Las facultades de derecho españolas viven una situación complicada en la actualidad. Hay muchas facultades, tanto públicas como privadas, y en consecuencia hay que saber cómo definirse, competir y diferenciarse en unas condiciones de regulación que, a mi modo de ver, no son favorables para las instituciones públicas y, sobre todo, para sus profesores. Junto a esto, también existen problemas cualitativos importantes, porque las facultades necesitan una transformación en su formas de gobierno como consecuencia de la incorporación de una burocracia costosa derivada de la implantación de nuevos sistemas de docencia en los últimos años, acompañada de variados procedimientos administrativos de control de calidad y rendición de cuentas, que se unen a una multiplicación y diversificación de materias y temas abarcados por nuestros programas de docencia y nuestros proyectos de investigación.

En unos días comenzará la campaña electoral para las elecciones a decano de la Facultad de Derecho de la UAM, que tendrán lugar el próximo del 19 de abril de 2018. A continuación comparto unas ideas con el mejor ánimo de contribuir al debate sobre el futuro de la Facultad en un momento en el que podrían resultar útiles para los candidatos y los electores que participaremos en elección del decano o la decana de la UAM.

Quien asuma el decanato debe tener una visión para la Facultad de Derecho de la UAM y la capacidad de llevarla a cabo con un liderazgo flexible, eficaz y duradero. Es verdad que un decano en una universidad pública, altamente regulada y con poca autonomía, puede mejorar la Facultad con un margen limitado, pero también es cierto que, como demuestra la experiencia de nuestra institución, se pueden hacer cosas importantes: un liderazgo firme y convincente trasciende los cuatro años de mandato. Ese liderazgo implica, por supuesto, defender los valores de la profesión jurídica, en todas sus vertientes, en una sociedad donde dicha profesión, a pesar de su tradición conservadora, está cambiando de manera significativa.

Por eso mismo una pregunta clave para un proyecto de Facultad es saber cómo nuestros estudiantes de grado y postgrado pueden tener experiencias educativas que los conecten con la práctica profesional a la que se van a enfrentar, teniendo en mente en alguna medida la experiencia de los estudios de medicina. En nuestra facultad tenemos clubes de debate y hemos implantando la semilla de la enseñanza a través de juicios simulados (moot courts). El problema es que es una práctica excluyente, que deja fuera a la mayoría de los estudiantes. Hace algunos años, utilicé un seminario o materia optativa para expandir el efecto de estas experiencias, pero no es lo mismo que ser parte de un equipo y competir contra otros estudiantes bien preparados. Los moocs (massive open online courses) tienen la capacidad de ser más inclusivos, pero el problema de que no suelen dar créditos universitarios. Una medida que pondría sobre la mesa de deliberación con el fin de lograr una mayor participación en este tipo de enseñanzas es la creación de experiencias de laboratorio jurídico en la Facultad. Es casi imposible por falta de medios copiar el sistema de enseñanza clínica de las universidades más ricas, con unos presupuestos millonarios y una oferta interminable de posibilidades. Sin embargo, existen modelos que se podrían implantar en nuestra Facultad con un esfuerzo serio pero posible, que sería seguramente apoyado por despachos de abogados importantes. Estoy pensando en modelos como el que tiene funcionando con éxito en España desde hace unos años o, incluso, en modelos facultades de derecho relativamente pequeñas de EE.UU. como es el caso de la escuela de derecho de la Universidad de Hastings en San Francisco, que han ideado programas que están transformando la forma de enseñar el derecho, como es el caso del Instituto para el derecho de la innovación y su exitoso Startup Legal Garage. Este programa ofrece servicios jurídicos a proyectos de empresas nuevas en el campo de la tecnología mediante equipos de estudiantes supervisados por abogados. Este año los estudiantes están trabajando con más de 50 empresas.  El programa tiene solo seis años y se ha convertido en un ejemplo para las escuelas jurídicas en Estados Unidos de América. Lo mejor de estos programas es que podrían tener un impacto positivo en donde más lo necesitamos, es decir, en la enseñanza de postgrado, y permitirían, a la vez, dar la mejor educación por experiencia y conectar directamente a los estudiantes con la realidad social, cultural y económica de Madrid.

Es evidente que un buen programa de postgrado requiere una excelente coordinación de sus cursos generales y específicos. Eso solo puede ocurrir si hay liderazgo y visión de Facultad, y si el postgrado se integra con los proyectos y centros de investigación de sus profesores. Los centros, en mi opinión, son la clave. Se deberían crear una serie de centros a imagen y semejanza de algunos que ya han probado su valor desde hace años, como es el caso del Instituto de Derecho Local, ejemplo de  visión y liderazgo. Los centros no necesitan ser institutos universitarios, que implican numerosos requisitos para ser autorizados por la Comunidad de Madrid; sólo hace falta reunir a un grupo de gente que constituya una masa crítica en torno a un objetivo bien determinado. Esos cuatro, cinco o seis centros de la Facultad de Derecho de la UAM (seguro que, como a mí, se les ocurren varios nombres) generarían proyectos de investigación y docencia, que bien gestionados deberían revertir en el beneficio de los profesores y personal de administración de servicios involucrados. El Decanato y la Facultad deberían contar con una oficina de apoyo real y sustantivo a esos proyectos de investigación y docencia. El rectorado, con buen criterio, deberá apoyar estas iniciativas y a sus investigadores, porque revierte en el interés de la Universidad y porque la Facultad de Derecho de la UAM que yo conozco se identifica a sí misma como un centro de investigación competente y de calidad, y no sólo como una buena institución docente.

Una visión de Facultad que se precie debe incluir en su proyecto ambicioso de comunidad para la Facultad. La división en Áreas de conocimiento y Departamentos, con todo lo bueno que tienen, ha contribuido a crear compartimiento estancos en la Facultad. Habría que tratar de superar las incomunicaciones. El Anuario y la Revista de la Facultad de Derecho son ejemplos a seguir ya que constituyen centros de unión y experiencias entre toda la comunidad docente e investigadora de la Facultad. Ese proyecto de comunidad requiere la creación de una dirección de comunicaciones, que se ocupe de mostrar en las redes sociales lo mucho que hacemos en la Facultad y de establecer protocolos de comunicación para nuestra institución, es decir, que nos comunique mejor con el mundo exterior y también entre nosotros. Otra medida que resulta necesaria es la creación de incentivos internos, por ejemplo, premios a la docencia y a las publicaciones de los profesores, como tienen en muchas universidades del mundo. En tercer lugar, para que la comunidad sea verdaderamente inclusiva, se debería pensar en un sistema de comunicación y ayuda entre nuestros estudiantes, donde los estudiantes mayores pudieran dar consejos y ayudar a los más jóvenes a afrontar problemas con sus estudios. Es más, esa cadena de comunicación podría extenderse a los egresados de nuestra Facultad, que podrían participar en un sistema de apoyo a nuestros actuales estudiantes en su último año de carrera o maestría. Las redes sociales, generales o profesionales, quizá podrían utilizarse a esos efectos, aunque también se podría buscar ayuda en los programas que existen en la universidad, como el excelente y necesario programa AlumniUAM, que bien podría contar con una sección jurídica.