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Veo ahora, con un poco de retraso, que en el blog de derecho internacional público y cuestiones latinoamericanas de la Universidad Externado se hace una reseña del libro del nuevo libro de Paola Andrea Acosta Alvarado, Diálogo judicial y constitucionalismo multinivel. El caso interamericano (U Externado 2015), que ya lleva unos meses publicado y yo aún no he anunciado en el blog. Este libro es el fruto de la investigación doctoral de Paola Andrea, que defendió con éxito y pasión hace casi un año en Madrid. En el libro la autora sostiene tesis muy actuales e interesantes para el sistema interamericano y la red judicial de protección de derechos multinivel, incluida la convicción de que esa red judicial configura “un escenario jurídico global con características constitucionales” y que existe un proceso de constitucionalización del derecho internacional. ¡Enhorabuena Paola Andrea!

El profesor Francisco Jiménez García ha publicado su libro “La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción” (2015). En  este documento pueden leer el índice de contenidos, el prólogo y la breve introducción del libro, que promete un análisis de derecho global.

Por Paola Andrea Acosta Alvarado (Universidad del Externado, Colombia).

La semana pasada se celebró en Braga, Portugal la tercera ‘escuela de entrenamiento doctoral’  convocada por la iniciativa COST 1003 “International Law, between constitutionalization and fragmentation, the role of law in the postnational constellation”.

En esta oportunidad, el grupo de trabajo liderado por el Profesor Wouter Werner, VU University, Amsterdam fue acogido por el Centro de Estudios em Direito Europeo de la Universidad de Minho, y contó con la participación de Ciarán Burke, European University Institute y la Prof. Veronika Bilkova, Charles University Prague. Durante varios días 18 estudiantes de doctorado, provenientes de diversos puntos de Europa, expusimos nuestros proyectos en torno a los más variados aspectos y perspectivas del fenómeno de la fragmentación y la teoría de la constitucionalización.

La ‘escuela’, antes que hacer análisis teóricos y arrojar conclusiones en torno a los temas de trabajo, ofrece a los estudiantes de doctorado un escenario para discutir nuestras ideas y recibir la opinión y el consejo tanto de expertos profesores como de colegas dedicados a asuntos similares. Justamente debido a esta metodología quienes participamos pudimos entrever, pese a las variadas perspectivas, algunos aspectos claves comunes a todos los proyectos, cuestiones muy dicientes del estado actual del derecho internacional; vale la pena mencionar sólo dos de ellas.

En primer lugar, pese a la necesidad de articulación y armonización de los diferentes componentes del derecho internacional la tendencia pareciera ser más la del pluralismo ordenado o del pluralismo constitucional antes que la entera constitucionalización. El ejemplo por excelencia en este campo es la intersección entre el derecho de la Unión Europea, el derecho internacional y los ordenamientos nacionales, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos humanos. En segunda instancia, y de la mano con lo anterior, cada día es aún más evidente la necesidad de reformular las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos y, en especial, cada vez es más importante comprender que gran parte de la eficacia del ordenamiento internacional está en manos de los actores locales. Justamente fuimos los participantes latinoamericanos quienes, con ocasión del trabajo de la CorteIDH y de los jueces constitucionales de la región, llamamos la atención sobre este asunto.

Resulta grato confirmar que el tema de investigación escogido tiene sentido y se inserta en debates actuales y productivos, así como descubrir los vacíos argumentativos, metodológicos o teóricos del proyecto que se sigue y, por supuesto, sentirse parte de un proceso colectivo tan interesante. Quienes estén interesados en unirse a la iniciativa COST 1003 pueden seguir las convocatorias en su página web http://www.il-cf.eu/

Se realizó la semana pasada en la ciudad de San Juan, Argentina, el seminario “Protección de los derechos sociales” organizado por el Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos y coordinado por los profesores Victor Bazan (Arg.) Marcelo Figuiredo (Bra) y George Katrougalos (Gre).

El eje del seminario giró en torno a cuatro paneles en los cuales se desarrollaron concepto, desarrollo histórico y avances jurisprudenciales en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) en Latinoamérica. Se partió de la premisa que los DESC son Derechos Humanos sujetos a los principios de universalidad e indivisibilidad y a los principios propios de progresividad y no regresividad y como tales deben interpretarse de manera integral como parte del principio de unidad toda vez que integran el Corpus Iuris básico de Derechos Humanos y se buscó desterrar las ideas de que los DESC son derechos de segunda generación, que necesariamente necesitan de un desarrollo legislativo o que son colectivos en contraposición a los derechos civiles y políticos que son individuales.

En el primer panel “La protección de los derechos sociales en América Latina desde una perspectiva global: constitucionalización, justiciabilidad y otros mecanismos de protección” se destacaron los recientes avances hechos por Cortes latinoamericanas en donde reconocen la obligatoriedad de los DESC e imponen al Estado la obligación de efectivizar los mismos ante el incumplimiento en materia de derecho a la salud, derecho al trabajo y derecho a la educación entre otros.

Resultaron sumamente interesantes los paneles de “Similitudes y diferencias entre el activismo judicial de los tribunales en países de América Latina” en el cual se discutió a partir de experiencias de cada país la importancia y necesidad de un “activismo judicial” en favor de los DESC, temática no exenta de problemas sobre todo al momento de precisar los límites de dicho activismo, es decir hasta qué punto las sentencias judiciales pueden imponer obligaciones al Estado, decantándose los presentes por un juez activo pero siempre prudente. A su vez en el panel “Diálogo entre el derecho internacional público y el derecho comparado con los tribunales nacionales en América Latina” se expuso la importancia del diálogo entre las Cortes y entre éstas y la Corte Interamericana pensando ésta última relación en términos de coordinación más que en términos de jerarquía en pos de la protección de los Derechos Humanos y en definitiva de la persona humana. También se destacó el importante papel de la “fertilización cruzada”, metáfora que representa el intercambio de argumentación entre los distintos Tribunales Supremos de la región que permite avanzar hacia una construcción jurisprudencial cada vez más sólida en la efectivización de los DESC.

En el cuarto panel “Cuestiones de procedimiento relativas a los procesos constitucionales” se abordó entre otras cuestiones la importancia del principio de control de convencionalidad que deben llevar adelante los jueces, incluso los jueces locales (ver evolución en los casos de la Corte IDH “Almonacid Arellano y otros vs Chile”, 26 de septiembre de 2006, “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, Sentencia de 24 de noviembre de 2006 y “Gelman v. Uruguay“, sentencia sobre el fondo y reparaciones, 24 de febrero de 2011 entre otros) aunque se destacó la dificultad de seguir lo dispuesto por la Corte IDH en el Caso Gelman al indicar que este control de convencionalidad no sólo le corresponde a los jueces sino a toda autoridad pública.

En general se percibió la idea de estar en un momento de crecimiento en la efectivización de los DESC y se habló de cambio de paradigma impulsado por la Corte IDH y llevado adelante por varias Cortes Latinoamericanas. Si bien todos los ponentes fueron conscientes de que la realidad no está exenta de problemas (problemas de financiamiento, limitaciones a la actividad judicial – basadas en la división de poderes- o intentos de retroceso – ver proyecto de reforma Constitución de Colombia aprobado que permite pedirles a las altas corporaciones judiciales que modulen, modifiquen o difieran los efectos económicos de sus sentencias para evitar alteraciones serias de la “sostenibilidad fiscal”) se rescató la importancia de los avances realizados.

En definitiva resultó motivante ver profesores de derecho constitucional y profesores de derecho internacional (entre los cuales habían magistrados) en una misma posición abogando por la necesidad de que los jueces locales apliquen la normativa internacional y destacando que esta concepción tiene que estar presente en todas las etapas de enseñanza del derecho.

El primer número está disponible completo aquí. En el primer editorial, Global constitutionalism: Human rights, democracy and the rule of law, los editores (Wiener, Lang Jr., Tully, Maduro and Kum) explican las razones para crear esta nueva revista y avanzan una conceptualización del constitucionalismo global. En su conclusión, los editores afirman que el constitucionalismo global se ocupa de las consecuencias de la globalización como un proceso que perfora las fronteras de la nación/estado, socavando de esta manera las raíces tradicionales de la legitimidad y exigiendo nuevas formas de controles y equilibrios. El desafío para los académicos en este campo interdisciplinar, según los editores, es desarrollar aproximaciones que mantengan la distinción entre lo descriptivo y lo normativo, es decir, entre la descripción de los cambios en las relaciones globalizadas a las constitucionalizadas y las propuestas para mejorar o crear las condiciones de una constitucionalización global.

Muy interesante.

El profesor de Derecho constitucional de la UNED Ignacio Gutiérrez me manda información sobre la jornada Constitución y Globalización que tendrá lugar el próximo 22 de junio en la Facultad de Derecho de la UNED en Madrid. Es un programa muy atractivo, en el que los juristas de Derecho Internacional reconocerán sin duda el nombre del Profesor y Magistrado del Tribunal Constitucional Federal Alemán Andreas Paulus, que hablará de “El derecho constitucional en la globalización”. Se pueden mandar propuestas de comunicaciones sobre Constitución y Globalización hasta el 15 de marzo de 2012. Toda la información se encuentra aquí.

La Constitución en 2020

septiembre 9, 2011

Desde hace unas semanas está publicada La Constitución en 2020. Les hablé  con entusiasmo de este proyecto hace un tiempo (aquí), donde tengo una breve contribución. La portada es elegante, como pueden ver, y la edición de la editorial Siglo XXI está muy cuidada. Hay que agradecer, una vez más, a Roberto Gargarella la compilación exquisita de los textos, su poder de convocatoria para congregar a tantos autores y, sobre todo, su afán de impulsar proyectos igualitarios.

El texto de la contraportada dice así:

¿Si usted tuviera la posibilidad de sugerir, para los próximos años, la modificación de algún aspecto particular de la Constitución qué cambio sugeriría, y por qué razones?” En una experiencia inédita en la Argentina, el Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires convocó a una diversidad de especialistas a responder a esta pregunta, sometiendo a una mirada crítica a nuestra Ley Fundamental. Así nació este libro, que reúne casi cincuenta propuestas para repensar los derechos y la organización del poder que comparten dos rasgos centrales: una mirada inconformista frente al orden y la práctica constitucionales vigentes y la aspiración de un constitucionalismo más igualitario.

Inspirado en las preocupaciones y en la metodología del proyecto The Constitution in 2020, iniciado por los profesores Jack Balkin y Reva Siegel en la Universidad de Yale, pero sensible a las peculiaridades de nuestro contexto y trayectoria constitucional, La Constitución en 2020 es un ejercicio de aproximación que conjetura, a partir de novedosos y variados puntos de vista de autores excelentemente formados en el derecho público, qué debería decir la Constitución del futuro acerca de cuestiones como el principio de igualdad, el derecho de propiedad privada, los derechos previsionales y la seguridad social, los derechos ambientales, la libertad de expresión, la familia, la democracia, la representación y la participación política, el presidencialismo, la organización del Poder Judicial, el derecho de los pueblos originarios, los derechos humanos y la política criminal, entre muchos otros temas.

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