Xavier Seuba: La protección de la salud ante la regulación internacional de los productos farmacéuticos
marzo 5, 2010
La protección de la salud ante la regulación internacional internacional es un libro de Xavier Seuba que acabamos de publicar en la colección «Derecho, economía y globalización», en la editorial Marcial Pons. Se trata de un estudio de las normas internacionales que inciden sobre la cadena del medicamento, atendiendo a la preservación y mejora de la salud como función principal de los productos farmacéuticos. Es una obra intelectualmente rica y comprometida. Aquí pueden leer las primeras páginas, para que se hagan una idea del libro.
El Convenio de Lugano de 1988 en la Corte Internacional de Justicia: el caso Bélgica contra Suiza
febrero 23, 2010
Por Diana Sancho Villa
Un asunto sobre la interpretación y aplicación del Convenio de Lugano de 1988 llega a la Corte Internacional de Justicia enfrentando a Bélgica y a Suiza. El caso referido recuerda la actualidad de dos elementos de relevancia como son la intensidad de los vínculos que mantienen el Derecho internacional público y el Derecho internacional privado, así como la forma en la que a veces criterios de índole política pueden condicionar un planteamiento jurídico. La disputa plantea cuestiones de derecho procesal convencional surgidas en el contexto del derecho de insolvencia suizo, derivadas de los compromisos asumidos por Suiza como parte contratante del Convenio de Lugano sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales de 16 de septiembre de 1988, en sus relaciones con Bélgica (Convenio cuyo proceso de revisión ha dado lugar al nuevo Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007 firmado por la Comunidad Europea y los Estados de la Asociación Europea de Libre Cambio). En concreto, ¿tienen los jueces suizos que están conociendo de un proceso de liquidación de unas sociedades suizas la obligación de suspender el procedimiento hasta que los jueces belgas se pronuncien sobre los eventuales créditos que unas sociedades belgas afirman tener frente a aquellas? Los jueces suizos han entendido que no.
La relación de los hechos tiene su punto de partida en los contratos celebrados entre un grupo de sociedades belgas y suizas como accionistas principales de Sabena (la antigua compañía aérea belga), para la financiación y gestión de ésta. Surgidas discrepancias, los accionistas belgas demandan a los suizos en Bélgica por los incumplimientos de los acuerdos celebrados y también para la reparación del daño causado: los tribunales belgas se declaran competentes (según el art. 17 CL conforme a la cláusula de sumisión expresa que incorporan los contratos, y el art. 5.3 CL).
Las dificultades financieras de los accionistas suizos determinan la apertura de un procedimiento de insolvencia en Suiza. Los créditos que los accionistas belgas alegan tener frente a los suizos derivados de la responsabilidad contractual y extracontractual de estos últimos (cuya existencia y alcance están pendientes de resolución en Bélgica) no son tenidos en cuenta por los síndicos en Suiza. La situación descrita motiva la presentación de una demanda en este país por la que los accionistas belgas reclaman que los tribunales suizos suspendan el procedimiento de liquidación hasta que los jueces belgas se pronuncien sobre sus créditos, planteando la cuestión como una de litispendencia internacional del art. 21 CL. El juez federal suizo entiende sin embargo que no procede la suspensión en un desarrollo en tres fases: sitúa la cuestión en el marco del derecho interno al entender que ese precepto del CL no es aplicable por estar el objeto del proceso suizo excluido del ámbito de aplicación material del Convenio; conforme a las normas internas la condición para que se produzca la suspensión depende de la apreciación de las posibilidades de reconocimiento de la sentencia belga sobre el fondo en Suiza; el juez descarta la aplicación del CL a esta cuestión concluyendo con la no necesidad de suspender el procedimiento e invitando a los accionistas belgas a presentar una nueva demanda en Suiza para el reconocimiento de sus créditos.
Esta solución motiva la actuación de Bélgica contra Suiza ante la Corte Internacional de Justicia. En sus tres puntos esenciales, Bélgica critica primero la no aplicación del Convenio de Lugano al reconocimiento de la sentencia belga: rechaza el argumento de que el CL no sea aplicable pues a su entender éste entra en juego en sede de reconocimiento (en el contexto del juicio de reconocibilidad de la sentencia belga impuesto por el derecho interno suizo); a estos efectos lo que cuenta es que el objeto de la sentencia belga quede comprendido en el ámbito de aplicación material del CL y no la naturaleza del litigio del Estado requerido. Así parece claro que procede la aplicación del CL al reconocimiento de una sentencia belga (en materia civil y mercantil dictada en un Estado contratante, según los arts. 1 y 26 CL; arts. 1 y 33 CL 2007), y su rechazo supone en principio un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Suiza. El segundo punto critica la decisión de no suspender el procedimiento suizo conforme al derecho interno hasta que los tribunales belgas se pronuncien. El juez federal suizo considera que no son admisibles dilaciones indebidas lo que vincula al no reconocimiento de la sentencia belga (y ello aunque otras instancias judiciales suizas eran partidarias de la suspensión). También para Bélgica este planteamiento supone una violación del principio de Derecho internacional según el cual el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado debe responder a sus obligaciones internacionales y operar en el marco de lo razonable. Finalmente, el punto quizás más delicado es relativo a la aplicación de los artículos sobre litispendencia internacional (y conexidad) del CL. Bélgica mantiene la compatibilidad con el CL de la inclusión de todo procedimiento civil en su ámbito material con independencia de si éste se plantea en el contexto de un procedimiento de insolvencia, en contra de la opinión más restrictiva de los jueces suizos.
Diana Sancho Villa es Profesora Titular Derecho internacional privado en la Universidad Rey Juan Carlos.
Nota del editor: el caso fue removido de la lista de la Corte el 5 de abril de 2011 a requerimiento de Bélgica.
Workshop on Global Law and Economic Policy at Harvard Law School
febrero 22, 2010
IGLP: The Workshop es un programa intensivo del Institute for Global Law and Policy, de 10 días de duración, para doctorandos y doctores que tiene por objetivo promover ideas innovadoras y aproximaciones alternativas a los problemas jurídicos globales, las políticas económicas y la justicia social en la secuela de la crisis económica mundial. El programa es espléndido y, según se informa en el anunció del Workshop, los admitidos tendrán cubiertos los costes de viaje, alojamiento y comidas. Felicitaciones al Profesor David Kennedy por esta excelente iniciativa.
Gracias a Ignacio de la Rasilla por el dato.
Ellacuría, crimen sin castigo
febrero 22, 2010
El programa de investigación de Televisión Española «En Portada» ha ganado el Premio de Periodismo Rey de España por el reportaje «Ellacuría, crimen sin castigo». El reportaje trata de buscar respuestas a las preguntas que todavía están sin responder en El Salvador veinte años después de la matanza de Ellacuría y otros cinco jesuitas, junto a su ama de llaves y su hija, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, que se empezó a investigar en la Audiencia Nacional española sobre la base del principio de justicia universal tras la querella que interpusieron la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability el 13 de noviembre de 2008. El reportaje muestra una realidad muy dura. En las declaraciones es interesante cómo aparecen los temas más acuciantes de la justicia transicional: justicia versus verdad, reconcialición, impunidad, paz… Muy recomendable. El programa completo se puede ver aquí.
2010 SIEL/CUP Prize for an Essay in International Economic Law
febrero 22, 2010
Espero que esta información pueda ser aprovechada por los lectores jóvenes de aquiescencia:
A prize has been established by the Society of International Economic Law and Cambridge University Press for the best essay submitted on any topic in any field of international economic law.
The competition is open to all current undergraduate and graduate students and those who have graduated no earlier than five years before the submission deadline. Members of the SIEL Executive Council may not submit entries. The essay may not have been previously published.
The prize consists of £200, as well as £300 of Cambridge University Press book vouchers and a three year subscription to the World Trade Review. The winning essay will be submitted to the World Trade Review for publication.
The deadline for submission is 30 September 2010
For terms and conditions please see www.sielnet.org/essayprize
Estrategias contra la pena capital en el horizonte de 2015/Strategies to End or Abolish the Death Penalty by 2015
febrero 16, 2010
A principios de diciembre de 2009 participé como moderador de una mesa sobre “Estrategias contra la pena capital en el horizonte de 2015” en el contexto del Coloquio Internacional por la Abolición Universal de la Pena Capital, que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales organizó junto con el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue una discusión interesante, especialmente por la distinta aproximación de los profesores William Schabas y Peter Hodgkinson, y también por las preguntas y opiniones de los asistentes, entre los que se encontraba, por ejemplo, el Profesor Nigel Rodley. Mi colega la Dra. Jessica Almqvist participó como relatora y ha escrito un resumen estupendo, algunos de cuyos párrafos, con su permiso, quiero compartir con los lectores de aquiescencia. El texto está en inglés, pero si hubiere una traducción pronta, trataré de publicarla también.
Strategies to End or Abolish the Death Penalty by 2015
Rapporteur: Jessica Almqvist
Two radically different strategies of how to end or abolish the death penalty (DP) were discussed. The main contributors to the discussion were William Schabas, Peter Hodgkinson and Victor Moreno (speakers). Carlos Espósito presided and moderated the session.
In what follows is a summary of what the different strategies amount to and how they differ from one another.
“Keep on doing what we are doing”
The first strategy that was discussed is more ‘optimistic’ and dominates in the public international realm. It emphasizes the existence of an international trend to abolish or end the DP. For example, if Ireland were now to consider the possibility of reintroducing the death penalty, which it abolished by way of a constitutional referendum in the 50s, it would be expelled from the European Union and the Council of Europe. It would be considered as an outcast. Indeed, Ireland, together with many other countries in Europe and beyond, does not revisit the old arguments about the death penalty anymore. In fact, few, if any, countries that have once abolished the death penalty reintroduce it. The Philippines is the exception that proves the rule.
In general, there is considerable statistical evidence demonstrating the existence of an international trend towards the universal abolition of the DP. The “war on terror” did not affect this trend. With the exception of Belarus, Europe is a “DP free zone”. Leaving Egypt, Libya, Sudan and Somalia aside, Africa is next to a “DP free zone”, too. Last year, there was only one reported execution in the whole of Africa. Furthermore, in the Americas, with the exception of the US, only one execution has taken place in the last five years. In the Iberoamerican region, Guatemala and Cuba are the only countries that keep the DP. The persistence of the death penalty is mainly an Asian phenomenon.
The international trend can be assessed in different ways. It is possible to distinguish between countries that are (1) pure abolitionists (100 countries); (2) abolitionists with respect to ‘ordinary crimes’ (less than ten now); and (3) de facto abolitionists (46 countries, including countries from the Maghreb region such as Morocco and Algeria). In fact, the number of countries that falls within the third category increases every year. However, we also observe a general decline in the use of the death penalty among countries which formally allow it (such as, Iran and Saudi Arabia). And, countries, such as Egypt and Singapore, do not practice what they preach.
This international trend indicates that there is no need to revise the strategy currently used, but rather “keep on doing what we are already doing”. In short, it consists of letting the increasing number of ratification of relevant international treaties, and the increasing number of countries that have ended or abolish the DP, to speak for themselves.
The need for a holistic strategy
The second strategy is more ‘pessimistic’. It insists on the need for caution towards the affirmation that we are making real progress. Those who are supporting this position stress that we are still far from having succeeded in achieving the objective of ending or abolishing the DP in all countries.
Their strategy stress the need engage in a discussion with countries that still keep the DP. In particular, it is essential that we take seriously the fact that there are still several countries which are defending the DP although they do so for very different reasons. However, their particular reasons must be taken into account and influence our selection of arguments when engaging in a discussion with them.
For example, some countries in the Caribbean, such as Trinidad & Tobago and Jamaica, seem to keep the DP only to manifest their independence and control in relation to their colonial masters. Other countries, in contrast, seek to invoke religious or moral arguments. For example, the DP is often thought of as helping the families of the crime victims. We could show that this assumption is misguided. Contrary to what many believe, the DP does not help families of homicide victims to get closure. In this context, it may be useful to discuss in more detail the availability of different kinds of restoration models. Few countries that practice the DP have considered other methods of helping these families, such as, for example, making them part of the judicial process.
When countries do decide to abolish the DP, ‘new’ issues and concerns arise for them. A sound strategy cannot ignore, but must be attentive to these realities. Each of these realities requires international engagement. For example, in this context, is important not to ignore the uncomfortable question as to whether the alternative of life-in-prison without parole is actually a more humane form of punishment. Besides, in poor countries, there is a great risk of death while in prison because of the absence of food or hygiene. From this standpoint, a strategy of abolishing the DP must necessarily include a consideration of alternative forms of punishment for countries that are considering abolishing the DP.
Additionally, we cannot simply assume that the abolition of the DP means a more general improvement of the legal infrastructures and services of a country. In order to make progress, it is essential that also these infrastructures and services improve. A quest for a more general improvement of the conditions of offenders is also true for those countries which continue to use the DP. If we are unable to convince these countries about the need to end or abolish the DP we must still work with them in order to improve the conditions for those who are on death-row as well as their families (for example, by encouraging legal interventions and psychiatric assistance).
Seis nuevos puestos de letrados para jueces de la CIJ
febrero 12, 2010
¡Qué buena oportunidad para un iusinternacionalista joven! La Corte Internacional de Justicia anuncia seis nuevos puestos para letrados adscritos a sus jueces. Esta es la información específica:
Deadline for applications : 6 April 2010
Post title : Law Clerk to Judges of the Court (Associate Legal Officer) (6 positions)
Grade : P-2
Reference : 2010-ICJ-LEG-01
Duty Station : International Court of Justice, The Hague, Netherlands
Organizational Unit : Department of Legal Matters
Indicative minimum net annual remuneration (including post adjustment) :
At single rate: €51,525
At dependency rate: €54,933
Length of Appointment: Two years fixed-term, renewable once for a second two-year period
Más información en esta página de la CIJ. Buena suerte.
Shrinking Universal Jurisdiction
febrero 10, 2010
This is the Guest Editorial that I wrote for the ESIL Newsletter of 1 February 2010.
Shrinking Universal Jurisdiction
The Pinochet case changed our perceptions of international law and the important role of national judges in its development. However, with the entry into force on 5 November 2009 of the new Spanish law governing the principle of universal jurisdiction, such a case would most probably not have been possible today.
The reform, which may be read as part of a tendency to restrict universal jurisdiction, was preceded by a handful of criminal investigations carried out by the Audiencia Nacional following a number of complaints against high-ranking officials of China, the USA and Israel. The media reported that political pressure by foreign nations to change the law of universal jurisdiction may have triggered the amendment. The Government was clearly uncomfortable with the way in which the judiciary had come to apply universal jurisdiction. The amendment was announced by the Government as a fait accompli, to the surprise of the legal community. The reform, however, had the full support of the opposition and was voted for by an overwhelming majority of the members of the Congress and the Senate.
As an advocate of a qualified, rather than an absolute, principle of universal jurisdiction, I believe that it was true that the previous law needed more than just a tweaking to make it more effective and legitimate, even for the limited purpose of maintaining the symbolic justice effect that it had achieved over the years. However, in my view, the new provision contains some important deficiencies. It establishes conditions that may be considered ambiguous or even contrary to the fundamental idea of universal jurisdiction, which is based only on the universal agreement that certain heinous crimes, such as genocide and crimes against humanity, must not go unpunished. The new provision – Article 23.4 of the Organic Law 6/1985, as amended by Organic Law 1/2009 – introduces three non-accumulative requirements for the exercise of universal jurisdiction by Spanish judges. The first stipulates that the persons presumably responsible for the crimes be present on Spanish territory. Alternatively, the victims must be Spanish nationals. Or, finally, there must be another relevant connection with Spain. I believe that the first requirement is acceptable and, given the difficulties in apprehending the alleged perpetrators of these crimes, even reasonable. The second, however, is simply flawed. Indeed, the nationality of the victim is another basis of jurisdiction, i.e. the passive nationality principle, and is totally inadequate as a prerequisite for the exercise of universal jurisdiction. As for the third, it seems too vague in a sphere of judicial practice where national judges are not particularly prone to exercise restraint. It should be noted, however, that the new legislation maintains full respect for the independence of judges, and does not provide for a political control of the judicial process. The law also rightly recognizes a subsidiarity principle, which implies that a case should be provisionally dismissed if a foreign national tribunal with jurisdiction or an international tribunal has already initiated proceedings to investigate and effectively prosecute the same crimes. The recognition of the direct relevance of this principle in the field of universal jurisdiction is connected to the rather indeterminate provision on subsidiarity as contained in the law governing the cooperation with the ICC (Article 7, Organic Law 18/2003).
Even after the amendment, Spanish universal jurisdiction still covers important ground, and has in fact been improved, with the crimes of genocide and crimes against humanity now being explicit grounds for its operation. On the other hand, the limiting effects of the new constraints have already been felt. For instance, the Audiencia Nacional recently refused to investigate alleged crimes against humanity by Moroccan authorities in the case of Mrs. Aminetu Haidar. Regarding possible retroactive effects of the amendment, it seems that the ongoing cases at the Audiencia Nacional have not been affected. However, in principle, in the criminal justice context, the law more favorable to the person being investigated or prosecuted should in any case be applied.
A global treaty on universal jurisdiction might be a good idea but it seems to be a very difficult task. A European Union solution would perhaps be more feasible. Indeed, the EU could try to either pass legislation adopting minimum rules on universal jurisdiction within the framework of the Lisbon Treaty or, if this strategy proves inappropriate, negotiate a specific agreement harmonizing the relevant laws of the member states. This approach would bring a much higher degree of legitimacy to the exercise of universal jurisdiction vis à vis the rest of the world. Perhaps there is still time for the Spanish EU Presidency to promote the idea?
Araceli Mangas Martín (Dir.), Luis Norberto González Alonso (Coord.), Manuel López Escudero, José Martín y Pérez de Nanclares y José Manuel Sobrino Heredia, autores de la obra colectiva «CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNION EUROEPA. COMENTARIO ARTICULO POR ARTICULO», publicada en diciembre de 2008 por la editorial de la Fundacion del BBVA, informan que todo el contenido del libro está ahora disponible de forma gratuita en esta dirección. Gracias a los autores y a la editorial.






