La pandemia y la crisis del multilateralismo/1
julio 8, 2020
Por Ignacio Álvarez Arcá, Universidad de Málaga (nalvarez@uma.es)
El orden internacional instituido tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética muestra signos de fatiga. Quizás, un exceso de optimismo, por parte de las democracias liberales y de las élites intelectuales que confiaron en que el proceso globalizador exportaría también la democracia y los valores propios del Estado de derecho, sea origen y causa del desafío actual (“La Trampa del Optimismo” – Ramón González Férriz). Las instituciones que vertebran el sistema internacional están demostrando ser ineficientes e ineficaces para lograr los objetivos perseguidos con su creación, provocando con ello una nueva crisis del multilateralismo, o más bien la profundización en la crisis ya existente desde hace ya tiempo. Lo que resulta innegable es que la pandemia provocada por la Covid-19 no ha hecho sino contribuir a la profundización de las diferencias entre los Estados y al aumento de la incertidumbre que se cierne sobre las relaciones internacionales y, por ende, sobre el Derecho internacional.
A este respecto, la hipótesis que aquí desarrollamos toma como base la irrupción de la Covid-19 para sustentar que el orden internacional se enfrenta a una crisis –la consabida crisis del multilateralismo– cuyas consecuencias y efectos más inmediatos son imprevisibles, pero que ya permite anticipar una transformación en el modo en el que éste se configura.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del sistema internacional basado en la cooperación institucionalizada, las principales amenazas a las que éste hubo de hacer frente eran exógenas. Es decir, la Unión Soviética y sus aliados rechazaban participar de manera activa en las instituciones que componían el sistema internacional y su oposición al régimen internacional liderado por Estados Unidos generaba aun más unidad que fragmentación entre aquellos Estados que formaban parte del bloque capitalista. Sin embargo, la desintegración de la Unión Soviética y el camino hacia la democracia liberal que adoptaron gran parte de los Estados de Europa del Este auguraba un periodo de distensión en la esfera internacional que, al no alcanzarse, al menos no de manera estable, ha provocado que las altas expectativas puestas en el sistema democrático liberal y en el sistema internacional de los derechos humanos se vean truncadas. Ahora, la narrativa del proceso de globalización se ha vuelto contra Occidente, debido a que las ventajas asociadas a dicho proceso han sido puestas en cuestión en el ámbito nacional e internacional y con ello, el mismo futuro del sistema de instituciones internacionales que ha sustentado el orden internacional.
Las democracias liberales llevan años enfrentándose a una crisis existencial debido, así lo entendemos, a dos fenómenos: (1) la constatación a través del ejemplo chino de que el sistema político de las democracias liberales no es el único que posibilita el desarrollo y la prosperidad y (2) el retorno de las consecuencias negativas de la globalización o, al menos de sus expresiones más negativas, que ahora afectan a estos Estados a través de expresiones de diversa índole. La principal es la ola de nacionalismo y populismo que ha transformado el panorama político interno y que se nutre del desencanto con los efectos de la globalización, esencialmente la pérdida de empleos no cualificados derivada de la deslocalización de la producción y los efectos de la crisis económica. Pero también de las consecuencias de la inestabilidad internacional y que traen causa en las intervenciones armadas bajo la premisa de la defensa de los derechos humanos y la voluntad de exportar el modelo político de la democracia liberal. Éstas están en el origen de los dos fenómenos que, hasta ahora, por el modo en el que se ha afrontado su respuesta, han puesto contra las cuerdas el modelo y relato liberal: el terrorismo internacional y la migración forzosa.
Lee el resto de esta entrada »(Dis)Paridad en el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, por Eulalia W. Petit de Gabriel
julio 8, 2020
Prof.ª Eulalia W. Petit de Gabriel, Universidad de Sevilla.
Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2020, el Secretario General de Naciones Unidas (en adelante, SG) ha procedido a renovar el mandato de los jueces del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales y de su Fiscal, y ha nombrado un nuevo Secretario del mismo.
El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales fue creado por el Consejo de Seguridad (en adelante, CS) como medida para el mantenimiento de la paz, sobre la base del artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas (S/RES/1966 (2010), de 22.12.2010) para sustituir al Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda. Los jueces del Mecanismo Residual son elegidos por la Asamblea General (en adelante, AG) de una lista preparada por el CS de entre las propuestas de los Estados miembros (art. 10 del Estatuto del Mecanismo). Conforme al art. 9 del Estatuto los «jueces deben ser personas de la más alta calidad moral, imparcialidad, integridad, que posean las cualificaciones requeridas en sus respectivos países para ser nombrados jueces o magistrados de los más altos tribunales». Los jueces ostentan un mandato de 4 años, que puede ser renovado “por el Secretario General después de celebrar consultas con los Presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General” (art. 10.3 del Estatuto).
Los 25 jueces de la lista fueron elegidos en diciembre de 2011 y ejercen su mandato desde el 1 de julio 2012; en la composición original había cuatro mujeres. Siete jueces -todos ellos hombres- han sido sustituidos en estos años (por dimisión, fallecimiento, nombramientos para otro puesto, o por presiones políticas en el caso del Juez Aydin Sefa Akay). Pero la mayor parte, tras la autorización del CS y de la AG, han visto renovado su mandato sucesivamente. En 2018 se convocaron dos vacantes (A/73/577, de 19.11.2018). La AG recibió 11 propuestas de los Estados miembros, todas de candidatos masculinos, a pesar de que el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, en nombre del Secretario General, y en una carta de fecha 16 de agosto de 2018, invitó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas «a que consideraran debidamente la posibilidad de proponer a candidatas cualificadas» (A/73/577, par. 7). Ello llevó a ciertas asociaciones de defensa de la igualdad de género a solicitar que se reabriera el proceso, sin éxito. La AG eligió al Juez Yusuf (2018) y al Juez Mustapha El Baaj (2019). En ese período, el Secretario General de Naciones Unidas nombró a la Juez Elizabeth Ibanda–Nahamya (2018), de Uganda, al Juez Mahandrisoa Edmond Randrianirina (2018), de Madagascar, y a la Juez Claudia Hoefer (2019), de Alemania, para sendas sustituciones hasta el final de mandato de los jueces dimisionarios, en dos casos, y fallecido en otro.
Tras la renovación de mandatos recién aprobada en 2020, en un total de 27 puestos (25 jueces, Fiscal y Secretario), el Mecanismo cuenta con 6 jueces mujeres, que proceden de Alemania, Camerún, Gambia, Uganda Uruguay y Zambia. Representan el 24% de los jueces que componen el Mecanismo y el 22% de los puestos de elección/designación al más alto nivel.
Lee el resto de esta entrada »La fascinación por la islas y el derecho internacional
julio 7, 2020
En septiembre de 2014 publiqué en este blog una serie de cinco entradas sobre La fascinación por la islas y el derecho internacional firmadas por el profesor Antonio Remiro Brotóns. Son unos de los textos más leídos del blog y por eso los recupero ahora para recomendar su lectura a quienes aún no los hayan disfrutado. Pueden leer las entradas por orden pinchando en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta partes de la serie. Me gustan todas, pero quizá mi preferida es la segunda parte dedicada a la isla Clipperton, también conocida como la isla de la Pasión. Buena lectura.
Hablemos de Derecho Internacional HDI – Podcast
julio 3, 2020
Damos la bienvenida al nuevo podcast de Derecho Internacional en español Hablemos de Derecho Internacional HDI – Podcast. El primer episodio ya está disponible con un invitado de lujo, el señor Philippe Couvreur, Juez ad hoc y Secretario Honorario de la Corte Internacional de Justicia. Se puede acceder al Podcast desde esta dirección, y elegir el formato audio preferido para escucharlo (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc).
Felicitaciones por la iniciativa. Espero que tenga mucho éxito el HDI – Podcast y que pronto haya más podcasts de Derecho Internacional en español, que se unan a los que ya conocemos en otros idiomas, como EJIL: The Podcast!, Law Behind the Headlines o The Arbitration Station.
De paso, vuelvo a hacer la pregunta que hice en un post de 2017: si conocen podcasts jurídicos en castellano, por favor, indíquenlo en los comentarios y hacemos una buena lista de referencia. Y si conocen una lista de blogs, pues mejor.
Es un programa gratuito dirigido a investigadores, que preferentemente posean un título avanzado, como por ejemplo un doctorado. Una gran oportunidad. Toda la información en la página web de la Academia. ¡Suerte!
Reflexiones de un internacionalista sobre la pandemia./5. ¡EUROPA, EUROPA!, por Javier Roldán Barbero
junio 30, 2020
Por Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales, Universidad de Granada (jroldanb@ugr.es).
Algunas efemérides redondas de 2020 nos deben servir para saber de dónde venimos, hacia dónde no debemos volver: 150 años del comienzo de la guerra franco-prusiana; 75 del fin de la Segunda Guerra Mundial; 70 años de la Declaración Schuman que sentó las bases de la integración europea. Refresquemos nuestra memoria democrática y de paz.
Se ha dicho que la covid-19 venía a ser una Tercera Guerra Mundial; y también con epicentro, durante unas semanas, en Europa; esta vez no guerra civil europea, sino contra un enemigo invisible aunque también difícil de batir. Nuestro eurocentrismo, un cierto ombliguismo cuando la pandemia ha reculado en Europa pero se ha acelerado en el mundo, ha vuelto a florecer, recordando los tiempos de hegemonía y arrogancia europea en el mundo…
El viejo, y envejecido, continente ha sufrido durante los últimos años grandes embates, todos de alguna forma concatenados. Esos embates llevaron a muchos analistas a certificar, prematuramente, la defunción de la construcción europea. Embates como la Gran Recesión y la crisis del euro, fracturas entre Estados miembros de variado signo, la crisis de los refugiados, la fragmentación del espacio Schengen, el dilema de la ampliación, el Brexit, el desafío antidemocrático y nacionalpopulista. Esos desafíos se mantienen: un Brexit irresuelto, un nuevo pacto sobre migración y protección internacional bloqueado, las tendencias iliberales que siguen queriendo socavar los fundamentos y los valores de la UE. Otros desafíos se han exacerbado, hasta extremado, con la cuarentena y sus secuelas: la restauración de los controles fronterizos internos y, por encima de todo, la desigualdad y el empobrecimiento económicos y sociales.
Un nuevo contrato social está en juego.
Europa ha de mostrarse unida en su diversidad y ante la adversidad. Parece que su reacción económica ahora ha diferido de la mantenida, sobre premisas fundamentalistas de corte austeritario, ante la recesión desatada en 2008. El Banco Central Europeo persevera y aun desata su política de expansión monetaria, a pesar del varapalo tan inquietante proveniente del Tribunal Constitucional alemán, que amenaza la misma primacía del Derecho de la UE y de su Tribunal de Justicia. La política fiscal, por su parte, se ha relajado con la creación anunciada de un casi billonario Fondo de Recuperación, pendiente ahora de fijar en sus cantidades y condiciones (cuánto habrá de dinero fresco sin hechicería financiera, cuánto de subvenciones y de préstamos, cuánta condicionalidad para los beneficiarios principales, para cuándo su operatividad). Las reglas de estabilidad presupuestaria y de libre competencia también se han suavizado. Pero es capital que no se deconstruyan el mercado interior y la firmeza del Derecho europeo ante la gravedad extraordinaria de los acontecimientos ya vividos y por venir. El presupuesto europeo ha de crecer y dotarse de nuevos recursos propios. El concepto recurrente de nuestro tiempo en todo tipo de crisis –la resiliencia- cobra toda su razón de ser. La Unión Europea ha de salir de este envite -¡de este órdago!- con el propósito de su reindustrialización y, desde luego, manteniendo la determinación verde, social y digital. Un nuevo contrato social está en juego. El reto sigue formulado, con el principio de subsidiariedad como rule of reason, en la pregunta ¿qué podemos hacer juntos?; y la respuesta suele inclinarse en favor de la opción europeísta en el marco de una gobernanza multinivel. Así, cuando se plantea la compatibilidad de las aplicaciones masivas nacionales para rastrear posibles contagios por el coronavirus. La confianza y el reconocimiento mutuos deben seguir siendo las premisas de esta nueva etapa en aras de recomponer un espacio único europeo que atraiga a la desafecta o escéptica población europea, en particular articulando un futuro prometedor para los jóvenes (también para los inconscientes que piensan que el coronavirus no va con ellos). Ante esta ordalía, la solución debe ser, salvaguardando la identidad nacional y una controlada diferenciación, más Europa (y más España en Europa, y una Europa más democrática e inclusiva), mutualizar más políticas (no solo la deuda pública).
Todavía estamos pendientes de “localizar” a Europa en el mapamundi estratégico y saber qué quiere ser de mayor.
La Europa que protege ha de tener, además, una dimensión exterior, inextricablemente unida a la dimensión interior, como la regulación actual de las fronteras pone de manifiesto, en la cual aparece, con la pandemia, una nueva acepción del concepto “país seguro”. Algo se atenúa la distinción entre Estado miembro y Estado no miembro, sobre todo en nuestro derredor, aplicando una parte de la normativa de la Unión a terceros países. La “soberanía” europea ha de manifestarse en ambos planos, sosteniendo un orden jurídico multilateral liberal, ejerciendo de verdadera potencia normativa, desmarcada de la China autoritaria, pero también de los excesos y delirios de la América prepotente de la administración Trump. Van en ello la esperanza de Europa y la de un mundo sostenible. Europa está condenada a la irrelevancia, a la vulnerabilidad y a la dependencia internacionales en el concierto o desconcierto internacional si no articula una política exterior sólida y firme, una política que potencie, como ha comenzado a hacer en los últimos años, una política común de seguridad y defensa (con un poder blando, civil, pero también duro, si es menester, en respuesta a tantas amenazas, en socorro de la legalidad y humanidad internacional). Los imperativos apremiantes de la solidaridad interna perjudicarán la igualmente imperativa solidaridad externa, que tiene mucho de egoísmo inteligente. La nueva Europa no debe ser ingenua en sus relaciones exteriores ni abrazar la globalización sin amaestrarla. La nueva Conferencia sobre el Futuro de Europa que se quiere lanzar tiene mucho trabajo y pocos resultados seguros por delante cuando hay tantas fuerzas centrífugas, de dentro y de afuera, provocadas o accidentales, al acecho. Todavía estamos pendientes de “localizar” a Europa en el mapamundi estratégico y saber qué quiere ser de mayor. Ya Robert Schuman y Jean Monnet, hace 70 años, vinieron a expresar, dicho en castizo, que la obra iría pidiendo material y que el final de la construcción europea no estaba escrito en ninguna parte, que Dios proveería. Y en esas seguimos, aunque ellos no pudieran vislumbrar un azote como el de esta pandemia. Ojalá que pronto podamos entonar a pleno pulmón, liberados de mascarillas, el “Himno a la Alegría” de Beethoven, himno de la Unión Europea. El nacimiento del genial músico, tan emblemática su obra de la Europa que queremos y que nos une, constituye también este año una efeméride redonda: 250 años.
Nota: Esta es la quinta entrega de una serie de “Reflexiones de un internacionalista en tiempos de pandemia” del profesor Javier Roldán Barbero, publicadas en seis entregas: (1) sobre la verdad y las mentiras en tiempos de coronavirus; (2) el tiempo y la Covid-19; (3) el espacio: sobre lo individual y lo colectivo en tiempo de coronavirus; (4) los derechos individuales y los derechos (y obligaciones) estatales; (5) ¡Europa, Europa!; y (6) la cacofonía del nuevo mundo.
Los piratas siguen ahí fuera
junio 29, 2020
Por Mariano J. Aznar*
A la espera de ver qué decide el gobierno colombiano sobre los restos del San José –galeón español hundido en 1708 cerca de Cartagena de Indias–, otros tres casos de posible pérdida de patrimonio cultural subacuático (PCS) han vuelto a discutirse mientras la COVID19 nos mantenía encerrados en casa: en los EE.UU., una juez de distrito autorizaba la recuperación de algunos objetos del Titanic a pesar de lo señalado tanto en la legislación norteamericana como en el acuerdo de 2000 que protege el pecio, en vigor desde noviembre de 2019; en abril de 2020 se hizo pública la recuperación de 600 objetos arqueológicos provenientes de un pecio otomano del S. XVII, localizado en la plataforma continental libanesa por un viejo conocido en España: el Odyssey Explorer, barco desde el que en 2007 se expolió nuestra fragata Mercedes; y ahora mismo, en Uruguay, tres naciones –España, el Reino Unido y Alemania– intentan que los caza-tesoros no se salgan con la suya y destruyan, subastándolas, colecciones y piezas históricas provenientes del San Salvador, del HMS Agamemnon y del Admiral Graf Spee (hundidos en aguas de la República Oriental en 1812, 1809 y 1939, respectivamente).
En todos estos casos, la reacción de la comunidad científica internacional, de algunos Estados y de la UNESCO, está pretendiendo evitar el expolio: España ha propuesto a Colombia la firma de un Memorando de Entendimiento para proteger conjuntamente el San José; se va a recurrir la decisión de la juez norteamericana sobre el Titanic; Líbano y Chipre está colaborando en la preservación de los objetos, confiscados desde 2015 en Limassol; y las embajadas europeas concernidas pueden presionar diplomáticamente en Montevideo para que los caza-tesoros no se salgan con la suya. Pero aún queda mucho por hacer.
Más allá de la necesaria acción política –a través de esfuerzos diplomáticos incesantes–; además del fortalecimiento del régimen jurídico protector –con mejores legislaciones nacionales que implemente los principios y reglas de la Convención UNESCO de 2001 sobre el PCS–; junto a la creación, las sinergias y la financiación de proyectos científicos colaborativos eficaces, que nos ayuden a entender la historia de la humanidad aún bajo las aguas, es necesaria la labor más importante de todas, la que da sentido y a la vez impulsa ese conjunto de medidas políticas, jurídicas y científicas: el explicar a la opinión pública que estamos hablando de patrimonio cultural, de su patrimonio cultural, y no de “tesoros”. Hablamos de ese patrimonio cultural que nos ayuda a comprender cómo las dinámicas costeras cambiaron el modo de vida de los seres humanos hace cientos de miles de años; ese patrimonio que nos explica cómo fueron las grandes globalizaciones históricas, que se hicieron por mar y dejaron sus restos –los pecios de miles de barcos– por todos los océanos; ese patrimonio que nos muestra cómo se pescaba –¡y aún se pesca!– en las aguas someras del pacífico, del Golfo Pérsico o en los ríos de Escocia; esos objetos aún sumergidos que rememoran los rituales de las culturas pre-colombinas en América, las tradiciones locales inuit en el Ártico o las maoríes en Nueva Zelanda o en la remota isla de Rarotonga; esos restos, en fin, que nos acusan del comercio de esclavos a través del Atlántico, del Índico o del Mar del Sur de la China.
Todos esos restos –por las condiciones físicas a las que han estado sometidos en muchos casos durante siglos (humedad, luminosidad, salinidad, presión)– son frágiles “cápsulas del tiempo” que unos cuantos sinvergüenzas, profesionalmente o de forma amateur, quieren arrebatarnos y venderlas al mejor postor. Es cierto que el mayor daño al PCS no proviene de estas acciones sino de otras muchas actividades humanas en los espacios costeros y marinos que, si no son llevadas a cabo con las debidas cautelas, tienen un impacto negativo sobre el PCS (la pesca de arrastre, el dragado de un puerto, la instalación de un parque eólico off-shore o la minería marina, por ejemplo). Pero los caza-tesoros pretenden envolverse en un aura de aventura, de riesgo, de prostituido interés histórico con la que pretenden justificar su premio: los objetos recuperados del fondo del mar. Esa aura parece disculparse, incluso, por mucho autores y estilos literarios: de Verne a Vizinczey, de Hergé a Pérez Reverte.
Nuestro primer deber es explicar a los ciudadanos que al igual que no se entiende la historia sin los monolitos de Pascua, sin las pirámides mayas o egipcias, sin los templos khmer o las catedrales góticas, sin los cementerios y sitios sagrados en las sabanas africanas o los desiertos australes, tampoco se entenderá sin los drakars vikingos, las balsas polinesias, los fondeaderos del caribe, las barcas y astilleros de ribera, las naves etruscas, los juncos chinos o los galeones españoles y portugueses. Están aún bajo el agua, que hoy por hoy los protege mejor que nada. Pero debemos hacer el esfuerzo científico, explicativo, financiero, jurídico y diplomático para que el público en general conozca, entienda, aprecie y exija el estudio, la preservación y la puesta en valor tanto del maderamen de un barco naufragado en la Antártida como del maderamen tristemente comido por el fuego en la catedral de Notre-Dame.
Y, señoras y señores del gobierno y la farándula: esto también es Cultura; y Cultura con la mayúscula más grande que puedan ustedes encontrar.
* Mariano J. Aznar es Catedrático de Derecho internacional público en la Universitat Jaume I. Es miembro del Comité Internacional sobre el patrimonio cultural subacuático del ICOMOS y ha actuado como asesor jurídico en la materia para diversos Estados y organizaciones internacionales. Este artículo se publicó en el diario Las Provincias el 20 de junio de 2020.
Nota: Esta es la cuarta entrega de una serie de “Reflexiones de un internacionalista en tiempos de pandemia” del profesor Javier Roldán Barbero, publicadas en seis entregas: (1) sobre la verdad y las mentiras en tiempos de coronavirus; (2) el tiempo y la Covid-19; (3) el espacio: sobre lo individual y lo colectivo en tiempo de coronavirus; (4) los derechos individuales y los derechos (y obligaciones) estatales; (5) ¡Europa, Europa!; y (6) la cacofonía del nuevo mundo.
Por Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales, Universidad de Granada (jroldanb@ugr.es).
Las tribulaciones del capitalismo moderno, referidas en el pasado comentario, venían de atrás, al menos desde el estallido de la Gran Recesión en 2008. Junto a la crisis, ahora acentuada, del liberalismo económico, tampoco el deterioro del liberalismo político es nuevo, y también se ha agravado con la pandemia. Asistíamos ya, en efecto, a un retroceso de las libertades, y la Gran Reclusión ha servido de motivo, y también de pretexto, para una contracción de los derechos humanos, proceso enmarcado en una miríada de excepciones y derogaciones, más o menos fundamentadas jurídicamente. El derecho a la vida como bien supremo, se ha sostenido, justificaba esa retracción democrática. La tríada política occidental (democracia-derechos humanos-Estado de Derecho) se ha degradado y ha encontrado entre sus tres componentes contradicciones, por ejemplo con el ascenso de la democracia iliberal, erigida sobre el voto popular, pero irrespetuosa con los derechos humanos y con el imperio de la Ley. Los derechos digitales, incluido el emergente acceso universal a Internet, saltan al primer plano de la actualidad y con urgencia para paliar las desigualdades y las restricciones entre personas y países. Hay innumerables manifestaciones de deshumanización en nuestro tiempo. Por ejemplo, como contraste y paradoja de la Gran Reclusión, casi un 1% de los seres humanos se encuentran desplazados de sus hogares (ACNUR). Las libertades internas y también las internacionales, incluidas las inherentes a la Unión Europea, se han cercenado. El capitalismo de vigilancia va ganando terreno. Es fundamental crear o acrecentar una sociedad civil concienciada y movilizada para neutralizar los abusos de la “razón de Estado”. Algunos Gobiernos pueden, so pretexto de la pandemia y del “derecho de crisis” que trae consigo, tomar medidas aún peores que la enfermedad en sí misma. El Estado y su Gobierno pueden ser el principal enemigo de sus ciudadanos y es inquietante una desinternacionalización de los derechos humanos…, o una deshumanización del Derecho internacional. Aunque los textos internacionales de protección de los derechos fundamentales hermanan la seguridad y la libertad, nos encontramos a menudo ante una disyuntiva entre ambos valores, en la que tiende a salir triunfadora la seguridad.
A medida que el imperativo de seguridad humana vaya siendo reemplazado por el imperativo de la seguridad económica, irá saliendo a la luz un panorama desolador de derechos sociales y económicos y miles de reclamaciones de distintos sectores que apelarán y comprometerán al Estado (así, a una sanidad autosuficiente y pública). Habrá más exclusión y miseria sociales, más pobreza infantil. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (el PNUD) acaba de confirmar que el desarrollo humano en los países se ha degradado por primera vez en décadas. Este coronavirus traerá consigo un robustecimiento del pragmatismo, de la Realpolitik en perjuicio del idealismo y los valores. Con la crisis pandémica algunos Gobiernos nacionales han salido reforzados, como el de Corea del Sur –revalidado ahora en las urnas y puesto como modelo frente al virus por la OMS-, mientras otros pueden caer (quién sabe si la Presidencia de Donald Trump, y esa caída sería una excelente noticia para el orden internacional liberal). Es verdad que un rebrote podría alterar las calificaciones de Gobiernos virtuosos y errados ante la pandemia. Los Gobiernos en ejercicio piden patriotismo, lealtad y unidad para afrontar la depresión social, invocando la máxima ignaciana de que en tiempo de turbación no ha de hacerse mudanza; la oposición política intenta, por su parte, sacar rédito de las circunstancias y ejercer de contrapeso a un posible absolutismo gubernamental. Las fuerzas centrífugas, divisivas, polarizadoras, intolerantes, falsificadoras de la realidad, xenófobas tendrán un gran campo abonado para sus vilezas. Habrá seguramente menos paz social, más crispación, menos estabilidad política. El ingreso mínimo vital se presenta en muchos países como una solución de emergencia más que como, estrictamente, un progreso social. Ese reclamo de unidad se extenderá a los conflictos territoriales, apaciguados durante la pandemia –como ha pasado con el secesionismo catalán-, y en algunos casos, como el que se avecina en Hong-Kong, darán sustento a soluciones unificadoras en contra del hecho y derecho diferenciales de los territorios autónomos.
Paradójicamente, algunos Estados, acuciados por más reclamos de aquí y de allá, se verán desbordados. Los que acarreaban ya ordalías, como Argentina, tendrán problemas para sortear el default. El rescate, el intervencionismo externo se solicitarán de forma masiva, sometida esa ayuda a un régimen de condicionalidad que hipotecará la soberanía económica y política. Las carencias del Estado, de las instituciones públicas –su deficiente vertebración- están lastrando especialmente a algunas regiones como Iberoamérica. El Estado habrá de competir con estructuras paralelas ilegales, criminales. Cada país está intentando ganar con su propia narrativa, priorizar su relato de los hechos a fin de revalorizar la marca nacional, su poder blando. En el caso de China y Estados Unidos, la dialéctica toma perfiles de lucha geoestratégica mundial que nos salpicará a todos. Sólo algunos países remotos e insulares, amén de otros bajo permanente sospecha de veracidad, declaran haberse librado enteramente de la covid-19.
Las crisis sociales y políticas suelen acentuar ese veneno que es el nacionalismo (¡incluso en el ámbito de la ciencia!), denigrando el saludable patriotismo. Los Estados, a menudo pero siempre a conveniencia, invocarán sus “derechos fundamentales”: igualdad soberana, independencia política, integridad territorial, no injerencia en sus asuntos internos… Es probable que haya litigios judiciales contra Estados – y contra altas autoridades de los Estados- y que la inmunidad soberana (por ejemplo, la china ante tribunales de los Estados Unidos de América) sea alegada y prevalezca en perjuicio de la tutela judicial efectiva. Para salir juntos de esta depresión, es crucial que la interdependencia domine a la independencia; el multilateralismo se imponga al unilateralismo; que la acuciante solidaridad interna no arrumbe a la solidaridad internacional; que las fronteras no se bunkericen, la distancia internacional no se consolide, en perjuicio de la cooperación internacional nacida del consenso entre Estados y orientada hacia la concordia; el abrazo internacional debe predominar sobre el codazo; es capital que los modelos y los discursos políticos chino o ruso no se impongan y se hagan tóxicos mediante el contagio a otras latitudes desprestigiando el Estado social y democrático de Derecho, fuente del bienestar privado y público y de una comunidad jurídica internacional digna de tal nombre.
La responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de ejercicio de la protección diplomática
junio 24, 2020
La sentencia de la Audiencia Nacional 4391/2019, de 11 de diciembre de 2019, afirma la responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de ejercicio de la protección diplomática del gobierno de España en el muy conocido caso Couso. Esta decisión en sede contencioso administrativa, que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, llega muchos años después de ocurridos los hechos principales del caso y eso se debe a la preferencia de la vía penal, que terminó cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento especial por falta de jurisdicción contemplado en modificación de la justicia universal mediante la LO 1/2014, confirmada en casación por el Tribunal Supremo (STS núm. 797/2016, de 25 de octubre).
Considero que la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2019 no es convincente. Para demostrarlo ofrezco en estos párrafos tres consideraciones críticas de los fundamentos jurídicos de la decisión: (1) los conceptos de derecho internacional son presentados de manera confusa y, en cierto punto, hasta errónea; (2) el derecho español y su jurisprudencia no avalan las conclusiones de la sentencia; y (3) en la declaración de responsabilidad patrimonial falla el imprescindible requisito de causalidad entre la conducta omisiva y el daño reparable.
Los hechos del caso son bien conocidos en la opinión pública. El cámara José Couso resultó muerto en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003 como consecuencia del impacto de un proyectil disparado desde un blindado estadounidense. Aquí no voy a volver sobre el análisis de esos hechos sino que los tomaré como presupuestos de la argumentación, es decir, aceptaré como válida la existencia razonable de un delito internacional que debe ser reparado sobre la base del derecho internacional que regula la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y que, por lo tanto, cumple con uno de los requisitos básicos del ejercicio de la protección diplomática, junto a la nacionalidad de la víctima y el agotamiento de los recursos internos del Estado infractor. Esta crítica asume por tanto que, en principio, todos los requisitos para el ejercicio de la protección diplomática están presentes en este caso, incluida la exención del agotamiento de los recursos internos de EE.UU. sobre la base de la doctrina de la inexistencia o inefectividad de las vías de recurso para las víctimas.
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Por Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales, Universidad de Granada (jroldanb@ugr.es).
Estos tiempos atribulados han sido una prueba de estrés para particulares e instituciones. Ha habido un estado de emergencia y de alarma para instancias privadas y públicas; una crisis existencial generalizada. La felicidad pública y la felicidad privada están interrelacionadas. La falta de público impide o menoscaba innumerables actividades privadas. Lo global y lo local se han entremezclado más que nunca: lo “glocal” ha cobrado toda su razón de ser. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la solución a la pandemia (pero también su complicación, añadiría yo) depende de cada uno de nosotros. Los héroes (que se han jugado y a veces perdido sus vidas por salvar otras) y villanos (que trapichean con el mal ajeno) han cambiado. Se piensa más en el contraste entre la tierra vacía y la tierra hacinada (con megalópolis muy víricas y refugios naturales preservados). Un aislamiento y una distancia social para seres humanos y Estados, un desconfinamiento físico y mental. El estado de ánimo ha renqueado y también el Estado de Derecho. En todos los estratos se ha puesto de relieve nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. En el ámbito colectivo algunos alientan el nacionalpopulismo, el unilateralismo. Sin embargo, es más sensato creer en un egoísmo de manada que nos lleve a practicar -como el gran gurú Yuval Harari postula- la cooperación internacional e interpersonal, a advertir la interdependencia, la insoslayable globalización, amaestrándola, a rehuir el solipsismo estatal, el tribalismo social. La crisis ha sido global, pero asimétrica, y ha tenido respuestas básicamente asimétricas también; pero la reconstrucción ha de ser colectiva, ya digo más por egoísmo inteligente que por puro altruismo. Hacen falta pactos de Estado y pactos de comunidad internacional. La responsabilidad es común, aunque diferenciada. El aislamiento individual, hogareño, puede tener una vertiente creativa, ventajosa, pero cómo no empatizar más ahora con el enclaustramiento injusto y forzado de tantas personas a lo largo de los tiempos (Nelson Mandela, Ana Frank, Ortega Lara y tantos anónimos); el aislamiento nacional, en cambio, solo puede ser pernicioso. Hablaremos, más adelante, en este clinic del fenómeno estatal ante la covid-19.
Ahora hay que pensar en el ser humano enmarcado en una era ya bautizada como la del Antropoceno. Esta pandemia ha acentuado una cierta misantropía, pues el hombre sería el causante primero y último de este estado de cosas, un ser dañino e invasivo, inducido por una relación conflictiva y hostil con el ecosistema. Este ecosistema tomaría la revancha, su némesis, que nos recuerda que hemos de preservar la Naturaleza, recuperarla como parte de la salvación humana. El aire se ha hecho protagonista: el aire puro recuperado con el confinamiento; la falta de aire que ha atormentado a las víctimas de la enfermedad; la falta de respiración que acabó criminalmente con la vida del ciudadano negro George Floyd en Minneapolis, suceso que se ha hecho también viral, confirmando que la americanización de los fenómenos rima con la globalización.
Y esta crisis ha disparado la sociedad digital, como escenario paralelo, y hasta preponderante, en sustitución de la sociedad física y presencial. Han sido tiempos sedentarios, hemos padecido una crisis de movilidad en nuestro hábitat, en y entre nuestros Estados. Tras muchos viajes alrededor de la habitación (como tituló Xavier de Maistre su experiencia vital a fines del siglo XVIII), ahora vuelve el paseo, reivindicado bellamente por Robert Walser en su opúsculo ya centenario. No podemos vivir al margen de la Naturaleza ni de los demás. El derecho internacional –como la vida tout court– ha de ser una labor coral. Más que el amor propio, hay que postular el afecto, la efusividad, tan restringida ahora, tan telemática. Una existencia onlife, no online. Una conectividad más física y menos virtual.
(¡Y qué decir de la “universidad”, entendida como paradigma del saber universal! Pues que mantenga su docencia presencial, su interacción humana, su predominio público y no devenga en “localidad” ni en “unifalsedad”).
La digitalización que esta pandemia ha acentuado, y que está aquí para quedarse, plantea los problemas de la e-governance, su régimen político, con su propia brecha entre personas y países, que discurre paralelamente a la gobernanza mundial, con hechos diferenciales claros como el oligopolio de tecnológicas que domina este “sexto continente” o las tendencias y querencias autoritarias y fragmentarias que ganan terreno en el mundo virtual con un posible “ciberleviatán” (José María Lassalle) y con la mengua de los derechos individuales. Precisamente, la pandemia ha revalorizado la ciberseguridad en detrimento de las libertades. Según esta tesis, los países asiáticos, con más obediencia y menos melindres a la hora de vigilar la vida de sus ciudadanos, podrían haber sido más eficaces que las democracias occidentales en el trazado, en el rastreo del virus. El dataísmo es, a la vez, una enfermedad y un tesoro en sí mismo en el siglo XXI. Este estado de cosas hace evocar dos conceptos orwellianos: el Gran hermano y el Ministerio de la verdad.
Lo público y lo privado, por tanto, coexisten, congeniando o rivalizando, en la Red. El enfrentamiento entre Donald Trump y Twitter –ejemplares ambos en alguna medida del achicamiento y la ligereza del saber contemporáneo- sobre los márgenes de la libertad de expresión, y de lanzar infundios, pone de relieve la tensión entre operadores privados y públicos en un espacio cada vez más codiciado y más huérfano y necesitado de regulación global.
Lo público y lo privado, por lo demás, se han entremezclado en este periodo en otras numerosas vertientes: la búsqueda de la vacuna y del tratamiento, el tamaño y la gestión del sector sanitario, la misma aportación financiera a la Organización Mundial de la Salud…
Por lo demás, una de las características de la “economía de guerra” que se perfila es un mayor intervencionismo del Estado, con programas de ayuda y rescate a empresas –sobre todo “campeonas nacionales” como Lufthansa o Renault-, de modo que el libre mercado y la libre competencia se ven embridados y el déficit y la deuda públicos, el tamaño del Estado, incrementados. Las mismas organizaciones internacionales, como el FMI y la UE, feroces austeritarias con motivo de la Gran Recesión, ahora se han tornado, felizmente, keynesianas, permitiendo una mayor inyección económica. El Estado rescatará a numerosas empresas “too big to fall”, garantizará la provisión de bienes públicos frente a la dependencia exterior, la asistencia social habrá de multiplicarse para preservar la paz pública, la pulsión proteccionista miope se agudizará, en detrimento del crecimiento económico general…, y numerosos Estados estarán siendo rescatados a su vez por el FMI y otros organismos internacionales. No será coser y cantar, desde luego, volver al “business as usual”, el restablecimiento de la seguridad económica anterior, en estrecho equilibrio con otras facetas de la seguridad: la sanitaria, la ecológica, la energética, la militar, la cibernética…
Estas reflexiones nos conducen hacia la siguiente entrega de esta saga: los derechos del individuo y los derechos (y obligaciones) del Estado.
aquiescencia 