Home

Por Alejandro Chehtman

Como se informó en aquiescencia hace algunos días, el 1 de abril pasado, un juez federal de la Argentina declaró que el Estado turco cometió “delito de genocidio en perjuicio del Pueblo Armenio, en el período comprendido entre los años 1915 y 1923” (énfasis en el original). El contexto no es el de una investigación penal, sino el de los denominados “juicios por la verdad” (ver apartado 1 de la decisión). Esta es una determinación enormemente significativa y hasta revolucionaria. Sin embargo, la decisión concreta contiene demasiadas lagunas en su fundamentación para poder realmente constituirse en un precedente de real valía. La memoria del pueblo armenio posiblemente merezca un pronunciamiento de mayor rigurosidad.

En primer lugar, y quizás de manera más marginal, este proceso en tanto procedimiento dirigido a determinar la verdad ha sido muy deficitario, pese ha haberse iniciado hace mas de diez años. Si bien se libraron distintos pedidos de información a varios países (entre muchos otros a Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania, Francia y hasta al Vaticano) y a organismos internacionales como la ONU, casi ninguno dio un resultado de importancia. Armenia fue el único Estado que respondió enviando 12.000 documentos (si bien no aportó nada en referencia a la familia de las víctimas que impulsaban el expediente). El juez, sin embargo, sólo consideró explícitamente algunas declaraciones de familiares de víctimas que no habían presenciado directamente los hechos objeto de juzgamiento y terminó “homologando y haciendo propias” las pruebas presentadas por el querellante, pero sin siquiera hacer una valoración mínima de ellas ni indicar en qué medida permiten dar por cierto los hechos objeto de determinación de la verdad. Ni siquiera ha precisado qué hechos en particular considera suficientemente acreditados. Desde el punto de vista de la determinación de la verdad, entonces, el servicio que una decisión de este tipo brinda a un reclamo como el del pueblo armenio (así como a los actuales representantes del Estado turco) parece ser en cierta forma menor.

Pero más allá de este punto hay dos elementos del razonamiento jurídico de la resolución que merecen mencionarse y quizá discutirse en este y otros foros con mayor detalle. Por un lado, el juez ha omitido toda referencia directa a la posibilidad de que Turquía pueda reclamar inmunidad de jurisdicción ante los tribunales argentinos por decisiones de esta naturaleza. Tanto la legislación argentina (ley 24.488) como las decisiones de su Corte Suprema de Justicia en la materia parecerían ir a favor del reconocimiento de ese tipo de inmunidad (desde el caso Zubiaburre de 1899, hasta los más recientes que receptan la concepción limitada de inmunidad, de Manauta de 1994, en adelante). El juez no ha invocado un argumento por el cual este tipo de inmunidad pueda ser dejada de lado en este caso (como sí procuraron hacer, en su momento, por ejemplo, la Sala de Apelaciones en el caso de Jones c. Arabia Saudita en el Reino Unido, o la minoría del TEDH en Al Adsani). Esta parece ser una pregunta de gran actualidad y una oportunidad perdida de decir algo en favor de una concepción más restrictiva en materia de inmunidades por crímenes atroces o violación de normas perentorias de DIP.

Por el otro lado, el punto que posiblemente resulte más problemático en términos de una determinación de responsabilidad por parte del Estado turco en este caso es la afirmación, no justificada expresamente en la decisión, de que en el período en cuestión existía una norma de derecho internacional público que prohibiese el genocidio en sentido estricto. Como es sabido, el concepto de genocidio ha cobrado notoriedad gracias a la enorme labor de Raphael Lemkin a partir de los terribles crímenes cometidos por el régimen Nazi durante la Segunda Guerra Mundial (ver, por ej., William Schabas, Genocide in International Law, (Cambridge: CUP, 2009), cap. 1). Al respecto, el juez cita jurisprudencia de la Corte Suprema argentina aplicando la noción a hechos cometidos en la Argentina principalmente durante la década de 1970, pero no establece la existencia de una norma consuetudinaria vigente al momento de los hechos ni explica en qué medida esto no resultaría un obstáculo para su decisión.

Es muy difícil no sentir una gran afinidad espiritual con todos los procesos que procuran corregir pesadas omisiones por parte de la comunidad internacional de dar justicia a víctimas de atrocidades enormes. Sin embargo, la decisión puntual que aquí se comenta tiene algunas características que quizás en definitiva socaven su capacidad para erigirse en un antecedente jurídico valioso en aras de valores como los de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

(English version here)

El profesor Christian Sommer (Universidad de Córdoba, Argentina) nos manda esta nota, que le agradecemos mucho.

Un día después de pasar por comisión, donde obtuvo dictamen, la Cámara Baja del Parlamento argentino aprobó el 13 de abril, por amplia mayoría,  el proyecto sobre desaparición forzada de personas.

El proyecto se convirtió en ley con 157 votos a favor y uno en contra, incorporando al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, y que modifica también para ello el Código Procesal Penal.

La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara alta el año pasado y crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

La reforma realizada al Código Penal tipifica el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona. Para ese delito se imponen penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.

El proyecto dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes.

En América Latina, la desaparición forzada de personas se extendió durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, especialmente en países con gobiernos dictatoriales, autoritarios, o que experimentaron conflictos armados internos, aunque con menor cuantía son considerables los casos denunciados actualmente en el continente.

Actualmente se encuentra regulada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuyo artículo 7 amplía el ámbito de protección de las personas al considerar también como agente activo de este delito a organizaciones políticas o no estatales.

La desaparición forzada ataca el denominado «núcleo duro» de los derechos humanos, un conjunto de derechos que en ninguna circunstancia pueden ser restringidos. La vigencia de tales derechos y la prohibición de la desaparición forzada subsisten incluso en situaciones de Estados de Excepción o de conflicto armado interno.

Esta nueva figura de desaparición de personas, permite al incorporarse al código penal el poder brindar una mayor protección a los familiares de las victimas de la desaparición.

Recordemos que los «Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones», señalan en su punto 8 « […] Se podrá considerar también “víctimas” a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos». Además el punto 9 señala que: «La condición de una persona como “víctima” no debería depender de que se haya identificado, capturado, enjuiciado o condenado al autor de la violación, y debería ser independiente de toda relación que pueda existir o haber existido entre la víctima y ese autor».

La incorporación del delito de desaparición forzada de personas al  Código Penal, además posibilita el lograr una mayor seguridad jurídica no solo para los demandantes sino también hacia los acusados, procurando garantías judiciales de un proceso justo en base a normas preexistentes a los acontecimientos de los hechos, es decir, garantizar el principio de legalidad frente a los imputados del delito.

Esta es la obligación del Estado en legislar, adecuando su legislación interna a los compromisos internacionales y así cumplir la obligación de adoptar medidas previstas por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, entre otros instrumentos sobre la materia.

Esta medida debe representar una oportunidad para tipificar en el Código Penal argentino el delito de Genocidio y de Lesa Humanidad.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Escribo este post ejerciendo mi derecho de libertad de expresión, uno de los derechos involucrados en el interesante caso de Wikileaks, que es de sumo interés por diversas cuestiones, jurídicas y políticas: en primer lugar, resulta sorprendente que acudiendo a clásicas técnicas falaces y de distracción, los portavoces de Estados Unidos se han dedicado a criticar a Julian Assange y a “condenarlo” de antemano, sin ofrecer explicaciones sobre las irregularidades y violaciones del derecho internacional que podrían entreverse en algunas de las comunicaciones filtradas, como por ejemplo la relativa al espionaje en el seno de la ONU. De haberse dado estas órdenes de espionaje, para proceder con el deber de reparación a su cargo, Estados Unidos debería pedir disculpas (componente de satisfacción), dar garantías de que no se repetirán estos hechos y emprender medidas para obtener el cese de las violaciones en cuestión (ver los artículos 28 a 37 del Proyecto de la CDI sobre responsabilidad internacional del Estado). Por lo demás, si se dijese que las órdenes nunca fueron ejecutadas, estaríamos a mi juicio en un supuesto de violaciones abstractas del derecho internacional, que generan la responsabilidad internacional del Estado incluso si no se implementan, en tanto existen órdenes o directrices que de ejecutarse afectarían en concreto los derechos de una víctima –que de potencial pasaría a actual-, como se discutió por la Corte Interamericana en el párrafo 98 de su sentencia sobre el fondo en el caso Suárez Rosero.

Por lo demás, este caso nos permite analizar una interesante cuestión: ¿existe una independencia entre el contenido de un derecho a la información y la libertad de expresión? A mi juicio la respuesta no es tajante, en tanto existen regímenes internos e internacionales en los cuales ciertamente existe un derecho autónomo de acceso a la información y podría discutirse si un derecho a la verdad entra en juego (ver la discusión en los párrafos 45 a 49 de la sentencia en el caso Barrios Altos contra Perú). Sin embargo, a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta libertad tiene un componente individual y uno social (ver párrafos 30 a 32 de la Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana), que garantiza a los individuos no sólo la difusión sino además el acceso a la información e ideas que han de circular libremente, componentes que tienen una gran relevancia, toda vez que incrementan la posibilidad de que exista transparencia de los Estados (párrafos 76 a 79 de la sentencia en el caso Claude Reyes y otros contra Chile): transparencia que, como se desprende de algunos documentos filtrados por Wikileaks, brilla por su ausencia en importantes eventos.

El vínculo entre la democracia y el buen funcionamiento del Estado, controlado por los ciudadanos –que a mi juicio no coinciden con los nacionales- ha sido comentado por el Comité de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana en virtud de otro elemento: la libertad de expresión refuerza los derechos políticos, en tanto permite que los ciudadanos informados elijan a sus representantes o sufraguen con mayor conocimiento de causa y, por ende, de manera más libre (párrafo 12 de la Observación General 25 del Comité y párrafo 70 de la Opinión Consultiva 5 de la Corte).

Al respecto, resulta curioso que precisamente Putin dijese que occidente no tiene la autoridad moral para dar lecciones democráticas a Rusia u otros países, y que Lula Da Silva criticase la condena automática a Assange a la luz de la libertad de expresión, algo de lo que se hace eco la Alta Comisionada para los Derechos Humanos al considerar que si bien el caso resulta complejo, es posible que se violen potencialmente los derechos humanos de Assange en virtud de las posibles acciones con impacto en la libertad de expresión atribuibles a actores no estatales  junto a dudosas actitudes de Estados, que deben obrar de conformidad con el “rule of law”. Al respecto deseo manifestar dos cosas: en primer lugar, las manifestaciones de rechazo a Assange son tan absurdas en ocasiones que algunos han solicitado que se lo considere como un terrorista, algo que raya en el ridículo más que evidenciar los problemas de una ausente definición unívoca de terrorismo en el derecho internacional, y que se declare que puede ser atacado militarmente, lo cual violaría su protección como civil en tanto el señor Assange no participa en un conflicto armado, en este caso inexistente -¿guerra contra la prensa?- e, incluso si existiese un conflicto en cuyo contexto participase, sería impensable considerarlo como civil que participa directamente en las hostilidades, de conformidad con los criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Adicionalmente, merece la pena destacar que los cierres a la web de Wikileaks y los ataques contra la misma pueden suponer censura indirecta, que según el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos toma la forma de restricciones “de expresión por vías o medios indirectos […] encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, que por ejemplo impidan acceder a la tecnología que permita difundir ideas e información.

Se dirá, naturalmente, que no toda la información publicada por Wikileaks es de interés público, pero toda restricción a las mismas debería tener en cuenta que los límites de la libertad de expresión han de ser necesarios, efectuarse de conformidad con los criterios de proporcionalidad y legalidad, y que cuando haya intereses públicos en el conocimiento de la información la misma no debería restringirse. Todo esto debería interpretarse a la luz del criterio esbozado por la Corte Interamericana según el cual, en principio, en asuntos estatales toda información debe presumirse como de interés público, y que debe demostrarse la existencia de causales que permitan restringir la divulgación de información, las cuales deben aplicarse siguiendo estrictos cauces procedimentales. Como persona que en su vida ha experimentado la importancia de la libertad de expresión, tan valiosa en el medio académico, especialmente cuando muchas mis creencias no son compartidas por todos (y viceversa, lo cual no me impide apreciar la valía de estas personas), no puedo menos que considerar que el caso de Wikileaks, al ser complejo en palabras de la Alta Comisionada, exige mucha cautela y hace que sea imprescindible enfatizar que toda restricción, naturalmente no aplicable cuando se evidencien violaciones del derecho, ha de ser necesaria, proporcional y legal.

 

Alejandro Chehtman

diciembre 6, 2010

Buena noticia. Con el próximo post incluimos una nueva voz en aquiescencia. Alejandro Chehtman es profesor en la Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires), estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y es doctor (PhD.) por la London School of Economics. Pronto podremos leer su libro The Philosophical Foundations of Extraterritorial Punishment, que se publica próximamente en Oxford University Press. Bienvenido, Alejandro, y esperamos verte seguido por estas páginas.

Esta es la reacción de Alejandra Torres Camprubí al post sobre la negociación de los tratados y el vídeo de las manos sangrantes. Lo proponía como comentario, pero lo publico como un segundo post sobre el tema para que siga la discusión. Yo ya decía que había espacio para la controversia…

Contexto del vídeo de las ‘manos sangrantes’ y crítica de la intervención venezolana

Por Alejandra Torres Camprubí

En relación con el vídeo de la ‘mano sangrante’, quisiera propocionarles un par de datos que contextualicen la intervención de la delegada venezolana en la 15ª Conferencia de las Partes al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Esta intervención en particular (les aseguro que fue una de las delegaciones más activas a lo largo de todo el proceso) se produjo en las últimas horas de la última noche de la Cumbre de Copenhague, concretamente el viernes 18 de diciembre de 2009 alrededor de las 4-5h de la madrugada (es decir, en realidad ya en los albores del sábado 19). Los tres días anteriores, la sala del Plenario había quedado exclusivamente reservada para alrededor de 142 jefes de Estado y de Gobierno que se habían desplazado a la capital danesa. Entre los altos mandatarios que se presentaron, aterrizó el último día Barack Obama,entonces recientemente laureado con el Premio Nobel de la Paz en el vecino país nórdico, y que tomó el relevo de los pasos diplomáticos ya iniciados dos días antes por Hillary Clinton. Reunido en ‘petit comité’ con las potencias que representan un mayor desafío para el futuro en materia de emisiones de carbono (en particular, China, Brasil y la India) este núcleo alcanzó el ya conocido ‘Acuerdo de Copenhague’. Recordarán tal vez la foto de Obama escribiendo de puño y letra en un papel, sentado al lado de Lula da Silva.

Recuerdo, de paso, que la presencia estelar de tal ingente masa de plenipotenciarios tenía un objeto (o al menos un efecto) jurídico específico importante: tratar de resolver los conflictos políticos subyacentes en el seno de los grupos de trabajo donde se realiza la ‘limpieza’ de los textos (tarea consistente en eliminar el mayor número posible de paréntesis de un borrador por haberse alcanzado acuerdo sobre la formulación), y que se encontraban desde comienzos de semana bloqueados.

A la espera, durante horas, del texto final del Acuerdo de Copenhague el día 18, el ‘resto del mundo’ deambulábamos por los pasillos del Bella Center. Ciertamente, no estábamos en la salita exclusiva, pero el texto del Acuerdo, de alguna manera ‘filtrado’ fuera de la sala, sí circuló. Al menos yo recuerdo haber obtenido, con algo de maña pero sin demasiada dificultad, tres versiones sucesivas del Acuerdo (incluyendo la versión final). Finalmente, por la noche todas las delegaciones fueron llamadas al Plenario. Presidía la sesión final y determinante el Presidente danés Rasmussen. Éste presentó el Acuerdo de Copenhague al Plenario como decisión preliminar o ‘draft decision’ para someterla a aprobación de modo que pudiera convertirse no ya en un mero acuerdo político entre unas pocas potencias, sino una decisión respaldada y legitimada por el conjunto de los 192 Estados integrantes de la Conferencia de las Partes al CMNUCC.

Entonces tomó la palabra el delegado cubano para expresar su oposición al texto, en una intervención que claramente indicaba que no habría consenso para adoptar el Acuerdo como decisión del COP. En medio del revuelo provocado por la ‘obstrucción cubana’ ( el entrecomillado quiere indicar que no entiendo el término en sentido negativo) y la avalancha de tomas de palabra pedidas al Presidente,  se alzó una ‘mano salvadora’, la del delegado británico, que en un intento de impedir que el hundimiento del texto se perpetrara definitivamente, pidió un receso de la sesión. El Presidente aceptó la petición.

Nos estábamos levantando cuando se comenzaron a oir en el ala oeste de la sala fuertes golpes a una mesa, acompañados de voces que todavía no sé si eran abucheos o simplemente gritos. Era la delegada venezolana (y acólitos que la rodeaban). El Presidente volvió entonces a sentarse, atónito como imagino que estábamos la mayoría de los presentes en la sala. Le dio la palabra a la delegada, que se expresó como han podido ver en el vídeo. La sangre de su mano viene de que se cortó al golpear la mesa con el portanombres de su país. Ella aseguró, si mal no recuerdo, que había pulsado el botón de petición de palabra antes de que el Presidente levantara la sesión. Sus palabras y, en particular, el gesto de la mano sangrante, sonó en ese momento tan espectacular y telenovelesco como debió haber sido el zapatazo de Krouchev en la mesa del Consejo de Seguridad.

Por hoy dejo el apunte así, pero continuaré en los próximos días para dejar lo anecdótico y tratar del carácter efectivamente ‘controvertido’ del análisis que se puede hacer sobre este vídeo. Aprovecho también para recordar que estamos a dos semanas de la Conferencia de Cancún (COP-16).

Por Ana Conover

Los moot courts suponen la participación en concursos de Derecho -nacional o internacional- que implican la preparación, exposición y defensa legal de un caso ficticio. Generalmente constan de dos fases: una primera que es escrita y la segunda que se desarrolla de manera oral.

Durante la primera fase los equipos realizan un análisis de los hechos del caso, así como de las disposiciones jurídicas aplicables al mismo, doctrina y precedentes relevantes para la elaboración de una demanda y una contrademanda, respectivamente. Una vez publicado el caso, los equipos constan con un determinado número de meses para dedicarse a la investigación y redacción de los escritos.

Finalizados los escritos, inicia la segunda y quizás la más divertida etapa del mooting: la fase oral. En ella, los equipos deberán prepararse para estructurar sus argumentos y defenderlos ante un panel de expertos en la simulación de una audiencia. En esta, podrán ser interrumpidos y cuestionados en cualquier momento a lo largo de su exposición por los miembros del panel o corte y deberán estar preparados para contestar de manera breve y concisa, así como concluir su presentación en el tiempo establecido para ello.

La fase oral inicia con la presentación del equipo y sigue con la exposición oral de los argumentos del demandante o la defensa.

Los elementos esenciales a la  presentación son: El saludo formal ante la Corte o Tribunal de que se trate (por ejemplo, “Buenos días/tardes honorables jueces de la Corte/ miembros del grupo especial”, etc.); mención de los nombres de las personas que realizarán la exposición oral y su posición en el caso (por ejemplo, “mi nombre es X y junto con mi colega Y representamos al Estado Z, reclamante/demandado, en la presente controversia); señalar la estructura de la defensa (por ejemplo, “la parte reclamante/la defensa ha dividido su exposición en 3 partes: primera, comprobará que en lo que respecta a la reclamación A y B[…]; segunda, en cuanto a C y D[…]; tercera, y finalmente, en cuando al punto E[…]); finalmente, mencionar la designación del tiempo de cada una de las personas que realicen la exposición oral.

A continuación, la parte reclamante y la defensa presentan sus argumentos en un tiempo determinado. Para ello, cada equipo retomará la estructura señalada en su respectiva presentación.

En la práctica, esta fase es equivalente a reducir lo que constituiría la demanda y la contrademanda del caso a sus argumentos más relevantes.

Normalmente cada parte termina su presentación, por cuestiones de formalidad, solicitando al tribunal lo que éste debe reconocer o declarar (request for findings). Por ejemplo, “por lo anterior, el Estado A solicita al presente Tribunal que reconozca  las pretensiones de B como infundadas y, por tanto, declare la compatibilidad de A con la totalidad de las disposiciones jurídicas invocadas por B”.

Generalmente los moots incluyen la posibilidad de réplica y dúplica a tener lugar una vez finalizada la presentación de los argumentos del demandante y demandado. Estas sirven para que las partes tengan oportunidad de mencionar las imprecisiones, errores u omisiones graves en que hubiera incurrido su contraparte. Por ello,  deben presentarse de manera breve y abordar pocos argumentos, pero que sean esenciales para la defensa del caso y que se desprendan necesariamente de aquello expresado por la contraparte durante su exposición oral.

Para los estudiantes universitarios los moots ofrecen, muy probablemente,  la experiencia más cercana de comparecer ante una corte o tribunal; con las ventajas de contar con coaches o asesores a lo largo del proceso para desarrollar y mejorar habilidades de: investigación jurídica -familiarización con la búsqueda y uso de textos jurídicos, doctrina y journals o revistas líderes especializadas en Derecho-, redacción y estilo en la elaboración de demandas, conocimiento procesal ante tribunales arbitrales o cortes y oratoria.

De igual forma, brindan una excelente oportunidad para viajar, conocer a jueces, magistrados o árbitros reconocidos en determinada área jurídica, así como a muchos otros estudiantes provenientes de distintas universidades y nacionalidades interesados en la misma materia.

En términos profesionales, la participación en moots nacional o internacionalmente reconocidos es un gran punto a favor del currículum del estudiante dado que se asocia con un primer acercamiento previo a la práctica del litigio en determinada área jurídica, así como con habilidades de análisis y síntesis, trabajo bajo presión, cumplir con fechas límites de entregas, capacidad de trabajo en equipo, organización y motivación personal.

Por Ana Conover

Cualquier estudiante de Derecho puede verse interesado en participar en algún moot de derecho nacional o internacional ¿Por dónde comenzar a buscar entonces? La respuesta dependerá en gran medida de dos factores: primero, las competencias de derecho en las cuales participe anual o generalmente la Facultad de Derecho de la universidad a la que pertenezca y, por otro lado, el área de interés del alumno (derecho humanitario, arbitraje comercial, derecho penal internacional, etcétera).

No obstante, puede darse el caso  -dependiendo de la flexibilidad de cada universidad- de crear un equipo de derecho representativo de determinada Facultad  para competir por primera vez en algún moot. En tal caso, dependerá del interés de los alumnos por obtener la autorización respectiva de sus facultades para apoyar la iniciativa y permitirles participar en el concurso en nombre de la universidad.

A continuación se presenta una breve descripción sobre los principales concursos –aquellos con mayor trayectoria y reconocimiento- en los ámbitos regionales e internacionales con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que tengan curiosidad por adquirir experiencia práctica en el litigio ante paneles de expertos pero no están seguros de qué concursos existen o, de lo existentes, qué requisitos deben cubrirse y el procedimiento para participar en ellos.

Derecho Internacional Público

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Organizado por la International Law Students Association en Washington, D.C.

Con más de cincuenta años de trayectoria, el concurso Philip C. Jessup es la competencia de derecho más grande con participantes provenientes de más de quinientas facultades de Derecho en alrededor de ochenta países diferentes. El concurso consiste en la simulación de una controversia ficticia entre Estados ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas.

Los equipos deberán preparar una demanda, contrademanda y la presentación oral de sus argumentos tanto para la parte demandante como el demandado. Se permite la representación de un equipo por cada universidad participante.

Fecha de inscripción: Junio

Fecha de participación: Marzo/ Abril

Idioma: Inglés

Sitio oficial: www.ilsa.org/jessup/

Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos

Víctor Carlos García Moreno. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional, organizado por el Consejo Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional y Comparado, Capítulo de México  (COLADIC- México) en México, D.F.

Competencia latinoamericana en materia de derechos humanos que versa sobre los procedimientos seguidos ante la Corte Penal Internacional (CPI). Tiene como finalidad promover el estudio del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El objetivo de esta competencia es realizar un simulacro de un caso ante la Corte Penal Internacional.

Los equipos deberán preparar una demanda, contrademanda y la presentación oral de sus argumentos tanto para la posición de la Fiscalía como la Defensa. Las Escuelas y Facultades de Derecho y Relaciones Internacionales, podrán inscribir un equipo para ser representadas en la Competencia.

Fecha de inscripción: enero

Fecha de participación: desde febrero en fases nacionales hasta la fase final en junio.

Idioma: Español

Sitio oficial: aquí.

Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos H “Francisco Suárez S.J.”, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Bogotá, Colombia.

Desde el año 2004, el Concurso tiene por objeto constituirse como un espacio para estudiosos del Derecho Internacional en el ámbito iberoamericano. La competencia consta de una fase oral y escrita a través del estudio de un caso hipotético y de la asignación de roles -de un lado, los representantes de las víctimas y, de otro, un Estado hipotético- que actúan frente a un tribunal simulado que asume el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cada estudiante podrá participar sólo una vez como orador y todas las veces que desee como entrenador/acompañante y observador y cada universidad puede enviar tantos equipos como desee siempre y cuando tengan un entrenador/acompañante diferente.

Fecha de inscripción: Junio-Septiembre

Fecha de participación: Octubre

Idioma: Español

Sitio oficial: aquí

Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por American University, Washington College of Law, en Washington D.C.

Creado en 1995, el Concurso requiere que los estudiantes argumenten los méritos de un caso hipotético, el cual se basa en un tema actualmente debatido por los operadores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los estudiantes interesados en participar en el Concurso  deben ser estudiantes de la carrera de derecho o su equivalente internacional para poder participar en un equipo.

Fecha de inscripción: Agosto

Fecha de participación: Mayo

Idioma: Inglés, Español y Portugués

Sitio oficial: http://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/index.es.cfm

Arbitraje Comercial Internacional

Willem C. Vis. International Arbitration Moot, sobre arbitraje y Compraventa Internacional de Mercaderías, organizado por UNCITRAL en Viena, Austria.

Desde 1993, el objetivo de la competencia es promover el estudio del derecho comercial internacional y el arbitraje como medio de solución de controversias en el ámbito comercial a través del planteamiento de un caso hipotético en dos fases, oral y escrita.

Los equipos deberán preparar memorándums tanto para la parte demandante como el demandado, así como la presentación oral de sus argumentos ante un panel de expertos. Los casos se relacionan con transacciones comerciales de compra-venta realizadas bajo la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y bajo reglas de arbitraje determinadas.

Fecha de inscripción: Junio

Fecha de participación: Marzo

Idioma: Inglés

Sitio oficial: http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html

ELSA Moot Court Competition on WTO Law

Creado en el año 2002, el concurso consiste en la simulación de audiencias en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los equipos competidores representan, ante la  presentación de un caso hipotético, tanto a la parte reclamante como al Estado demandado, así como la presentación oral de sus argumentos ante un panel de expertos.

El concurso consta de dos fases, una previa dividida en varias rondas regionales y la ronda final, con sede distinta cada año.

Fecha de inscripción: noviembre/diciembre

Fecha de participación: Rondas Regionales (marzo); Ronda Final (abril/mayo).

Idioma: Inglés

Sitio oficial: www.elsamootcourt.org/

A %d blogueros les gusta esto: