aquiescencia

El miércoles 13 de mayo tendré el honor de estar conectado a través de la plataforma virtual de la Universidad de Mendoza para hablar de la respuesta y los desafíos para el derecho internacional ante la pandemia. Será casi como hacer un viaje. A las 6 de la tarde en Mendoza; un horario de película en Madrid. Para participar sólo hay que mandar un correo solicitando la inscripción.

Por Francisco José Quintana*

Toda jurista especializada en el área tiene ensayada una respuesta a la pregunta: “¿qué es el derecho internacional?” En muchos contextos, pocas preguntas resultan más trilladas. Sin embargo, el tedio que puede provocar la pregunta —y algunas respuestas—, y la ironía con la que la deslizan algunos escépticos desde otras disciplinas marcan un contraste casi absoluto con la urgencia que presenta para muchos de nosotros. La mayoría de las veces, es cierto, la ansiedad la presenta en forma adaptada: ¿para qué sirve el derecho internacional?, ¿es una herramienta útil para determinado propósito?, ¿cómo debemos estudiarlo o ejercerlo?, ¿cuáles son sus efectos y cómo podemos defendernos?, ¿cuáles son los costos de utilizarlo en función de esta estrategia y de aquél modo?

Responder estas preguntas exige el esfuerzo y la sofisticación que caracterizan a una parte relevante del ejercicio profesional y el estudio del derecho internacional. Pero, tras discutirlas en diversas ocasiones con mi colega Marina Veličković, coincidimos en que exigen también otras cualidades, entre ellas: honestidad intelectual, introspección y diálogo. Estas preguntas tienen mucho más que ver con nuestras identidades y con el debate sobre la construcción de alternativas institucionales que con las perspectivas exclusivamente doctrinales y presuntamente neutrales con las que a veces se las aborda. Desde este punto de partida, decidimos organizar en el Lauterpacht Centre for International Law una serie de conversaciones sobre la academia jurídica, la participación política y el potencial transformador del derecho internacional. Las conversaciones están abiertas al público en general, cuentan con un/a jurista invitado/a, y se concentran en un tema, concepto o método y en su relación con movimientos políticos, luchas y márgenes. El formato es sencillo: los organizadores realizamos algunas preguntas y luego le pasamos la responsabilidad al público. Terminado el evento, la conversación continúa más informalmente en una recepción. El objetivo es lograr un diálogo plural, profundo y horizontal. Por esto, agradezco mucho la invitación de Carlos a escribir sobre esta serie y, a continuación, abordo los temas conversados en las dos sesiones que celebramos antes de la interrupción por la tragedia del coronavirus. Mi motivación no es tanto narrar eventos que se desarrollaron en otro tiempo y lugar, sino continuar el diálogo a través de este foro.

Método y política: una conversación con Gerry Simpson

En nuestra primera conversación recibimos a Gerry Simpson para explorar cómo diferentes métodos de investigación y formas de emplearlos amplían y restringen espacios de participación política. Nuestro punto de partida fue la creciente literatura interdisciplinaria en y alrededor del derecho internacional. Nos concentramos en el “giro histórico” en el derecho internacional, concepto que refiere al renovado interés académico —originado hacia el final de la década de 1990 — por revisar críticamente la historia de las estructuras, instituciones, figuras y prácticas del derecho internacional. Algunos trabajos del propio Simpson — junto a otros de autores como Antony Anghie, Martti Koskenniemi y Liliana Obregón — son a menudo identificados como el punto de inflexión que marca este giro.

El giro histórico — como ha argumentado quizás de forma más poderosa Anne Orford — ha tenido tanto potencial crítico como efectos conservadores. Por ejemplo, a los TWAILers —los académicos que se identifican con las “Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional”, mejor conocidas por sus siglas (en inglés) TWAIL (Third World Approaches to International Law)— la historia les ha permitido exponer la co-constitución entre el derecho internacional y el imperialismo. A la vez, algunas de estas historias críticas fueron luego denunciadas por historiadoras como “anacrónicas” y excesivamente preocupadas por el presente. Estos debates son académicos, pero también políticos y personales, y por eso conversamos con Simpson sobre su experiencia trabajando en el área de la historia del derecho internacional — desde su influyente monografía “Great Powers and Outlaw States” (2004) hasta su flamante (y muy esperado) volumen “International Law and the Cold War” (2019) co-editado con Matthew Craven y Sundhya Pahuja.

Simpson contó que cuando escribió “Great Powers and Outlaw States”, a comienzos de la década de 2000, no había demasiada reflexión acerca del método histórico en el derecho internacional. De hecho, si bien concibió al libro como una contribución interdisciplinaria y no estrictamente jurídica, explicó que no se imaginó dialogando especialmente con la historia, sino con las relaciones internacionales. En ese momento —reveló— su perspectiva estaba influenciada por la búsqueda de una disciplina en la que apoyarse para buscar respuestas a preguntas que el derecho internacional no parecía interesado siquiera en plantearse.

Por Eulalia W. Petit de Gabriel – Universidad de Sevilla

Como ha subrayado el Secretario General de las Naciones Unidas en un informe en abril de 2020 sobre COVID-19, uno de los efectos mediatos de la pandemia es la afectación de derechos fundamentales individuales y, consiguientemente, su repercusión en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados para la protección de los derechos humanos. España no es excepción.

A nivel interno, en España se han alzado ya algunas voces y se han iniciado actuaciones procesales cuestionando la legalidad y convencionalidad de las iniciativas del Estado durante la pandemia por eventual vulneración de los derechos fundamentales.

Algunos instrumentos convencionales del Derecho internacional de los derechos humanos prevén la posibilidad de derogación de derechos en circunstancias graves como las presentes. Así, entre otros, el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) permite la derogación de parte de los derechos en «caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación», con excepción de los llamados inderogables. La obligación de notificar las derogaciones ha sido objeto de análisis reciente («A Domestic Court’s Attempt to Derogate from the ECHR on behalf of the United Kingdom: the implications of Covid-19 on judicial decision-making in the United Kingdom«, en ejiltalk.org, 9.4.2020; «To Notify or Not to Notify: Derogations from Human Rights Treaties«, en opinioiuris.org, 18.4.2020). El propio TEDH cuenta con una guía de jurisprudencia relativa al artículo 15, actualizada a final de 2019, a la que ha sumado en abril de 2020 una nota –ni vinculante ni exhaustiva– relativa a la derogación de derechos en tiempos de emergencia.

«España no ha formulado ninguna notificación de derogación de derechos al Consejo de Europa».

España, a diferencia de un grupo de nueve Estados miembros del Consejo de Europa (Albania, Armenia, Estonia, Letonia, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Rumanía y Serbia), no ha formulado ninguna notificación de derogación de derechos. En cambio, y como una medida casi sin precedentes en nuestro país, El Gobierno ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo). Esta norma incluyó entre sus disposiciones la limitación de algunos derechos.

La actual declaración del estado de alarma se enmarca en la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta norma permite la suspensión de los derechos referidos en el  artículo 55.1 de la Constitución, para los supuestos de estado de excepción (derecho a la libertad y la seguridad, excepto las garantías de la detención, que no pueden ser suspendidas; la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, la libertad de movimiento, la libertad expresión y de prensa, el derecho de reunión, el derecho de huelga y las medidas de conflicto colectivo) y de sitio (todos los anteriores y además, las garantías jurídicas de la detención). Esta suspensión es el equivalente al término usado por el artículo 15 CEDH al referirse a la «derogación».

Ricardo Arredondo

Como consecuencia de la “pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)”[1], la comunidad internacional está enfrentando una crisis transcendental que probablemente va a generar mutaciones significativas en el orden internacional tal como lo conocemos. La pandemia ha venido a recordarnos de manera clara e incuestionable la vulnerabilidad de las personas y del planeta ante las amenazas globales.

Como señalaba hace unos días en Clarín, esta crisis ha contribuido a acelerar las debilidades del multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. No se trata de una situación generada por el coronavirus, sino de algo que ya venía gestándose desde hace muchos años y que la pandemia ha precipitado.

La respuesta a la pandemia ha sido variada, desde Estados que se han replegado sobre sí mismos, buscando soluciones individuales (v.g. Estados Unidos y Turquía[2], por mencionar solo un par) a otros que se han mostrado solidarios y han ofrecido cooperación (v.g. China, “la diplomacia del barbijo”).

En América Latina, los gobiernos de la región han adoptado soluciones diversas frente a una crisis más profunda y larga que la que los pronósticos anticipaban. Una mirada hacia el vecindario, permite observar que el Mercosur ha adoptado ciertas medidas formales, tales como Declaración de los presidentes de los Estados Miembros del MERCOSUR de 18 de marzo por la que se instruyó a los órganos del MERCOSUR para que continúen trabajando y avanzando en la agenda de integración y realicen esfuerzos de coordinación y superación de obstáculos en materia de comercio y transporte entre los Estados Partes, y la iniciativa para combatir el coronavirus, que aprobó un fondo de reserva de US$ 10 millones para combatir la pandemia[3]. Asimismo, en la reunión de los Coordinadores del Mercosur, del 20 de abril, se evaluó el impacto de las políticas sanitarias y comerciales en el contexto del COVID-19 y se acordó darle un marco legal a las videoconferencias para agilizar el funcionamiento del organismo.

Sin embargo, como señalaba el ex embajador argentino ante el Brasil, Juan Pablo Lohlé, la rivalidad ideológica y de posición frente al coronavirus ha impedido una coordinación sustancial entre la Argentina y Brasil. Esta falta de afinidad entre los Gobiernos de la región generó un “déficit de vínculos en un momento de emergencia”, que es necesario superar.

El 24 de abril, en el marco de una reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo, el representante argentino, Jorge Neme, comunicó la decisión del gobierno nacional de suspender la participación de la República Argentina en los diferentes procesos de relaciones externas que lleva adelante el bloque. Con la excepción expresa de los acuerdos ya firmados, aunque aún pendientes de entrada en vigor, con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que integran Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia; la Argentina manifestó su decisión de no continuar participando de los procesos negociadores en curso con Corea del Sur, Singapur, Líbano y Canadá y en los por iniciarse, como con la India, entre otros.

Por Andrés Rousset
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

El 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia al brote de una nueva cepa de coronavirus (COVIC-19), y a partir de allí los Estados debieron adoptar diversas medidas que van de aquellas que tienden a evitar el colapso del servicio de salud, optando -en algunos casos- por imponer medidas de aislamiento, hasta aquellos supuestos donde -en aras de evitar el colapso económico- decidieron mantener el movimiento de personas con diversos límites.

Los órganos de protección del Sistema Interamericano -al igual que los órganos judiciales de los Estados parte de la OEA- adaptaron su funcionamiento a los requerimientos sanitarios. Así, la Corte Interamericana suspendió sus actividades por exigencias costarricenses, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19).

Sin perjuicio de estas dificultades operativas, la situación sanitaria descripta puso en alerta a los órganos regionales de protección de derechos humanos sobre las diversas derivaciones que podía tener en el goce y ejercicio de esos derechos, las medidas adoptadas en esta situación excepcional. La respuesta de la Comisión y de la Corte Interamericana fue simultanea y -acudiendo a funciones de promoción de derechos humanos- se manifestaron al respecto.

Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en primer lugar una serie de comunicados de prensa. A través de ellos instó a los Estados a que aseguren las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública en las diferentes medidas que se adopten en el marco de la pandemia del COVID-19 (Comunicado 60/2020), o realizó llamamientos a los Estados para que se adopten medidas respecto de las personas privadas de libertad y sus familias (Comunicado 66/2020), de las personas con discapacidad (Comunicado 71/2020) y que las mismas aseguren perspectivas de genero (Comunicado 74/2020) como así también que aquellas medidas de excepción adoptadas para hacer frente a e la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales (Comunicado 76/2020).

El 10 de abril de 2020, la Comisión adoptó la resolución N°1/2020, denominada “Pandemia y derechos humanos en las Américas”. Allí insistió en la idea de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos y que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de proteger la salud en el marco del COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos (legalidad, proporcionalidad y legitimidad del fin) y destacando la necesidad de avanzar en la coordinación regional y global para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia y con participación de personas y grupos de la sociedad civil y del sector privado.

En la primera entrada había señalado el libro del Dr. Pedro A. Villarreal, Pandemias y Derecho: una perspectiva de gobernanza global (Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2019), pero he pensado que se merece una mención individual y especial. El libro es de acceso libre y gratuito. Muchas gracias al autor y a la Universidad Nacional Autónoma de México por su trabajo y su generosidad. Pueden descargarlo pinchando en la imagen de portada o en el título. Que les sea útil y lo disfruten.

Me informan que el IDI ha decidido incluir el tema «Pandemia y Derecho Internacional» en su agenda de trabajo. El Profesor Shinya Murase estará encargado de la relatoría. Una Comisión de 15 miembros deberá preparar una propuesta de resolución para que sea debatida y, en su caso, aprobada en la próxima sesión del Instituto en Pekín en 2021.

A pesar de la terrible situación que vivimos, da un cierto aire de esperanza saber que mucha gente sabia está ya dedicando su tiempo para que la próxima crisis sanitaria se controle de una manera más efectiva, más transparente, mejor coordinada, más humana.

En todo caso, el impacto de esta crisis sanitaria en el derecho internacional es impresionante, y será interesante ver cómo sus ramificaciones sociales y económicas también afectan al desarrollo de ámbitos jurídicos difíciles de consensuar y desarrollar, como por ejemplo algunas partes del derecho del medio ambiente.

El imprescindible blog opinio juris publicó hace pocos días, y durante una semana, un magnífico simposio sobre la Covid-19 y el derecho internacional editado por Barrie Sander y Jason Rudall, que ahora se puede descargar por completo en esta dirección: COVID-19 and International Law Opinio Juris Symposium.

El simposio abre con una pieza clave del gran jurista y famoso escritor Philippe Sands, a quien mis estudiantes de los dos últimos años conocen bien, porque su libro Calle Este-Oeste se ha convertido en un lectura importante de mi curso general de derecho internacional. Digo que es una pieza clave porque avanza algunas de las lecciones de la crisis para el derecho internacional y adopta una posición de principio.

Sands afirma que la Covid-19, los problemas que plantea y su respuesta son derecho internacional y que la crisis desborda las estructuras de las instituciones internacionales. Aunque no está ocurriendo y no es nada seguro que vaya a ocurrir así, Sands apuesta por reforzar y afianzar la cooperación internacional y aprender de la crisis para imaginar una mejor comunidad humana. Según Sands, esto «significa más derecho internacional, no menos».