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Por Andrés Rousset Siri

El pasado 20 de agosto, se hizo público el último avance del reporte de la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/74/10).

Allí, entre otros temas, se consideró que la temática de reparaciones por graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y por serias violaciones al derecho internacional humanitario, había cumplido -atento al desarrollo de prácticas en tal sentido por parte de los Estados y de las Organizaciones y Tribunales internacionales- con los criterios necesarios para la selección de “nuevos tópicos” a incluir en el programa a largo plazo de la Comisión, y en tal sentido propuso la confección de un proyecto de directrices que tiendan a avanzar en la codificación y desarrollo progresivo en esa materia.

Conceptualmente, se toma como punto de partida el principio de derecho internacional desarrollado en el antiguo -pero siempre vigente- caso Chorzow Factory de la PCIJ, según el cual el incumplimiento de una obligación internacional implica el deber de reparar en forma adecuada, y que esa reparación debe anular, tanto como sea posible, todas las consecuencias del acto ilícito, reestableciendo la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho acto. Sin perjuicio del precedente invocado, la Comisión advierte que esas nociones se han mantenido vigentes en la práctica de los tribunales internacionales y regionales dando lugar a un notable avance en criterios sobre que implica la actual noción de full and appropiate reparation (o reparación integral en la actual terminología de la Corte IDH).

Metodológicamente, la Comisión pretende poner foco, por lo menos en un primer momento, en las consecuencias de las infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, centrando su atención en las personas físicas (individuales o grupales) y teniendo solo en cuenta la responsabilidad estatal, utilizando como insumos las normas existentes y los diversos mecanismos provistos para reparar a nivel local e internacional.

Entre los posibles temas a tratar por la Comisión en el proyecto de directrices se encuentran:

a) Las diferentes formas de reparación, por ejemplo restitución, compensación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, sus conceptos y propósitos principales;

b) El grado de flexibilidad de los Estados en la selección de las diferentes formas de reparar;

c) La idoneidad de ciertas medidas de reparación según las circunstancias;

d) Las circunstancias que deben ser consideradas cuando se decide qué tipo de reparación será provista;

e) El rol que juega el principio de proporcionalidad en determinadas formas de reparación;

f) La idoneidad de la reparación individual y/o colectiva;

g) El principio de subsidiariedad de los mecanismos internacionales de protección y;

h) El establecimiento de sistemas ad hoc de reparación y de acuerdo amistoso.

Los temas elegidos son pertinentes, y contribuyen al fin perseguido por los sistemas internacionales de protección –sean de alcance universal o regional-, cual es principalmente la reparación a las víctimas, consolidando aquello que se ha conquistado a lo largo de estas décadas.

El problema que se observa en la línea de partida, es que no figura en los temas de interés que han sido explicitados, el relativo a los problemas de implementación de las reparaciones dispuestas ya sea a nivel Estatal o internacional y sus eventuales consecuencias. Ello atenta, sin dudas, contra la eficacia del inmenso trabajo que tiene por delante la Comisión.

Se puede afirmar que las decisiones de los órganos de protección se enfrentan a dos grandes problemas, los “normativos”, en razón de no existir mecanismos legales de implementación o ejecución de las medidas de reparación, o bien, deficiencias “estructurales institucionales”, que son propias de la intervención de órganos estatales en la etapa de cumplimiento de las medidas y que se pueden subsumir en claras categorías tales como el desconocimiento del derecho internacional, la falta de discusión a nivel interno sobre la forma de cumplir con la reparación dispuesta, y el caso más severo: la reticencia directa al cumplimiento como ocurre, por ejemplo, con las sentencias de los altos tribunales locales que declaran inejecutable la medida de reparación dispuesta (v. entre otros: Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, expte N° 15-0992).

Es imprescindible además, que la Comisión preste atención a la actuación de los órganos de protección en lo relativo al seguimiento del cumplimiento de las medidas de reparación. Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de supervisión de cumplimiento pueden ser de especial importancia para el esbozo de posibles soluciones a los problemas de cumplimiento que puedan surgir de la mano del desarrollo progresivo, dada la nula respuesta normativa existente al respecto.

La labor de los organismos de protección lleva al menos cinco décadas de vaivenes, derrotas y aciertos. Sin dudas el aporte de la Comisión en tal sentido será de especial relevancia sobre todo en materia de desarrollo progresivo.

La División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos agregó recientemente las siguientes conferencias al sitio web de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: “La Corte Penal Internacional a veinte años de su creación: Consolidación o decadencia?” por la Sra. Silvia Fernández de Gurmendi, y “Derechos humanos e internet: Estándares internacionales” por el Sr. Eduardo Bertoni.

La Biblioteca Audiovisual también está disponible como un podcast de audio, al que se puede acceder a través de las aplicaciones preinstaladas en los dispositivos de Apple o Android, a través de Soundcloud o a través de la aplicación de podcast de su preferencia buscando “Audiovisual Library of International Law”.

La Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas proporciona capacitación de derecho internacional de alta calidad y materiales de investigación para usuarios de todo el mundo de forma gratuita.

978-84-9099-626-3

Por Carolina Jiménez Sánchez (Universidad de Málaga)

A partir del año 2000 la Comunidad Internacional comenzó a incluir en su agenda los terribles efectos de los conflictos armados sobre las mujeres y niñas con su programa “la mujer, la paz y la seguridad” que daba comienzo con la hoy mítica Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. Esto, sin duda, había sido un fruto esperado de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, progresivamente gestado a lo largo de décadas. Algunos años después, en 2005, las profesoras Christine Chinkin y Hillary Charlesworh eran galardonadas por la American Society of International Law por su obra “The Boundaries of International Law: a feminist anaylisis”, en la que examinan el impacto del Derecho Internacional sobre las mujeres.

Con este telón de fondo, la pasada década y la presente se han convertido en el espacio-tiempo ideal para profundizar en las relaciones entre el Derecho Internacional y los esquemas de género. Para ello, resulta fundamental conocer la revisión feminista de la metodología jurídica, que pone en tela de juicio la racionalidad, objetividad y neutralidad del método, por considerar que el derecho (y consecuentemente, su método) es sexista, es masculino y tiene género (C.A. Mackinnon, Hacia una teoría feminista del Estado, Cátedra, Madrid, 1995, pp. 449 y C. Smart, “La mujer del discurso jurídico”, en Mujeres, Derecho Penal y Criminología, Siglo XXI, Madrid, 1994, pp. 167-189).

Ello nos lleva a considerar las diferentes ramas del Derecho Internacional como materias perfectibles, tradicionalmente carentes de perspectiva integral por lo que, poco a poco, deben ser completadas con un análisis de género. Este es el propósito principal de mi libro La dimensión de género en los Tribunales Penales Internacionales (2016). Bien es cierto que hay una cantidad (y calidad) suficiente de análisis con perspectiva de género sobre las sentencias más relevantes de los Tribunales Penales Internacionales, pero nunca antes se había condensado en una monografía en español un análisis exhaustivo y de género de dichos tribunales: no sólo de las sentencias y pronunciamientos clave de Violencia Basada en el Género (VBG) sino también de la normativa interna de los mismos, la paridad en sus órganos, la representatividad y actividad de las juezas, magistradas, abogadas y fiscales, el papel de las académicas, la protección a las víctimas y testigos de VBG y, quizá el aspecto menos popular y considerado, un análisis de los casos de mujeres criminales internacionales juzgadas o con causas vigentes por algunos de estos tribunales.

Además, en este estudio tiene un peso importante la Corte Penal Internacional, tras casi quince años de su entrada en vigor pero en el mismo año en que ha visto la luz la primera sentencia condenatoria de los crímenes basados en el género, en el caso Prosecutor v. Bemba Gombo. Ello sumado al análisis de los elementos de género presentes y ausentes en las dos sentencias precedentes (casos Lubanga y Katanga) ofrecen un análisis comparativo de las estrategias usadas por la Fiscalía, la progresiva corrección de errores y los desafíos aún presentes en la macro-institución.

Además, todo ello se realiza desde un punto de vista abierto a los complejos escenarios de las sociedades post bélicas y en fase de reconstrucción nacional. La justicia transicional debe abrirse camino en un contexto tradicionalmente riguroso y jurídico para comprender las realidades sociales, económicas, humanas y culturales en una época en la que los conflictos armados y la violencia sistemática no parecen tener un punto final. Sin duda los análisis de género deben dotar del sustrato suficiente a las estrategias post conflictuales para no cometer errores del pasado y dejar de eludir parámetros que condicionan a la sociedad en su conjunto. Por algo dirán que este es, al fin, el siglo de las mujeres.

El martes pasado tuve la suerte de moderar una sesión de nuestro foro de FIDE en la que el profesor Pedro Cruz Villalón (ex Abogado General del TJUE, ex Presidente del Tribunal Constitucional y actual catedrático de Derecho constitucional de la UAM) habló de las funciones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su concepción de la tarea del Abogado General, que según el Tratado General debe ejercerse “con toda imparcialidad e independencia”, está ahora publicada en un trabajo suyo llamado “Le sens de ‘conclure'”, incluido en el libro homenaje a Vassilios Skouris (2015). La publicación de esas ideas se suma a una práctica que siguen varios Abogados Generales y que consiste en que, en algún momento de su mandato, reflexionan sobre su papel en el Tribunal (por ejemplo, Eleonor Sharpston en 2008, Dámaso Ruíz-Jarabo en 1999 o Francis Jacobs en 2000).

Pedro Cruz Villalón sugiere que la tarea de concluir se traduce en una forma de dialogar y juzgar. Las características de las conclusiones como una forma de juzgar (legitimidad, transparencia, pluralismo) son quizá menos novedosas, aunque no menos importantes, que las que Pedro Cruz Villalón atribuye a las conclusiones como una forma de dialogar. Esta dimensión dialógica de la tarea del Abogado General es atrayente porque refleja una preocupación actual sobre el carácter del ejercicio de la jurisdicción y avala la visión que Pedro Cruz Villalón tiene sobre la labor del TJUE como “una justicia retrospectiva, que se examina a sí misma”, como “un tribunal que motiva dos veces”.

Sobre el rol y la influencia de los Abogados Generales, además de los trabajos escritos por los propios Abogados Generales, me resultaron interesantes los estudios empíricos de Cyril Ritter (‘The Role and Impact of the Advocate General’, (2006) 12 Columbia Journal of European Law 3, 751 ss) e Iyiola Solanke (”Stop the ECJ’ An Empirical Analysis of Activism at the Court’, (2011) 17 European Law Journal 6, pp. 764 ss.). Solanke se pregunta si los Abogados Generales (y el Tribunal) pueden ser calificados como ‘activistas’. Tras su estudio, Solanke sostiene que no hay evidencias para afirmar que los Abogados Generales son ‘activistas’; los califica más bien de ‘entrepreneurs’, en el sentido de que tienen por tarea utilizar con un razonable sentido del riesgo los recursos disponibles para  intentar convencer con sus conclusiones al Tribunal. Ritter hace un estudio más amplio, con aportaciones útiles sobre las citas de las conclusiones en las sentencias y reflexiones sobre el papel y la influencia del Abogado General. Después de la sesión, Pedro Cruz Villalón me pasó otro artículo reciente, que realiza un análisis econométrico para evaluar la influencia del Abogado General sobre el Tribunal, publicado recientemente  por Carlos Arrebola, Ana Julia Mauricio y Héctor Jiménez Portilla (‘An Econometric Analysis of the Influence of the Advocate General on the Court of Justice of the European Union’  (2016) 5 Cambridge Journal of Comparative and International Law 1). El resultado del análisis de este trabajo, que utiliza un modelo elaborado con datos de 20 años de procedimientos de anulación (1994-2014), indica que el Tribunal de Justicia está aproximadamente un 67% más inclinado a anular un acto o parte de un acto si el Abogado General recomienda anularlo.

 

Por Carlos Gil Gandía, Universidad de Murcia.

El martes 13 de octubre de 2015 tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Murcia un acto importante para la Comunidad Universitaria, en general, y para los internacionalistas de la Facultad de Derecho, en particular. Aprovechando que nos encontramos en el Centenario tanto de la Universidad como de la Facultad de Derecho de la misma, el Área de Derecho Internacional Público contó con la visita del ilustre iusinternacionalista brasileño Antonio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Internacional de Justicia, académico del Instituto de Derecho Internacional en la Haya, vehemente defensor del ser humano en el marco jurídico internacional y un prolífico autor de diversos libros y artículos de Derecho Internacional Público.

En esta ocasión el juez Cançado Trindade dictó una clase magistral al profesorado, alumnado y personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, bajo el título: “Un siglo de justicia internacional y perspectivas de futuro”.

La conferencia se desarrolló en la línea que nos tiene acostumbrados a aquellos que seguimos su trabajo académico y jurisprudencial, girando en torno a dos ideas principales: 1) la búsqueda de la realización del ideal de la justicia internacional; y, 2) la defensa del ser humano (influenciado por el ius gentium de los padres fundadores del Derecho Internacional como es el caso de Vitoria, Suárez…) en el marco jurídico del Derecho Internacional.

El profesor Cançado Trindade hizo un ejercicio jurídico-histórico de la evolución de los tribunales internacionales. Para ello, comenzó hablando de los tribunales de arbitraje precedentes a las conferencias de la Haya de 1899 y 1907 y prosiguió con la Corte Permanente de Justicia Internacional (predecesora de la Corte Internacional de Justicia). A continuación, hizo referencia a los Tribunales ad hoc (ex – Yugoslavia y Ruanda) y la Corte Penal Internacional, enlazando en su discurso la mención a los tribunales penales mixtos: Tribunal Especial para Sierra Leona, Salas Especiales para Camboya y Salas Especiales para Timor Leste. Reflexiones que también tuvieron como objeto con los tribunales internacionales de derechos humanos, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos), así como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El acceso directo del individuo a la justicia internacional se presenta para el ponente como “una de las conquistas irreversibles del derecho internacional contemporáneo”, habiendo permitido el acceso a la justicia internacional a nuevos justiciables. Por otra parte, el juez formuló una crítica al enfoque que actualmente la Corte Internacional de Justicia otorga a sus casos, al estar excesivamente centrada en la búsqueda de “la voluntad de los Estados”. De ahí que encontremos una visión menos humana y más positivista que la llevada a cabo por los tribunales internacionales de derechos humanos.

Con todo, el juez defendió con ferviente pasión el gran avance que ha habido en las últimas décadas en el Derecho Internacional, produciéndose una expansión de la jurisdicción internacional, la personalidad jurídica internacional y la responsabilidad internacional. Un avance en el que incidía, en parte, el diálogo y la coordinación entre los tribunales internacionales, aspecto fundamental que adolecía de insuficiente desarrollo a día de hoy.

A modo de conclusiones, el juez expuso la relevancia que tienen los principios generales del Derecho, la unidad del Derecho en la medida en que se ha producido la superación de la dicotomía Derecho interno y Derecho Internacional y la conformación de concepciones diversas de la justicia internacional (justicia transaccional/justicia objetiva). En este sentido, el ponente señaló la posición de la Corte Internacional de Justicia de resolver las controversias sin pronunciarse sobre todos los extremos concernidos, dejando en manos de las partes el desarrollo de algunos de ellos, llamada justicia transaccional. Planteamiento criticado por el juez al no producirse de este modo el ahondamiento en su obligación principal que es la de impartir justicia objetiva, esto es, declarar cuál es el derecho (iurisdictio) y procurar su plena implantación en términos de justicia, también para las víctimas.

En relación con las perspectivas de futuro, el juez se refirió a dos campos en el Derecho Internacional que se hallan en estado de desarrollo incipiente: a) las medidas provisionales, sobre las que señaló la necesidad de pronunciarse acerca de, ¿cuáles son los efectos de su falta de cumplimiento?, a lo que respondía el propio juez con la afirmación “es una violación autónoma del Derecho Internacional”; y la necesidad de profundizar en las reparaciones del marco jurídico internacional, las cuales se producen como consecuencia de una violación del Derecho Internacional, en el mantenimiento de que “la reparación acompaña pari passu la violación”, puntualizó Cançado Trindade.

En definitiva, fue una grata e inolvidable experiencia compartir ideas y aprender de un ilustre defensor del ser humano. Es cierto que el camino está lleno de obstáculos, pero hay que perseverar en él para reforzar y profundizar en la justicia internacional.

SLADI

Interest Group: LADIL/SLADI

Latin American Society of International Law

International Courts and Tribunals:

Objectives

The new LASIL Interest Group on International Courts and Tribunals was established at the suggestion of Paula Wojcikiewicz Almeida (Getulio Vargas Foundation Law School, Rio de Janeiro, Brazil).

The background for the interest group is the increasing number of international courts and tribunals in different levels of governance (universal, multilateral, regional, and sub-regional) and Latin America’s active participation and contribution to the development of international law through international adjudication.

Historically resistant to any kind of external interference, Latin American states have tended toward the principles of national sovereignty, non-intervention, and peaceful settlement of disputes, which are deeply embedded in their political and juridical cultures. The universal presence of Latin American states at the 1907 Second Hague Peace Conference and their contribution to the work and outcome of the conference are well known: they encouraged the recourse to arbitration and non-use of force, the principle of juridical equality of states, the strengthening of international jurisdiction, and the direct access of individuals to international justice.

The old debate regarding Latin American international law also demonstrates the region’s willingness to influence norms development in the field of international law. Concretely, Latin Americans have advanced recognition of the compulsory jurisdiction of the Permanent Court of International Justice (PCIJ) and the future International Court of Justice. The referred formula, which was maintained in the present Statute of the ICJ, contributed to attracting the acceptance of compulsory jurisdiction of the PCIJ by a total of 45 states and was firmly supported by Latin American states.

It followed that after the Second World War several international organizations were created in Latin America, such as the Organization of American States (OAS), the Central American Integration System (SICA), the Andean Community (CAN), the Common Market of South America (Mercosur), the Union of South American Nations (UNASUR), and more recently, the Pacific Alliance. Most of these organizations developed their own dispute settlement mechanisms, enhancing the region’s tradition of peaceful settlement of disputes. The same rule applies to the UN, under the auspices of which Latin American states have been strongly active. Most of the cases submitted to the International Court of Justice concern maritime and territorial disputes.

In this context, the Interest Group on International Courts and Tribunals will foster general theoretical and practical discussions regarding the legal aspects of international courts and tribunals among scholars and practitioners. It also deals with their role in the development of international law and the necessary dialogue and cooperation between different courts and tribunals, as well as with national courts.

Secondly, another relevant topic of the Interest Group concerns Latin American participation and contribution to international courts and tribunals. The activities of the Group intend to cover the Latin American cases submitted before the International Court of Justice, the Arbitration Tribunals, the WTO Dispute Settlement Mechanism, the Inter-American Court of Human Rights, the Court of Justice of the Andean Community, the Central American Court of Justice, and the Mercosur Dispute Settlement System. The goal is to evaluate the Latin American contribution to the development of international law through the peaceful settlement of international disputes.

The objectives of the Interest Group will be pursued by a network of scholars and practicing lawyers who share information and reflections on these topics. In particular, the group will stimulate academic debate through the organization of conferences, meetings, and the setting up of research projects and joint publications.

If you are interested in becoming a member of this interest group, please contact Paula Wojcikiewicz Almeida (paula.almeida@fgv.br).

Chair: Paula Wojcikiewicz Almeida

Co-chair: Eric Tremolada

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Felicidades a la profesora Hèléne Ruiz-Fabri como nueva Directora del Max-Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Su nombramiento abre un proceso de búsqueda de investigadores: un Senior Research Fellow, un Research Fellow y un PhD Candidate. Aquí pueden encontrar la convocatoria. ¡Suerte!

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