aquiescencia

Por Alejandro Chehtman – Escuela de Derecho, Universidad Torcuato di Tella.

La relación entre el Derecho internacional y el Derecho interno se presenta tradicionalmente como una discusión entre monismo y dualismo en tanto dos teorías que tratan de explicar la interacción entre distintos tipos de normas. El trabajo que da lugar al presente intercambio propone que es más productivo e interesante examinar cómo los Estados abordan esa relación a través de rastrear la aplicación de normas internacionales y su relación con el derecho interno en las decisiones de autoridades ejecutivas, legislativas y, fundamentalmente, de sus más altos tribunales. Es más, sugiere que es posible identificar una perspectiva latinoamericana sobre la importancia e influencia del derecho internacional producto de una historia política regional con fuertes paralelos (que incluye una ola reciente de reformas constitucionales con elementos comunes), una posición similar en el sistema económico y financiero internacional y una institucionalidad regional compartida cuyo centro está ocupado por el sistema interamericano de derechos humanos. Por último, a partir de elementos de los estudios empíricos sobre cortes, el trabajo procura esclarecer los términos y las motivaciones de algunas de las reacciones judiciales que caracterizan lo que habitualmente se presenta como una resistencia a los tribunales supranacionales por parte de las autoridades nacionales.

Así el trabajo mapea las posiciones de tres estados de la región (la Argentina, Colombia y México) en relación con la aplicación de normas internacionales por autoridades internas y la jerarquía que se les reconoce a esas normas en cada uno de los sistemas jurídicos. El estudio de estas jurisdicciones se presenta como casos de estudio de una realidad más amplia.^[1] Siguiendo una tendencia más general a nivel global, el trabajo documenta cómo el Derecho internacional ha ido adquiriendo una importancia creciente en los sistemas jurídicos de América Latina, especialmente desde las reformas constitucionales que comenzaron en la década de 1980. En este contexto, resalta especialmente el estatus privilegiado conferido al Derecho internacional de los derechos humanos en los sistemas jurídicos nacionales a través de su constitucionalización directa o indirecta. A la vez, muestra a la vez que en la práctica el recibimiento y la autoridad reconocidas a esta normativa ha sido mucho más zigzagueante de lo que a primera vista podría parecer, especialmente en lo que se refiere a la fuerza normativa de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CteIDH).

En particular, sostengo que este recorrido pendular no puede explicarse ni a la luz de las disposiciones relevantes a nivel local, ni de aquellas previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Tampoco se explica a partir de la jurisprudencia expansiva de la CteIDH. En cambio, sugiero que la mejor explicación se basa en las necesidades y estrategias políticas de los tribunales superiores nacionales en distintos contextos políticos e institucionales. Es decir, su actitud cambiante hacia el sistema interamericano se explica en buena medida en función de los intereses estratégicos de los tribunales nacionales por establecer, asegurar, reforzar o expandir su autoridad. El trabajo señala, entonces, cómo éstos muchas veces han utilizado la fuerza vinculante de las decisiones de su par interamericana para reforzar la autoridad de sus propias decisiones y blindarlas de cierto tipo de críticas tanto internas como externas. En el mismo sentido, el rechazo a la fuerza vinculante de los precedentes de la CteIDH ha permitido también ampliar su autoridad, muchas veces sugiriendo que son las propias cortes nacionales las que determinarán qué decisiones de la CteIDH considerarán vinculantes y cuáles no. Este análisis, se sugiere, no solamente es compatible con el contexto y los casos escogidos por las cortes nacionales para defender o rechazar la obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana, sino que también permite iluminar los términos del diálogo que se da entre estos tribunales nacionales y la CteIDH.

El texto es el resultado de una invitación de Conrado Hübner Mendes y Roberto Garagarella a escribir sobre el lugar del Derecho internacional en los sistemas constitucionales latinoamericanos para The Oxford Handbook of Constitutional Law in Latin America (pronto a publicarse). El equipo de la Revista Latinoamericana de Derecho Internacional (LADI), dirigido por Justina Uriburu y Francisco Quintana, ha producido una traducción precisa y elegante del texto al castellano, y la ha puesto a disposición de los y las lectoras hispanoparlantes. Soy muy afortunado de poder discutir las conclusiones de este trabajo con colegas a quienes admiro. Quiero agradecer a Carlos Espósito su generosidad al organizar y cobijar esta discusión en su siempre interesante blog Aquiescencia y a Andrea Castagnola, Alexandra Huneeus, Francisca Pou y Rene Urueña por el tiempo que han dedicado a discutir estas ideas y por sus aportes para enriquecer, refinar o incluso corregir aspectos del análisis.

^[1] Por limitaciones de tiempo y, sobre todo, de espacio, el trabajo no hace justicia a los desarrollos en este área procedentes de América Central. Este es un déficit que sería bueno abordar en futuros enfoques regionales.

En los próximos días publicaremos una serie de contribuciones al debate sobre el Derecho internacional y el Derecho interno en perspectiva latinoamericana basados en el artículo de Alejandro Chehtman, Derecho internacional y Derecho constitucional en América Latina, publicado recientemente en la Revista Latinoamericana de Derecho Internacional (pdf). Alejandro Chehtman (Universidad Torcuato di Tella) abrirá el simposio con una introducción y lo concluirá con una respuesta a los autores. En el simposio participan Andrea Castagnola (Universidad Torcuato di Tella), Alexandra Huneeus (Universidad de Wisconsin), Francisca Pou Giménez (ITAM) y Rene Urueña (Universidad de Los Andes, Colombia). Confío en que sea útil y que lo disfruten.

Cada texto estará acompañado de una obra emblemática de artistas latinoamericanos de la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Para la selección de esas siete obras he contado con la ayuda de mi querida amiga Socorro Giménez, coordinadora editorial en el MALBA, a quien agradezco muy sinceramente su generosidad y buen gusto. La exposición comienza en esta misma presentación con una obra verdaderamente extraordinaria: Abaporu (1928) de la artista brasileña Tarsila do Amaral (1886-1973). Todas las obras tienen un vínculo a sus páginas en el MALBA, donde pueden consultar sus fichas técnicas y una valiosa información artística.

Por C. Ignacio de Casas, Universidad Austral^[1]

La gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela ha vuelto a ser portada de los diarios en todo el mundo a partir de la publicación del Informe de la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos”. Este informe ha sido producto de un impulso especial en el ámbito de las Naciones Unidas, lo que nos lleva a preguntarnos si es que (y en su caso, cómo) los órganos de protección de derechos humanos propios de las Américas se han estado ocupando de esa situación.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene una característica que comparte con algunas organizaciones regionales —y la distingue, en cambio, de otras de ámbito universal— que es la de que sus miembros deben ser Estados democráticos. La Organización puede adoptar sanciones y otras medidas que considere adecuadas, en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado en alguno de sus miembros,  en virtud de la cláusula democrática. Venezuela, en tanto que miembro de la OEA, debe sujetarse al deber de respetar el Estado democrático de derecho, pues en esta lógica regional americana la ruptura de ese principio necesariamente tendrá impacto en el goce de los derechos humanos. Además, para la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países de la región, la OEA cuenta con un órgano principal (y autónomo) llamado Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aquí hay que notar que existe un conflicto político que enfrenta al Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, con Venezuela y un conjunto de países. Algunos ven a Almagro como un representante de los Estados Unidos y que trata de llevar adelante las políticas que le dicta el gobierno de ese país. Esto ha dividido a la OEA, generando una grieta que divide en dos mitades a la Organización y produce varias dificultades. Como Venezuela siempre fue un país con mucho peso en la región —en especial en el Caribe, que son muchos votos— no fue fácil ejecutar la cláusula democrática y suspender al país de la Organización. En cambio, bajo el empuje del Secretario General Almagro, se optó por una estrategia distinta. Desde principios de 2019, la OEA reconoce como legítimo gobierno del país al presidente “encargado” Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional, y a Gustavo Tarre Briceño como Representante Permanente de Venezuela ante la OEA, removiendo así al anterior embajador, que pasó a ser el Representante de Venezuela ante la ONU (donde sigue siendo el gobierno de Maduro quien designa a su embajador).

Desde el punto de vista jurídico, cuando decimos que Venezuela debe respetar los derechos humanos ¿a cuáles obligaciones nos referimos? Cualquier Estado miembro de la OEA, por el solo hecho de serlo, debe respetar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que es una resolución y no un tratado, pero que se entiende que tiene valor vinculante por la costumbre. Éstas son las mismas obligaciones que tienen, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Además, Venezuela fue Estado Parte en la CADH desde 1977 hasta el 10 de septiembre de 2013, y reconoció en ese tiempo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El gobierno de Chávez fue el que denunció la Convención pero, como ésta misma establece en el artículo 78.2, “[d]icha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en [la] Convención en lo que concierne a todo hecho que (…) haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.

Hasta aquí, entonces, podemos decir que Venezuela está obligada por la DADDH y sujeta a la jurisdicción de la CIDH, y también por la CADH para los hechos ocurridos en el período de vigencia de la misma, respecto de los cuales también está y sigue sujeta a la jurisdicción de la Corte IDH.

The Call for Papers for vol. 24 (2020) is still open. Manuscripts dealing with any topic of interest in the field of Public and Private International Law and International Relations should be submitted to the editors by 31 July 2020. The manuscripts shall conform to the Style Guide of the SYbIL (available here). Please, remember that your manuscript must be submitted to the Editor’s email address at editor@sybil.es. Do not use any other email address.

En Hablemos de Derecho Internacional HDI entrevistan al profesor Antonio Remiro Brotóns. Desde aquí pueden acceder al podcast. El profesor Remiro tiende a contestar largo, a recrearse en las preguntas, incluso se hace preguntas dentro de las preguntas, y eso se agradece porque entra en detalles y profundiza casi como si estuviese explicando en una clase magistral. Toda la entrevista es rica en ideas y referencias jurídicas. Me resultaron de especial interés sus reflexiones sobre el principio uti possidetis iuris en Derecho internacional.

Me ha gustado que Edgardo Sobenes, autor de HDI Podcast, se interesase al final de la entrevista por el libro Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional, publicado en 1996. Es un ensayo original y distinto –’vulnerable y arriesgado’, lo llama Antonio Remiro–, que utiliza como rúbricas versos de un poema de Álvaro Mutis, el apreciado autor colombiano de Maqroll el Gaviero.

Por Ignacio Álvarez Arcá, Universidad de Málaga (nalvarez@uma.es)

Como decíamos en la primera parte de este post, la pandemia ha acelerado los procesos que ya estaban teniendo lugar en el ámbito internacional y que copaban los debates académicos. Desde nuestro punto de vista, son dos los que desde la perspectiva iusinternacionalista deben recibir mayor atención: el primero de ellos es el fenómeno que el profesor Roldán –en este mismo foro– ha definido como la revalorización de la ciberseguridad en detrimento de las libertades; el segundo es la crisis del multilateralismo –ejemplificada, entre otros, por la retirada de Estados Unidos de la OMS–, que va a redefinir el modo en el que los Estados se relacionan y el proceso de elaboración de normas internacionales.

Siguiendo el orden planteado, cabe realizar una serie de apreciaciones sobre el control digital que parece imponerse para hacer frente a la crisis sanitaria. La primera de ellas está relacionada con el modo en el que se gestiona la red. Por todos es sabido que tanto China como Rusia llevan años intentado implementar un concepto de red soberana, es decir, un espacio donde el Estado mantenga su capacidad de control sobre su contenido, limitando así la libertad asociada a la red. De hecho, empresas como digitales como Google, temerosas ante la posibilidad de perder el dominio de un mercado tan grande como el chino han aceptado, no sin polémica, desarrollar un sistema que restringe las búsquedas y resultados cuando éstos se relacionan con materias como los derechos humanos. A este fenómeno hay que añadir la utilización de la inteligencia artificial, unido a la creación de sistemas de vigilancia continua, para mantener un control efectivo sobre la población no sólo en lo que se refiere a las libertades de circulación y expresión, sino también en la adhesión al régimen político.

Pues bien, a consecuencia de la pandemia el sistema de control chino resultó ser una herramienta muy útil y efectiva para controlar a los contagiados y evitar una difusión aún mayor del virus. Este tipo de herramientas fueron observadas desde las democracias liberales con cierto escepticismo. Algunos llegaron a plantear que, pese a su efectividad, eran incompatibles con el sistema de garantías propio del Estado de derecho. Sin embargo, la rápida expansión de la enfermedad y el ritmo de crecimiento del número de contagiados facilitó la adopción de medidas de seguridad a través del control digital incluso en aquellos Estados que en un principio eran renuentes. La amenaza que se cierne sobre los derechos fundamentales en este sentido es doble: por un lado, porque –como ya sucediera en algunos Estados con la lucha contra el terrorismo– las medidas excepcionales adoptadas para evitar y controlar la difusión del virus pueden llegar a hacerse crónicas; y, por otro lado, porque el conjunto de los Estados han visto reforzado su poder de intervención en la sociedad –precisamente gracias al refuerzo de sus atribuciones para poder hacer frente a la pandemia–, de modo que al tratarse de una situación generalizada las posibles injerencias y limitaciones de derechos y libertades podrían ser obviadas por los mecanismos de control, tal y como sostiene la profesora Petit de Gabriel respecto del TEDH. Con todo ello, el sistema de protección y garantía de derechos humanos corre el riesgo de ser presentado como un óbice a la seguridad sanitaria, planteando de nuevo una elección dicotómica, e irreal, entre libertad y seguridad.

Por lo que respecta al segundo de los fenómenos, la crisis del multilateralismo también se ha visto agravada debido a la expansión de la Covid-19. El sistema de normas e instituciones que han vertebrado el orden internacional parece dejar de responder con eficacia a los nuevos retos y problemas que se plantean, entre ellos la respuesta a esta pandemia, precisamente en un contexto en el cual la cooperación multilaterales más necesaria que nunca. Desde nuestra perspectiva, son tres los elementos que determinan la ineficacia de las instituciones. El primero es la renuencia de un grupo de Estados, liderados por China, que rechazan el sistema de gobernanza impulsado por los Estados occidentales. Compartimos en este sentido las conclusiones alcanzadas por la profesora García Segura cuando sostiene que dicha postura más que un rechazo al sistema westfaliano constituye un retorno a sus orígenes, dotando así al Estado de la preminencia y capacidad de decisión en la esfera internacional que había perdido en favor de las instituciones diseñadas por Occidente. De este modo, en lugar de rechazar el sistema lo que buscan es su transformación y con ello adaptar normas e instituciones a una concepción que se adecue mejor a sus intereses. El segundo elemento lo constituye el giro antiglobalización y de rechazo al sistema internacional que sustenta el discurso, y también la acción política, de los gobernantes de los Estados alineados con el sistema. Ello ha conducido a la redefinición de las relaciones con aquellos Estados que tradicionalmente han sido sus aliados, mermando así la cooperación institucionalizada establecida desde hace décadas o incluso, como sucede en el caso de Hungría y Polonia, aprovechando las fallas sistémicas –en este caso a través del bloqueo del procedimiento del artículo 7 TUE– para debilitar el régimen de cooperación desde dentro en lo que se asemejaría a una implosión del sistema.