularize further the specific steps India should take or have taken.”

Acerca de la dimensión multilateral del caso, por su parte, el juez Antonio Cançado bien critica el hecho de que la Corte no haya tenido en cuenta la naturaleza de los intereses y bienes jurídicos en juego. Estoy plenamente de acuerdo, pues haberlos tenido en cuenta pudo haber llevado a la CIJ a entender que sí había una diferencia sobre un tema trascendental y que no podía ser tan formalista sino que bien podía (y debía, para no llegar a un non liquet suave, sutil e indirecto, como quizá pasó al ¿evadir? decidir de fondo) identificar una diferencia en la sociedad internacional, con algunos actores como el demandante apoyando una postura afín a intereses comunitarios. Según Cançado:

“The nature of a case before the Court may well require a reasoning going beyond the strictly inter-State outlook; the present case concerning the obligation of nuclear disarmament requires attention to be focused on peoples, in pursuance of a humanist outlook, rather than on inter-State susceptibilities […] The inter-State mechanism of adjudication of contentious cases before the ICJ does not at all imply that the Court’s reasoning should likewise be strictly inter-State. Nuclear disarmament is a matter of concern to humankind as a whole.”

Por otra parte, y en relación con el excesivo formalismo que demostró tener la Corte (¿de forma intencional? ¿habría obrado igual en otro caso con otros Estados y riesgos?) Crawford bien deplora el abandono de una tradición de flexibilización de requisitos que antes tuvo la Corte, los cuales en este caso por ejemplo podrían haber llevado a la Corte a sentirse satisfecha con el hecho de que antes de la interposición de la demanda había un germen de controversia o una controversia general previa, como admite la doctrina (pág. 4 del voto). Finalmente, dos ideas interesantes en el voto disidente de Crawford consisten en que la notificación sobre reclamaciones relacionadas con la responsabilidad pueden darse por medio de una demanda (párr. 22); y que la prohibición de que la Corte decida casos que necesariamente versen sobre intereses y derechos de terceros, según el principio del Oro monetario, no se produce cuando decidir sobre la calificación jurídica de la conducta de las partes pueda llevar a inferencias sobre la calificación de la conducta de terceros, sino únicamente cuando la adopción de una decisión necesariamente suponga tomar una decisión que afecte al tercero (párr. 30), algo con lo cual concuerdo.

Para concluir, puede decirse que el excesivo formalismo al que acude la Corte puede terminar generando actuaciones redundantes. Como bien dice Julian Ku, ahora que no puede decir la Corte que hay duda alguna de que el demandante tiene una controversia con los demandados, nada le impide interponer nuevamente una demanda… que no podrá ser rechazada con los argumentos con los que fue desestimada la acción sobre la que se decidió hoy por la Corte Internacional de Justicia.

El fallo es contundente. Por 14 votos a favor y dos en contra, la Corte ha rechazado la objeción preliminar de Chile y ha afirmado su competencia para decidir sobre la obligación de negociar de buena fe una salida al mar para Bolivia.

Aquí está el fallo, que en la decisión dice:

56. For these reasons,

THE COURT,

(1) By fourteen votes to two, Rejects the preliminary objection raised by the Republic of Chile; IN FAVOUR: President Abraham; Vice-President Yusuf; Judges Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Gevorgian; Judge ad hoc Daudet; AGAINST: Judge Gaja; Judge ad hoc Arbour;

(2) By fourteen votes to two, Finds that it has jurisdiction, on the basis of Article XXXI of the Pact of Bogotá, to entertain the Application filed by the Plurinational State of Bolivia on 24 April 2013. IN FAVOUR: President Abraham; Vice-President Yusuf; Judges Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Gevorgian; Judge ad hoc Daudet; AGAINST: Judge Gaja; Judge ad hoc Arbour.

Bolivia v. Chile en directo

septiembre 24, 2015

Aquí se puede ver en directo la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre jurisdicción en el caso Bolivia v. Chile:

http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en

Empieza a las 1500 CET.

¡Buena suerte! Hay plazo hasta el 17 de octubre para presentarse.

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=5&p3=3&v=146

Deadline for applications : 26 March 2015
Post title : Law Clerk to Judges of the Court (Associate Legal Officer)
Grade : P-2
Reference : 2015/2
Duty Station : International Court of Justice, The Hague, Netherlands
Organizational Unit : Department of Legal Matters
Indicative minimum net annual remuneration (including post adjustment) :
At single rate: €57,019
At dependency rate: €60,791

Background:

The International Court of Justice wishes to appoint a Law Clerk who will provide research and other legal assistance to one of the judges of the Court. For administrative purposes, Law Clerks are attached to the Department of Legal Matters.

Functions:

Under the supervision of the judge to whom he or she will be specifically assigned, the Law Clerk will provide that judge with legal research and related assistance with regard to cases pending before the Court. The Law Clerk may also be required to provide legal assistance and support to a judge ad hoc participating in a particular case. In co-ordination with his or her judge, the Law Clerk may also from time to time be called upon to perform some specific legal tasks for the Registry.

  • an advanced university degree in law, with a significant academic background in public international law or professional experience in the field. A first-level university degree in combination with qualifying experience may be accepted in lieu of an advanced university degree. Postgraduate studies in public international law would be an asset;
  • two years’ experience in the settlement of international legal disputes with an international organization, government, law firm or other private sector entity would be desirable.

Languages:

French and English are the official and working languages of the Court. Excellent knowledge of and drafting ability in French is required, as well as a good command of English. Knowledge of other official languages of the United Nations would be an asset.

Remuneration:

Depending on professional background, experience and family situation, a competitive compensation and benefits package is offered.

The Court’s salaries are calculated in US dollars but paid in euros. They consist of a basic salary and a post adjustment which reflects the cost of living in the Netherlands and the euro/dollar exchange rate.

In addition, the Court offers an attractive benefits package including 30 days of annual leave, home travel every two years, an education grant for dependent children, a pension plan and medical insurance.

PLEASE NOTE THAT APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE DEADLINE WILL NOT BE ACCEPTED

How to apply:

Applicants should complete a United Nations Personal History Form (P.11), or submit a full curriculum vitae, and attach a handwritten cover letter. Applicants are specifically requested to provide, with their application, a copy of their complete official academic record or transcript, detailing the grades/marks received for every university or professional qualification obtained (degree class, grade point average, mark or position in the overall ranking). If the relevant university or authority does not make such information available, that fact should be stated.

The selected candidate may be subject to a security clearance, including verification of the information provided in the personal history form and a criminal record check. All candidates should be in a position to submit an electronic copy of their passport and all diplomas listed on their profile when requested.

All applicants are strongly encouraged to send their application by e-mail, addressed to the Registrar of the Court, clearly indicating the vacancy announcement number.

E-mail: recrutement-recruitment@icj-cij.org

Fax: +31 70 364 99 28

Only applications from candidates under serious consideration will be acknowledged. Applications that are found by the Court to meet the above criteria may be added to a reserve list in case a similar vacancy arises in the future.

The Registrar reserves the right not to appoint any candidate to the post, or to appoint one at a lower level or on the basis of a modified description.

A %d blogueros les gusta esto: