Derecho internacional y Daesh en ESIL2015
septiembre 15, 2015
En el enlace siguiente pueden ver la sesión completa sobre Derecho internacional y Daesh en #ESIL2015, con controversia incluida en el último video.
Philippe Sands sobre el lado oscuro de los tribunales internacionales
septiembre 15, 2015
La conferencia del Profesor Philippe Sands (University College London) en #ESIL2015 en Oslo puede verse completa en:
No se la pierdan. Es magnífica.
Goldstone on international judges sitting as arbitrators
septiembre 14, 2015
Judge Richard J. Goldstone has published a lecture on whether there is a global ethic of international judges. In his lecture, he briefly refers to the problem of judges sitting as arbitrators in the following paragraph:
One potentially worrying activity of full-time international judges relates to their sitting as paid international arbitrators. Many of the judges of the International Court of Justice (ICJ) have accepted such positions. It has been a contentious issue. As full-time and fully paid members of the ICJ, judges should devote their time and work solely to that court. In most domestic jurisdictions, judges are usually strictly limited in the amount and nature of outside remunerated work they may accept. However, as I have been informed by former members of the ICJ, such outside work has been found acceptable over many years.20 Nevertheless, the judges of the ICTY took a contrary view. In its early years, one of the judges on the ICTY accepted paid work as an arbitrator. The other judges objected to this on the ground that once appointed to the ICTY, judges should devote their full time and attention to its work. That judge preferred his work as an arbitrator and resigned from the tribunal.
It is a quite important paragraph coming from a senior judge. I would say, however, that such practice is not «potentially worrying» anymore; it is actually worrying, particularly after the events on the arbitration between Croatia and Slovenia. Moreover, it can be affirmed that such practice is not generally perceived as acceptable at present, as evidenced by last Saturday’s formidable lecture by Professor Philippe Sands at the closing ceremony of the ESIL 2015 Conference.
¿Derechos y deberes de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos? El caso de Radio Caracas Televisión
septiembre 11, 2015
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Hace pocos días se dio a conocer el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radio Caracas Televisión. La sentencia se encuentra disponible aquí. Realicé algunas observaciones generales sobre la decisión en un periódico colombiano, cuyo texto se encuentra en este vínculo, y querría aprovechar para añadir un par de cosas que no pude mencionar allí por espacio de tiempo. Ellas se refieren a los actores no estatales, algo que no sorprenderá a quienes conozcan mi pasión por el tema.
En cuanto a entes no estatales como las empresas, en el caso se discutieron aspectos tanto de su responsabilidad como de sus derechos. En otras palabras, se examinaron tanto las dimensiones positivas como negativas de su subjetividad (capacidad de ser destinatarios de normas jurídicas internacionales). Al igual que ha sucedido en otros casos contra Perú, donde se esgrimió por el Estado demandado que los individuos que reclamaban ante el sistema interamericano podían haber cometido hechos ilícitos, en el caso RCTV la Corte mencionó que carece de competencia y jurisdicción para juzgar conductas de entes diferentes a los Estados. No obstante, y al igual que en aquellos casos, la Corte dijo que esto de manera alguna supone un apoyo sutil de la Corte a posibles conductas no estatales cuestionables, y de hecho se describe en términos fácticos y un poco analíticos por qué algunos comportamientos pasados de RCTV (y otros actores, en otros casos de la Corte IDH) pueden haber sido problemáticos en un contexto interno. Estos pronunciamientos, que naturalmente ni son vinculantes ni hacen parte de la sección resolutiva, no han de ser despreciados: sirven para señalar, tienen funciones expresivas (y, quizás, se pueden emplear políticamente para intentar evitar acusaciones de que en la Corte se cree que sólo los Estados pueden incurrir en abusos). Además, la Corte enfatizó la diligencia y responsabilidad con que han de obrar los periodistas, esforzándose por basarse en hechos reales. Dicho esto, y de forma correcta, se enfatiza que esto no supone ni puede suponer la pérdida de derechos humanos de los implicados. Ello es coherente con ideas como las de John H. Knox, quien advierte que las responsabilidades no estatales o sus deberes no han de ser converse sino correlative, es decir, han de exigir respeto de la dignidad humana y no constituir deberes frente al Estado que acaben condicionando el goce y ejercicio de derechos humanos. Las restricciones a aquellos derechos cuando se permitan han de ser necesarias y, recuerda la Corte, proporcionales en miras a un fin legítimo perseguido.
Sobre la dimensión positiva, la Corte IDH, al igual que otros órganos de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dice que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a diferencia de la Europea, no prevé expresamente la posibilidad de que personas jurídicas obtengan protección; y añade que si los actos dirigidos directamente contra un ente no estatal, si afectan derechos de los individuos, permiten a estos últimos reclamar. Aunque esto es algo nada nuevo en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, lo interesante es que la solicitud de opinión consultiva presentada por Panamá el 28 de abril de 2014 (disponible aquí) pregunta precisamente sobre la posibilidad de que entes no estatales como las personas jurídicas u ONG tengan derechos humanos y garantías tanto sustantivas como procesales en el ámbito interamericano. La negación de la Corte puede considerarse tanto una negación anticipada (quizás motivada por temores y rechazo a la consideración de que entes no estatales tienen derechos humanos por temores a disminución de garantías, como se ha discutido en los Estados Unidos de América) o una elusión que no prejuzga en absoluto sobre su futura opinión consultiva y busca precisamente evitar comprometerse frente a los interrogantes planteados.
Análisis de la crisis fronteriza, migratoria y diplomática entre Colombia y Venezuela
agosto 29, 2015
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Como muchos lectores sabrán, estos días son tensos en relación con las relaciones bilaterales colombo-venezolanas, por problemas de presuntos abusos de derechos humanos, expulsiones masivas y alegaciones de agresiones (cuestiones que, por ejemplo, han motivado pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agentes de la ONU llamando a Venezuela a respetar el derecho internacional de los derechos humanos). En el periódico colombiano El Heraldo se acaba de publicar un análisis que he hecho sobre aspectos de relaciones internacionales y derecho internacional que pueden verse afectados, cómo afrontar la crisis y qué factores políticos pueden estar tras su origen, siendo los argumentos sobre contrabandismo y paramilitarismo quizás excusas. El artículo se encuentra en el siguiente vínculo.
Por qué son necesarias las obligaciones internacionales de derechos humanos directas de las empresas y no son inevitables sus riesgos
agosto 27, 2015
Por Nicolás Carrillo Santarelli
En la página web Business and Human Rights Resource Centre, donde participan en el debate sobre empresas y derechos humanos y el tratado sobre este tema ONGs, académicos como John Ruggie y expertos, acaban de publicar un texto corto mío defendiendo la necesidad, para procurar una protección y reparación efectivas y sin impunidad de todas las víctimas, de la existencia de obligaciones de derechos humanos reguladas por el derecho internacional que vinculen directamente a las empresas, ante la insuficiencia de la responsabilidad estatal (que puede no existir si hay una diligencia debida) y la incertidumbre sobre la efectividad de los estándares no vinculantes, como códigos de conducta o los Guiding Principles, aunque reconociendo la complementariedad e importancia de estas otras dimensiones. Estos argumentos (como la importancia de crear estándares mínimos universales que permitan acciones y denuncias sin límites por disparidad en regulaciones o estrategias económicas) se encuentran en el siguiente vínculo: http://business-humanrights.org/en/corporate-human-rights-obligations-controversial-but-necessary
The following points on the Spanish Treaties and Other International Agreements Act, which was passed on 27 November 2014, were presented at the Duke-Geneva Conference on Comparative Foreign Relations Law, convened by Professor Curtis Bradley on 10-11 July 2015 in Geneva. The draft paper with footnotes and references may be commented and downloaded here. Another post in Spanish on the Treaties and Other International Agreements Act may be found here.
A treaty practice in need of regulation.
The original problem with the treaty process regulation in Spain was that the rules were half democratic. Indeed, in 1972, under a glooming Francoist regime, Spain both acceded to the 1969 VCLT and regulated its treaty process through a Decree. These regulation was significantly amended by the Spanish Constitution of 1978, but the 1972 pre-constitutional Decree, helped by Circulars of the Ministry of Foreign Affairs, still governed important aspects of the treaty making process until its abrogation by the new law in December 2014.
The other reason for the adoption of a comprehensive law of treaties was the need to deal with the huge conventional practice by the Executive and the Autonomous Communities affecting foreign affairs, particularly through MOUs, but also employing different sort of international administrative agreements. The law tackles that issue by defining and regulating three types of agreements: international treaties, international administrative agreements, and MoUs called non-normative agreements in the Law as a synonym of non-binding international agreements. International treaties would be control by the Parliament through a compulsory authorization to the Executive to express the consent to be bound by the treaty, while the other international agreements would not be subjected to such requirement. There are some problems with the definition of international administrative agreements in the Law, but I will leave that apart and concentrate on two critiques to the controversial scope of the Treaties Act, as some thought that it was unnecessary (and even wrong) to include AIA and MOUs, while others thought that it was short in scope as the trilogy of categories left some relevant international agreements out of the picture.
- The critique on incompleteness may prove right in cases of sole executive treaties, since the definition of AIA only seems to cover agreements based on a principal treaty providing for the authority to execute its provisions through further administrative agreements. The drafters of the Treaties Act were not persuaded by this critique: they seem to understand that those agreements, including sole executive treaties, fall under the category of international treaties, and so require the normal treaty process, or they are international agreements governed by national law. Both are out of the AIA definition.
- The critique on the lack of justification to include the new categories of international agreements is more complex. A general point affecting both AIA and MOUs is that for some authors the treaty system had functioned rather well with the Decree plus the Circulars, so allegedly for them there was no need to opt for a law with such a comprehensive scope. The legislator was not impressed by this argument, and believed that the legal system could not continue to avoid the proper regulation of the rich practice of international agreements.
Democratic control of international agreements is about substance, not just form.
Except perhaps for the soft voting requirement to authorize treaties that attribute sovereign powers to international organizations (absolute majority instead of a super voting majority), the Constitution provided for a decent method of democratic control of treaties. The problem comes with an extensive practice of avoiding the parliament through treaty design. Let us recall that AIAs are not to be submitted to the treaty process provided for in the Constitution for international treaties, which requires the authorization (and therefore the control) of the Congress and the Senate previous to the government’s expression of consent to be bound by the treaty. The Treaties Act requires a consultation to the Legal Advisor of the Ministry of Foreign Affairs on the nature of the agreement, and its publication in the Official Journal. The criticism is based on the idea that what matters for the determination of a treaty in the Spanish constitutional system is its substance, not its form. I will give you an example: the controversial decision by the Office of the Legal Advisor holding that the agreement on the financial sector adjustment program for Spain of Memorandum of Understanding between the European Commission and Spain on Financial Sectorial Policy was an “international administrative agreement”. The huge amount of debt contracted by Spain for the restructuring and recapitalization of the Spanish banking sector was a key element to support the opinion that the agreement was in fact an international treaty requiring the authorization of the Parliament. For the Legal Advisor the agreement was founded in the previous Framework Agreement on the European Financial Stability Facility of 2010, and therefore was properly considered a IAA.
The Treaties Act intends to tackle ‘hidden treaties’ (in Professor González Vega’s expression) made as MOUs with the following two requirements: first, MOUs should be submitted to the legal advisors of the bodies or organs intending to sign them; second, MOUs should be communicated to the Ministry of Foreign Affairs in order to be included in a special Registry of MOUs. This is helpful. Especially the obligation to register these non-binding agreements may prove beneficial for a better practice on MOUs and their transparency. Until now, the practice was disperse and chaotic, since the International Law Department of the Ministry of Foreign Affairs checked only a few of those agreements. Moreover, some public bodies and Ministries used and abused of MOUs, particularly in certain sensible areas, such as defense and foreign aid. The very broad capacity to make MOUs remains problematic, and of course the registry to be kept by the Ministry of Foreign Affairs will not solve the difficulties arising from treaties wrongly qualified as ‘non-normative agreements’. Having said that, such risk already existed before the Treaties Act, and one must insist that the obligation to publish these agreements in an official public registry creates a strong incentive to establish a better practice on MOUs.
It’s politics, not law.
The measures intended to increase transparency and control over the conventional activities of diverse organs and bodies negotiating AIAs and MOUs are also significant. The challenges, however, remain big, and they may not necessarily arise from the functioning of the law but from entrenched practices, deficiencies and equilibriums of power within the Administration and the nation.
Some people doubt about the force of the incentives to do away with ‘hidden treaties’ and strengthen the role of the legislative. In my view, the problem lies not within those mechanisms of control, which function well when they are followed but in the poor involvement of the legislative in the treaty-making process. The formal rules of the Constitution, and now the Treaties Act, are formally fine. Nevertheless, the role of the Congress and the Senate in the scrutiny and democratic control over treaties is scarce and deficient –as a general rule, it is a “low intensity intervention” at best. The Foreign Affairs Committee of the Congress is prone to discuss controversial political issues, but does not have a proper practice for the thorough examination of the treaty-making process. The Congress and the Senate usually authorize the Government to express consent to be bound by treaties without any discussion or debate at all. When legislators are asked about this deficiency, they would allege lack of resources. There is some truth to that, of course, but is not a very persuasive argument since such democratic control has never been a legislative priority. A more sophisticated response to that fact is based on a sort of consensus on foreign policy. From this perspective, the lack of debate would not be a mere blanc cheque, but a recognition of all legislatures since the Spanish transition that foreign affairs policy is a State policy. Such explanation is not convincing. There have been situations of vast dissent on foreign affairs policy, and in any case the legislative power has a constitutional democratic mandate to control the extensive treaty-making practice of the Government.
The other challenge that must be mentioned lies in the political tensions created by the will of many Autonomous Communities to acquire more and more external relations power, as expressed in the letter of their Statutes of Autonomy, and of the will of some of them to have a foreign power of their own. The law seems to be clear: the treaty making power is an exclusive competence of the central Government; the Autonomous Communities can conclude IAA and MoUs on subject matters of their own jurisdiction with different degrees of control by the central Government. Moreover, the Treaties act provides for several rights and obligations concerning the participation of Autonomous communities in the treaty process, such as the right to request the central Government to open negotiations of treaties on subject matters of their own jurisdiction or affecting in a special manner their territorial scope or the right to request to be part of the Spanish delegation in charge of such negotiation. Having said that, the fair aspirations of the Treaties Act to coordinate the practice of Autonomous Communities concerning international agreements would become sterile without a minimum respect of the federal loyalty principle.
Resumen del Workshop sobre el tratado de empresas y derechos humanos realizado en Madrid el 26 de junio del 2015
julio 28, 2015
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Esta mañana se ha publicado en la página web del Business & Human Rights Resource Centre el resumen de las discusiones y presentaciones en el Workshop sobre el proyecto de tratado en empresas y derechos humanos que se realizó el pasado 26 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid, del que se había informado previamente en este blog. El profesor Jernej Letnar Černič, de Eslovenia, y quien escribe, redactamos el resumen de las presentaciones y debates. El documento PDF con el resumen del Workshop se encuentra en el siguiente vínculo.
Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics Researchers
Autonomous weapons select and engage targets without human intervention. They might include, for example, armed quadcopters that can search for and eliminate people meeting certain pre-defined criteria, but do not include cruise missiles or remotely piloted drones for which humans make all targeting decisions. Artificial Intelligence (AI) technology has reached a point where the deployment of such systems is — practically if not legally — feasible within years, not decades, and the stakes are high: autonomous weapons have been described as the third revolution in warfare, after gunpowder and nuclear arms.
Many arguments have been made for and against autonomous weapons, for example that replacing human soldiers by machines is good by reducing casualties for the owner but bad by thereby lowering the threshold for going to battle. The key question for humanity today is whether to start a global AI arms race or to prevent it from starting. If any major military power pushes ahead with AI weapon development, a global arms race is virtually inevitable, and the endpoint of this technological trajectory is obvious: autonomous weapons will become the Kalashnikovs of tomorrow. Unlike nuclear weapons, they require no costly or hard-to-obtain raw materials, so they will become ubiquitous and cheap for all significant military powers to mass-produce. It will only be a matter of time until they appear on the black market and in the hands of terrorists, dictators wishing to better control their populace, warlords wishing to perpetrate ethnic cleansing, etc. Autonomous weapons are ideal for tasks such as assassinations, destabilizing nations, subduing populations and selectively killing a particular ethnic group. We therefore believe that a military AI arms race would not be beneficial for humanity. There are many ways in which AI can make battlefields safer for humans, especially civilians, without creating new tools for killing people.
Just as most chemists and biologists have no interest in building chemical or biological weapons, most AI researchers have no interest in building AI weapons — and do not want others to tarnish their field by doing so, potentially creating a major public backlash against AI that curtails its future societal benefits. Indeed, chemists and biologists have broadly supported international agreements that have successfully prohibited chemical and biological weapons, just as most physicists supported the treaties banning space-based nuclear weapons and blinding laser weapons.
In summary, we believe that AI has great potential to benefit humanity in many ways, and that the goal of the field should be to do so. Starting a military AI arms race is a bad idea, and should be prevented by a ban on offensive autonomous weapons beyond meaningful human control.
Source: The Future of Life Institute.
La caja de 80 litros de agua
julio 24, 2015
El artista japonés Ichi Ikeda, cuyo elemento de trabajo principal es el agua, presentó este proyecto en 2003 y me parece muy apropiado por su conexión con los derechos conectados con el medio ambiente y los límites planetarios. La caja de Ikeda contiene 80 litros de agua, la cantidad de agua que necesita una persona a diario para cubrir sus necesidades básicas. Algunos gastamos mucho más que esa cantidad, mientras otros sueñan con ella.






