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Por Nicolás Carrillo Santarelli

erSe han presentado dos desarrollos recientes sobre el proceso de justicia tradicional con las FARC en Colombia que ameritan ser mencionados.

I. El primero de ellos corresponde al anuncio hecho por el Comité de Escogencia del proceso (público) de selección de quienes serán magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según consta en la página web del Comité, en un documento en formato PDF disponible aquí.

Desde el punto de vista del derecho internacional es interesante observar cómo su conocimiento y la formación en el mismo es una parte importante e incluso indispensable para ser elegido (los aspirantes deben tener énfasis en conocimiento del “Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derechos Humanos o resolución de conflictos”), lo cual a mi juicio es lógico en el contexto actual, en tanto la legitimidad e incluso efectividad del sistema acordado entre los negociadores del gobierno colombiano y las FARC se cuestionará (y validará o rechazará), tarde o temprano, por agentes internacionales o de Estados que pretendan actuar con base en el mismo. En pocas palabras, será importante demostrar, o bien que el proceso y los acuerdos no generan impunidad en los términos del derecho internacional o, para la postura contraria, que ella sí existe. Esto se debatirá, inevitablemente, cuando alguno de los implicados viaje al exterior, como demuestran la práctica internacional (caso Pinochet, por ejemplo) y fundamenta el derecho internacional, según se desprende de la teoría del desdoblamiento funcional en un mundo globalizado con intereses comunes y obligaciones erga omnes, según comentó en su momento Antonio Cassese.

Sin embargo, curiosamente, podría decirse que en diversas maneras el proceso actual en Colombia difiere de otros sistemas de justicia transicional, en tanto: a) no se basa únicamente en la confesión o modalidades exclusivamente relativas a la satisfacción, a diferencia del caso sudafricano, lo cual se explica por desarrollos regionales (como el caso Barrios Altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los posteriores desarrollos basados en el mismo) y universales, como los relativos a la constitución y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), que de hecho ha tenido en la mira a la situación colombiana en términos de examen preliminar (ver este y este hipervínculo, siendo el último uno directo de la CPI); pero b) tampoco impondrá a quienes confiesen a tiempo sanciones penales ordinarias sino respuestas que se han denominado como “sanciones alternativas” basadas en gran medida en una idea de justicia restitutiva que diversos actores políticos y jurídicos, tanto internos como externos, han debatido y siguen escudriñando (como se menciona en este artículo que escribí para la Revista Latinoamericana de Derecho Internacional -LADI). En consecuencia, se presentará probablemente un escenario de estrategias de diálogo y persuasión en cuyo contexto los integrantes de la JEP tratarán de convencer sobre la compatibilidad entre el esquema transicional con las FARC y el derecho internacional, cuyo devenir y estado actual fue en su momento moldeado y construido por procesos discursivos, lo que permite un eventual moldeamiento “sutil” precisamente con el caso colombiano, que puede generar ciertas transformaciones en términos constructivistas, algo que en cierta medida también se discute en el artículo de la Revista LADI.

Los ciudadanos colombianos que deseen postularse al cargo de magistrado del Tribunal para la Paz o de las Salas de 1) reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, 2) amnistía o indultos o 3) definición de situaciones jurídicas pueden leer el instructivo en PDF del Comité mencionado líneas atrás y aplicar para el mismo.

II. Por otra parte, ha de destacarse que el Estado de Colombia sigue teniendo el apoyo político de los miembros actuales del Consejo de Seguridad en su proceso de paz con las FARC, pues este órgano principal de las Naciones Unidas adoptó hace pocos días su Resolución 2366 (2017), cuyo texto y una síntesis de los debates que llevaron a la aprobación se ofrecen en esta página Web de la ONU.

La Resolución autorizó la creación de una nueva Misión de Verificación que se encargará de supervisar la implementación y el cumplimiento de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC, y sucede a la Resolución 2261 (2016) (comentada en una entrada anterior), que en su momento igualmente constituyó una Misión encargada de supervisar la dejación de armas de las FARC. El apoyo del Consejo puede considerarse no sólo un éxito diplomático sino también un aliciente para quienes creen que, ante una eventual investigación o actuación de la CPI, aquel órgano podría optar por suspender las actuaciones de la Corte de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Roma. Esta “esperanza” que algunos albergan quizá muestra las incertidumbres sobre eventuales decisiones internacionales y la realidad sobre cómo la política y el derecho internacional (por no hablar del interno, en absoluto exento) se entremezclan y pueden llevar a ciertos desarrollos, derroteros, frenos o posibilidades.

Las mencionadas secciones 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final (versión de noviembre de 2016, tras la debacle del rechazo de la versión anterior en el plebiscito, disponible aquí) se titulan de la siguiente manera: “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses” (3.2) y “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” (3.4).

Quizá será el punto 3.2 el que ofrecerá mayor debate, pues existe una clara obligación de protección frente a lo mencionado en el apartado 3.4. Y es que, precisamente, la sección 3.2 habla, entre otras, de la participación y reincorporación política de integrantes de las FARC (un tema que ha sido álgidamente debatido por ciertos sectores en Colombia), aspecto sobre el cual Human Rights Watch dijo recientemente que se “debería limitar una disposición que permite que guerrilleros de las FARC responsables de crímenes atroces puedan postularse o ejercer cargos públicos incluso mientras cumplen con sus sanciones. Esta limitación debería asegurar el cumplimiento pleno e incondicional de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz” (fuente), al considerar aquella ONG que “la participación política de los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos se encuentra sujeta al cumplimiento pleno e incondicional de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz” (fuente). El plato está servido y los debates continuan (y persistirán interna e internacionalmente por parte de distintos actores, como ONGs y políticos, entre muchos otros).

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Si están en Madrid y tienen interés en la justicia transicional, me animo a recomendar que tengan en cuenta este congreso que organiza el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Incluye conferencias interesantes, el estudio del Acuerdo de Paz en Colombia y una conferencia de clausura de un gran jurista colombiano, profesor de la Universidad Externado y antiguo Ministro de Justicia, Yesid Reyes (entre todos sus méritos, también cuenta el de ser doctor en derecho por nuestra universidad). Su conferencia será el viernes a las 18:30 horas y lleva por título “Víctimas y fin de la pena”.

 

Colombia

octubre 3, 2016

Siento una gran pena por el resultado del referéndum. Yo apoyaba el SÍ. Parece que la razón de fondo del rechazo democrático al Acuerdo de Paz radica en que el compromiso no toma suficientemente en serio todos los elementos del “canon penal”, que destacamos en nuestro libro sobre el papel de los jueces en la justicia transicional. Sea cual fuere el fundamento del rechazo, se trata de un desacuerdo democrático legítimo, y ahora el desafío es seguir negociando para encontrar un acuerdo de paz que encuentre un apoyo popular suficiente para reconstruir el futuro de Colombia en paz.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de ayer, la Revista Latinoamericana de Derecho Internacional publicó un artículo que escribí dedicado al análisis sobre la licitud jurídica internacional de la decisión de imponer sanciones alternativas a violaciones graves de derechos humanos, como la comisión de crímenes internacionales. El artículo se encuentra en formato web aquí y en formato PDF aquí.

A grandes rasgos, mi argumento es que el empleo de sanciones alternativas puede ser lícito siempre y cuando haya verdaderamente un castigo, incluso si no supone una pena de prisión, que guarde una mínima relación de proporción con la gravedad y naturaleza de la violación cometida. Esto implica, entre otras, que no haya una sanción meramente nominal o formal que suponga el deseo o el efecto de disfrazar con ropajes normativos una impunidad de facto, pues ello atentaría contra un principio que podríamos denominar como ‘de realidad’. Relacionado con lo anterior, es importante que no se confundan dos conceptos técnicamente diferentes, como lo son las reparaciones y las sanciones, pues aquellas son una consecuencia automática de la comisión de un hecho ilícito que genere daño y las segundas son una consecuencia del deber de lucha contra la impunidad que surge de desarrollos jurisprudenciales y normativos en las ramas del derecho internacional de los derechos humanos, del DIH y del derecho penal internacional. A mi parecer, si se respetan estos lineamientos las sanciones alternativas son perfectamente admisibles (después de todo, la naturaleza de las penas ha variado o mutado a lo largo de la historia en la práctica estatal y jurídica), lo que puede ser útil políticamente en escenarios complejos donde su empleo pueda resultar crucial para lograr la transición hacia la paz.

By Jessica Almqvist

 The engagement of domestic courts in the application and interpretation of international law is a recurrent theme in the contemporary legal debate. A growing number of cases reveal how domestic judges are eager to act as guardians of international law. This approach is also present in human rights research fosters an image of the domestic judge as a principal guarantor of access to justice and legal remedies in response to human rights violations. The same theme is gaining relevance as a result of the progressive development of international criminal law. The Rome Statute establishing the International Criminal Court (1998) affirms the existence of a universal duty to investigate and prosecute those responsible for grave crime. While acknowledging that domestic judges may not always be able or willing to meet this duty in practice, the Rome Statute insists on their primary responsibility to bring the perpetrators of grave crime to justice (art. 17).

The trust placed in domestic judges in international law has not fostered a balanced view of their role in international law. Not enough attention has been paid to their possible implications in the commission of human rights abuses and grave crime. Even so, recent empirical research on judicial behaviour reveals that judges are shaped by the political context in which they perform their functions. Specifically, domestic courts that operate in political contexts known to be hostile towards the idea of human rights, such as military dictatorships, tend to conform their decisions with the politics of repression promoted by such political regimes. Even if domestic courts may in some cases provide forums to express dissent against political measures in dictatorial regimes, in others, judges may well sympathize with the politics of these regimes, and participate actively or passively in the enforcement of repressive measures. Indeed, real life examples of judicial heroism in these circumstances are actually quite rare.

Even so, there are hardly any international law cases involving the criminal investigation and prosecution of judges, prosecutors or lawyers for judicial complicity in grave crime. The Justice case adjudicated in Nuremberg in 1947 following the end of the Second World War is unique in that it prosecutes ten jurists, two of them judges, for having participated and contributed to the commission of war crimes and crimes against humanity.

The concept of complicity in serious human rights abuses is recognised in several key treaties: article 3.e of the Genocide Convention (1948), article 3 of the Apartheid Convention, and article 4.1 of the Torture Convention. It is also included in article 7.1 of the ICTY Statute, article 6.1 of the ICTR Statute, and article 25.3 of the Rome Statute. The concept has become popular in contemporary international criminal justice. Several cases attest to a genuine interest in not limiting international criminal investigations and prosecutions to high-ranking military and political leaders, but to consider the involvement of other actors in the commission of grave crime. To illustrate, ICTR has prosecuted members of government, the Church, businesses, the armed forces and the police, journalists, and even a musician. In a similar vein, the ICTY has brought a range of persons to justice, including political leaders, military commanders, the police, and prison guards. However, none of these tribunals have adjudicated important cases involving judges, prosecutors and lawyers. The narrow mandate of the hybrid or mixed criminal tribunals, such as the Extraordinary Chambers in Cambodia and the Special Court of Sierra Leone, requiring the investigation and prosecution of the persons most responsible for the atrocities perpetrated in these countries, has led to the exclusion of officials from medium or lower rank positions. The Rome Statute does not impose any formal restriction ratione personae, which requires the ICC to exclude these cases. The focus of the ICC Office of the Prosecutor on persons who bear the greatest responsibility for grave crime is the result of a prosecutorial strategy that may change in the future.

In this light, I highly recommend you to read the recently published Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura, edited by Juan Pablo Bohoslavsky. The book provides a rich, thoughtful, and also provocative collection of studies on judicial complicity in grave crime during the Argentinean dictatorship. Its publication could not be timelier, considering the initiation of judicial proceedings against judges, prosecutors and lawyers in Buenos Aires last year (2014). The focus of the book goes well beyond international and national legal analysis. It entails excellent accounts of the sociological, anthropological and political dimensions of judicial participation in grave crime, which should be of interest to international lawyers. At the heart of the book is the need to deepen our understanding of the role of the judges, lawyers and prosecutors during the Argentinean dictatorship. Also under consideration is what the judges have done given the circumstances prevailing at the time? Furthermore, can the lawyers, prosecutors and judges who participated in the commission of these crimes be held legally responsible for their acts and omissions? How was law taught during the time of the Argentinean dictatorship)? Did a judicial reform or vetting take place in the Argentinean democratization process? Is judicial complicity a question of international and Argentinean law?

https://www.flickr.com/photos/carlitos_esposito/15524206082/

En el diario El Espectador le preguntaron al profesor Kai Ambos (Universidad de Göttingen) si todas las amnistías eran contrarias al derecho internacional. Ambos respondió así:

No es tan simple, depende de cada caso y del tipo de amnistía y crimen. Por ejemplo, si tomamos la ley 975, no es una amnistía sino una ley que reduce la pena. Son modelos alternativos. Hemos creado muchos modelos en los últimos 20 o 30 años en procesos también fuera de América Latina. Colombia es protagonista en esos modelos, la ley 975 fue absolutamente novedosa, en el sentido de que hubo un ingrediente de justicia penal en la justicia paralela, y una sanción mínima en vez de una amnistía.

Ahora tenemos que ser mucho más sofisticados, porque al final la cuestión es qué es mejor para la sociedad. Esa decisión la tiene que tomar la sociedad, no puede tomarla la Corte Interamericana, ni EE.UU. ni la Unión Europea. Es una decisión de los colombianos. Para mí, es mucho más importante la participación de la sociedad civil en estos procesos, la transparencia del proceso. El gran problema tal vez en la negociación con las Farc es si es suficientemente transparente para comunicar a la sociedad colombiana qué están negociando. Hay que ser inclusivo, llevar a la sociedad como negociador, para que sepa qué se negocia y qué debe aceptar.

Luego, más adelante, el periodista le recuerda que él ha dicho que no podrá haber amnistías totales y el profesor Ambos responde:

Algo tienen que pagar, la cuestión es cómo definir ese pago. Las Farc no quieren aceptar penas de cárcel. La estrategia del ministro de Justicia concibe la pena impuesta pero no ejecutada. Hay que ofrecerles algo mejor, en la ley 975 dijimos ocho años mínimo como pena alternativa. Con las Farc, la solución podría ser imponer condenas o hacer procesos, pero nunca implementar la pena. Pero la cuestión no es legal aquí. Si uno tiene un referendo después del proceso y el pueblo en su mayoría acepta, la comunidad internacional debe aceptar. La última palabra la tiene la sociedad. La legitimidad del proceso viene por referendo. Para los colombianos mi consejo es: olvídense de todo lo internacional, la CPI, la Corte Interamericana, y resuelvan sus problemas internos, traten de llegar a la reconciliación. Es cien veces más importantes un seminario entre víctimas y victimarios en Barranquilla, que lo que digan cortes internacionales.

Me recuerda la discusión que tuvimos sobre el caso Gelman y las amnistías con Roberto Gargarella aquí.

Juan Pablo Bohoslavsky dará una conferencia el próximo miércoles 5 de noviembre en la Universidad de Warwick. Esta es la información por si alguien estuviese interesado:

PUBLIC LECTURE: Debt and Human Rights: The Case of Financial Complicity

Wednesday 5 November, 4-5.30pm in S0.21, Social Sciences Building, followed by a drinks reception.

Juan Pablo Bohoslavsky, the United Nations’ Independent Expert on the Effects of Foreign Debt and other Related International Financial Obligations of States on the Full Enjoyment of All Human Rights, particularly Economic, Social and Cultural Rights, will be presenting a chapter from his edited collection (with Jernej Letnar Cernic), Making Sovereign Financing and Human Rights Work. Tim Jones, Senior Policy and Campaigns Officer with the UK’s Jubilee Debt Campaign and columnist for The Guardian, will act as discussant. For further details see our poster for the event.

If you are interested in attending this lecture, please register here or email u.martin@warwick.ac.uk

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