El Centro de Información Judicial de la Argentina brinda la siguiente información: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado contra la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal en una causa por un atentado ocurrido, en el año 1976, en un edificio de la por entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. (…)

En el caso se investigaba el estallido de un artefacto explosivo instalado en el casino del edificio de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, ubicado en la calle Moreno 1431 de esta Ciudad, el día 2 de julio de 1976, que dejara como consecuencia la destrucción parcial del referido recinto y un saldo de varios muertos.”

El texto del fallo completo puede hallarse aquí: http://www.cij.gov.ar/inicio.html

Espero poder comentar algo sobre el tema en breve.Es interesante la discusión de en qué casos los delitos cometidos por grupos no estatales pueden considerarse crímenes internacionales a los efectos de, por ejemplo, la competencia universal o su imprescriptibilidad. En principio, tengo afinidad con la decisión adoptada, pero como siempre hay que ver los fundamentos.

Mañana se lanza la convocatoria para el Segundo foro para profesores jóvenes de derecho internacional público que se realizará en Nottingham en 2013. Toda la información relevante acerca del foro, la convocatoria y las fechas de presentación puede consultarse en www.annualjuniorfacultyforumil.org.

La primera edición de este foro se hizo en Nueva York este año. Organizado por Dino Kritsiotis (Nottingham), Anne  Orford (Melbourne) y J.H.H. Weiler (NYU), la reunión juntó a un grupo de nueve jóvenes investigadores con respectivos comentaristas para una conferencia vibrante de dos días en las que primó la camaradería, la tremenda hospitaliad de los anfitriones, y el gran nivel de la discusión. Quizá por haber participado tengo un sesgo a favor de esta nueva empresa. En cualquier caso, es de esperar que la iniciativa se consolide ya que brinda una excelente oportunidad para la discusión y difusión de investigaciones en curso.

There are two vacant and remunerated positions for PhD students at Reykjavík University‘s School of Law (RU). The PhD students will carry out their research at the School of Law for 3-5 years (depending on employment percentage).

Further information on the structure and organisation of the studies can be found on the School of Law’s website: http://en.ru.is/departments/school-of-law/phd-studies/

PhD students at RU have access to doctoral courses in other Nordic countries, including access to the doctoral courses programme at the Faculty of Law at the University of Oslo. The vacant positions are within the following fields: Tort law, social security law, insurance law, maritime law, administrative law, constitutional law, legal history, international human rights law and European law. On the basis of a collaboration agreement with the University of Oslo, RU’s School of Law can also offer facilities for PhD studies in other fields.

Application deadline is June 10th 2012.

For further information please contact Professor Ragnhildur Helgadóttir, the chairman of the School of Law’s Research Council, at ragnhildurh@ru.is or telephone +354 599 6282.

Reykjavík University School of Law

Over 100 students annually complete undergraduate and graduate studies at the Reykjavík University School of Law. The School also offers a Ph.D. programme in law. The mission of the Reykjavík University School of Law is to offer students challenging studies in a creative environment. The School emphasises quality of studies, research, service and strong co-operation with the active business community .

Desde su nacimiento a la vida independiente, los Estados de América Latina se han caracterizado por haber ejercido una influencia considerable en favor del desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Llegados a la sociedad internacional en el primer cuarto del siglo XIX, los Estados latinoamericanos se encontraron con un Derecho Internacional que les era desfavorable. Esto dio pie a que entre los nacientes Estados independientes surgiera un interés inmediato en formular reglas claras que protegieran su autonomía. Lo remarcable es que, al hacerlo, sentaron las bases para la transformación del Derecho Internacional: en el siglo siguiente, dichas reglas se generalizaron una tras otra hasta constituir hoy parte del acervo del Derecho Internacional general.

En su Conferencia Bienal de 2012, la Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional (SLADI) busca evaluar el desarrollo del derecho internacional tomando a América Latina como principal perspectiva. La crisis económica mundial, el crecimiento acelerado de países emergentes y la inseguridad derivada de situaciones armadas cada vez más complejas han favorecido respuestas regionales y nacionales de amplia diversidad jurídica, política y económica. La Conferencia Bienal evaluará estas problemáticas desde una perspectiva más amplia, situando a América Latina en el plano global. El primer objetivo es evaluar las principales contribuciones de la región al desarrollo del derecho internacional general a través del tiempo. El segundo consiste en identificar respuestas jurídicas a los nuevos desafíos que crea la situación internacional contemporánea.

Llamado a contribuciones en castellano, aquí.

Call for papers in English, here.

 

En ocasión del 30 aniversario del conflicto armado de Malvinas, y en medio de una polémica vigorosa con el gobierno británico,  el gobierno argentino ha decidido hacer público el “Informe Rattenbach”. Este informe fue elaborado por encargo del último  gobierno militar a una Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur. Luego tomó el nombre del Teniente General (R) Benjamín Rattenbach que presidió ese cuerpo. El informe ha sido considerado como una pieza central de la historia del conflicto y es abiertamente crítico de la preparación militar y diplomática, asi como de la estrategia seguida y de los altos mandos que decidieron y condujeron el conflicto. Algunas reacciones iniciales pueden consultarse acá, acá y acá. Es de esperar que la publicación, difusión y discusión de este informe permitan a la Argentina actual tomar distancia del conflicto, seguir fortaleciendo el reconocimiento a los veteranos de guerra, y procurar encausar las negociaciones con el Reino Unido con mejor pie y una posición renovada. Por lo pronto es una buena iniciativa.

Con motivo de la publicación de un artículo mío en el número actual del Journal of International Criminal Justice (aquí), aprovecho para poner de relieve algunas consideraciones en torno al rol de los sistemas jurídicos nacionales en la persecución y juzgamiento de delitos internacionales, y a la función de los tribunales internacionales o híbridos (y de la comunidad internacional en general) en el desarrollo de la capacidad de aquellos para llevar adelante esos juicios.

El problema puede resumirse en los términos siguientes. En situaciones post-conflicto los sistemas de justicia internos suelen estar en estado de colapso o fuertemente deteriorados. Las intervenciones penales por parte de tribunales internacionales o híbridos constituyen una forma de traer ante la justicia a los responsables por las atrocidades cometidas. Desde la experiencia de los tribunales ad hoc, sin embargo, ha surgido con fuerza la convicción de que los tribunales internacionales, e incluso los híbridos o internacionalizados, sólo pueden enjuiciar a un número muy limitado de imputados. Para aumentar su impacto, entonces, se necesita el apoyo de los sistemas jurídicos nacionales. Pero estos sistemas internos son justamente aquellos que carecen de la capacidad técnica y muchas veces material de llevar a cabo procesos por este tipo de delitos. Para muchos, la forma de salir de esta encrucijada es que la comunidad internacional contribuya a desarrollar la capacidad de los sistemas de justicia de aquellos estados en los que se han cometido este tipo de atrocidades.

La experiencia en Bosnia y Herzegovina (BiH) es pertinente en este contexto. A comienzos de los años 1990, muchos individuos eran condenados a muerte en ausencia ante los tribunales locales por hechos cometidos durante el conflicto armado. Incluso en 2001 el entonces Presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TIPY) sugería que la falta de capacidad de los tribunales internos impedía la transferencia de casos a las jurisdicciones nacionales. A partir de 2003, sin embargo, el TIPY ha transferido y devuelto una gran cantidad de casos y expedientes al sistema jurídico de BiH. Tanto la Corte de BiH como los tribunales de las entidades y cantones han ido procesando este tipo de casos en general de manera satisfactoria a la luz de los estándares internacionales. El progreso de BiH en cuanto a su capacidad de lidiar eficazmente con este tipo de casos ha sido a menudo muy elogiado, si bien muchos correctamente ven que un gran número de estos avances sigue siendo frágil.

El artículo “Developing Bosnia and Herzegovina’s Capacity to Process War Crimes Cases Critical Notes on a‘Success Story’” presenta un análisis crítico de la forma en que el TIPY y la Corte de BiH han contribuido al desarrollo de la capacidad de Bosnia para enjuiciar a individuos por crímenes contra el derecho internacional. Procura identificar los distintos mecanismos utilizados por estos tribunales –y por la comunidad internacional en general– para contribuir a ese desarrollo. Se sostiene que la cuestión del desarrollo de capacidad ha sido abordada, preponderantemente, mediante la realización de cursos de capacitación o formación para los funcionarios locales. Este enfoque ha tenido en BiH resultados magros por distintos factores, entre ellos, la falta de coordinación entre los prestadores, de coherencia entre las actividades, de participación de las autoridades locales (local ownership), etc.

Por el contrario, el artículo sostiene, a muy grandes razgos, que el éxito relativo en términos de desarrollo de la capacidad del sistema jurídico de BiH está ligado a distintos aspectos del diseño institucional del TIPY y de la Corte de BiH y, por sobre todas las cosas, a ciertos incentivos que moldearon las políticas tanto de estos tribunales como de los actores nacionales relevantes, y sus relaciones entre sí. Entre los primeros está la transferencia de información al sistema jurídico nacional (mediante el envío de expedientes, acceso a prueba, etc.) y el desarrollo de relaciones de colaboración “más horizontales” entre el TIPY y la Corte de BiH y, en última instancia, entre éstos y los tribunales cantonales y de las entidades. Entre los incentivos relevantes, se encuentra la necesidad (y urgencia) del TIPY de transferir una serie de investigaciones para ser juzgadas en los distintos estados de la región, y el interés de los actores locales de recuperar su soberanía sobre el proceso de enjuiciamiento penal para dar una señal determinada  a la comunidad internacional. El artículo concluye sugiriendo que es necesario abandonar el enfoque limitado esencialmente al desarrollo de capacidades individuales centrándose en los aspectos estructurales e institucionales, especialmente en la generación del tipo de incentivos apropiado tanto para los tribunales internacionales o híbridos, como para las autoridades locales.

Este análisis se presenta como un ejemplo puntual de una problemática más generalizada y de gran importancia a la hora de pensar en el diseño de un sistema de justicia penal internacional. Este sistema estará basado necesariamente en principios y estructuras distintas a las de los sistemas penales nacionales. Pero su especial interés tiene que ver con la necesidad de pensar críticamente otras intervenciones penales y su legado y, especialmente, la política llamada de complementariedad positiva de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y sus potenciales efectos sobre los ordenamientos nacionales. Para mayor ilustración, señalo a la atención otro artículo que he escrito en el que se examina, comparativamente, la experiencia en Bosnia y Herzegovina, con la de Sierra Leona en función del Tribunal Especial, y la de Colombia en relación con la Corte Penal Internacional (próximamente aquí). También hay un informe reciente de David Kaye respecto de la necesidad de fomentar la participación de los tribunales nacionales en los procesos de justicia por atrocidades masivas y la forma de (no) hacerlo  (aquí), y un proyecto interesante de la Open Society Justice Initiative (aquí) sobre este punto. Este post procura entonces fomentar la discusión general sobre esta área de desarrollo creciente y cuya ambición principal tiene también sus detractores. Cualquier reacción o comentario a estos artículos o documentos será más que bienvenida.

Interesante conferencia organizada por Gerry Simpson y Kevin Jon Heller de la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne que procura favorecer un enfoque pluralista, genuinamente interdisciplinario, sobre uno de los juicios más influyentes del siglo XX en el año de su cincuenta aniversario.  La convocatoria incluye propuestas de artículos para el libro que ha de surgir de la conferencia, aun por autores que no puedan concurrir, y está abierta a estudiantes de doctorado.  Por consultas informales, pueden dirigirse a Kevin Heller a kheller@unimelb.edu.au.

THE EICHMANN TRIAL AT 50

A two-day international symposium to discuss one of the most important trials of the 20th Century

Melbourne Law School

14-15 October 2011

Presented by The Asia Pacific Centre for Military Law, Melbourne Law School, and supported by an Australian Research Council Discovery Project Grant

Organizers: Kevin Jon Heller & Gerry Simpson

CALL FOR PAPERS

Deadline for Abstracts: 15 June 2011

On 11 April 1961, the trial of Adolf Eichmann began in the District Court of Jerusalem.  The trial was broadcast internationally, the first televised trial in the history of television, drawing millions of viewers around the world.  Eight months later, after the testimony of nearly 100 witnesses had changed perceptions of the Holocaust forever, the court convicted Eichmann and sentenced him to death.  Five months after that, Eichmann was hanged and his ashes were scattered at sea, bringing to a close one of the most important trials of the 20th century.

2011 marks the 50th anniversary of the Eichmann trial.  The trial has had a profound impact on a variety of academic disciplines – law, philosophy, literary theory, political science, and history, to name only a few – yet scholars in those disciplines have rarely interacted with each other.  The goal of symposium is to bridge that gap by bringing together scholars who have nothing in common other than a shared interest in the trial.  The organizers thus encourage proposals from any discipline on any topic related to Eichmann.

The symposium will be held over two days.  We regret we cannot offer travel or accommodation expenses, but lunches and teas (morning and afternoon) will be provided.  A speakers’ dinner will be held on the evening of the 14th and an informal dinner on the 15th for those who remain in town.

The symposium is the third of four symposia being held as part of the Australian Research Council-funded project “Invoking Humanity: A History of War Crimes Trials.”  The organizers intend to publish a selection of papers presented at the symposium as an edited book, although there will be no obligation to publish.  Conversely, the organizers are happy to consider contributions to the book from scholars who are unable to attend the symposium.

If you are interested in presenting a paper at the symposium or contributing to the planned book, please send a 300-500 word abstract and a short C.V. no later than 15 June 2011 to Kevin Jon Heller, c/o Cathy Hutton, the APCML Administrator (c.hutton@ unimelb.edu.au).  Doctoral students are welcome to submit abstracts.  Participants will be selected by July 1 to facilitate travel plans.

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