Por Nicolás Carrillo Santarelli

El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una interesantísima audiencia sobre los deberes y responsabilidades de los Estados y las empresas frente a posibles abusos corporativos, que puede verse online en la siguiente dirección. Aunque las ONGs y el Estado hablaron exclusivamente del caso canadiense, centrándose en las operaciones mineras de empresas registradas en Canadá operando en América Latina, la discusión es útil frente a cualquier otro Estado y contexto.

Como dijo uno de los comisionados durante la audiencia, la posición de las partes en este tema es bastante alejada en términos jurídicos, lo que refleja el estado de la cuestión en términos globales: los activistas de derechos humanos suelen exigir mayores deberes y responsabilidades en términos jurídico vinculantes, mientras que los Estados de sede de poderosas empresas transnacionales suelen argumentar que principios y programas voluntarios y no vinculantes de responsabilidad social corporativa son suficientes y que ellos no tienen deberes extraterritoriales como Estado frente a actividades corporativas en el extranjero (aunque yo creo que si se crea un riesgo de una violación no estatal en el exterior, o quizás si se tiene conocimiento concreto sobre una violación potencial o cometida y hay silencio o presión para que no se investigue por agentes diplomáticos u otros, posibilidad descrita por los peticionarios, podría haber responsabilidad, entre otras posibilidades). Quienes hayan leído mis posts o artículos sabrán que apoyo completamente la primera postura y rechazo la segunda porque, como se dijo por la comisionada que participó, es excesivamente tecnicista y formalista e ignora el drama de quienes sufren abusos corporativos y no encuentran herramientas… siendo sus argumentos lo que los colombianos llamaríamos argumentos “leguleyos”.

Entre las cosas que mencionaron las ONGs que participaron en la audiencia resalto las ideas de que la responsabilidad social corporativa es insuficiente, por su carácter voluntario y no vinculante, permitiendo a las empresas incluso retirarse sin más de “procedimientos” de análisis de cuestiones, y porque suelen dejar a las víctimas en un estado de indefensión adicional, al no contar ellas con acceso a escenarios jurídicos que les permitan reclamar reparaciones. Además, se mencionó la ausencia de medidas en contra de las empresas, quienes reciben beneficios y apoyo financiero pero no enfrentan ninguna consecuencia adversa frente a alegaciones de posibles abusos imputables a ellas por parte del Estado. Otras cuestiones interesantes que plantearon fue la acusación de que las embajadas canadienses pueden haber intentado evitar un escrutinio de la actividad empresarial, que la promoción y recursos para fomentar la responsabilidad social corporativa son en muchas ocasiones inútiles e implican no dar fondos a mecanismos y actores más involucrados con la defensa efectiva de los derechos humanos en casos de violaciones (además de decir que las empresas y el Estado pueden beneficiarse del lucro en el exterior pero ignorar el sufrimiento que generan las mismas empresas involucradas), y la responsabilidad extraterritorial que podría tener el Estado, por ejemplo según criterios como los expuestos en los principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Area de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pueden descargarse aquí.

La delegación de Canadá rechazó aquellos principios en cuanto a su vinculatoriedad o relevancia por haber sido redactados por académicos, y repitió hasta la saciedad que apoyan y promueven principios y programas de responsabilidad social corporativa, incluso habiendo exhortado a su promoción en tratados de libre comercio e inversión extranjera, pero evidentemente las estrategias vinculantes no obligan a nada y aunque pueden tener un impacto simbólico y llevar a cierta socialización y aculturación deben complementarse con estrategias obligatorias que permitan reclamar y dotar a las víctimas de acceso a medios para solicitar de forma obligatoria la reparación de los daños sufridos. La delegación estatal también recalcó la idea de que el Estado de sede o aquel en el que se realicen las operaciones es el encargado de investigar y son sus mecanismos o recursos internos los que deben agotarse, lo que es cierto pero insuficiente en muchos casos, pues el Estado puede obrar con la diligencia debida y a pesar de ello empresas poderosas o “recursivas” pueden eludir sus responsabilidades (quizás con argumentos sobre la separación de la personalidad jurídica en grupos empresariales, entre otras opciones). Frente a esto, es interesante que los peticionarios también dijeron que hay actos y omisiones de agentes estatales e incluso empresariales (como la junta de directores o accionistas, por ejemplo) que pueden dotar de jurisdicción clásica a Canadá.

Sobra decir que es curioso que los argumentos no vinculantes suelen ser esgrimidos por Estados en los que están registradas empresas transnacionales poderosas e influyentes, y que aquellos Estados hayan votado en contra de la adopción de un tratado sobre empresas y derechos humanos. ¿Hasta cuándo los intereses económicos erigirán barreras artificiosas que muchos juristas apoyan -ignorando que las teorías no son inmutables, pueden cambiar y en ocasiones son incluso ficticias, como revelan estudios de Andrew Clapham o Rossalyn Higgins- y van en contra de la protección de las víctimas, dándose primacía al lucro e ignorando a los pobres afectados en lugares llamados de forma despectiva de mil maneras: “el tercer mundo”, etc.?

En últimas, el debate mostró que las estrategias e iniciativas voluntarias son insuficientes y que la negación de deberes extraterritoriales es artificiosa. Los casos mencionados por los peticionarios evidenciaron todo lo anterior y la indefensibilidad de muchas víctimas, lo que obliga a preguntarnos: ¿ofrece medios adecuados el derecho internacional al respecto? Hay teorías que, de apoyarse (negando subjetividad de ciertos entes e ignorando que es sujeto todo destinatario; o negando la relevancia de los derechos humanos frente a abusos no estatales), dificultan más y obstaculizan la protección de toda víctima, cuya dignidad es incondicional y por eso su protección no depende de la identidad del agresor. Creo que el derecho internacional sustantivo actual prohibe determinadas conductas empresariales y autoriza a Estados y otros a promover la defensa de los individuos frente a las empresas que violen sus derechos y a ofrecer protección (aunque hay retrocesos, como en el ATS estadounidense), pero que aún hay mucho camino por recorrer y ofrecer mayor protección: por eso apoyo la idea de normas vinculantes (a sabiendas de que algunos se oponen a tratados sobre empresas y derechos humanos o son escépticos frente a ellos, como el mismo John Ruggie).

Por Nicolás Carrillo Santarelli

A continuación transmito un call for abstracts sobre una cuestión muy interesante y relevante: la regulación de la conducta corporativa en términos de derechos humanos, en esta ocasión desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea. Suerte a los interesados:

Human Rights & International Legal Discourse focuses on the interplay between human rights law and other specific domains of international law (see www.hrild.org). The 2015 Fall issue will focus on recent and ongoing developments concerning the regulation of corporate human rights responsibility at the EU level.

Articles’ length will be between 5.000 to 8.000 words.  The deadline for submission of abstracts is 1 November 2014. By 1 December 2014, a limited number of abstracts will be selected for the submission of full papers. A further round of double blind peer review will follow after submission of the final paper, which is due on 1 May 2015. Publication of the special issue is planned for October 2015.

Authors are kindly invited to send their paper proposals by 1 November 2014 to the editors of this special issue: Ass. Prof. Dr. Karin Buhman (Roskilde University and Copenhagen Business School; buhmann@ruc.dk), Prof. Dr. Carmen Márquez Carrasco (Universidad de Sevilla; cmarque@us.es) and Dr. Luis Rodríguez-Piñero (Universidad de Sevilla; lrp@us.es).

The call for papers is available at http://www.intersentia.be/docs/HRILD%20call%20for%20abstracts.pdf

Por Nicolás Carrillo Santarelli
El Consejo de Seguridad adoptó recientemente la Resolución 2177 (2014), que puede leerse en este vínculo, llamando a la adopción de medidas que permitan enfrentar la crisis del Ebola en el occidente africano. Son muchas las cosas que pueden destacarse de la resolución (como la ausencia de exigencia de que se adopten determinadas medidas de forma obligatoria para los Estados miembros de la ONU, teniendo un carácter exclusivamente recomendatorio y de felicitación a diversos esfuerzos).
En primer lugar, debe destacarse que en la resolución se menciona de forma expresa que el contagio y la crisis generada constituyen una amenaza para la paz y seguridad internacionales, en tanto el orden público y los esfuerzos de desarrollo pueden verse seriamente afectados, neutralizados y revertidos debido al pánico en la población afectada y a las medidas que adoptan entes públicos y privados consistentes en restricciones de vuelos e intercambios con las zonas afectadas. El Consejo menciona, por ejemplo, cómo el derecho a la alimentación de la población puede afectarse, y destaca la importancia de que lleguen medicamentos y personal médico y de atención a la zona. Igualmente, es interesante que las recomendaciones y llamados se dirijan a todo tipo de actores: Estados, organizaciones internacionales (como la propia ONU y entes vinculados a la misma, la OMS, la Unión Africana o la Unión Europea, entre otras), ONGs y entes del sector privado. Este reconocimiento debe aplaudirse, en tanto sólo una respuesta coordinada que involucre a distintos actores tendrá posibilidades de éxito y de garantizar el derecho a la salud de los individuos afectados y que puedan contagiarse. Esto, a su vez, implica un reconocimiento de que los actores no estatales son centrales e innegables actores necesarios en la vida internacional actual, y en consecuencia de que los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento internacional actual necesariamente llaman a estrategias de múltiples niveles que reconozcan la relevancia y subjetividad en determinados aspectos de entes no estatales.
Por otra parte, en la resolución se destaca la importancia de implementar medidas que prevengan futuras crisis similares; de que se realice una financiación flexible; se analiza cómo el mantenimiento de la paz y el desarrollo pueden verse afectados y cómo la crisis afecta múltiples dimensiones y aspectos, siendo indispensable la provisión de asistencia mínima que se incremente, formándose personal y educándose a la sociedad, que ha de poder participar; se llama a facilitar que se lleven a cabo acciones humanitarias y se aplaude a los organismos que las llevan a cabo (como Médicos sin fronteras y el CICR, mencionados expresamente por el Consejo).

Por Nicolás Carrillo Santarelli

En este brevísimo comentario deseo manifestar mi postura sobre la discusión relativa a la compatibilidad con el derecho internacional de propuestas en algunos Estados de retirar pasaportes a sus nacionales que se involucren en el Estado Islámico de Irak y el Levante. A mi juicio, el derecho humano que directamente tiene relevancia al respecto (limitándome a propuestas relativas al retiro de pasaportes, no a las discusiones que versan sobre nacionalidad) es la libertad de circulación o derecho de tránsito, contemplado entre otros en los artículos 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Lo interesante es que en casi todos aquellos instrumentos se menciona de forma expresa el derecho a salir libremente del Estado en el que se esté (por ejemplo, el Pacto Internacional menciona que “Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”, mientras el Convenio Europeo estipula que “Everyone shall be free to leave any country, including his own”). Apoyado en esta consideración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha esgrimido que:

“La doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al derecho de tránsito es muy clara al señalar que “el derecho de toda persona de vivir en su propia patria, de salir de ella y de regresar cuando lo estime conveniente es un derecho elemental que se encuentra reconocido por todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos”.  Lo anterior se confirma citando el artículo 13 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Dicho esto, podría considerarse acertadamente que el retiro de pasaportes puede afectar el derecho a salir del propio Estado (u otros). No obstante, la libertad en cuestión es restringible de conformidad con las condiciones sobre restricción de derechos, exigiéndose la autorización y regulación de la restricción por ley (como confirman la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus opiniones consultivas, y como indican las normas citadas arriba), además de la exigencia de que la restricción sea proporcional y persigue uno de los fines admisibles. Las normas convencionales citadas arriba mencionan como fines los siguientes: la prevención de infracciones penales o la protección de la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros.

A mi parecer, impedir que individuos puedan participar en las acciones delictivas del Estado Islámico, que viola derechos humanos y el DIH (recuérdese que los actores no estatales pueden atentar contra su contenido, como ha discutido la doctrina y se contempla en la jurisprudencia internacional) encuadra en algunos de los fines taxativamente autorizados para la restricción, y la medida en ese caso no me parece desproporcionada (afortunadamente, no se discuten abiertamente otras medidas que podrían ser más severas y contrarias al derecho internacional). Naturalmente, para que se cumpla con el principio del rule of law y se respeten los derechos fundamentales de los afectados no pueden bastar meros rumores, sino que debe haber evidencias sobre la participación actual o intención de participar en apoyo de los grupos en cuestión.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Se debate en los medios oficiales y de prensa si Estados Unidos informó al gobierno sirio (entendiéndose quizás que para obtener un consentimiento implícito) sobre los ataques que realizaría en su territorio contra el Estado Islámico de Irak y el Levante y el grupo Khorasan, escindido de Al-Qaida: mientras que Siria afirma que fue informada, lo que siente quizás que implica su reconocimiento como gobierno del Estado y le da un aire (falso) de legitimidad (en realidad sería un reconocimiento de su efectividad), Estados Unidos niega aquella postura. Evidentemente, esto puede deberse o bien a que nunca informó o a que, habiéndolo hecho, no desea ser visto como aceptando al régimen de Assad frente a la comunidad internacional y frente a insurgentes sirios que apoya, lo que podría afectar su imagen y relaciones con sus grupos.

En el supuesto de que no haya solicitado consentimiento de Siria, como bien se discute en Foreign Policy, la ausencia de reacciones adversas podría ser entendida como una aceptación en la práctica internacional de los ataques en legítima defensa contra actores no estatales ubicados en el territorio de un Estado incapaz o sin voluntad de hacer frente a aquellos actores, cuya posible legalidad ha sido discutida por distintos autores (Rusia, como se dice en la misma publicación, podría simplemente desear que un grupo adverso a un aliado suyo sea afectado, y quizás esgrimiría un argumento contra aquella supuesta justificación en caso de que le conviniese hacerlo en relación con el régimen que apoya).

En todo evento, es imposible no advertir que la justificación estadounidense se basa en la inminencia de planes en contra de intereses estadounidenses y occidentales (“imminent attack plotting against U.S. and Western interests”), debido a que ello no alcanza el umbral de ataque inminente sino que parecería asemejarse a una idea de legítima defensa preventiva rechazada por juristas y la sociedad internacional. Quizás sea este un caso en el que las palabras fueron pobremente elegidas, o tal vez fueron usadas para ocultar información sensible. O tal vez los Estados prefieren callar por considerar que el derecho internacional no es conveniente en este caso… lo que podría llevar a cambios en la costumbre internacional sobre la materia.

Actualización: curiosamente, aunque la falta de una crítica o condena directa y abierta a la postura estadounidense se ha mantenido, algunos Estados han dudado de su propia capacidad para operar lícitamente en Siria, entendiendo que en el caso iraquí hay una solicitud estatal para actuar, que estaría aparentemente ausente en el caso sirio, como se discute por Ryan Goodman aquí. Holanda ha considerado que no sería lícito actuar en Siria, y en el Reino Unido Ed Miliband ha manifestado que se requeriría una autorización del Consejo de Seguridad para hacerlo. Por su parte, Australia ha expresado tener dudas sobre la licitud o no de una intervención, mientras que Francia pasó de un rechazo ante la ausencia de una petición siria a considerar que no hay ningún “obstáculo jurídico” para atacar en Siria, en palabras de su ministro de relaciones exteriores. Estas dudas frente al argumento estadounidense de la licitud de ataques en los territorios estatales donde las autoridades sean no deseen o sean incapaces de frenar los abusos no estatales, en todo caso, no son cuestionadas de forma mayoritaria ni incluso expresa salvo en un caso aislado (¿quizás por dudar sobre la evolución de la costumbre, o por considerar que hay ilicitud pero es conveniente ignorarlo; o acaso por la ausencia de un ataque en curso o inminente frente al que se ejercería legítima defensa?).

Finalmente, es interesante añadir que, de aceptarse la noción de legítima defensa contra entes no estatales, cabría examinar si los actos de los entes contra los que se actúa han cometido actos que alcancen un nivel equivalente al de usos mayores de la fuerza, lo que sería un requisito adicional al de la falta de capacidad o voluntad del Estado que tiene soberanía sobre un territorio y a las condiciones de proporcionalidad, temporalidad y notificación. Quizás algunos entienden que un ataque de aquellas características se ha producido, caso en el que no se invocaría una impropia legítima defensa “preventiva” sino una permitida por el derecho internacional (de aceptarse la tesis relativa a los actores no estatales, que a mi parecer existe y es admisible, ante la necesidad de proteger víctimas que sufrirían de forma absoluta de otro modo -como han dicho jueces de la Corte Internacional de Justicia en sus votos particulares-, aunque siempre con estricta e inexcusable sujeción a la legalidad y el respeto de la dignidad humana y derechos fundamentales).

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Hace poco leí un libro de ficción muy interesante sobre de vehículos armados no tripulados en operaciones letales, titulado Sting of the Drone y escrito por Richard A. Clarke, quien estuvo involucrado en el análisis de su uso en los Estados Unidos de América.

Aparte de que la trama es interesante (aunque tarda un poco en comenzar con fuerza, por los motivos que se indican a continuación), el libro examina (presumo que con apoyo en la experiencia del autor) cómo se discuten las operaciones armadas en las que se usarán los drones, las peculiaridades de su uso por agentes -examinando el debate de si hay una mentalidad de videojuego o no en su uso-, y, curiosamente, cómo los drones podrían estimular acciones similares en contra de estadounidenses. El libro permite que cada lector extraiga sus propias consecuencias, pues se redacta plasmando diversos puntos de vista, y muestra cómo mueren o son afectados inocentes en Estados Unidos y otros lugares.

Adicionalmente, se examinan cuestiones como la poca o discutible fiabilidad de las fuentes de inteligencia de las operaciones que se realizan, las mentiras que pueden usar los Estados para ocultar sus errores operativos o desmanes, y cómo pueden intentar comprar o silenciar a quienes se percatan de ellos; el rol o papel de los medios de comunicación (su posible manipulación por distintos actores o su revelación de datos desconocidos), y las tácticas tramposas y criminales de grupos terroristas.

Recomiendo la lectura del libro sin duda alguna, especialmente porque la literatura sobre cuestiones con un componente jurídico es un interesante complemento a los libros jurídicos, que en ocasiones son (demasiado) abstractos y/o teóricos y por ello no plasman de manera completa, fiel y artística (transmitiendo sensaciones y sentimientos, como diría Leo Tolstoy, cuyo cumpleaños se celebró el pasado 9 de septiembre) todas las dimensiones del drama, el sufrimiento y los problemas que experimentan, padecen y enfrentan los seres humanos en cuestiones en las que la tecnología y el derecho internacional influyen tienen mucho que decir: a la larga, se muestra (o pienso que se desea mostrar) cómo los ‘drones’ son herramientas avanzadas que permiten realizar operaciones impensables antes, quizás minimizando el impacto negativo en los seres humanos (ej. para obtener información de forma legítima si se respetan garantías judiciales, entre otras), pero en todo caso presentando por ello y sus usos potenciales una tentación (estando la humanidad perpetuamente retada por las tentaciones, en forma de manzana o no) que puede llevar a abusos que se intentan ocultar por sentimientos de cuerpo o nacionalistas, que llevan en muchas ocasiones a justificaciones de lo injustificable. Una buena lectura, en resumen, para ser leída críticamente (en términos artísticos no es ‘Guerra y paz’ u otra obra maestra, pero no está mal). El review que escribí en inglés del libro se encuentra aquí.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

El pasado 15 de agosto, el Consejo de Seguridad adoptó en su reunión 7242 la Resolución 2170 (2014), que responde a las amenazas a la paz y seguridad internacionales (y a los derechos humanos y a otros ámbitos que protegen intereses comunitarios de la sociedad internacional) del Estado Islámico de Irak y el Levante, cuyas infames atrocidades son tristemente conocidas.

Resulta de interés observar que, además de los llamados y exhortaciones cuyos destinatarios son los Estados a los que se dirige, la resolución confirma y es conforme con la opinión de la Corte Internacional de Justicia, expresada en los párrafos 115 a 118 de su opinión consultiva sobre la compatibilidad de la declaración de independencia de Kosovo con el derecho internacional de julio de 2010, en la que al examinar los posibles destinatarios de las resoluciones del Consejo de Seguridad estimó que entes no estatales pueden ser destinatarios de aquellas y, en consecuencia, que se les pueden imponer cargas y exigencias, lo que a mi parecer implica que se les pueden imponer obligaciones jurídicas internacionales (siempre y cuando se respete el principio de legalidad, que a mi juicio es uno de los presupuestos de la imposición de deberes internacionales a actores no estatales), como también expresó Kristen Boom en un post en el famoso Blog Opinio Juris (mencionando el carácter controvertido, para algunos, de la creación de deberes cuando el destinatario no participa en el proceso de su creación, algo que no comparto debido a que en ocasiones no es exigible, cuando lo permitan las fuentes del derecho internacional y se respeten la legalidad, el jus cogens y derechos fundamentales, teniendo en cuenta la exigencia de responder a lo que evidentemente son abusos y violaciones graves). La resolución 2170, entre otras, condena violaciones y comportamientos atribuibles a actores no estatales, pone de manifiesto el que se pueden haber cometido crímenes internacionales, incluye a individuos en un listado de sanciones y exige:

[Q]ue el EIIL, el FAN y demás personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida pongan fin a todos los actos de violencia y terrorismo, y depongan las armas y se disuelvan con efecto inmediato”.

Además de lo atinente a la posibilidad de imponer obligaciones a actores no estatales por medio de resoluciones del Consejo de Seguridad, siendo un punto mucho más controvertido, la resolución 2170 (2014) dice en su apartado 17 que los requisitos del párrafo 1(a) de su resolución 2161 (2014) se aplican al pago de rescates, efectuados de cualquier forma, a favor de entidades en la lista de sanciones de Al-Qaida, a la que añade individuos vinculados con el Estado Islámico de Irak y el Levante y con el Frente Al-Nusra en la resolución 2170 (2014). El párrafo 1(a) al que se remite menciona que los Estados deben asegurarse de que:

“[S]us nacionales u otras personas que se hallen en su territorio no pongan [...] fondos, activos financieros o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición de” Al-Qaida y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ella, considerándose en la resolución 2170 (2014) que los dos entes mencionados en el párrafo anterior están asociados con (y siendo el EIIL además escindido de) Al-Qaida (ver los párrafos 7, 18 y el anexo de la resolución, siendo interesante constatar que el EIIL y Al-Qaida se han opuesto el uno al otro y que el EIIL se separó de Al-Qaida desde febrero de 2014, tras rechazar exigencias de al-Zawahiri, lo que podría indicar cierta imprecisión o desactualización del lenguaje de la resolución, quizás con el propósito de que sus medidas encajen de manera algo forzosa en la “Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida”. Actualización: Sobre cómo el Consejo de Seguridad trata a entidades incluso escindidas de Al-Qaida como asociadas a este grupo, ver este post crítico, que comparte mi idea de que ello se hace para aplicarles el régimen de sanciones previsto para él).

Aquella exigencia busca impedir que las entidades en cuestión obtengan puede ser criticada por quienes piensan que el pago de rescates puede permitir seguir operando y desplegando actividades, terroristas y contrarias a los derechos humanos, entre otras, a la entidades que se benefician de ellos, y estimular sus secuestros; pero por otra parte se puede considerar que aquellos rescates son quizás el único medio existente en ocasiones para asegurar un rescate. Este es un tema polémico, que ha sido discutido en otros escenarios (como el colombiano), en el que las dos posiciones pueden tener argumentos relevantes, pero es necesario tener presente el drama de todas las víctimas de estos grupos, a quienes por ello pueden y deben imponérseles exigencias y por lo que se puede y debe actuar para frenar sus abusos.

Actualización: en este post discutió recientemente por qué no tendrían responsabilidad penal interna según el derecho estadounidense quienes paguen rescates para intentar salvar a sus parientes o terceras personas como allegados.

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