aquiescencia

Por Ricardo Arredondo

En el marco de las acciones iniciadas por India contra Pakistán por violación del Art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC), el pasado 18 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó que Pakistán se abstenga de ejecutar a un nacional indio hasta que la Corte haya adoptado una decisión final en el caso. Como lo explicara en mi anterior post, el caso conocido como “Jadhav” (India c. Pakistán) se centra en presuntas violaciones de los derechos consulares anteriores a la sentencia de muerte de Kulbhushan Sudhir Jadhav, acusado de espía por Pakistán. India presentó el caso ante la CIJ argumentando que no tuvo conocimiento de los cargos alegados contra Jadhav, ni de los procedimientos judiciales iniciados en su contra.
La competencia del Tribunal

La Corte comenzó considerando si tiene jurisdicción prima facie para entender en el caso. Al respecto, recordó que la India fundamentó su competencia en el artículo I del Protocolo Facultativo de la Convención de Viena, que dispone que la Corte es competente para entender en “los disputas que surjan de la interpretación o aplicación de la Convención”. La CIJ observó que las Partes tienen diferentes interpretaciones respecto a la cuestión de la asistencia consular de la India al Sr. Jadhav en el marco de la CVRC y que los hechos alegados por India, es decir, el alegado incumplimiento de Pakistán de realizar las notificaciones consulares necesarias en relación con el arresto y la detención del Sr. Jadhav, así como la supuesta falta de comunicación y acceso a él, parecen recaer dentro del ámbito de aplicación de la Convención. A juicio de la Corte, esto basta para demostrar que tiene jurisdicción prima facie con arreglo al artículo I del Protocolo Facultativo. Por otra parte, la CIJ manifiesta que la existencia de un acuerdo bilateral entre las Partes sobre las relaciones consulares de 2008 no modifica su conclusión sobre la jurisdicción.
Las medidas provisionales
A continuación, la Corte analiza si los derechos alegados por la India son al menos plausibles. Observa que los derechos a la notificación y al acceso consulares entre un Estado y sus nacionales, así como las obligaciones del Estado de detención de informar sin demora a la persona interesada de sus derechos en materia de asistencia consular y de permitir su ejercicio, se encuentran contemplados en el Art. 36.1 CVRC y que la India ha alegado violaciones a esta disposición. En consecuencia, en opinión de la CIJ, parece ser que los derechos alegados por la India son plausibles. La Corte se centra entonces en la cuestión del vínculo entre los derechos reclamados y las medidas provisionales solicitadas. Considera que las medidas solicitadas tienen por objeto garantizar que se preserven los derechos contenidos en el párrafo 1 del artículo 36 de la CVRC. Por lo tanto, existe un vínculo entre los derechos reclamados por la India y las medidas provisionales que se solicitan.
A continuación, la CIJ examina la urgencia de la cuestión y si existe un riesgo de perjuicio irreparable. Considera que el mero hecho de que el Sr. Jadhav esté condenado a muerte y pudiera, por lo tanto, ser ejecutado es suficiente para demostrar la existencia de un riesgo de perjuicio irreparable a los derechos reclamados por la India. Si bien Pakistán ha expresado que la ejecución del Sr. Jadhav probablemente no tendrá lugar antes de agosto de 2017, la Corte estima que ello significa que existe el riesgo de que la ejecución pueda tener lugar en cualquier momento posterior, antes de que la Corte haya dado su decisión final en el caso. El Tribunal también observa que Pakistán no ha dado ninguna garantía de que el Sr. Jadhav no será ejecutado antes de que la Corte haya dictado su decisión final. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que existe urgencia en el presente caso.
Consecuentemente, la CIJ ordenó las siguientes medidas: a) Pakistán tomará todas las medidas a su disposición para garantizar que el Sr. Jadhav no sea ejecutado hasta la decisión final de la Corte en el presente procedimiento e informará al Tribunal de todas las medidas adoptadas en aplicación de esta orden; b) hasta que haya dictado la decisión definitiva, la CIJ continuará ocupándose de todas las materias que forman el objeto de esta orden.
El uso de la pena de muerte por parte de Pakistán, tanto en los tribunales civiles como en los tribunales militares, ha sido objeto de críticas generalizadas. Cuando se dejó sin efecto la suspensión de la pena de muerte en el país, en diciembre de 2014, el Primer Ministro Nawaz Sharif expresó que la pena de muerte sólo se aplicaría a los casos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, en marzo del año pasado, el Ministerio del Interior de Pakistán levantó la moratoria del país sobre la pena de muerte, permitiendo el ahorcamiento de presos que habían agotado todos los recursos posibles.

Por Leopoldo M. A. Godio (UBA/UCA).

El pasado 1º de mayo de 2017 medios de prensa informaron el arribo y permanencia, en el puerto de Montevideo, del buque Ernest Shackleton (que lleva la inscripción Stanley-Falkland Islands), perteneciente a la British Antarctic Survey, una empresa radicada en el Reino Unido. La noticia no contendría interés alguno de no ser porque esta embarcación utilizó, según los periodistas, una “bandera de las Islas Malvinas” oportunamente modificada por la “bandera roja de la marina mercante británica” con el objeto de obtener, por parte de las autoridades portuarias, la autorización de ingreso.

Se ha descrito este hecho como una “situación confusa”, cuando el derecho regional e internacional es claro en la materia. Por un lado, el hecho está regulado por la resolución adoptada por el Mercosur en diciembre de 2011 sobre el intercambio de información sobre buques que arriban a puertos de Estados miembros y la denegación del ingreso de aquellos que enarbolen banderas no reconocidas oficialmente. El comportamiento del capitán del buque, al decidir utilizar la bandera de la marina mercante británica, evidenció la plena observancia de la resolución mercosureña que, en otras palabras, significa el reconocimiento de que la “bandera de las Islas Malvinas” no se encuentra reconocida.

Asimismo es necesario señalar la postura adoptada por los Estados Parte del Mercosur, respecto de no permitir el ingreso de buques con la pretendida “bandera de las Islas Malvinas”, también deviene en el respeto del orden jurídico internacional, que no las reconoce como un territorio independiente ni tampoco a su bandera como oficial. Exigir lo contrario, implicaría pretender mantener un statu quo que genera una especie de derecho adquirido por vía de hecho que vulnera los derechos argentinos, tal como ha sido la persistente actitud británica de imponer su posición basada en una política del hecho consumado.

Al respecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 resulta de clara aplicación y brinda la solución en este caso en particular al regular, en el artículo 92 y 94, la relación entre el Estado de pabellón y sus buques. La Convención de 1982 dispone, precisamente, en el artículo 92 que un buque no podrá cambiar de pabellón durante el desarrollo de un viaje ni en ocasión de realizar una escala, salvo en caso de transferencia efectiva de la propiedad o de cambio de registro, situación que no genera inconvenientes respecto del Ernest Shackleton, que es y siempre fue de pabellón británico.

La norma anterior completa con las resoluciones pertinentes de la Organización Marítima Internacional destinadas a regular el derecho de enarbolar el pabellón y sus condiciones, siempre que no contraríen la Convención de 1982 señalada.

En definitiva, cualquier duda que pretenda generarse sobre este asunto no puede superar una obviedad fáctica y jurídica de evidente resolución: las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos circundantes, no constituyen un Estado, sino una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido que sólo puede ser solucionada pacíficamente, tal como lo dispuso la Asamblea General de la ONU en la Resolución 2065 de 1965.

Por Ricardo Arredondo

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En un caso que recuerda los precedentes de los asuntos “Convención de Viena sobre Relaciones consulares (Paraguay c. Estados Unidos)” (1998), “LaGrand (Alemania c. Estados Unidos)” (2001) y “Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos)” (2004), la India inició, el 8 de mayo de 2017, un procedimiento contra Pakistán ante Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), acusándolo de violaciones flagrantes de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” (en adelante, CVRC) en un asunto referido a la detención y el juicio de un nacional indio, el Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, quien ha sido condenado a muerte por un tribunal militar en Pakistán.

Antecedentes

El demandante sostiene que no se le comunicó la detención del Sr. Jadhav hasta mucho después de ocurrido el hecho y que Pakistán no informó al acusado de sus derechos. Asimismo, la India alega que, en violación de la CVRC, las autoridades del Pakistán no le han permitido ejercer su derecho de acceso consular al Sr. Jadhav, a pesar de sus reiteradas solicitudes, y que se enteró de la sentencia de muerte contra el Sr. Jadhav a través de un comunicado de prensa.
La India sostiene que estar en posesión de información acerca de que el Sr. Jadhav fue secuestrado de Irán, donde llevaba a cabo sus actividades después de retirarse de la Armada de la India, y que posteriormente fue detenido en Baluchistán el 3 de marzo de 2016. Las autoridades indias recién fueron notificadas de esa detención el 25 de marzo de 2016, habiendo solicitado acceso consular al Sr. Jadhav repetidamente a partir de entonces.
Según el demandante, el 23 de enero de 2017, el Pakistán solicitó asistencia para investigar la supuesta participación del Sr. Jadhav en actividades de espionaje y terrorismo en Pakistán y, mediante Nota Verbal de 21 de marzo de 2017, le informó a la India que el acceso consular al Sr. Jadhav sería considerado a la luz de la respuesta de la parte india a la solicitud de asistencia del Pakistán en el proceso de investigación. La India afirma que vincular la asistencia al proceso de investigación con la concesión del acceso consular era per se una grave violación de la CVRC.

Solicitud de la India

Por ello, India le solicita a la CIJ que dicte una medida que disponga: a) la suspensión inmediata de la sentencia de muerte del acusado; b) como modo de restitución, que declare que la sentencia del tribunal militar, dictada en abierta violación de los derechos conferidos por el artículo 36, en particular del párrafo 1 b) CVRC y contraviniendo los derechos humanos elementales de un acusado, de conformidad con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, es violatoria del derecho internacional y de las disposiciones de la CVRC; c) que impida que Pakistán ejecute la sentencia dictada por el tribunal militar y le ordene que adopte medidas necesarias para anular la decisión del tribunal militar, de acuerdo con el derecho interno de Pakistán; y d) si Pakistán no puede anular la decisión, entonces que la CIJ declarare la ilegalidad de la decisión de conformidad con el derecho internacional y el derecho de los tratados e impida que Pakistán actúe en violación de la CVRC y del derecho internacional al ejecutar la sentencia o la condena de cualquier manera, y la instruya a liberar inmediatamente al nacional indio condenado.

Jurisdicción de la Corte

India sostiene que la CIJ tiene competencia para intervenir en este asunto en virtud del párrafo 1 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, de conformidad con lo establecido en el artículo I del Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias, de 24 de abril de 1963.

Solicitud de medidas provisionales

La India presentó asimismo una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de la Corte, ya que considera que la alegada violación de la CVRC por Pakistán le ha impedido ejercer sus derechos en virtud de la Convención y ha privado al nacional indio de la protección otorgada en virtud de ella.
El demandante manifiesta que el Sr. Jadhav será ejecutado a menos que la CIJ dicte medidas provisionales ordenando al Gobierno de Pakistán que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que no se lo ejecute hasta tanto la Corte se expida sobre el fondo de la causa. Adicionalmente, la India expresa que la ejecución del Sr. Jadhav causaría un perjuicio irreparable a los derechos reclamados por la India.
La India expresa además que la protección de sus derechos es una cuestión de urgencia, ya que si no se adoptan las medidas provisionales solicitadas, Pakistán ejecutará al Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav antes de que el Tribunal pueda examinar los méritos de las alegaciones de la India y, por lo tanto, la India se verá privada de manera definitiva de la oportunidad de reivindicar sus derechos.
En función de lo expuesto, la India solicita que, hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del asunto, la CIJ disponga:
a) que el Gobierno de la República Islámica del Pakistán adopte todas las medidas necesarias para que el Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav no sea ejecutado;
b) que el Gobierno de la República Islámica del Pakistán informe a la Corte las medidas que haya adoptado en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado a); y
c) que el Gobierno de la República Islámica del Pakistán asegure de que no se adoptarán medidas que puedan perjudicar los derechos de la República de la India o del Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav con respecto a cualquier decisión que la CIJ pueda dictar sobre el fondo de la cuestión.
Refiriéndose a la extrema gravedad e inmediatez de la amenaza de que las autoridades de Pakistán ejecuten a un ciudadano indio en violación de las obligaciones que Pakistán le debe a la India, el demandante insta a la Corte a dictar inmediatamente una orden de medidas provisionales sin esperar una audiencia. Asimismo, solicita al Presidente de la Corte que, en ejercicio de sus facultades en virtud del artículo 74, párrafo 4 del Reglamento de la Corte, ordene a las Partes que obren de tal manera que permitan que cualquier orden que la CIJ emita sobre la solicitud de medidas provisionales produzca sus efectos apropiados, hasta tanto la Corte se reúna.

El Art. 36 CVRC

La CVRC prevé un deber de protección y asistencia consulares: de los intereses del Estado, de sus nacionales y de los intereses de éstos “dentro de los límites permitidos por el derecho internacional” (art. 5°, inc. a], CVRC).

Un Estado tiene derecho a asegurarse de que sus nacionales —personas físicas o jurídicas—, mientras se encuentran en el extranjero, sean tratados por otro Estado de conformidad con los tratados celebrados entre ambos y de acuerdo con las normas mínimas de trato a los extranjeros que establece el derecho internacional consuetudinario y convencional. En caso de violación de estas normas, un Estado puede ejercer la protección diplomática en favor de sus nacionales y obtener una reparación por los daños sufridos por ellos, aunque sólo después de haber agotado todos los recursos internos del Estado receptor. La asistencia consular, por el contrario, es un derecho del nacional extranjero previsto por la CVRC y el derecho consuetudinario. Un ciudadano que tiene dificultades en un Estado extranjero puede recurrir a una oficina consular de su país de origen y solicitar ayuda. Un funcionario consular le proporcionará asistencia y se asegurará de que sus derechos en el Estado extranjero sean respetados adecuadamente.

La CVRC insiste, especialmente, en asegurar las comunicaciones entre quienes ejercen funciones consulares y quienes la requieren, lo que adquiere especial relevancia en casos de detención, arresto y prisión preventiva de nacionales del Estado que envía. En estos supuestos, y únicamente de producirse una solicitud del interesado, las autoridades del Estado receptor deben informar a la oficina consular que resulte competente,  pudiendo entonces los funcionarios consulares visitar a la persona y organizar su representación y defensa ante los tribunales (art. 36, CVRC).

Las decisiones judiciales referidas al artículo 36, CVRC —particularmente,
respecto de la obligación del Estado receptor de comunicar la detención
o arresto de un extranjero a las autoridades del Estado que envía,
de manera que éstas puedan tener acceso a su nacional y brindarle asistencia
consular, además de asegurar la aplicación de normas procesales adecuadas— varían considerablemente. Quizás la CIJ tenga nuevamente, a través de su interpretación de las normas vigentes, la oportunidad de precisar algunas de las cuestiones que rodean a la aplicación del Art. 36 CVRC.