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Por Nicolás Carrillo Santarelli

El concepto de control de convencionalidad es muy interesante y útil. Si bien parece apartarse (o estirar en demasía) de los efectos formales de la jurisprudencia en el derecho internacional, que carecen de stare decisis, como bien ha expuesto John Jackson, al repensar sobre aquella noción veo posibilidades de concebirla de una manera no contraria a los límites formales de la jurisprudencia que permiten no sólo cumplir interesantes funciones en un mundo institucional con pocos recursos y sobrecarga de trabajo en órganos regionales, sino además fomentar el diálogo multi-nivel, generando dinámicas de interés por el derecho internacional (motivado por el propio interés de evitar estigmas y condenas o por un verdadero compromiso) por parte de órganos internos. Me explico.

En su reciente opinión consultiva 24, que comenté recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó que la interpretación hecha por ella sobre normas internacionales contribuye “de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones relativas al respeto y garantía de los derechos humanos” (párr. 27, subrayado añadido). La Corte afirma lo anterior justo un párrafo después de haber afirmado que es menester que órganos y agentes estatales efectúen, en el ejercicio de sus funciones y frente a sus competencias (se entiende), un control de convencionalidad “también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva”, lo cual contribuye al objetivo de procurar que se protejan los derechos humanos. Ya en anteriores oportunidades la Corte había expuesto su opinión de que el control en cuestión es igualmente predicable de lo expuesto en el ejercicio de su función consultiva (ver los textos disponibles aquí y aquí).

Si bien podría pensarse que esto es un exabrupto o un error, toda vez que las competencias consultivas no son vinculantes, una lectura detenida y una interpretación que hago me hacen pensar que, en realidad, las alusiones a funciones preventivas (no sólo de abusos estatales, sino además coadyuvando a impedir la congestión generada por la interposición de múltiples denuncias basadas en hechos y problemas jurídicos similares, lo que motiva a algunos activistas a litigios estratégicos con base en casos emblemáticos, y a jueces del sistema, como escuché decir una vez a uno de ellos, a poner algo de esperanza en el efecto de imitación o educación e influencia mediante la internalización estatal de sus opiniones y jurisprudencia) de violaciones y de promoción del goce y ejercicio de derechos humanos se basan en la idea, explicitada después de todo, de que estamos hablando de interpretaciones de un órgano judicial (principal) sobre instrumentos del sistema (y otros alusivos en todo o parte a derechos humanos, como se dijo en su OC-1). Entonces, lo que los Estados están obligados a hacer es a cumplir con sus compromisos, basados en normas internacionales de derechos humanos que, como se ha dicho en la academia, tienen cierta amplitud y vaguedad, y cuyo contenido ayuda a determinar la jurisprudencia (que después de todo es fuente auxiliar, con dinámicas persuasivas que de facto son quizá incluso más fuertes que aquellas de hard law, precisamente por este y otros motivos). Entonces, así como hay posibilidad de que estándares de soft law, no vinculantes en sí mismos, obliguen en tanto y cuanto coincidan con, o reflejen, contenidos creados por fuentes de producción normativa, sería posible decir que no es en sí la opinión consultiva en cuestión la que obligue, sino el contenido identificado mediante la labor interpretativa de la Corte. Esto operaría de forma análoga a la posibilidad de que costumbres y tratados (según dijo en la década de los 80 la CIJ en el merecidamente célebre caso Nicaragua contra Estados Unidos) independientes reflejen un mismo contenido normativo en términos de codificación, declaración u otras dinámicas de interacción.

Ahora bien, hay otras fuentes auxiliares, y ellas pueden entrar en dinamismo con la jurisprudencia de la Corte. Después de todo, la Corte ha cambiado elementos de su jurisprudencia en el pasado (no sólo en aspectos de fondo teóricos sino incluso de evidencia, sobre la exclusión de la condición de víctimas frente a quienes se haya comprobado que no lo eran, según se demuestra en la resolución de 23 de noviembre de 2012 frente al caso de la Masacre de Mapiripán, cuestión debatida antes en el blog), y de hecho alude a una interpretación evolutiva, que supone que no es estática la interpretación que pueda darse a las normas pertinentes. Siendo todo esto así, puede que la Corte varíe sus interpretaciones y determinaciones cuando exista persuasión y convencimiento al respecto gracias a amicus curiae, doctrina y… por qué no, posturas sub-estatales o de agentes. En este escenario multi-nivel, que incluye además a actores transnacionales (ej. ciertas ONG) y a la sociedad civil, entre otros interesados, y no sólo a actores de un Estado analizado desde una óptica desagregada, la persuasión, el “diálogo”, la retórica y los debates podrán entonces tener cabida y son legítimos. Después de todo, el Estado se “expone” a una condena si rechaza la interpretación de la Corte (que en términos extrajurídicos se basa en una auctoritas de legitimidad y persuasión, teniendo la legitimidad un componente procedimental de escucha a los afectados e interesados, según se desprende de estudios de Thomas Franck) y aquella no varía su interpretación a la luz de los argumentos expuestos por otros, incluyendo los del mismo Estado.  Podría ser interesante tener en cuenta, al respecto, algunas ideas de Habermas. Otra cosa interesante por señalar es que el Estado no necesariamente ha de ser visto como un autor que busca “engañar”, pues en términos, de nuevo, desagregados, puede que haya agentes convencidos de que su postura es más acertada técnicamente o en términos “humanitarios”, quizá en algunas ocasiones incluso motivados por la protección de aspiraciones supranacionales comunitarias o de derechos humanos.

Pues bien, en este dinamismo, que abre la puerta al juego de la persuasión hecha potencialmente posible gracias a la escucha y al intercambio (airado o calmado en la práctica) de opiniones y posturas jurídicas, a veces con motivaciones y elementos subrepticios o evidentes relativos a componentes extra- y meta-jurídicos, hay otra cuestión que puede hacer pensar que no se estira hasta romperse la naturaleza auxiliar o subsidiaria de la jurisprudencia como fuente (que formalmente no crea normas, aunque en la práctica de facto parece hacerlo): el hecho de que se basa en la aspiración de que se sigan principios, criterios y elementos teóricos (prácticamente doctrinales y de sistematización)  a usarse (según se espera) de forma deductiva y no inductiva, lo que se confirma por la reiteración de formulaciones hechas abstractas en la jurisprudencia de la Corte. Esto demuestra que no necesariamente se asemeja la práctica analizada a un modelo de common law, sino a una amalgama curiosa de civil law con elementos de precedente basados en formulaciones que pueden ser entendidas y percibidas en términos de construcciones sistematizadas y basadas en principios y construcciones de doctrinas), algo que algún autor ha dicho sucede, de otra forma, por ejemplo, en el derecho de Louisiana…

¿Han leído el libro de Jaan Kross titulado La partida del profesor Martens? Es una novela estupenda, con muchos datos sobre la vida del famoso profesor Martens, un trasfondo histórico apasionante y constantes guiños a la diplomacia y el derecho internacional. Una vez, hace tiempo, cité en un artículo esa página del libro donde el profesor Martens y el Canciller ruso se refieren a las fuentes del Derecho internacional. El Canciller pregunta si el derecho internacional es fundamentalmente los tratados y el maestro responde: “Es… únicamente los tratados, su Esplendor, nada más…”. Un asesor jurídico tendría que dar una respuesta mucho más compleja en la actualidad y la respuesta quizá no tendría la fuerza literaria que contiene esa línea.

Por Nicolás Carrillo Santarelli

La revista International Community Law Review acaba de publicar un número especial dedicado al estudio de la costumbre internacional, en el que se incluye un artículo que escribí y se titula “The Possibilities and Legitimacy of Non-State Participation in the Formation of Customary Law”.

El abstract dice: “Non-state actors can contribute to shaping customary law indirectly, through inspiration and pressure, or formally when so empowered by States. Decisions on granting non-state actors customary law-making capacities must be critically decided on a case-by-case basis, in light of the legal interests at stake, risks of making regulation subservient to their interests, and legitimacy and effectiveness considerations. Since non-state involvement in the formation or change of customary law is not limited to direct law-making capacities, different strategies can be used to both receive their input and promote their acceptance of and respect of customary law. Internal and international democratization of State decisions and collective law-making are essential if the (currently) mostly-State-centric system of custom determination is to be fair. This demands a duty to examine non-state proposals in good faith.” El artículo se encuentra aquí.

El próximo martes 19 de Abril 2016, de 19:00 a 21:00 hs, se presenta en FIDE (Calle Serrano, 26-4ºderecha. Madrid) el libro colectivo “Comentarios a la Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales”, publicado por Civitas, Thomson Reuters Aranzadi y dirigido por los profesores Paz Andrés Sáenz de Santa María, Javier Díez-Hochleitner José Martín y Pérez de Nanclares. En el acto intervendrán D. José Manuel García-Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Cristina Jiménez-Savurido, Presidente de FIDE y los directores del libro. Con posterioridad a las intervenciones se abrirá un debate con los asistentes y al final se servirá un vino español. La entrada es libre hasta cubrir el aforo, pero para poder asistir es imprescindible confirmar asistencia a Victoria Dal Lago (victoria.dallago@fidefundacion.es).

comentariosleytratados

La editorial Civitas ha publicado la obra Comentarios a la Ley de tratados y otros acuerdos internacionales coordinados por los profesores Paz Andrés Sáenz de Santamaría, Javier Díez-Hochleitner y José Martín y Pérez de Nanclares.  Aquí se puede leer el prólogo de los coordinadores y el índice de la obra. Yo participo con un comentario sobre la cláusula de nación más favorecida, prevista en el artículo 33.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre de 2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Call for papers: The Evolutionary Interpretation of Treaties: The UN Charter and the European Convention on Human Rights Facing Modern Challenges

A Joint Conference by the European Society of International Law, the Higher School of Economics in Moscow, and Jessup Russia

5 February 2016

The conference will take place during the Jessup Russia 2016 week (3-7 February 2016).

In addition to having eminent invited speakers, the organizers issue a call for papers on the following topics:

  • UN Charter: New state practice as a challenge to basic principles? Potential topics include self-defence against contemporary threats, including non-state actors, as well as targeted sanctions against individuals within the UN system and their compatibility with international law.
  • The ECHR in different times and different places. Potential topics include: the application of the ECHR in armed conflict; the European Court’s dynamic development of human rights which puts it in potential and actual conflict with states; the Court’s achievements and failures in accounting for cultural and political differences in Europe; principles such as subsidiarity and the margin of appreciation; the evolving interpretation of the ECHR in protecting the rights of corporations and other legal persons.

The proposed papers should focus on aspects regarding the evolutionary interpretation of the respective treaties, and the permissible limits thereof.

Abstracts should be submitted by 1 November 2015


Further information here

The following points on the Spanish Treaties and Other International Agreements Actwhich was passed on 27 November 2014, were presented at the Duke-Geneva Conference on Comparative Foreign Relations Law, convened by Professor Curtis Bradley on 10-11 July 2015 in Geneva. The draft paper with footnotes and references may be commented and downloaded here. Another post in Spanish on the Treaties and Other International Agreements Act may be found here.

A treaty practice in need of regulation.

The original problem with the treaty process regulation in Spain was that the rules were half democratic. Indeed, in 1972, under a glooming Francoist regime, Spain both acceded to the 1969 VCLT and regulated its treaty process through a Decree. These regulation was significantly amended by the Spanish Constitution of 1978, but the 1972 pre-constitutional Decree, helped by Circulars of the Ministry of Foreign Affairs, still governed important aspects of the treaty making process until its abrogation by the new law in December 2014.

The other reason for the adoption of a comprehensive law of treaties was the need to deal with the huge conventional practice by the Executive and the Autonomous Communities affecting foreign affairs, particularly through MOUs, but also employing different sort of international administrative agreements. The law tackles that issue by defining and regulating three types of agreements: international treaties, international administrative agreements, and MoUs called non-normative agreements in the Law as a synonym of non-binding international agreements. International treaties would be control by the Parliament through a compulsory authorization to the Executive to express the consent to be bound by the treaty, while the other international agreements would not be subjected to such requirement. There are some problems with the definition of international administrative agreements in the Law, but I will leave that apart and concentrate on two critiques to the controversial scope of the Treaties Act, as some thought that it was unnecessary (and even wrong) to include AIA and MOUs, while others thought that it was short in scope as the trilogy of categories left some relevant international agreements out of the picture.

  1. The critique on incompleteness may prove right in cases of sole executive treaties, since the definition of AIA only seems to cover agreements based on a principal treaty providing for the authority to execute its provisions through further administrative agreements. The drafters of the Treaties Act were not persuaded by this critique: they seem to understand that those agreements, including sole executive treaties, fall under the category of international treaties, and so require the normal treaty process, or they are international agreements governed by national law. Both are out of the AIA definition.
  2. The critique on the lack of justification to include the new categories of international agreements is more complex. A general point affecting both AIA and MOUs is that for some authors the treaty system had functioned rather well with the Decree plus the Circulars, so allegedly for them there was no need to opt for a law with such a comprehensive scope. The legislator was not impressed by this argument, and believed that the legal system could not continue to avoid the proper regulation of the rich practice of international agreements.

Democratic control of international agreements is about substance, not just form.

Except perhaps for the soft voting requirement to authorize treaties that attribute sovereign powers to international organizations (absolute majority instead of a super voting majority), the Constitution provided for a decent method of democratic control of treaties. The problem comes with an extensive practice of avoiding the parliament through treaty design. Let us recall that AIAs are not to be submitted to the treaty process provided for in the Constitution for international treaties, which requires the authorization (and therefore the control) of the Congress and the Senate previous to the government’s expression of consent to be bound by the treaty. The Treaties Act requires a consultation to the Legal Advisor of the Ministry of Foreign Affairs on the nature of the agreement, and its publication in the Official Journal. The criticism is based on the idea that what matters for the determination of a treaty in the Spanish constitutional system is its substance, not its form. I will give you an example: the controversial decision by the Office of the Legal Advisor holding that the agreement on the financial sector adjustment program for Spain of Memorandum of Understanding between the European Commission and Spain on Financial Sectorial Policy was an “international administrative agreement”. The huge amount of debt contracted by Spain for the restructuring and recapitalization of the Spanish banking sector was a key element to support the opinion that the agreement was in fact an international treaty requiring the authorization of the Parliament. For the Legal Advisor the agreement was founded in the previous Framework Agreement on the European Financial Stability Facility of 2010, and therefore was properly considered a IAA.

The Treaties Act intends to tackle ‘hidden treaties’ (in Professor González Vega’s expression) made as MOUs with the following two requirements: first, MOUs should be submitted to the legal advisors of the bodies or organs intending to sign them; second, MOUs should be communicated to the Ministry of Foreign Affairs in order to be included in a special Registry of MOUs. This is helpful. Especially the obligation to register these non-binding agreements may prove beneficial for a better practice on MOUs and their transparency. Until now, the practice was disperse and chaotic, since the International Law Department of the Ministry of Foreign Affairs checked only a few of those agreements. Moreover, some public bodies and Ministries used and abused of MOUs, particularly in certain sensible areas, such as defense and foreign aid. The very broad capacity to make MOUs remains problematic, and of course the registry to be kept by the Ministry of Foreign Affairs will not solve the difficulties arising from treaties wrongly qualified as ‘non-normative agreements’. Having said that, such risk already existed before the Treaties Act, and one must insist that the obligation to publish these agreements in an official public registry creates a strong incentive to establish a better practice on MOUs.

It’s politics, not law.

The measures intended to increase transparency and control over the conventional activities of diverse organs and bodies negotiating AIAs and MOUs are also significant. The challenges, however, remain big, and they may not necessarily arise from the functioning of the law but from entrenched practices, deficiencies and equilibriums of power within the Administration and the nation.

Some people doubt about the force of the incentives to do away with ‘hidden treaties’ and strengthen the role of the legislative. In my view, the problem lies not within those mechanisms of control, which function well when they are followed but in the poor involvement of the legislative in the treaty-making process. The formal rules of the Constitution, and now the Treaties Act, are formally fine. Nevertheless, the role of the Congress and the Senate in the scrutiny and democratic control over treaties is scarce and deficient –as a general rule, it is a “low intensity intervention” at best. The Foreign Affairs Committee of the Congress is prone to discuss controversial political issues, but does not have a proper practice for the thorough examination of the treaty-making process. The Congress and the Senate usually authorize the Government to express consent to be bound by treaties without any discussion or debate at all. When legislators are asked about this deficiency, they would allege lack of resources. There is some truth to that, of course, but is not a very persuasive argument since such democratic control has never been a legislative priority. A more sophisticated response to that fact is based on a sort of consensus on foreign policy. From this perspective, the lack of debate would not be a mere blanc cheque, but a recognition of all legislatures since the Spanish transition that foreign affairs policy is a State policy. Such explanation is not convincing. There have been situations of vast dissent on foreign affairs policy, and in any case the legislative power has a constitutional democratic mandate to control the extensive treaty-making practice of the Government.

The other challenge that must be mentioned lies in the political tensions created by the will of many Autonomous Communities to acquire more and more external relations power, as expressed in the letter of their Statutes of Autonomy, and of the will of some of them to have a foreign power of their own. The law seems to be clear: the treaty making power is an exclusive competence of the central Government; the Autonomous Communities can conclude IAA and MoUs on subject matters of their own jurisdiction with different degrees of control by the central Government. Moreover, the Treaties act provides for several rights and obligations concerning the participation of Autonomous communities in the treaty process, such as the right to request the central Government to open negotiations of treaties on subject matters of their own jurisdiction or affecting in a special manner their territorial scope or the right to request to be part of the Spanish delegation in charge of such negotiation. Having said that, the fair aspirations of the Treaties Act to coordinate the practice of Autonomous Communities concerning international agreements would become sterile without a minimum respect of the federal loyalty principle.

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