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Carmen Pérez González (Universidad Carlos III de Madrid) ha tenido la gentileza de enviarme una copia de su flamante libro sobre Migraciones irregulares y Derecho internacional (2012). Lo abre con una cita del gran Robert Louis Stevenson, quien en “El emigrante por gusto” y tras su experiencia de viaje a través de Estados Unidos afirmó que “nada hay tan agradable de imaginar y tan patético de contemplar” como la emigración. Según su descripción, el libro “aborda el modo en que el Derecho internacional y el Derecho de la Unión Europea se enfrentan hoy al fenómeno migratorio y, en particular, a la inmigración ilegal, analizando los límites que se imponen a los Estados a la hora de decidir sobre la devolución de aquellos extranjeros que se encuentran en situación administrativa irregular”. Un tema importante y una reflexión necesaria sobre el “Derecho internacional de las migraciones”. ¡Enhorabuena!

Quiero ver este documental sobre refugiados climáticos. Aquí se puede ver un trailer:

 

Y aquí pueden encontrar un artículo que escribimos con Alejandra Torres sobre los derechos humanos y los refugiados climáticos.

“Los próximos 7 y 8 de junio se celebrará en la Universidad Carlos III de Madrid (Salón de Grados del Campus de Getafe) un Seminario sobre “Protección de mujeres migrantes en situación de especial vulnerabilidad”. En el mismo se analizarán, desde una perspectiva jurídica, las principales cuestiones que plantea la protección de este colectivo frente a todas las formas de violencia asociada a la condición del mujer migrante. La participación en sus sesiones de representantes de la Academia, la Sociedad Civil y la Administración aportará puntos de vista diferentes y necesariamente complementarios en torno a dichas cuestiones. La conferencia inaugural del Seminario correra a cargo del Prof. Jorge Bustamente, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.
Todos/as aquellos/as que estén interesados/as podrán presentar una Comunicación, que deberá centrarse en alguna de las cuestiones objeto de análisis durante el Seminario:

1) LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES.
2) LA PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN: ASILO POR RAZÓN DE GÉNERO Y OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
3) LA PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PAÍS DE DESTINO: VIOLENCIA DOMÉSTICA, VIOLENCIA DE GÉNERO, TRABAJADORAS INMIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR Y MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS.
4)LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES INMIGRANTES EN ESPAÑA.

El plazo para presentar Comunicaciones permanecerá abierto hasta el miércoles 1 de junio de 2010. Antes del viernes 3 de junio se comunicará a los autores si las mismas han sido aceptadas. La presentanción de las comunicaciones tendrá lugar el martes, 7 de junio, durante la Sesión de la tarde.

El programa completo del Seminario, así como los detalles relativos a la inscripción están disponibles en esta dirección.

Gracias a la Profesora Carmen Pérez González, por el post y la información.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

La facultad de los Estados de decidir libremente su política migratoria, como tantas otras prerrogativas, se ve limitada por el respeto de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que lo vinculen, como se recuerda en la Opinión Consultiva 18 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Es imprescindible recordar que los derechos humanos encuentran su fundamento en la dignidad humana, límite infranqueable de cualquier política. En relación con esto, considero necesario expresar un par de ideas sobre recientes acontecimientos ocurridos en España relacionados con la inmigración, como las órdenes policiales de detener a un número mínimo de inmigrantes irregulares cada semana, denuncias sobre malos tratos sufridos por los inmigrantes detenidos previamente a su expulsión y las malas condiciones en que están recluidos.

En primer lugar, es necesario recordar que las expulsiones masivas de extranjeros están prohibidas en el derecho internacional, como lo prevé el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Esta prohibición se infiere de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las expulsiones de haitianos en República Dominicana y es analizada en la sentencia Conka contra Bélgica, de 5 de febrero de 2002 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su importancia radica en la necesidad de considerar la situación particular e individual de cada persona cuya expulsión del territorio de un Estado vaya a ser analizada, pues de lo contrario se corre el riesgo de vulnerar normas sobre el debido proceso (que la jurisprudencia internacional ha extendido a medidas administrativas) o disposiciones sobre refugiados (si se adoptan decisiones con celeridad para cumplir con “cuotas” policiales omitiendo una investigación exhaustiva de la situación personal de alguien; como dice el refrán, la justicia lenta es inútil pero la justicia veloz es injusta).

En segundo lugar, como lo manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse en la citada Resolución 03/08 referente a la Directiva Europea sobre Retorno, la privación de libertad (“detención”, si se prefiere un término eufemístico) debe ser excepcional y proporcional, esto es, lo más breve posible para que su duración se limite a un plazo necesario. Además, la Comisión recuerda que los migrantes no deben ser recluidos en instalaciones “de tipo penal”, y que el interés superior del niño debe ser protegido.

Redadas masivas que persiguen cumplir con cuotas semanales de detenciones pueden separar a los niños de sus familias de manera indiscriminada. Esta palabra, justamente, resume el riesgo de la paranoia que en ocasiones existe: indiscriminadas. Además, las instalaciones donde según los medios de comunicación se detienen a inmigrantes que van a ser expulsados suelen tener condiciones sanitarias pobres, los recluidos son sometidos a tratos contrarios a su dignidad humana que podrían ocasionar un trato cruel, inhumano o degradante psicológico, prohibido en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.

No pretendo decir que los Estados no pueden regular su política migratoria. Sólo deseo recordar que esta libertad no es absoluta, y tiene un límite claro: la dignidad humana.

Aunque no está todos los días en titulares como hace sólo unos meses atrás, la crisis alimentaria es uno de los problemas clave de este mundo globalizado y superpoblado. Por eso hay que dar la bienvenida al libro La crisis mundial de alimentos:  alternativas para la toma de decisiones, editado por  Kattya Cascante Hernández y Ángeles Sánchez Díez y publicado por la Fundación Alternativas y, no menos importante, disponibe íntegro de forma gratuita en la red desde este enlace.

Así se llama el flamante libro de Rafael Durán Muñoz y Magdalena M. Martín Martínez, publicado por la editorial Comares. Le pido a Magdalena un par de párrafos sobre el libro para los lectores de este blog y me manda estas líneas:

“Entre los retos que la inmigración plantea, tanto a nivel nacional como comunitario, destaca su relación con dos conceptos claves en las democracias avanzadas: la seguridad y la integración. Nuestro libro se centra en la dimensión política de la integración y, en particular, en la viabilidad y/o oportunidad de la extensión del derecho de voto a los inmigrantes desde su consideración de residentes, cualquiera que sea su nacionalidad. La perspectiva de análisis empleada aúna dos aproximaciones: la politológica, que atiende a la interacción de los actores con los entramados normativos de referencia, y la jurídica, que pretende dar cuenta de los marcos vigentes (internacional, comunitario, nacional y autonómico) y de las potencialidades que los mismos ofrecen para lograr tal integración.

“Se parte de la premisa de que la inseguridad que la presencia de los inmigrantes suscita en la UE con frecuencia soslaya la inseguridad que también padecen los inmigrantes como consecuencia de los derechos y libertades que se les niegan. Por ello, se propone la extensión del principio de igualdad política más allá de los nacionales del país de acogida: hacia los inmigrantes, todos, comunitarios y extracomunitarios, incluidos sus descendientes, y en todos los niveles de la politeya: municipal, regional, nacional y, en Europa, comunitario. De esta manera, se cuestiona la concepción de la participación política que liga nacionalidad y ciudadanía en aras del binomio ciudadanía-residencia, reflexionando sobre las diferentes vías existentes para que las sociedades afectadas afronten la inevitable decisión de incorporar o no políticamente, y cuándo y cómo a los diferentes, en la creencia de que resulta cuanto menos arriesgado pensar que la seguridad de Europa y de los europeos puede erigirse sobre una política común de inmigración fundamentalmente represiva y excluyente. A igual que no cabe seguridad física sin seguridad jurídica, nuestra seguridad como europeos no puede sustentarse en la inseguridad de los otros, tanto menos si esos otros son nuestros convecinos.”

Es una tesis interesante en tanto la inclusión puede generar mayor legitimidad y justicia. Pero también es una tesis controvertida, como admiten los autores del libro, en la medida en que los desacuerdos que hoy produce la integración política son en buena medida desacuerdos radicales sobre concepciones de la justicia. Por eso reflexiones como las que contiene este libro resultan necesarias y atractivas. Felicitaciones a los autores.

Como contrapunto al Pacto de la Inmigración, acordado hoy en la reunión de Ministros de Justicia e Interior en el Consejo de la Unión Europea, es interesante dar a conocer la declaración adoptada en la VIII Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Este es el texto completo:

“VIII CONFERENCIA SUDAMERICANA SOBRE MIGRACIONES

Montevideo, Uruguay -17 al19 de setiembre de 2008

DECLARACION DE MONTEVIDEO SOBRE MIGRACION, DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Los Representantes de la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en la Octava Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, en Montevideo, del 17 al 19 de septiembre de 2008;

Reiterando su adhesión a los principios establecidos en las normas y convenios internacionales, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967); los Protocolos de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR y la Carta Andina para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos;

Teniendo presente los compromisos y los lineamientos adoptados por los Gobiernos en las Conferencias Sudamericanas precedentes, y las declaraciones sobre la política migratoria que lleva adelante la Unión Europea efectuadas por los Presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas y por los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados; la Declaración del Grupo de Río; la Resolución 332 de la Asociación Latinoamericana de Integración; la Resolución 938 (1554/08) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos;” las comunicaciones realizadas por los Cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones y del Tribunal Andino de Justicia; la Declaración de Quito del I Foro Andino de Migraciones y la Postura de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, en particular sobre la “Directiva del Retorno”;

Reafirmando la importancia de proteger y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familias, en particular mujeres y niños, independientemente de su condición migratoria;

Reafirmando el derecho de toda persona a la libre movilidad y que el hecho migratorio es una condición natural del ser humano y parte del proceso histórico del desarrollo de la humanidad;

Considerando que la Unión de Naciones Suramericanas tiene como uno de sus objetivos específicos “Ia consolidación de una identidad sudamericana a traves del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquier de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía sudamericana.”

Reconociendo que las causas principales de las migraciones son la pobreza, la falta de igualdad de oportunidades, el acceso a servicios básicos, la inequidad de genero, las brechas de ingreso y las diferentes condiciones de vida entre las regiones; y que es responsabilidad compartida pero diferenciada de los Estados de origen y destino dar soluciones a esta problemática;

Considerando el aporte de las personas migrantes en el desarrollo económico, cultural y social, tanto de los países de destino como los de origen;

Considerando la adopción por parte de algunos países receptores de políticas migratorias de carácter restrictivo basadas en el concepto de seguridad, que vulneran los derechos fundamentales de las personas migrantes;

Atendiendo el creciente proceso de integración que impulsan los Pueblos y Gobiernos de la región y a los avances alcanzados en el proceso de la libre circulación y residencia de personas, así como la experiencia acumulada históricamente y la tradicional apertura como receptores de migrantes;

Conscientes que frente al actual contexto mundial es importante tener una posición común en materia migratoria y teniendo presente la realización del II Foro Global sobre Migración y Desarrollo a celebrarse en Manila del 27 al 30 de octubre de 2008;

Declaran

1.- Su absoluta convicción de que el ser humano es el centro de las políticas y programas migratorios y, consecuentemente, se debe priorizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

2.- Que el hecho migratorio tiene una naturaleza multidimensional y que la aplicación de medidas restrictivas por los países de destino no constituye una solución realista a la emigración irregular. Que el hecho migratorio debe ser abordado de manera integral y comprehensiva, con políticas que se dirijan a eliminar los factores que causan la emigración y mediante la promoción del dialogo entre los países de origen, tránsito y destino de la migración.

3.- Exhortar a un dialogo constructivo que debe incorporar el análisis de las causas profundas de la migración provocadas por las asimetrías y la inequidad en las relaciones económicas internacionales.

4.- Rechazar la criminalización del migrante, la xenofobia, la discriminación y abuso de autoridad y las deportaciones masivas por parte de algunos países receptores.

5.- Expresar su rechazo a la aprobación por la Unión Europea de la llamada Directiva de Retorno y la criminalización de los migrantes que pueda implicar la aplicación de este tipo de normativa, y destacar que el retorno solo puede resultar de una decisión libremente adoptada por el migrante.

6.- Que las garantías procesales para la protección de los derechos humanos de los migrantes y la observancia de los principios fundamentales del Derecho Internacional y de los acuerdos internacionales en la materia, tienen primacía y no deben estar subordinadas a la implementación de políticas publicas.

7.- Reiterar la voluntad para el establecimiento de mecanismos de dialogo permanente en materia migratoria, de acuerdo con los compromisos asumidos en la Declaración de Lima ALC-UE, de 16 de mayo de 2008, sobre la base de una agenda ampliada que incluya no solo las políticas migratorias restrictivas como se contemplan en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, sino también aquellas políticas y acciones de cooperación internacional para el desarrollo genuino de los países de origen en cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

8.- Enfatizar la importancia de que los países desarrollados adopten políticas necesarias para evitar que las asimetrías económicas internacionales, los multimillonarios subsidios que distorsionan la competitividad, la falta de apertura de sus mercados a los productos de los países en desarrollo profundicen las causas de las migraciones, esto es la pobreza estructural, la exclusión social y la desigualdad de oportunidades.

9.- Exhortar a la Unión Europea a impulsar políticas migratorias consistentes con la promoción de los derechos humanos y el desarrollo integral e instar a los países que la conforman a mantener y profundizar los compromisos asumidos en los Objetivos del Milenio, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario, y en la jurisprudencia internacional sobre la materia, como en los diálogos UE con América Latina y el Caribe, con el Mercosur, la CAN, y Chile.

10.- Exhortar a la Unión Europea a reconsiderar la Decisión adoptada por la COREPER y el Parlamento Europeo, y a establecer procedimientos y mecanismos tendientes a la regularización de las personas migrantes de la región sudamericana que aun se encuentran en situación migratoria irregular.

11.- Que la emigración de la población constituye un alto costo social y económico para nuestros países, por cuanto parte del esfuerzo de inversión pública en desarrollo humano resulta transferido a los países de destino, en detrimento del desarrollo de los países de origen, y por el impacto negativo de la desintegración familiar.

12.- Que, sin perjuicio del derecho al trabajo y a la libre movilidad, resulta particularmente preocupante la captación activa de recursos humanos calificados, alentada por los países desarrollados mediante políticas selectivas discriminatorias, configurando una transferencia de recursos de los países menos desarrollados hacia el mundo desarrollado, sin que exista el componente de una adecuada cooperación y corresponsabilidad.

13.- Exhortar a aquellos países que aún no lo han hecho a adherir y/o ratificar y aplicar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

14.- Asimismo, instar a los Estados que aun no lo hayan hecho a adherir y/o ratificar y aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, su Protocolo sobre el Trafico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

15.- Reafirmar la decisión de los Estados de la región de combatir los execrables delitos de la trata de personas y el trafico ilícito de migrantes, recordando, al propio tiempo, que el reforzamiento de políticas y medidas migratorias de carácter restrictivo por algunos países de destino, son uno de los factores que propician el incremento de esos delitos, poniendo en mayor vulnerabilidad a nuestras poblaciones. Asimismo, promover la cooperación internacional para la protección a las victimas en los países de origen, transito y destino, que incluya la orientación, la protección jurídica y la asistencia para el retorno decidido libremente.

16.- Destacar los avances logrados rumbo al común objetivo de la libre circulación de las personas, como fundamento del desarrollo y propulsor de la integración regional, e instar a los países que aun no lo han hecho a adherir a los Acuerdos de Residencia y Regularización Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados.

17.- Su decisión de consolidar la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones como una instancia permanente de dialogo político y cooperación en la región. La Presidencia Pro Tempore, en consulta con todos los países, presentara en la IX Conferencia un proyecto que proponga los mecanismos de funcionamiento y desarrollo estratégico de la CSM.

18.- En el marco de las buenas prácticas sobre gestión migratoria acuerdan conformar la Red Sudamericana Para la Gobernabilidad Migratoria, con el objetivo de aprovechar y difundir las capacidades desarrolladas por cada país que integra la CSM y potenciarla con base en la cooperación horizontal sudamericana y al fortalecimiento de la integración regional.

19.- Efectuar reuniones intersesionales con el propósito de dar seguimiento a las decisiones adoptadas por la CSM y preparar las próximas Conferencias.

20.- Que resulta necesario reforzar una política de vinculación de los países miembros con sus ciudadanos que residen en el exterior. Con tal propósito, se considera que la CSM constituye un foro privilegiado para el intercambio de experiencias en esta materia, en cuyo ámbito se analizará este tema en las reuniones intersesionales citadas.

21.- Presentar la Declaración de Montevideo ante el II Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que se realizara en Manila, Filipinas.

22.- Agradecer y aceptar el ofrecimiento de la Republica del Ecuador como sede de la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones que se celebrará en el transcurso del 2009.

23.- Destacar la participación del Director General electo de la OIM, Embajador William Lacy Swing, en el transcurso de las deliberaciones de la CSM, así como la labor cumplida por dicha Organización como Secretaría Técnica de la Conferencia.

24.- Agradecer al pueblo y autoridades de la Republica Oriental del Uruguay por la cordial acogida y hospitalidad brindada a las Delegaciones asistentes, y por la magnifica organización de la VIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

Montevideo, 19 de setiembre de 2008″

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