Por Nicolás Carrillo Santarelli
Al igual que hacen distintos blogs de derecho internacional especialistas o generalistas, creo que es útil reseñar desarrollos recientes o ideas de forma breve cuando el tiempo no permita un tratamiento más extenso o no sea necesario contar con muchas palabras.
En esta oportunidad, deseo resaltar dos cosas distintas (una noticia y una reseña) que, en últimas, tratan sobre lo mismo: la idea de que el ser humano debe ser central y protagonista de todo proceso jurídico (de interpretación, implementación o de otra índole, como dirían McDougal y Lasswell), siguiendo las ideas de Antonio Cançado, cuya trayectoria pronto reconocerá mi Alma Mater, la Universidad Autónoma de Madrid.
- Reconocimiento olímpico a los refugiados: como se puede ver en un comunicado oficial del Comité Olímpico Internacional (organización no gubernamental sin ánimo de lucro), el Comité ha decidido crear un equipo de refugiados que participará en las olimpiadas de Río. El equipo, llamado «Team Refugee Olympic Athletes», participará bajo la bandera olímpica y el himno olímpico; y recibirá ayuda económica y logística para participar. Esta es una gran iniciativa que no sólo permite la participación deportiva de alto nivel de los refugiados sino que además tiene un gran simbolismo (y, recuerden, estimo como muy importante la función expresiva), al poner de relieve cómo los refugiados no pueden participar en la vida de sus Estados y tienen una situación desesperada que les ha obligado a dejarlos. Esta iniciativa, en tiempos con dinámicas en distintos Estados del Este de Europa y con un candidato presidencial estadounidense que ha ofendido y propuesto medidas contrarias a elementales nociones humanitarias, es más que bienvenida.
- A aquellos que no la hayan visto, les recomiendo la película Woman in Gold. El filme muestra los esfuerzos de una judía austriaco-estadounidense que lucha jurídicamente por que le sea entregada una pintura de Gustav Klimt que fue robada por los nazis a su familia. En la película se examinan el tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, tema sobre el que el profesor Carlos Espósito es experto; la idea de que hay temas que deben ser discutidos en algunos ámbitos determinados; y la realidad de las barreras que para los individuos y víctimas erigen aquellas inmunidades. Muy recomendada.
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Recientemente se ha publicado el primer informe del «grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante», que está disponible en la siguiente dirección y tiene como referencia A/HRC/31/50. En el documento se discuten muchas cosas interesantes, de las cuales destaco las siguientes:
En primer lugar, en el informe se resaltan desafíos que aconsejan realizar un desarrollo progresivo que asegure la prevalencia de los derechos humanos de forma integral frente a riesgos serios de impunidad corporativa. Entre los factores más relevantes, los expertos y Estados resaltaron (añado cosas a lo que discutieron): a) el hecho de que hoy día muchas empresas tienen un gran poder económico que hace que, en la práctica, se generen dinámicas que desestimulen o dificulten el control estatal destinado a prevenir o responder a abusos corporativos (párr. 55); b) la necesidad de aclarar que los derechos humanos deben prevalecer sobre estándares de inversiones o comerciales (párr. 53), algo que académicos como Tara Van Ho argumentó de forma magistral recientemente en el blog EJIL Talk (ver el post aquí) y recuerda preocupaciones sobre fragmentación y la necesidad de un análisis sistemático del derecho internacional que respete normas imperativas (¿por qué algunos se empeñan tanto, incluso con argumentos positivistas, en dar prioridad y mayor protección al capital y al dinero que al ser humano que sufre y al ambiente que se contamina?); c) el incremento en el tipo de actividades empresariales (algunas que pueden tener un impacto en derechos humanos) por dinámicas como la privatización, delegación o desregulación (por ejemplo, en el tema de suministro de agua, en mi opinión); y d) el riesgo de que, por su forma de operar, las empresas «salten» de una jurisdicción a otra, evadiendo controles, algo que recuerda la saga de Chevron y Ecuador (párr. 50 del informe). En todo caso, el informe no es sesgado ni fanático, pues los expertos reconocieron que, realizadas de forma responsable, las inversiones pueden contribuir mucho al bienestar de poblaciones en desarrollo (párrs. 45 y 50).
Si bien los mecanismos voluntarios pueden tener importantes efectos simbólicos y cambiar actitudes por su identificación de riesgos, lo que hace que puedan ser complementarios al hard law, algo que reconoce el informe (párrs. 23, 29, 41). Y, por otra parte, la responsabilidad estatal es insuficiente: ciertamente, en ocasiones aquella se genera si no hay una diligencia debida frente a la conducta corporativa contraria a derechos humanos; pero si se da aquella diligencia y no se responsabiliza a las empresas hay un vacío y una impunidad que, desafortunadamente, estimula la conducta empresarial responsable y la repetición de violaciones. Estas dimensiones complementarias han sido reconocidas en un informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos (disponible aquí), donde se dice que:
«68. One category of defenders regularly participating in regional consultations is the group promoting and defending rights relating to land, the environment and corporate responsibility. These defenders endure various kinds of surveillance, attacks, forced disappearances or campaigns to discredit them as opponents of progress and the development of their countries. They spoke of the excessive use of force against demonstrators and activists working on corporate responsibility matters or labour rights. They are the targets of actions taken by both State and non-State actors (enterprises, private groups guarding sites, individuals linked to organized crime, and so on). In this connection, they mention systematic collusion among these different kinds of actors designed to block reports by the defenders that throw light on acts of corruption and human rights violations. The various kinds of violations and threats are encouraged by a weak institutional environment, in which States have failed to put in place any effective mechanism for penalizing human rights violations committed by enterprises. Defenders also complain of the lack of transparency and accountability of enterprises, especially in extractive industries» (subrayado añadido. El último subrayado ilustra lo que digo en el anterior párrafo).
Como he dicho en otras ocasiones, las estrategias no vinculantes (que aluden a un deber corporativo de respeto de derechos no jurídico) tienen debilidades pues, entre otras, pueden ser ignorados sin consecuencias (salvo las indirectas por buena fe, como reconoció la International Law Association) y no exigen en sí mismas acciones estatales extraterritoriales (sobre alguna de estas debilidades, ver el párr. 50 del informe). En consecuencia, una estrategia necesaria para responder a estos riesgos es crear obligaciones internacionales corporativas directas: esto permite a distintos Estados ejercer jurisdicción extraterritorial en pos de la protección de bienes jurídicos erga omnes, como reconoció en su momento Antonio Cassesse (ver su artículo aquí). Al respecto, en su párrafo 50, el informe del grupo de trabajo al que se dedica este post menciona:
«Un Estado señaló que el enfoque existente con respecto a la responsabilidad social de las empresas no tenía peso legal y, por consiguiente, no se podía mantener para la protección de los derechos humanos en los tribunales. Además, observó que los planes de acción nacionales no estaban integrados ni eran uniformes, y que las empresas podían cambiar de jurisdicción» (subrayado añadido).
La anterior manifestación, implícitamente, reconoce que si hay deberes y responsabilidades internacionales los Estados estarían autorizados a proteger los derechos afectados y reaccionar directamente frente a los participantes (autores o cómplices) de forma directa, como recuerda el caso Kononov decidido por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Claro está, entre las objeciones (anticuadas y obstinadas, ancladas en teorías pasadas, creo yo) a aquella responsabilidad directa se suele mencionar la duda de si los entes no estatales pueden tener responsabilidades de derechos humanos o deberes internacionales directos. Lo primero ha sido perfectamente refutado por Andrew Clapham, quien bien dice que aquellas objeciones niegan el propósito de los derechos humanos de proteger a las víctimas para centrarse en algunos agresores (así como fue necesario dar protección frente al Estado, es necesario proteger frente a poderosos actores que hoy día pueden eludir los controles de aquel). Además, cómo ignorar que el derecho internacional ya ha responsabilizado de forma directa a entes no estatales, incluso sin su voluntad (¿necesitamos el consentimiento del genocida de comprometerse a no cometer genocidio? ¿No es ilógico y contrario a nociones intuitivas de justicia y protección del oprimido?), como bien ha dicho Theodor Meron.
Respondiendo a aquellas «dudas» (teóricas, abstractas en exceso, falaces en ocasiones y contrarias a las exigencias de protección de las víctimas y a realidades de riesgo, lo que contraviene el criterio sic societas, sicut jus adecuadamente resaltado por el profesor Antonio Remiro Brotóns), los expertos dijeron lo siguiente en su informe:
«56. Un panelista indicó que los especialistas en el derecho internacional clásico habían señalado que el derecho internacional solo era de aplicación entre los Estados, si bien había numerosos ejemplos a lo largo de la historia en que agentes no estatales habían quedado sometidos al derecho internacional, como en el caso de la Ley sobre la Esclavitud Moderna del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se aplicó a toda la cadena de suministro de las empresas con el fin de erradicar la esclavitud» (subrayado añadido).
Por otra parte, se discutió el hecho de que hay vacíos sobre jurisdicción extraterritorial frente a abusos corporativos, que en ocasiones puede ser determinante para evitar la impunidad si el Estado en cuyo territorio no se cometió una violación no tuvo la capacidad de enfrentarlo, y se discutió por los expertos que el deber de diligencia debida puede tener dimensiones y exigencias extraterritoriales (párrs. 67 y 68). No pueden desconocerse desarrollos y pronunciamientos que hablan sobre la necesidad de proteger de forma extraterritorial a afectados por abusos de empresas con la nacionalidad de terceros Estados por estos últimos. Al respecto, hay precedentes en la región americana (que con la iniciativa ecuatoriana del tratado, la comisión bicameral de investigación de complicidad corporativa en la dictadura argentina, y la responsabilización de responsables indirectos en el conflicto armado colombiano demuestran una gran dinámica en la región que puede servir de bloque y un mínimo común denominador frente a abusos en la región) como la condena a Odebrecht en Brasil por abusos extraterritoriales. Además, la Comisión Africana de Derechos Humanos ha manifestado que:
«18. States must hold to account private individuals and corporations, including private military and security companies, that are responsible for causing or contributing to arbitrary deprivations of life in the State’s territory or jurisdiction. Home States also should ensure accountability for any extraterritorial violations of the right to life, including those committed or contributed to by their nationals or by businesses domiciled in their territory or jurisdiction» (subrayado añadido).
Finalmente, debe resaltarse el debate sobre si únicamente debe darse un enfoque de protección frente a empresas transnacionales o, por el contrario, frente a toda empresa, como han criticado Ruggie y otros actores citados en el informe. Algunos hablaban de la complejidad de controlar a toda empresa (aunque no veo complejidad en imponer obligaciones sustantivas directas y permitir a actores intermediarios controlar la implementación de los respectivos estándares); mientras que otros se quejaban de que toda empresa puede violar y afectar negativamente derechos humanos, algo que comparto. Una idea sensata (párr. 61) planteada por algunas ONG era exigir protección frente a toda empresa potencialmente agresora a la vez que se desarrollan normas que enfrenten de forma concreta problemas específicos relacionados con las empresas transnacionales. También debe indicarse que se debate cuáles empresas pueden llamarse transnacionales, a lo que se ofrecieron muchas respuestas, incluyendo una interesante centrada en los efectos o dinámica de las operaciones transnacionales, cobijando potencialmente a toda empresa (párr. 58).
Esperemos que el desarrollo necesario se dé, y se reconozca que ya hay deberes corporativos de abstenerse de violar o cooperar con abusos contrarios a normas imperativas sobre derechos humanos y fundamentadas en la dignidad humana. Los desarrollos complementarios pueden darse no sólo por vía convencional, sino también consuetudinaria. La humanidad y las víctimas esperan, y los «teóricos» siguen negándoles en ocasiones la necesaria protección a la que tienen derecho por dar preferencia a teorías sobre sujetos o destinatarios que ni son ineludibles ni exigen el derecho o la filosofía del derecho contemporáneos.
Brandon Research Fellowship at the The Lauterpacht Centre for International Law (University of Cambridge)
marzo 1, 2016
The information on the 2016 Brandon Fellowship is available at the LCIL website: http://www.lcil.cam.ac.uk. Note that the application deadline is 14 March 2016! Good luck!
These are the guidelines:
The Lauterpacht Centre for International Law is pleased to invite applications for the 2016 Brandon Research Fellowship (Brandon Fellowship), funded by a generous gift in 2009 by Mr Michael Brandon MA, LLB, LLM (Cantab.), MA (Yale) (1923-2012) and by Mr Christopher Brandon in 2013.
The Lauterpacht Centre provides a centre for research in Cambridge for legal practitioners and academics from around the world. The Brandon Fellow will be welcomed as part of the community of visiting scholars at the Centre. While in Cambridge, visiting scholars have the opportunity to meet with other researchers in their field and are encouraged to participate fully in the activities of the Centre, including the Friday lectures and work in progress seminars. Visiting scholars have automatic access to the Centre’s Library and access by application to the University Library and the Faculty of Law’s Squire Law Library.
The Brandon Fellowship is intended to cover a stay of a minimum of one acceptance period (approximately 12 weeks) at the Lauterpacht Centre for International Law and has a maximum value of £4,500; any additional travel or other expenses will be the responsibility of the selected Fellow.
The Brandon Fellow will undertake a project on some aspect of public or private international law or international arbitration while based at the Lauterpacht Centre. Candidates must specify a project in their application.
Candidates working in areas connected to LCIL fellows’ projects and activities are given particular consideration Fellows must produce a report of their work in English at the end of their Fellowship and deposit with the Lauterpacht Centre any publication resulting from the work undertaken during the Fellowship. The support received from the Brandon Research Fellowship at LCIL should also be acknowledged in the publication.
Candidates must be fluent in English and at least one of French, German or Spanish.
Preference will be given to candidates who are nationals of members of the European Union; members of the Commonwealth; Argentina; Brazil; Chile; China; Japan; Panama; Serbia; Switzerland; and the United States of America.
Preference will be given to candidates who do not have the means to come to the Centre, and who have not yet been to the Centre.
Applications from regions or countries underrepresented among former LCIL visiting fellows are particularly welcome.
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Desde que lo vi, siempre me llamó la atención el libro que publicó hace un par de años la American Society of International Law titulado «International Law: 100 Ways it Shapes our Lives», que puede descargarse aquí. Ciertamente, el derecho internacional puede parecer remoto o demasiado distante para muchos, incluidos estudiantes de derecho y abogados. Sin embargo, ese derecho tiene un gran impacto en nuestras vidas, como demuestra el hecho de que hay organizaciones internacionales, incluso antiguas, que se ocupan de cuestiones técnicas o de comunicaciones, como la Unión Postal Internacional, constituida en el siglo XIX. Incluso la posibilidad de otorgar o no amnistías o penas alternativas depende de que se respete el derecho internacional y, en consecuencia, no haya violaciones graves de derechos humanos y de que las sanciones, en el segundo supuesto, sean proporcionadas a la violación y no un mero eufemismo y una forma de impunidad encubierta: si un Estado no respeta esto, en el futuro pueden criticarse normas internas y quienes implementan el derecho internacional, sean autoridades internacionales o estatales ejerciendo jurisdicción extraterritorial, pueden terminar juzgando a los responsables (algo importante en contextos como el colombiano, como se discute aquí y aquí).
Por estos motivos, me es grato anunciar que en la Universidad de La Sabana se realizará un Foro sobre «El Derecho Internacional en la Vida Cotidiana» el próximo 16 de marzo (2016), cuyo afiche adjunto a este texto. A continuación transcribo la descripción del Foro:
«El foro que da inicio a este nuevo año académico del Programa de Maestría en Derecho Internacional, propone una reflexión académica sobre preguntas fundamentales que ponen de presente la utilidad y vigencia actual del Derecho internacional: ¿a quienes está dirigido el Derecho Internacional? ¿en qué medida puede mejorar nuestras vidas? ¿de qué modo el Derecho Internacional actual promueve el desarrollo? ¿cuáles son los usos, beneficios y límites del Derecho Internacional para diversos actores como grupos organizados de la sociedad civil, empresas, jueces, inversionistas, funcionarios encargados del diseño de políticas públicas, entre otros?
Así, uno de los objetivos centrales de este Foro es generar un espacio en el que se evidencie el panorama amplio que ofrece el Derecho Internacional contemporáneo y sus múltiples actores e interlocutores».
La información sobre contacto e inscripciones (gratuitas) se encuentra en este link.
Las rondas colombianas del Jessup 2015-2016
marzo 1, 2016
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Los pasados viernes 26 y sábado 27 de marzo se realizaron las rondas nacionales del Jessup en Colombia. Tras el privilegio de haber sido coach del equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, que tanto admiro, un par de años, en esta edición dirigí al equipo de la Universidad de La Sabana, donde actualmente trabajo.
La presente edición del Jessup, con un título muy interesante, «The Frost Files», versa sobre problemas bastante conocidos y relevantes: interceptación masiva de comunicaciones electrónicas y de otra naturaleza (recordemos las disculpas de Obama a Merkel, que pueden entenderse como satisfacción); ataques cibernéticos; inmunidades de los bienes de los Estados; cooperación y acuerdos bilaterales; posibilidad de usar documentos obtenidos por «whistleblowers»; y derechos humanos y garantías incluso cuando se implementen acciones de lucha contra el terrorismo, además de cuestiones clásicas sobre competencia, carga (dinámica) de la prueba y standards of evidence.
El concurso Jessup siempre me ha parecido una gran oportunidad para que los estudiantes desarrollen importantes habilidades jurídicas de redacción y persuasión, adquieran confianza y hábitos de trabajo e investigación, adquieran conocimientos y la capacidad de formular posturas críticas en el ámbito del derecho internacional. Por su dinámica práctica, de trabajo autónomo y en equipo y de desarrollo de ideas y propuestas creo que es una excelente oportunidad para los estudiantes de derecho. Ciertamente no es fácil y exige mucho trabajo, y el nivel de exigencia es muy alto, además de que se exige un muy buen manejo de la lengua inglesa, pero la experiencia y los frutos valen la pena. Como dijo mi maestro Carlos en un reciente post, Moot Courts como el Jessup se enmarcan en un nuevo (y necesario, por los desafíos actuales) paradigma sobre enseñanza del derecho.
Quedé gratamente sorprendido con mi experiencia en el Jessup en Colombia, donde participaron las Universidades del Rosario (justo ganador), de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana y de La Sabana. El nivel de todos los estudiantes y entrenadores fue muy alto, el ambiente fue respetuoso y todos aprendimos de la experiencia. Tras haber sido entrenador de equipos que llegaron a las rondas internacionales en tres ocasiones, debo decir que la calidad de los argumentos y presentaciones de los distintos equipos fue muy alta. El evento estuvo tan competido que hubo que acudir a reglas de desempate para determinar cuál sería el segundo equipo en ir a la final colombiana, pues tres Universidades obtuvieron igual número de victorias y por ello estuvieron en el segundo lugar.
El equipo ganador, como indiqué arriba, fue la Universidad del Rosario, integrada por los estudiantes Gabriela Luna, Natalia Fernandez Alba, María Lucía Casas y Daniela Cañizarez; por el legal advisor Juan Manuel Morales, y por los coach Giovanni Vega y Sergio Díaz. El equipo fue excelente y estoy seguro de que Colombia se verá muy bien representada con ellos. La mejor de las suertes para el Rosario en Washington, DC.
Mi equipo, que se ve en la foto (estoy a la derecha), estuvo integrado por los estudiantes Camila Alvarado, Nicolás Mayorga, Alejandra Rivera, Juan Santiago Cortés y Laura Gutiérrez. Junto a mí tuvimos como coach a la profesora Ana Grandas. Estoy muy orgulloso de mi equipo, de lo mucho que trabajaron sus integrantes y del buen desempeño que tuvieron. Realmente creo que todos aprendimos mucho en esta experiencia, tanto profesores como estudiantes, unos de otros y de la dinámica y los materiales. Aprovecho para agradecer a la Universidad de La Sabana por su confianza y apoyo económico y de otra naturaleza para que pudiésemos participar.
Finamente, también copio a continuación una foto del equipo ganador, que gentilmente me envió su entrenador Giovanni:
El Acuerdo de París sobre cambio climático y su talón Sino-Americano, por Jorge E. Viñuales
febrero 29, 2016
Jorge E. Viñuales es Harold Samuel Professor of Law and Environmental Policy en la Universidad de Cambridge y Profesor Invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (febrero-abril, 2016).
El régimen jurídico internacional relativo al cambio climático ya no es, en sentido estricto, un régimen ‘internacional’, y eso tiene implicancias potencialmente importantes. Veamos por qué, paso a paso.
La des-internacionalización como precio de la redistribución
El reto principal al cual debía enfrentarse desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en el año 2005 – y sin duda desde mucho antes – el régimen climático era la redistribución de los esfuerzos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El Convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático de 1992 establece una distinción – obsoleta – entre países del Anexo I (países desarrollados y países que, a inicios de los años 90, se encontraban ‘en transición hacia una economía de mercado’) y aquéllos que no se encuentran en dicho anexo. Esta última categoría residual incluye una gama variada de países, entre los cuales cabe destacar el mayor emisor mundial de GEI, China, así como algunos de los mayores emisores actuales y futuros, como la India, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, México y varios otros.
Esta distinción relativamente inocua efectuada por el Convenio marco fue radicalizada por el Protocolo de Kioto, del cual será suficiente resaltar solo dos características: (i) se asumieron obligaciones cuantificadas pero únicamente para los países del Anexo I del Convenio (Anexo B del Protocolo), (ii) dichas obligaciones figuran específicamente en el Protocolo (carácter ‘top-down’ del instrumento, similar pero inferior a la experiencia previa relativa a la protección de la capa de ozono). Dada la ausencia de ciertos grandes emisores, como China, los EEUU firmaron pero nunca ratificaron el Protocolo de Kioto. Ello dejó fuera del marco de las obligaciones cuantificadas del Protocolo a gran parte de los mayores emisores (China, la India, Brasil, Indonesia y otros forman parte del Protocolo, pero éste no les impone obligaciones genuinas). El reto a lo largo de los años ha sido precisamente quebrar esta disociación para poder involucrar de modo claro no solo a los EEUU sino también a las grandes economías emergentes, en particular a China.
Es eso lo que, en cierto modo, el Acuerdo de París sobre cambio climático ha logrado. Se ha redistribuido el esfuerzo en materia de lucha contra el cambio climático entre todos los países, incluyéndose a las grandes economías emergentes. Pero no es el Acuerdo de París el que efectúa la parte esencial de dicha redistribución; de modo mas modesto, el Acuerdo se limita a organizar los compromisos que los Estados decidan asumir unilateralmente a nivel nacional. Es esa la gran ventaja del Acuerdo de París, así como su talón de Aquiles.
El talón Sino-Americano
Si uno se pusiera en el lugar de Paris, hijo de Príamo, cuando tensa su arco y apunta su flecha hacia Aquiles: ¿que blanco se debería elegir? Sin duda, la base política y jurídica del Acuerdo de París es el acuerdo informal entre EEUU y China, primero en 2014 y luego en 2015, poco antes de la COP-21. Dicho acuerdo informal y las declaraciones que resultaron de él, permitía pensar que tanto los EEUU como China – ambos representan poco menos de la mitad de las emisiones globales anuales – tenían (y siguen teniendo) la intención de adoptar medidas ambiciosas en materia de reducción de sus emisiones de GEI. Además, res non verba, dichas declaraciones fueron respaldadas por actos. China introdujo un programa piloto en ciertas ciudades/regiones en materia de limitación y comercio de emisiones, mientras que EEUU adoptó, entre otras medidas, una ambiciosa reglamentación bajo la Clean Air Act, el Clean Power Plan (CPP), tendiente a controlar su principal fuente de emisiones, sus usinas de producción de electricidad.
El acuerdo informal sino-americano constituyó un impulso mayor para salvar las distancias entre otros bloques de negociación y, en particular, para sobrellevar la resistencia de otras economías emergentes. Del mismo modo que EEUU y China, una gran mayoría de los Estados del mundo declararon, hacia fines del 2015, los compromisos que entendían asumir en materia de cambio climático. Estos compromisos no fueron recogidos en un anexo de naturaleza top-down sino que, simplemente, se hace referencia a ellos en el Acuerdo de París, aplicándoseles dos parámetros simples: (i) se debe ajustar cada compromiso al menos cada 5 años, y (ii) los compromisos subsiguientes deben ser más ambiciosos que los precedentes (principio de progresividad). Se espera, además, que los Estados ajusten sus compromisos a la luz del objetivo general del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados con respecto a temperaturas pre-industriales (es decir a menos de 16 grados centígrados de promedio a fines de este siglo).
Desde el punto de vista del derecho internacional, la estrategia es débil, pero de modo pragmático tiene dos grandes ventajas. En primer lugar, todos los Estados participan según sus necesidades y posibilidades nacionales (redistribución). En segundo lugar, los objetivos fijados reflejan las medidas nacionales, las cuales – se espera – serán mas fácilmente y específicamente aplicadas por instancias internas que las medidas (brumosas) internacionales. Al fin y al cabo, lo más importante es mandar una señal clara a los operadores económicos para que redirijan sus estrategias e inversiones hacia soluciones con bajo consumo energético y pocas emisiones de GEI.
Pero una señal es algo muy frágil, quizás tan frágil como el talón de Aquiles. Paris, el hijo de Príamo, quizás haya dado en el blanco del Acuerdo de París.
La suspensión del CPP por la Corte Suprema de EEUU: ¿Dominó o mero corcoveo?
A principios de febrero, la Corte Suprema de EEUU accedió a la solicitud de ciertas sociedades de suspender el CPP mientras se prosigue el procedimiento contra esta reglamentación ante los tribunales federales americanos. Aunque parezca un acto casi anecdótico, reflejo de la desinformación que padece no solo el pueblo americano sino también parte de su tribunal supremo con respecto al cambio climático, no debe subestimarse su efecto sobre la tan deseada – y no menos frágil – señal de cambio.
Si la principal medida nacional de EEUU en materia de cambio climático, y por ende uno de los pilares del compromiso unilateral americano, se suspende: ¿que sucederá con el momentum dado por el Acuerdo de París a la introducción de medidas nacionales en otros países, a comenzar por China? Debe tenerse en cuenta que la coyuntura económica China no es la misma que la de algunos años atrás. En un contexto de desaceleración económica, la suspensión del CPP podría incitar a China a no ampliar sus proyectos-piloto a todo su territorio como lo había planeado inicialmente o, al menos, a limitar su ambición en materia de reglamentación climática. Dicha desaceleración tendrá, naturalmente, por efecto una reducción de las emisiones: ¿por qué habría China de ir mas allá? Y si los EEUU y China limitan su ambición: ¿por qué otros países emergentes habrían de adoptar medidas ambiciosas?
Por supuesto, es posible que la suspensión del CPP no tenga un efecto de congelamiento en el resto del mundo, ya que la impulsión dada a la reglamentación climática es compleja y no solo depende de un efecto de comparación estratégica con otros Estados sino también de necesidades de diversa naturaleza: ambientales sin duda (la reglamentación china responde al efecto local catastrófico causado por la rápida industrialización), pero también políticas (movimientos políticos ambientales), económicas (la inversión importante de una parte de la industria en industrias ambientales, como la energía renovable), así como una cierta inercia institucional (no es tan simple congelar un movimiento legislativo o reglamentario en curso). Además, la suspensión del CPP puede tener un efecto pasajero, si se lograra elegir a un(a) juez(a) moderado(a) al puesto de la Corte Suprema de EEUU dejado vacante por el fallecimiento del conservador Scalia y/o si el/la próximo/a presidente/a americano/a es consciente de la necesidad de actuar en materia de cambio climático.
Mientras tanto, el jurista internacional, que intervenga como académico o como abogado asesor (del sector publico o privado), no puede dejar de tomar en cuenta estas fluctuaciones del marco internacional, cuyas repercusiones sobre el marco regulatorio interno no serán menores.
Las clínicas jurídicas en la enseñanza del derecho en Europa
febrero 23, 2016
Hace unos días tuvimos en la Fundación FIDE un foro de discusión sobre la enseñanza del derecho a través de clínicas jurídicas con Alberto Alemanno (@alemannoEU), un tema sobre el cual Alberto tiene una gran experiencia práctica. Alberto dirige una clínica jurídica con alumnos de HEC Paris y la NYU defendiendo casos a favor del interés público europeo, y ha creado The Good Lobby, una organización que canaliza el trabajo pro bono poniendo en contacto expertos con organizaciones que necesitan ayuda legal. Alberto ha volcado esta experiencia en su próximo libro llamado How Clinical Legal Education is Reforming Law Teaching and Practice in Europe.
El punto de partida es conocido: los métodos de enseñanza del derecho han cambiado muy poco a lo largo de los siglos. La enseñanza del derecho es conservadora. Alberto mostró, además, que la enseñanza del derecho y la profesión jurídica viven mundos distanciados. La profesión jurídica, según Alberto, está experimentando una crisis como consecuencia de una serie de desafíos importantes entre los que se encuentran el cambio de los métodos de trabajo y el abaratamiento de los costes laborales unido a una digitalización que hace posible un acceso directo al conocimiento jurídico. Alberto afirma que hay una mercantilización de la profesión jurídica que lleva a algunos a sostener que nos movemos hacia una “uberización” jurídica.
Sea como fuere, Alberto apuesta por una visión positiva y sostiene que la profesión debe ofrecer un valor añadido a sus clientes. Para él, la mejor manera de lograrlo es mediante “servicios jurídicos no convencionales para clientes no convencionales asesorados por equipos no convencionales”. Para Alberto, la brecha que existe entre cómo enseñamos y cómo practicamos el derecho implica una llamada a la acción, que se hace aún más necesaria si ponemos la vista en los cambios demográficos. En efecto, Alberto señala que en poco tiempo la mayor parte de la fuerza de trabajo global estará compuesta de personas nacidas después de 1985, la generación de los milenarios o millennials del siglo XXI, una generación que muy probablemente no valore de la misma forma que hasta ahora ser socio de un despacho de abogados y que ahondará esa brecha entre enseñanza y práctica del derecho si no se producen cambios significativos.
Alberto sostiene que la brecha entre enseñanza y práctica del derecho se puede solucionar mediante la ampliación de la cultura del ejercicio pro bono del derecho: trabajo jurídico voluntario y no remunerado, generalmente a favor de organizaciones antes que individuos, en defensa del derecho de interés público (public interest law). Según Alberto, todos tienen cosas que ganar en las clínicas pro bono: las universidades porque pueden ofrecer una educación a través de la experiencia, los profesores porque se benefician de una enseñanza profunda y dinámica, y los despachos de abogados porque conocen a clientes que de otra forma jamás asesorarían.
Coincido con Alberto en que, a pesar de las limitaciones estructurales y docentes, los estudiantes tienen una expectativa cada vez más firme de aprender a través de la experiencia en las facultades de derecho. Mediante los programas de clínicas jurídicas se cumple con una función pedagógica que busca mejorar la sociedad con el trabajo de los estudiantes e, indirectamente, se produce una reforma de la educación jurídica que ahora es algo más fácil de implementar como consecuencia del proceso de Bolonia y la europeización de los programas universitarios. En Europa las clínicas jurídicas aumentan en número y tamaño, como demuestran los casos de Polonia, la República Checa, Alemania, Francia, el Reino Unido y también España, donde existen experiencias notables en varias universidades entre las que destaca la Universidad de Valencia. Existen incluso asociaciones de clínicas jurídicas europeas, como The European Network for Clinical Legal Education (ENCLE). Junto a esto, crece también una cultura de juicios simulados o moot courts. ¿Se está produciendo un cambio en la enseñanza del derecho en Europa o se trata de marcadas excepciones?
La UAM en la ronda española del Jessup 2016
febrero 13, 2016
Ayer terminó la ronda española de la copa Jessup 2016, que tuvo lugar un año más en la sede de Barcelona del Despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Felicidades al equipo de la UC3M, ganador de la ronda. El equipo de la UAM quedó segundo. Estoy orgulloso de mi equipo, integrado por un grupo de estudiantes extraordinarios: Mihaela Cosmina, Patricia Fernández Cuadrado, Miriam Ferradanes, Alejandro Pacios y André del Solar. Ganamos el premio al mejor escrito de contestación de la demanda, el primer (André) y el tercer (Miriam) premio de mejor oralista. El entrenador del equipo fue el estudiante Jokin Beltrán de Lubiano, miembro del equipo Jessup UAM que ganó la ronda española de 2013. Jokin hizo un trabajo excelente, por el cual el equipo Jessup UAM 2016, la Facultad de Derecho y yo mismo estamos profundamente agradecidos. Este año también hemos contado con la ayuda inteligente de Mariella de la Cruz, que participó en el equipo Jessup UAM ganador de la Ronda española 2014.
Todos los miembros del equipo han demostrado capacidad para trabajar individual y conjuntamente de una manera ejemplar, teniendo que soportar una importante carga de trabajo añadida a sus clases regulares durante los últimos meses con el fin de comprender y estar en condiciones de defender teorías jurídicas complejas relativas al espionaje masivo, los ataques cibernéticos, la detención arbitraria y todos los complicados temas de la controversia que enfrenta a Amestonia contra Riesland en el caso concerniente a los documentos Frost. Con esta experiencia inolvidable, estos jóvenes han aprendido derecho como pocos estudiantes, han desempeñado un papel modélico a lo largo de la competición y han actuado de forma espectacular en la final. Ahora son más amigos entre sí y tienen muchos nuevos amigos. No es poco.
Nuestra participación ha sido posible gracias a la generosidad del Área de Derecho Internacional Público y los Departamentos de Derecho Público y Privado de la Facultad de Derecho de la UAM. Una vez más, es un gusto agradecer al Despacho Uría & Menéndez, y especialmente a Natalie Landgrige, por su firme y constante confianza en nuestros estudiantes.
Max Planck Group Leader in Bogotá, Colombia: The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg) and Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia) are looking to hire a Principal Investigator to lead a newly established Max Planck Tandem Group in Transformations of Public Law. Other than research, responsibilities include supervision of two doctoral students at Universidad de Los Andes. There is no mandatory teaching load.
The Group will be located in Bogotá, and the Leader will be expected to reside in that city. The initiative will provide funding for at least one extended research stay per year of the Group at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Additional information may be found on the following link: https://did.uniandes.edu.co/images/Eventos/Seminario_Cijus/pdf/CONVOCATORIA.pdf . The deadline for applications is May 15th, 2016.
Workshop en Sevilla: ´A global force for human rights? Assessing the EU´s comprehensive approach to human rights in crisis management and conflict´
febrero 11, 2016
Por Nicolás Carrillo Santarelli
Me han informado hace poco sobre un interesante Workshop que se celebrará el 11 de marzo en la Universidad de Sevilla. Copio a continuación la descripción del evento según sus organizadores.
On 11 March 2016 the FRAME workshop ´A global force for human rights? Assessing the EU´s comprehensive approach to human rights in crisis management and conflict´ will take place at the Law School of the University of Seville, in Seville (Spain), from 9 am to 7 pm .
The workshop will consist of a keynote speech and two panels. The keynote speech is entitled «A Global Force for Human Rights? Preliminary Findings from the FRAME Project» by Prof. Dr. Jan Wouters. The first panel will deal with the applicable regulatory frameworks regarding human rights violations in conflicts and the protection of vulnerable groups. The second panel will discuss the integration of human rights and international Humanitarian Law (IHL) and democracy/rule of law principles and tools into the Common Security and Defence Policy (CSDP) and missions and evaluating their impact on vulnerable groups
Speakers include Prof. Dr. Gerd Oberleitner, University of Graz/ETC Graz; Prof. Dr. Francesco Seatzu, University of Cagliari; Dr. Mikaela Heikkilä, Åbo Akademi University; Prof. Dr. Elisabeth Salmón, Pontificia Universidad Católica del Perú; Prof. Dr. Cristina Churruca, University of Deusto; Ms. Ines Thevarajah, Human Rights Focal Point at the CPCC (EEAS); and Mr. Gabino Regalado de los Cobos, Colonel, EUTM Mali.
The provisional programme is attached.
When? 11 March 2016, from 9 am to 7 pm
Where? Law School, University of Sevilla, Av. Enramadilla 18-20, Seville (Spain)
If you would like to attend the workshop, please register with Laura Iñigo via linigo@us.es
