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Por Nicolás Carrillo Santarelli.

El día de hoy se realizó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Madrid la presentación de un libro escrito por John Ruggie, antiguo Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, titulado “Just Business: Multinational Corporations and Human Rights.” En la presentación estuvo acompañado de Javier Solana, y el evento fue moderado por María Prandi, co-fundadora de “Business and Human Rights.”

Tuve la fortuna de haber podido asistir al evento, en el que John Ruggie relató su experiencia durante su mandato y discutió algunas ideas sobre las empresas y los derechos humanos. Una de las ideas con las que inició su discurso es una que suscribo completamente: las cuestiones sobre los derechos humanos y las empresas conforman un microcosmos sobre cuestiones de gobernanza que están presentes en otros ámbitos a nivel global. Desde mi punto de vista, el problema general es garantizar la protección de los derechos humanos frente a toda amenaza estatal y no estatal, y de esta forma ciertamente la protección frente a las empresas es una de las dimensiones de aquella garantía, pero no la única.

Una de las anécdotas interesantes de Ruggie se refiere al trabajo que tuvo que hacer para promover el marco y los principios que diseñó sobre su mandato contactando a las distintas partes involucradas en el tema. Como se verá por la descripción que seguirá a continuación, la idea de Ruggie sugiere que distintos actores y ámbitos normativos tienen fortalezas y debilidades. Al respecto, Ruggie comentó que algunos Estados eran reacios a desarrollos relativos a las empresas y los derechos humanos por temor a que la existencia de regulaciones sobre la materia ahuyentara a las empresas y las persuadiese de que era preferible hacer negocios en otros Estados. Cuando discutió este tema con posterioridad, Ruggie postuló que a su juicio para una empresa podría resultar más costoso de hecho actuar de forma contraria a los derechos humanos, en tanto podría generar reacciones y protestas de las personas y comunidades afectadas que generasen costos (de litigio, etc.) que, de forma agregada, pueden llegar a sumas considerables.

En cuanto a los contactos con las propias empresas, Ruggie afirmó que muchas de ellas se conformaban al inicio con códigos y prácticas de responsabilidad social corporativa. Si bien consideró que las mismas pueden tener un impacto notable, Ruggie afirmó, a mi juicio de forma acertada, que dichas prácticas pueden tener un problema: son las propias empresas las que definen qué estándares seguir, y pueden omitirse aspectos importantes. Por otra parte, se afirmó que las estrategias voluntarias también pueden tener deficiencias de responsabilidad, principalmente de responsabilidad externa pero también interna.

De forma interesante, Ruggie afirmó que los contactos con la comunidad de ONGs también tuvieron cierta complejidad, porque a su juicio muchas ONG se empeñaron en que una estrategia consistente en el diseño de un tratado sobre empresas y derechos humanos era la solución requerida a los distintos problemas, y se estimaba que su adopción los resolvería. Según Ruggie, la estrategia basada en tratados dejaría abiertos problemas incluso si fuesen adoptados hasta que los mismos se creasen y entrasen en vigor.

Finalmente, Ruggie afirmó que otro grupo que presentó objeciones fueron los abogados de algunos Estados, quienes afirmaban que únicamente los Estados tienen personalidad jurídica internacional y que involucrar a las empresas en el derecho internacional de los derechos humanos menoscabaría al ordenamiento jurídico internacional. Ruggie dijo que sinceramente no entendía el fondo de este argumento o su fortaleza, algo que suscribo del todo pues las normas pueden regular comportamientos no estatales salvo que se vulnere el jus cogens o haya ciertos impedimentos. Más aún, según Ruggie el hecho de que las empresas tengan derechos para demandar Estados en otros ámbitos (como el de las inversiones) desmiente que carezcan de forma absoluta de personalidad jurídica.

En cuanto a las estrategias para abordar los problemas sobre empresas y derechos humanos, John Ruggie afirmó que el derecho cumple un papel importante, pero que es necesario no confundir e identificar al derecho con los tratados o con el derecho internacional, y puso el ejemplo de estrategias nacionales, como algunas en Estados Unidos, que exigen a las empresas que invierten en ciertos Estados (ej. Birmania) y escenarios (ej. extracción de minerales en la República Democrática del Congo), a las que se exige la presentación de informes o tener certificados de diligencia debida.

Siguiendo con su argumento, Ruggie consideró que más que pensar si una estrategia es jurídica o no o convencional o no, debe procurarse resolver los problemas sin dilaciones, y argumentando de forma analógica dijo que en lugar de preocuparse en exceso sobre la creación de un tratado sobre cuestiones medioambientales debieron buscarse soluciones prácticas con o sin tratados. Desde mi punto de vista, Ruggie tiene razón parcial, y de hecho defiendo la idea de que mecanismos y estrategias no jurídicas y jurídicas (con distintas fuentes) deben complementarse pues cuentan con dinámicas  y fortalezas que las otras no tienen. No obstante, la ausencia de obligatoriedad de las normas y recursos de las víctimas hace que las estrategias no vinculantes carezcan en ocasiones de efectividad o de un contenido robusto.

Posteriormente, Ruggie se refirió al concepto de diligencia debida que maneja en el marco y los principios que diseñó, y afirmó que es un concepto basado en nociones empresariales sobre transacciones, cuyas consecuencias se extrayeron en el ámbito de los derechos humanos en relación con la evaluación del impacto de las actividades empresarials sobre las comunidades y lo que ellas esperan. A su juicio, la noción de diligencia debida reduce riesgos y garantiza la sostenibilidad de las empresas en sus relaciones con otros, lo cual redunda en su beneficio, idea a la que suma su argumento de que las empresas no se empobrecen por tratar de forma decente a los individuos pero que sí pueden tener consecuencias negativas por no hacerlo. Sobre esta cuestión, me llamó la atención el hecho de que identificase el origen del concepto de diligencia debida de forma exclusiva en el ámbito empresarial. Posteriormente tuve la oportunidad de cruzar algunas palabras con John Ruggie y le pregunté si para formular el concepto no tuvo en cuenta las nociones sobre diligencia debida que existen en el derecho, desde tiempos de derecho romano (ej. con las nociones del buen padre de familia) y en la propia jurisprudencia internacional de derechos humanos, a lo que respondió que tuvo en cuenta fueron ideas corporativas con la esperanza de que pudiesen ser posteriormente recogidas en normas jurídicas (internas o no). Mi sorpresa es grande, porque el concepto que propone ya existía de forma similar en los ámbitos que menciono, y por ello ponencias como la realizada en Londres el año pasado sobre esta cuestión, presentada en una conferencia que ayudé a organizar, donde se decía que la noción de diligencia debida tiene una tradición jurídica y no sólo empresarial no me parecían sorprendentes en absoluto, pero intuyo que quizás en otros ámbitos, tal vez en el anglosajón, no había una concepción latente del mismo que pudiese transplantarse a los derechos humanos.

Otra de las ideas centrales de la ponencia fue la afirmación sobre el carácter central de los remedios y las reparaciones de las víctimas, que se relaciona a juicio de Ruggie con la idea de que tener derechos sin mecanismos para su defensa hace que los derechos sean una mera abstracción, por lo cual los remedios son una parte esencial de un marco de derechos humanos. En relación con los remedios, Ruggie afirmó que ellos incluyen mecanismos judiciales y no judiciales, los cuales pueden ser útiles en múltiples escenarios, y aseguró que participó en el juicio Kiobel en Estados Unidos para desmentir a los abogados de la parte demandada, quienes malinterpretaron su trabajo. Según Ruggie, se vio persuadido a afirmar que los mecanismos judiciales sí tienen relevancia en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, y que durante su mandato tan sólo quiso afirmar que otras estrategias pueden ser importantes, las cuales se sumarían a las judiciales pero no las reemplazarían, y pueden servir para tratar de abordar casos en los que no ha habido ninguna respuesta satisfactoria. Por otra parte, dijo que durante su trabajo identificó las deficiencias de algunos mecanismos, como el de los National Contact Points de la OCDE, que a su juicio eran en su mayor parte ineficaces o carecían de implicaciones relevantes al inicio de su trabajo.

Por otra parte, Ruggie dijo que estrategias como el Global Compact tienen importancia en tanto sirvan para llamar la atención sobre ciertos asuntos y generar consciencia, así carezcan de ciertas implicaciones que otros esperan de ella. Esta idea es destacable, pero su identificación exige que aquellas estrategias sean complementadas por otras con tal de no dejar desprotegidos a los individuos frente a actores que pueden afectar sus vidas de forma seria e innegable.

Entre otras cosas, Ruggie resaltó la importancia de contactar a diversos actores, como la Unión Europea, de solucionar de forma efectiva los conflictos entre comunidades y empresas para prevenir el escalamiento o incremento de los problemas, y la importancia y necesidad de la transparencia sobre el impacto de las actividades de distintas empresas sobre los derechos humanos, que puede incrementarse con informes contrastados o la puesta en conocimiento de dicho impacto por otros entes. Además, resaltó el hecho de que ciertos Estados, como China, están llevando a cabo actividades que permiten a las comunidades decir si están siendo afectadas por actividades empresariales, permitiendo por ejemplo el consulado chino en Birmania que los habitantes de zonas por donde pasen ciertas tuberías presenten quejas si lo consideran pertinente, y presentando incluso una página de facebook sobre el tema, a pesar de que no está permitido usar dicha red social en territorio chino.

Para concluir, puede resaltarse que Ruggie insistió en la idea de que la medida del éxito de un marco de empresas y derechos humanos será dada por la práctica y la vida diaria de los individuos, a la luz de su protección real y efectiva, idea que es ciertamente crucial.

¡Muy buena iniciativa de la Fundación Alternativas!

Convocatoria permanente de proyectos de investigación

In English

Primer semestre: hasta el 15 de mayo de cada año
Segundo semestre: hasta el 14 de octubre de cada año

Finalidad

La finalidad de Estudios de Progreso es estimular la presentación de nuevas propuestas y visiones de progreso en la agenda política española y europea. La convocatoria está dirigida a jóvenes investigadores que deseen desarrollar propuestas innovadoras o inspiradas en modelos comparados de políticas públicas europeas. Estas propuestas pueden ser tanto individuales como colectivas, y se valorará la presentación de proyectos que cuenten con investigadores de más de un país europeo.

A la presentación del trabajo final, los proyectos seleccionados recibirán una cantidad de 1000 euros.

El documento final resultante se publicará como monografía con ISBN en la colección Estudios de Progreso y será de acceso libre en la web de la Fundación Alternativas.

La Fundación Alternativas se reservará la posibilidad de realizar una presentación de aquellos trabajos que tengan un especial interés público.

Presentación de proyectos

La presentación de proyectos de investigación ha de realizarse en un texto de una extensión entre 500 y 1000 palabras que indique el título tentativo del estudio, la finalidad y oportunidad social de la investigación, las cuestiones básicas que va a tratar y un esbozo de las ideas y propuestas que el proyecto pretende articular.

Tanto las propuestas como los proyectos de investigación pueden presentarse en español o inglés.

Los proyectos de investigación deberán tener una extensión de entre 40 y 50 páginas; tablas, gráficos y referencias aparte.

Las propuestas pueden ser presentadas en cualquier momento. Aquellas que se reciban hasta el 15 de mayo de cada año serán consideradas para la primera convocatoria y las recibidas hasta el 14 de octubre para la segunda.

Las propuestas de investigación deben enviarse por correo electrónico a estudiosdeprogreso@falternativas.org . El envio debe incluir un curriculum vitae del investigador o investigadores en documento adjunto.

Se valorará el envío por correo ordinario de un trabajo reciente publicado en revista de investigación nacional o internacional. El envío debe dirigirse a la siguiente dirección:

Estudios de Progreso
Fundación Alternativas,
Calle Zurbano, 29, 3º izq
28010
Madrid

Requisitos del concurso

La convocatoria permanente está dirigida a investigadores que (1º) hayan recibido el título de Doctor o se encuentren en etapa de formación doctoral, o bien posean una titulación oficial de postgrado (Master o DEA) y lleven a cabo una actividad profesional primordialmente investigadora, y (2º) no sean mayores de 36 años el último día de recepción de propuestas de la convocatoria semestral a la que opten.

Selección de proyectos

El equipo de Estudios de Progreso informará de los resultados de los selección de investigaciones, tras la evaluación del Comité de Selección, en un plazo no superior a un mes a contar desde el último día de recepción de propuestas de la convocatoria semestral a la que opten.

Los investigadores cuyos proyectos sean aceptados firmarán un contrato con la Fundación Alternativas, en el que se especificarán los requisitos de la investigación y los plazos correspondientes para llevarla a cabo.

Criterios de selección

Los criterios de selección que se aplicarán en esta convocatoria son la claridad expositiva, la oportunidad, innovación, viabilidad y efectividad de las propuestas contenidas en los proyectos, así como el curriculum del investigador.

Para más información pueden dirigirse a jlescario@falternativas.org .

Me entero de que el principio de inmunidad de jurisdicción de las misiones de paz de Naciones Unidas, garantizado por los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA), está siendo discutido por una causa que, en principio, parece tener el peso suficiente como para socavar dicha inmunidad. Se trata de exigir una compensación por la introducción del cólera en Haití por parte de los soldados de Nepal integrantes de la Minustah, un hecho que condujo a la muerte de miles de personas (los datos oficiales locales hablan de 6,600 personas). La demanda contra las Naciones Unidas, que encargó un informe independiente sobre el tema, está auspiciada por el Institute for Justice and Democracy en Haití, que presenta unas 5,000 reclamaciones que piden alrededor de 250 millones de dólares en compensación por daños a las Naciones Unidas. No cabe duda de que la inmunidad de los integrantes de las fuerzas de paz tiene una justificación bien fundada en casos individuales frente a sistemas de justicia a veces inexistentes o muy deficientes, pero la impresión que tengo en este caso es que esa inmunidad no cubriría estos casos y que, si se probasen los hechos alegados, Naciones Unidas deberá rendir cuentas y hacer frente a una reparación apropiada, aun cuando los costes de dicha reparación puedan afectar la participación de los Estados en futuras misiones de paz.

El periodista de El País, Rafael Méndez, escribe un artículo donde hace un buen análisis de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks referidos a las negociaciones fallidas entre EE.UU. y Japón con el fin de limitar el número de captura de ballenas por parte de la flota ballenera japonesa. La nota subraya los problemas derivados del programa de caza de ballenas, calificado de científico por Japón, las deficiencias de la Comisión Ballenera Internacional y la actuación de la ONG Sea Sheperd. El artículo se concentra en la intención del gobierno de EE.UU. de lograr un acuerdo para la reducción significativa de las capturas de ballenas por los balleneros japoneses. A cambio, Japón solicitaba que se actuase contra Sea Sheperd. Según los cables, Australia hizo imposible el pacto. El artículo finaliza con una afirmación rotunda: “Nada ha cambiado”.

Es cierto que no hubo acuerdo y que Sea Sheperd sigue persiguiendo a la flota ballenera japonesa, pero algo sí ha cambiado, ya que el último día de mayo de 2009 Australia demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia porque considera que su programa caza de ballenas (JARPA II) infringe obligaciones internacionales asumidas por Japón de acuerdo con la Convención internacional para la regulación de la caza de ballenas (1946), así como otras convenciones internacionales para la preservación de los mamíferos marinos y el medio ambiente, como es el caso de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Australia, como tantos otros países, afirma que el programa japonés de caza de ballenas no está justificado sobre la base del artículo VIII de la Convención de 1946, que permite ciertas capturas con fines científicos. El cambio en el escenario normativo se confirmaría si la Corte llegase a la conclusión de que el programa japonés de caza de ballenas viola el derecho internacional.

 

Aunque no está todos los días en titulares como hace sólo unos meses atrás, la crisis alimentaria es uno de los problemas clave de este mundo globalizado y superpoblado. Por eso hay que dar la bienvenida al libro La crisis mundial de alimentos:  alternativas para la toma de decisiones, editado por  Kattya Cascante Hernández y Ángeles Sánchez Díez y publicado por la Fundación Alternativas y, no menos importante, disponibe íntegro de forma gratuita en la red desde este enlace.

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