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Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de hoy, la Corte Internacional de Justicia ha publicado sus decisiones (ver aquí) sobre admisibilidad y jurisdicción en los casos que las Islas Marshall interpusieron contra India, Pakistán y el Reino Unido, concluyendo por nueve votos contra siete que carecía de jurisdicción en tanto, a su juicio, había ausencia de una disputa entre las partes. Como afirma en su ulatrillante voto disidente el juez James Crawford (disponible en este vínculo), ciertamente para que la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ) pueda examinar el fondo de un caso, se exige que preexista una disputa o controversia entre las partes cuyos argumentos debe examinar la Corte. Al leer esta mañana la sentencia, me dejó un sinsabor y he de admitir que no me gustó en absoluto, sensación que se acrecentó y confirmó cuando leí votos disidentes como los escritos por Crawford y Cançado (disponible aquí), tanto así que si me viese inclinado por teorías conspiratorias podría incluso sospecharse que la Corte, con una victoria mínima (fueron dos votos de diferencia los que inclinaron la balanza hacia la conclusión de que no había controversia previa entre las partes), quizá tomó su decisión para evitar abordar un tema tan espinoso políticamente y que toca tantas sensibilidades políticas como el relativo a la posesión de armas nucleares y el desarme sobre las mismas. Quizá algo tuvo que ver este temor, de forma consciente o no, como sugerirían algunas posturas judiciales realistas, pues no puede olvidarse que el “público” (¿la clientela?) de la CIJ son los Estados, que en estas épocas son muy celosos de su soberanía (y egoístas).

¿Qué no me gustó de la sentencia? En primer lugar, que la decisión se basó en gran medida en la idea de que, para que exista una disputa, la parte demandada debe tener consciencia, o poder tenerla, sobre la existencia de la misma. En este sentido, en el párrafo 52 de la decisión, la Corte dice lo siguiente:

“[A]s the Court has previously concluded (see paragraphs 46-48 above), in the present case neither of the statements that were made in a multilateral context by the Marshall Islands offered any particulars regarding India’s conduct. On the basis of such statements, it cannot be said that India was aware, or could not have been unaware, that the Marshall Islands was making an allegation that India was in breach of its obligations. In this context, the conduct of India does not provide a basis for finding a dispute between the two States before the Court.”

Sin embargo, como dice Crawford, aunque en jurisprudencia previa ha habido alguna que otra mención a esta consciencia (“awareness”), no se había contemplado como una condición sobre la existencia de la disputa. Según Crawford, “At no point did the Court say that awareness was a legal requirement […] While the term “awareness” has sometimes been used in other cases in deciding whether there was a dispute, it has never been stated as a legal requirement, only as a description of the factual situation”.

Examinaré a continuación otros aspectos de la decisión. En cuanto a los aspectos positivos, la decisión confirma que, salvo que una norma lo exija expresamente, no es indispensable que haya una negociación o notificación previa a la interposición de una demanda ante la CIJ. En este sentido, en la decisión se dice que “the Court has rejected the view that notice or or negotiations are required where it has been seised on the basis of declarations made pursuant to Article 36, paragraph 2, of the Statute, unless one of those declarations so provides”.

Otra idea positiva que se encuentra en la decisión es la confirmación de que, para que exista una controversia, no es indispensable que la misma se haya generado estrictamente en intercambios o escenarios bilaterales, pues es posible que la misma se ventile en foros multilaterales. Según la decisión de hoy “Whether a dispute exists is a matter for objective determination by the Court which must turn on an examination of the facts […] For that purpose, the Court takes into account in particular any statements or documents exchanged between the parties […] as well as any exchanges made in multilateral settings” (párr. 36).

La anterior idea es completamente acertada, pues en el mundo de hoy los intercambios entre actores se realizan en muchas ocasiones en foros multilaterales. Sin embargo, la Corte falla en su apreciación social de aquellos foros, pues como se dice en los votos disidentes ignora las dinámicas de los mismos y los valores e intereses que entraña. ¿Por qué? Porque la Corte termina exigiendo intercambios expresamente bilaterales entre las partes en disputa judicial, ignorando que muchas veces pueden participar en grupos (formales o informales) que expresen diferentes puntos de vista; y que además en ocasiones puede haber exigencias generales en las que puedan estar implícitas peticiones o reclamaciones concretas y que hay reclamaciones hechas de forma más “diplomática” (palabra ciertamente pertinente) y sutiles. Examinemos esto a continuación.

Tras constatar que las Islas Marshall no presentaron evidencia sobre intercambios o reclamos estrictamente bilaterales (párr. 44), la Corte examina si los pronunciamientos realizados en escenarios multilaterales ofrecen vestigios de reclamaciones o controversias entre las Islas y los demandados. Según la Corte, para identificarlos en “multilateral settings” se debe prestar atención a elementos como “the content of a party’s statement and to the identity of the intended addressees, in order to determine whether that statement, together with any reaction thereto, show that the parties before it held “clearly opposite views” […] The question in this case is therefore whether the statements invoked by the Marshall Islands are sufficient to demonstrate the existence of such opposition” (párr. 45). La CIJ rechaza la existencia de una disputa previa a la interposición de la demanda por considerar que los pronunciamientos de las Islas Marshall eran únicamente “recomendatorios” (párr. 46) y no indicaban meridianamente la violación de obligaciones concretas. Además, en el párrafo 47, de forma problemática, para rechazar la existencia de una controversia entre las partes la CIJ esgrime que “the subject of the conference was not specifically the question of negotiations with a view to nuclear disarmament”. Esta última idea me parece débil, pues demuestra un excesivo formalismo innecesario que ciertamente deja sospechas y se encuentra en el trasfondo del pensamiento de la Corte en la decisión, siendo además criticado (con razón) por Crawford cuando dice que la Corte, por ejemplo en relación con la advertencia sobre la existencia de una controversia, “transforms a non-formalistic requirement into a formalistic one”. ¿Por qué no pueden presentarse reclamaciones concretas ligadas con un tema general de una conferencia? ¿Acaso no es un escenario de intercambios, quizá de los escasos si hay renuencia de los otros Estados o ausencia de conferencias concretas sobre una problemática? ¿No puede acaso ventilarse o exponerse por primera vez en escenarios más generales? La Corte también se escuda en el argumento de que sus críticas a los demandados en escenarios multilaterales constituían críticas generales. Esto tampoco me parece acertado, pues ciertamente la crítica concreta puede estar implícita si se relaciona con o subsume en la general.

De hecho, una acertada crítica de Crawford a la decisión de la (exigua) mayoría consiste en decir que la Corte malinterpreta o no da plenos efectos a la naturaleza de los escenarios multilaterales, pues por ejemplo no tuvo en cuenta que las Islas Marshall se unieron a bandos o agrupaciones (formales o informales) que criticaban la posición de actores como los Estados demandados. Así, Crawford dice que “by the time of Nayarit, by stages, tentatively, but in time, the Marshall Islands had associated itself with one side of that multilateral disagreement, revealing sufficiently for present purposes a claim in positive opposition to the conduct and claims of the nuclear-weapons States, including the respondent State.” Precisamente por esto, Crawford bien dice que la Corte termina creando un listón exageradamente alto para demostrar la existencia de una controversia. En sus palabras, los argumentos de la Corte:

“[I]mpose too high a threshold for determining the existence of a dispute. There is no doubt that India is one of the “States possessing nuclear weapons”: India publicly acknowledges that it has such weapons. Moreover, in a context in which the very scope of Article VI of the NPT and a corresponding customary international law obligation is the subject-matter of a disagreement articulated by a group of States, the Marshall Islands should not be required at this stage to particularize further the specific steps India should take or have taken.”

Acerca de la dimensión multilateral del caso, por su parte, el juez Antonio Cançado bien critica el hecho de que la Corte no haya tenido en cuenta la naturaleza de los intereses y bienes jurídicos en juego. Estoy plenamente de acuerdo, pues haberlos tenido en cuenta pudo haber llevado a la CIJ a entender que sí había una diferencia sobre un tema trascendental y que no podía ser tan formalista sino que bien podía (y debía, para no llegar a un non liquet suave, sutil e indirecto, como quizá pasó al ¿evadir? decidir de fondo) identificar una diferencia en la sociedad internacional, con algunos actores como el demandante apoyando una postura afín a intereses comunitarios. Según Cançado:

“The nature of a case before the Court may well require a reasoning going beyond the strictly inter-State outlook; the present case concerning the obligation of nuclear disarmament requires attention to be focused on peoples, in pursuance of a humanist outlook, rather than on inter-State susceptibilities […] The inter-State mechanism of adjudication of contentious cases before the ICJ does not at all imply that the Court’s reasoning should likewise be strictly inter-State. Nuclear disarmament is a matter of concern to humankind as a whole.”

Por otra parte, y en relación con el excesivo formalismo que demostró tener la Corte (¿de forma intencional? ¿habría obrado igual en otro caso con otros Estados y riesgos?) Crawford bien deplora el abandono de una tradición de flexibilización de requisitos que antes tuvo la Corte, los cuales en este caso por ejemplo podrían haber llevado a la Corte a sentirse satisfecha con el hecho de que antes de la interposición de la demanda había un germen de controversia o una controversia general previa, como admite la doctrina (pág. 4 del voto). Finalmente, dos ideas interesantes en el voto disidente de Crawford consisten en que la notificación sobre reclamaciones relacionadas con la responsabilidad pueden darse por medio de una demanda (párr. 22); y que la prohibición de que la Corte decida casos que necesariamente versen sobre intereses y derechos de terceros, según el principio del Oro monetario, no se produce cuando decidir sobre la calificación jurídica de la conducta de las partes pueda llevar a inferencias sobre la calificación de la conducta de terceros, sino únicamente cuando la adopción de una decisión necesariamente suponga tomar una decisión que afecte al tercero (párr. 30), algo con lo cual concuerdo.

Para concluir, puede decirse que el excesivo formalismo al que acude la Corte puede terminar generando actuaciones redundantes. Como bien dice Julian Ku, ahora que no puede decir la Corte que hay duda alguna de que el demandante tiene una controversia con los demandados, nada le impide interponer nuevamente una demanda… que no podrá ser rechazada con los argumentos con los que fue desestimada la acción sobre la que se decidió hoy por la Corte Internacional de Justicia.

El fallo es contundente. Por 14 votos a favor y dos en contra, la Corte ha rechazado la objeción preliminar de Chile y ha afirmado su competencia para decidir sobre la obligación de negociar de buena fe una salida al mar para Bolivia.

Aquí está el fallo, que en la decisión dice:

56. For these reasons,

THE COURT,

(1) By fourteen votes to two, Rejects the preliminary objection raised by the Republic of Chile; IN FAVOUR: President Abraham; Vice-President Yusuf; Judges Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Gevorgian; Judge ad hoc Daudet; AGAINST: Judge Gaja; Judge ad hoc Arbour;

(2) By fourteen votes to two, Finds that it has jurisdiction, on the basis of Article XXXI of the Pact of Bogotá, to entertain the Application filed by the Plurinational State of Bolivia on 24 April 2013. IN FAVOUR: President Abraham; Vice-President Yusuf; Judges Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Gevorgian; Judge ad hoc Daudet; AGAINST: Judge Gaja; Judge ad hoc Arbour.

Bolivia v. Chile en directo

septiembre 24, 2015

Aquí se puede ver en directo la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre jurisdicción en el caso Bolivia v. Chile:

http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en

Empieza a las 1500 CET.

¡Buena suerte! Hay plazo hasta el 17 de octubre para presentarse.

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=5&p3=3&v=146

Deadline for applications : 26 March 2015
Post title : Law Clerk to Judges of the Court (Associate Legal Officer)
Grade : P-2
Reference : 2015/2
Duty Station : International Court of Justice, The Hague, Netherlands
Organizational Unit : Department of Legal Matters
Indicative minimum net annual remuneration (including post adjustment) :
At single rate: €57,019
At dependency rate: €60,791

Background:

The International Court of Justice wishes to appoint a Law Clerk who will provide research and other legal assistance to one of the judges of the Court. For administrative purposes, Law Clerks are attached to the Department of Legal Matters.

Functions:

Under the supervision of the judge to whom he or she will be specifically assigned, the Law Clerk will provide that judge with legal research and related assistance with regard to cases pending before the Court. The Law Clerk may also be required to provide legal assistance and support to a judge ad hoc participating in a particular case. In co-ordination with his or her judge, the Law Clerk may also from time to time be called upon to perform some specific legal tasks for the Registry.

  • an advanced university degree in law, with a significant academic background in public international law or professional experience in the field. A first-level university degree in combination with qualifying experience may be accepted in lieu of an advanced university degree. Postgraduate studies in public international law would be an asset;
  • two years’ experience in the settlement of international legal disputes with an international organization, government, law firm or other private sector entity would be desirable.

Languages:

French and English are the official and working languages of the Court. Excellent knowledge of and drafting ability in French is required, as well as a good command of English. Knowledge of other official languages of the United Nations would be an asset.

Remuneration:

Depending on professional background, experience and family situation, a competitive compensation and benefits package is offered.

The Court’s salaries are calculated in US dollars but paid in euros. They consist of a basic salary and a post adjustment which reflects the cost of living in the Netherlands and the euro/dollar exchange rate.

In addition, the Court offers an attractive benefits package including 30 days of annual leave, home travel every two years, an education grant for dependent children, a pension plan and medical insurance.

PLEASE NOTE THAT APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE DEADLINE WILL NOT BE ACCEPTED

How to apply:

Applicants should complete a United Nations Personal History Form (P.11), or submit a full curriculum vitae, and attach a handwritten cover letter. Applicants are specifically requested to provide, with their application, a copy of their complete official academic record or transcript, detailing the grades/marks received for every university or professional qualification obtained (degree class, grade point average, mark or position in the overall ranking). If the relevant university or authority does not make such information available, that fact should be stated.

The selected candidate may be subject to a security clearance, including verification of the information provided in the personal history form and a criminal record check. All candidates should be in a position to submit an electronic copy of their passport and all diplomas listed on their profile when requested.

All applicants are strongly encouraged to send their application by e-mail, addressed to the Registrar of the Court, clearly indicating the vacancy announcement number.

E-mail: recrutement-recruitment@icj-cij.org

Fax: +31 70 364 99 28

Only applications from candidates under serious consideration will be acknowledged. Applications that are found by the Court to meet the above criteria may be added to a reserve list in case a similar vacancy arises in the future.

The Registrar reserves the right not to appoint any candidate to the post, or to appoint one at a lower level or on the basis of a modified description.

Nunca visto. Una nueva dimensión en el desarrollo de los litigios internacionales en el caso relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile) ante la Corte Internacional de Justicia. Primero fue Chile, que en octubre de este año que termina publicó un vídeo titulado “Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad”, donde se exponen las tesis chilenas sobre la controversia por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y el Canciller Heraldo Muñoz. Es una iniciativa inteligente. Aquí lo pueden apreciar:

Bolivia respondió con su propio vídeo. En el vídeo boliviano se explican las bases de su demanda marítima ante la Corte. Según las autoridades bolivianas, el vídeo no busca convencer, sino explicar la posición boliviana. Y debo decir que lo explica muy bien, y lo hace muy ameno porque la gente que lo presenta no son las autoridades presentes o pasadas de Bolivia, sino sólo ciudadanos bolivianos.

¿Cuál les parece más convincente? ¿Cuál les gusta más?

Se cumple la regla de que se impone quien tiene mayoría absoluta en la Asamblea General. Argentina retira la candidatura de Susana Ruiz Cerrutti a la Corte Internacional de Justicia sin esperar a la siguiente votación de la semana próxima. Esta es la nota de la Cancillería argentina:

Sam Kahamba KUTESA, Presidente de la Asamblea General
Sr. Gary Francis Quinlan, Presidente del Consejo de Seguridad
Sr. Ban Ki-moon, Secretario General

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11 de Noviembre de 2014

Excelencia,

Tengo el honor de dirigirme a Ud. en relación con las elecciones actualmente en curso en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad para cubrir la quinta vacante para Juez de la Corte Internacional de Justicia.

Como es de público conocimiento, luego de sucesivas rondas de votación celebradas el 6 y 7 de noviembre pasados, la Sra. Susana Ruiz Cerutti de Argentina ha obtenido la mayoría absoluta de votos en el Consejo de Seguridad, mientras que el Sr. Patrick Lipton Robinson de Jamaica ha obtenido la mayoría absoluta de votos en la Asamblea General.

Es asimismo por todos conocido que, cuando ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida en ambos órganos, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece como procedimiento para resolver esta situación y llenar la plaza vacante, la posibilidad de constituir una Comisión Conjunta de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para escoger un nombre a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

En efecto, a la luz del Estatuto vigente, estas elecciones han puesto de manifiesto que no sólo sería conforme a la norma la decisión de continuar con la votación simultánea en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, en el entendimiento de que el transcurso del tiempo permitiría, en algún momento, que uno de los candidatos alcance la mayoría absoluta en ambos órganos; sino también y como solución para los casos en que después de la tercera sesión para elecciones quede una plaza por llenar, el propio Estatuto de la Corte prevé y establece, en su artículo 12, la opción de implementar el procedimiento de constituir la Comisión a la que se hiciera referencia ut supra.

El hecho de que este procedimiento no haya sido reglamentado hasta el presente no puede constituirse en argumento válido para ignorar o desestimar lo previsto en el Estatuto, sino que revela la importancia de que se hagan las previsiones necesarias para que tal mecanismo pueda implementarse en el caso de que se presenten situaciones semejantes en el futuro.

Por ello, frente a dos candidatos de la región de América Latina y el Caribe que reúnen sobradamente las condiciones de idoneidad profesional y moral para integrar el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la República Argentina ha decidido priorizar, una vez más y sin hesitaciones, tomando distancia de retóricas vacías o argumentaciones falaces, su decidido compromiso con la unidad de la región de América Latina y el Caribe que apoya de manera constante la posición argentina en la tutela de sus intereses permanentes.

Para la Argentina, el respeto y fortalecimiento de la unidad regional constituye un objetivo central de su política exterior.

Por ello, la Argentina trabaja constructivamente y junto a todos, para que los crecientes procesos de integración sean resultado no de la mera suma de intereses nacionales, sino articulación armónica y concertada de los intereses nacionales en una visión compartida por el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, y fundada en los principios de solidaridad, consenso y equidad.

Por los principios y razones expuestas, la República Argentina ha decidido, en consulta con la Sra. Susana Ruiz Cerutti, retirar su candidatura para Juez de la Corte Internacional de Justicia.

El Gobierno de la República Argentina desea expresar su más profundo agradecimiento a todos los países que votaron por la Sra. Susana Ruiz Cerutti en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad.

A tal fin, le agradecería si tuviera a bien circular esta carta como documento oficial del Consejo de Seguridad. Deseo asimismo informarle que idénticas cartas han sido enviadas a S.E. el Sr. Sam Kahamba Kutesa, Presidente de la Asamblea General, y a S.E. el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.

Permítame, Excelencia, renovarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

María Cristina Perceval
Embajadora
Representante Permanente

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